Opinión
No, señor presidente electo
Presidente electo…
Desde que Andrés Manuel López Obrador anunció los 50 puntos de su propuesto plan de austeridad, no fueron pocas las voces que alabaron las medidas, como tampoco aquellas que las recibieron con escepticismo. Pero después del anuncio, el presidente electo ha hecho una serie de declaraciones donde comunica, adicionalmente, la necesidad de eliminar los privilegios de los jueces y magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Esta medida, si bien no quedó plasmada en el plan de austeridad de manera explícita, es una de las que mayor debate han suscitado. Y es que reducir los ingresos del Poder Judicial no sólo implica controlar los gastos de sus dependencias, sino que ahora se pone sobre la mesa reducir los sueldos de sus funcionarios. En promedio, un magistrado percibe 260 mil pesos mensuales, además de prestaciones y seguros de riesgo específicos a la naturaleza de sus funciones.
Bajarles el suelo es peligroso, dicen unos, porque abre la puerta a la corrupción que el morenista busca combatir. Es cínico pensar eso, dicen otros, porque el mexicano promedio vive con ingresos que apenas alcanzan para cubrir necesidades básicas, mientras que tener jueces con esos salarios es un insulto a quienes pagan sus impuestos. “Pero si me bajan el sueldo, me corrompo”, se apresuran en decir algunos aludidos. “¿Y para qué quieren esos sueldos astronómicos, si la Suprema Corte nunca ha hecho nada por nosotros?”, rebaten otros más.
Foto: Cuartoscuro
El derecho a disentir
Lo cierto es que los argumentos razonados y los absurdos están presentes tanto en una postura como en la otra. Es verdad que los altos funcionarios públicos, en cualquiera de los tres poderes, perciben cantidades que muchos mexicanos no alcanzarían a ver reunidas en toda una vida de trabajo. Pero también es verdad que, con todo y sus excepciones, la labor de la SCJN y las demás instancias que conforman el Poder Judicial es indispensable para sellar las transformaciones que México va alcanzando.
No nos equivoquemos, dichas transformaciones sociales se gestan en la propia sociedad civil, eso nadie lo duda. Pero cuando somos muy afortunados, estas encuentran un cauce institucional que las asienta en nuestra legislación y las convierte en una realidad tangible. Para lograrlo, es indispensable que existan garantías de independencia e imparcialidad en los entes que defienden el orden constitucional y posibilitan que dicho cauce exista.
Eso es justo lo que defiende Olga Sánchez Cordero, ex ministra de la Suprema Corte y quien asumirá la titularidad de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), a partir del 01 de diciembre. A su juicio, la labor de los juzgadores es fundamental para la paz social y en más de una ocasión dijo estar en desacuerdo con la propuesta de López Obrador sobre reducir sus salarios. Pero lo verdaderamente sorprendente de esas declaraciones no es que exista el desacuerdo, sino que este sea público y reiterado. ¿Cuándo habíamos visto que un secretario de estado (en funciones o a punto de asumir) manifestara públicamente su desacuerdo con la persona a quien le rendirá cuentas?
Foto: Gustavo Ojeda Carreras
¿Un balance interno?
Cuando el abanderado por la coalición “Juntos Haremos Historia” aún era candidato, expresó una opinión desfavorable sobre el trabajo que han realizado los ministros de la SCJN. Aún después de que el político tabasqueño la destapara como la próxima Secretaria de Gobernación, Sánchez Cordero manifestó no compartir esa postura y desde entonces ha mantenido su opinión. ¿Qué dicen estos desacuerdos sobre la correlación de fuerzas que veremos en la administración, durante el próximo sexenio? Después de todo, estamos hablando del segundo puesto en importancia dentro de la estructura del Poder Ejecutivo.
Más aún, con el reciente anuncio del reprobable Manuel Bartlett al frente de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), queda claro que el asunto de la reducción de salarios no se reduce a un hecho aislado o anecdótico. ¿La razón? Tatiana Clouthier –la mujer que fungió como la arquitecta de la campaña de Andrés Manuel– también mostró sus reservas frente a la designación de quien lleva consigo la sombra del fraude del 88. La ex coordinadora de campaña declaró a la prensa que “había mejores opciones” para el cargo. Clouthier, por su parte, encabezará una subsecretaría dentro de la misma SEGOB, lo cual nos hace preguntarnos si estaremos presenciando el ensayo de un gobierno inédito donde la pluralidad de opiniones será parte del ejercicio del poder.
En todos lados se lee que el Congreso es el contrapeso efectivo al poder ejecutivo. Y apenas hace una semana, Katia D’Artigues se preguntaba en redes sociales si esta puede ser una nueva manera de hacer política; si el que un gabinete presidencial manifieste su desacuerdo con el mandatario puede llevar a establecer una especie de “contrapeso interno”.
Pero el debate puede ir más allá. En estos días se discute ampliamente sobre la relevancia y el estado actual del federalismo en México. Se dice que el bicentenario pacto federal nunca quedó del todo solidificado y, por el contrario, el centralismo resultó pernicioso para la distribución del poder entre las entidades. Quizá la discusión puede ampliarse también al presidencialismo, de manera que nos preguntemos si estos desencuentros entre el futuro presidente y su gabinete suponen un relajamiento de aquel modelo, donde la moneda de cambio es “sí, señor Presidente, lo que usted diga”.
Foto: Notimex
Gobernar desde el debate
Cabe preguntarnos, ¿de verdad seremos testigos de una nueva manera de gobernar, libre de decisiones verticales? ¿O serán estas declaraciones parte de una pantomima? Cambiando de acera, ¿no serán señales de una fractura interna entre el presidente electo y su próximo equipo, ahora que la luna de miel está por terminar? En todo caso, si algo demuestran estos desencuentros es que las transiciones siempre son accidentadas y complejas.
En lo que respecta a los procesos de toma de decisiones, la confrontación de posturas es benéfica, siempre y cuando permita acercamientos más constructivos. Asumiendo que esta tendencia continúe, si el presidente electo y su gabinete son inteligentes, sabrán capitalizar esa pluralidad en beneficio de los ciudadanos. Si no lo son, sus desacuerdos llevarán a la parálisis y se estancarán las decisiones. O peor aún, se replicarán las conductas autoritarias con las que se busca romper.
Lo innegable es que a los ciudadanos nos beneficia más un debate abierto que el aplauso autocomplaciente.
Cristian J. Vargas Díaz es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad de Guadalajara, e “intrigoso” como consecuencia. Les debe a Ray Bradbury, Juan Rulfo y Thomas Mann su gusto por la literatura y su vejez prematura. Cinéfilo y “seriéfago” enfermizo, sigue aprendiendo a escribir.
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