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Opinión

No, señor presidente electo

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Andrés Manuel López Obrador

Presidente electo…

Desde que Andrés Manuel López Obrador anunció los 50 puntos de su propuesto plan de austeridad, no fueron pocas las voces que alabaron las medidas, como tampoco aquellas que las recibieron con escepticismo. Pero después del anuncio, el presidente electo ha hecho una serie de declaraciones donde comunica, adicionalmente, la necesidad de eliminar los privilegios de los jueces y magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Esta medida, si bien no quedó plasmada en el plan de austeridad de manera explícita, es una de las que mayor debate han suscitado. Y es que reducir los ingresos del Poder Judicial no sólo implica controlar los gastos de sus dependencias, sino que ahora se pone sobre la mesa reducir los sueldos de sus funcionarios. En promedio, un magistrado percibe 260 mil pesos mensuales, además de prestaciones y seguros de riesgo específicos a la naturaleza de sus funciones.         

Bajarles el suelo es peligroso, dicen unos, porque abre la puerta a la corrupción que el morenista busca combatir. Es cínico pensar eso, dicen otros, porque el mexicano promedio vive con ingresos que apenas alcanzan para cubrir necesidades básicas, mientras que tener jueces con esos salarios es un insulto a quienes pagan sus impuestos. “Pero si me bajan el sueldo, me corrompo”, se apresuran en decir algunos aludidos. “¿Y para qué quieren esos sueldos astronómicos, si la Suprema Corte nunca ha hecho nada por nosotros?”, rebaten otros más.       

Javier Lozano

Foto: Cuartoscuro

El derecho a disentir

Lo cierto es que los argumentos razonados y los absurdos están presentes tanto en una postura como en la otra. Es verdad que los altos funcionarios públicos, en cualquiera de los tres poderes, perciben cantidades que muchos mexicanos no alcanzarían a ver reunidas en toda una vida de trabajo. Pero también es verdad que, con todo y sus excepciones, la labor de la SCJN y las demás instancias que conforman el Poder Judicial es indispensable para sellar las transformaciones que México va alcanzando. 

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No nos equivoquemos, dichas transformaciones sociales se gestan en la propia sociedad civil, eso nadie lo duda. Pero cuando somos muy afortunados, estas encuentran un cauce institucional que las asienta en nuestra legislación y las convierte en una realidad tangible. Para lograrlo, es indispensable que existan garantías de independencia e imparcialidad en los entes que defienden el orden constitucional y posibilitan que dicho cauce exista.

Eso es justo lo que defiende Olga Sánchez Cordero, ex ministra de la Suprema Corte y quien asumirá la titularidad de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), a partir del 01 de diciembre. A su juicio, la labor de los juzgadores es fundamental para la paz social y en más de una ocasión dijo estar en desacuerdo con la propuesta de López Obrador sobre reducir sus salarios. Pero lo verdaderamente sorprendente de esas declaraciones no es que exista el desacuerdo, sino que este sea público y reiterado. ¿Cuándo habíamos visto que un secretario de estado (en funciones o a punto de asumir) manifestara públicamente su desacuerdo con la persona a quien le rendirá cuentas? 

Olga Sánchez Cordero

Foto: Gustavo Ojeda Carreras

¿Un balance interno?

Cuando el abanderado por la coalición “Juntos Haremos Historia” aún era candidato, expresó una opinión desfavorable sobre el trabajo que han realizado los ministros de la SCJN. Aún después de que el político tabasqueño la destapara como la próxima Secretaria de Gobernación, Sánchez Cordero manifestó no compartir esa postura y desde entonces ha mantenido su opinión. ¿Qué dicen estos desacuerdos sobre la correlación de fuerzas que veremos en la administración, durante el próximo sexenio? Después de todo, estamos hablando del segundo puesto en importancia dentro de la estructura del Poder Ejecutivo.

Más aún, con el reciente anuncio del reprobable Manuel Bartlett al frente de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), queda claro que el asunto de la reducción de salarios no se reduce a un hecho aislado o anecdótico. ¿La razón? Tatiana Clouthier –la mujer que fungió como la arquitecta de la campaña de Andrés Manuel– también mostró sus reservas frente a la designación de quien lleva consigo la sombra del fraude del 88. La ex coordinadora de campaña declaró a la prensa que “había mejores opciones” para el cargo. Clouthier, por su parte, encabezará una subsecretaría dentro de la misma SEGOB, lo cual nos hace preguntarnos si estaremos presenciando el ensayo de un gobierno inédito donde la pluralidad de opiniones será parte del ejercicio del poder.

En todos lados se lee que el Congreso es el contrapeso efectivo al poder ejecutivo. Y apenas hace una semana, Katia D’Artigues se preguntaba en redes sociales si esta puede ser una nueva manera de hacer política; si el que un gabinete presidencial manifieste su desacuerdo con el mandatario puede llevar a establecer una especie de “contrapeso interno”.

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Pero el debate puede ir más allá. En estos días se discute ampliamente sobre la relevancia y el estado actual del federalismo en México. Se dice que el bicentenario pacto federal nunca quedó del todo solidificado y, por el contrario, el centralismo resultó pernicioso para la distribución del poder entre las entidades. Quizá la discusión puede ampliarse también al presidencialismo, de manera que nos preguntemos si estos desencuentros entre el futuro presidente y su gabinete suponen un relajamiento de aquel modelo, donde la moneda de cambio es “sí, señor Presidente, lo que usted diga”.

Tatiana Clouthier

Foto: Notimex

Gobernar desde el debate

Cabe preguntarnos, ¿de verdad seremos testigos de una nueva manera de gobernar, libre de decisiones verticales? ¿O serán estas declaraciones parte de una pantomima? Cambiando de acera, ¿no serán señales de una fractura interna entre el presidente electo y su próximo equipo, ahora que la luna de miel está por terminar? En todo caso, si algo demuestran estos desencuentros es que las transiciones siempre son accidentadas y complejas.

En lo que respecta a los procesos de toma de decisiones, la confrontación de posturas es benéfica, siempre y cuando permita acercamientos más constructivos. Asumiendo que esta tendencia continúe, si el presidente electo y su gabinete son inteligentes, sabrán capitalizar esa pluralidad en beneficio de los ciudadanos. Si no lo son, sus desacuerdos llevarán a la parálisis y se estancarán las decisiones. O peor aún, se replicarán las conductas autoritarias con las que se busca romper.

Lo innegable es que a los ciudadanos nos beneficia más un debate abierto que el aplauso autocomplaciente.

Cristian J. Vargas Díaz es licenciado  en  Relaciones  Internacionales  por  la  Universidad  de  Guadalajara,  e  “intrigoso” como  consecuencia.  Les  debe  a  Ray Bradbury,  Juan  Rulfo  y  Thomas  Mann  su  gusto  por  la  literatura  y  su  vejez  prematura.  Cinéfilo  y  “seriéfago”  enfermizo,  sigue  aprendiendo  a  escribir.

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Bolígrafo

 

 

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Opinión

La lucha por dignificar el Congreso de Jalisco: Reflexiones sobre el libro de Mara Robles

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El Libro Blanco titulado “Defender lo que se ama” es un documento que nace de la necesidad de dejar un registro claro y exhaustivo de lo que se hizo durante la legislatura de Mara Robles en el Congreso de Jalisco

El Libro Blanco titulado “Defender lo que se ama” es un documento que nace de la necesidad de dejar un registro claro y exhaustivo de lo que se hizo durante la legislatura de Mara Robles en el Congreso de Jalisco.

Pero es más que un informe técnico al final de una legislatura: es una invitación a que se explore una parte fundamental de la reciente historia política de Jalisco, en particular, los temas que marcaron la agenda de Mara Robles.

Entre sus páginas, se encuentran luchas tan importantes como la batalla por asegurar agua potable limpia para el área metropolitana de Guadalajara, la lucha constante por el equilibrio de poderes y otros temas esenciales para el fortalecimiento de la democracia jalisciense.

El capítulo que quiero destacar aquí, sobre la reingeniería administrativa del Congreso, es una pieza clave dentro de este relato más amplio.

No solo porque formé parte del equipo que lideró esta reforma bajo la dirección de Mara, sino porque refleja una de las mayores aspiraciones de nuestra legislatura: dignificar el poder legislativo en un contexto de desconfianza generalizada.

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La lucha por reorganizar y reducir la nómina del Congreso, haciéndolo más eficiente y menos dependiente de los favores políticos, fue un desafío monumental en medio de una legislatura marcada por retos tanto internos como externos.

Este libro no solo documenta el arduo trabajo realizado, sino que lo convierte en una reflexión sobre la política en acción, sobre lo que significa hacer reformas estructurales en un entorno donde la percepción pública del Congreso está por los suelos.

Al igual que la batalla por el agua limpia o el equilibrio de poderes, la reingeniería administrativa fue un tema que tocaba los cimientos de nuestra democracia local, aunque quizás no recibiera la misma atención mediática.

La narrativa de este capítulo, titulada con la mordaz referencia “La fiesta de la insignificancia”, retoma el espíritu irónico de Milan Kundera para ilustrar las dificultades de intentar cambiar una estructura que parecía inamovible.

El Congreso de Jalisco, en ese momento, se encontraba en una situación crítica: una nómina abultada, un gasto desproporcionado en servicios personales, y una estructura organizativa desordenada que favorecía el influyentismo y el nepotismo. Nuestra misión era ponerle fin a ese caos y establecer un sistema más justo, eficiente y transparente.

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La invitación a leer este capítulo es, en realidad, una invitación a conocer una parte de la historia política jalisciense que pocos quieren discutir: el desorden interno de nuestras instituciones públicas. A través de este esfuerzo, logramos realizar un diagnóstico exhaustivo con el apoyo del IMCO, que nos permitió entender la magnitud del problema.

El estudio reveló que el Congreso de Jalisco tenía una de las nóminas más caras y menos eficientes del país. Descubrimos, por ejemplo, que existía un exceso de auxiliares administrativos, que había disparidades salariales incomprensibles y que muchas adscripciones de personal no correspondían con la realidad.

A lo largo de este capítulo, se pueden encontrar detalles específicos sobre las soluciones que propusimos, desde la reducción del personal hasta la implementación de un servicio civil de carrera.

Estas propuestas, aunque encontraban resistencia, tenían como objetivo transformar una institución que, en lugar de servir al pueblo, se había convertido en una fuente de gasto innecesario.

Para mí, como parte del equipo responsable de esta reingeniería, fue un proceso de aprendizaje constante. Cada intento de reforma, cada mesa de trabajo y cada negociación nos enseñaba lo difícil que es implementar cambios estructurales en una institución que, en muchos sentidos, estaba diseñada para resistir esos mismos cambios.

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Sin embargo, al leer este capítulo, no quiero que se vea solo la frustración de lo que no se logró, sino también la esperanza de lo que sí se sembró. Este libro blanco es un testimonio de las bases que dejamos para que las futuras legislaturas puedan continuar con la tarea de sanear el Congreso.

Al invitar al lector a sumergirse en este libro, también lo invito a reflexionar sobre lo que significa defender lo que se ama en el servicio público. No solo se trata de lograr victorias visibles, sino de persistir, de intentar transformar estructuras que a veces parecen impenetrables.

Así como la lucha por un agua potable limpia en Guadalajara o la búsqueda de un equilibrio de poderes son batallas fundamentales, la reingeniería administrativa del Congreso es otro frente en esa guerra por dignificar la política y hacerla realmente útil para la ciudadanía.

Es por esto que considero vital que este libro sea leído en su totalidad. No solo para entender algunos hitos políticos recientes de Jalisco, sino para valorar los esfuerzos que se han hecho, muchas veces desde la invisibilidad, para transformar las instituciones que deberían estar al servicio de todos.

Este capítulo, en particular, es una crónica de esa lucha silenciosa, y espero que, al leerlo, los ciudadanos puedan comprender mejor el trabajo que hicimos, los obstáculos que enfrentamos y, sobre todo, la importancia de no abandonar jamás la lucha por un gobierno más justo y eficiente.

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Sobre el autor

Humberto Mendoza es un profesional comprometido en el campo del diseño y evaluación de políticas públicas en Jalisco. Es licenciado en Administración Gubernamental y Políticas Públicas Locales por la Universidad de Guadalajara con un Máster en Antropología en la Universitat Autònoma de Barcelona. Actualmente, lidera el Órgano Técnico de Administración y Planeación Legislativa en el Congreso de Jalisco.

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Opinión

Sheinbaum: Entre la continuidad y la promesa de un nuevo rumbo

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opinion humberto mendoza sobre claudia sheinbaum

El 1 de octubre, Claudia Sheinbaum tomó protesta como la primera presidenta de México, un hecho histórico que marca un hito en la política del país. Su primer día en el cargo estuvo cargado de simbolismo, referencias al pasado inmediato y un claro mensaje de continuidad hacia el obradorismo, que definió los últimos seis años de la administración federal. Sin embargo, detrás de este telón de continuidad, Sheinbaum busca imprimir su propio sello con propuestas que, aunque enmarcadas en la narrativa de la transformación, muestran una orientación que podría significar un cambio de rumbo en algunos temas clave.

El evento de la toma de protesta estuvo dividido en dos actos principales. Primero, Sheinbaum asumió el poder en el Congreso, un momento solemne marcado por la entrega de la banda presidencial. Luego, en un evento frente a sus seguidores en el Zócalo de la Ciudad de México, delineó sus “100 compromisos” para los primeros 100 días de su gobierno. Esta lista no solo buscaba conectar con su base, sino también señalar el camino que pretende seguir en su mandato.

Pero, ¿cuál es el verdadero mensaje detrás de estos compromisos? La respuesta parece estar en la dualidad que Sheinbaum debe gestionar: mantener la herencia política de López Obrador mientras define su propio liderazgo.

Continuidad versus Cambio

Claudia Sheinbaum no rehuyó su filiación con el obradorismo. Los primeros minutos de su discurso ante el Congreso los dedicó a agradecer a su antecesor y mentor político. Sin embargo, en los detalles de sus propuestas y en la selección de los temas prioritarios, la nueva presidenta parece inclinarse hacia una agenda que busca diferenciarse. El énfasis en la igualdad sustantiva, el impulso a las energías renovables y un enfoque renovado en la primera infancia no son casualidades, sino una declaración de intenciones para reconfigurar las prioridades del gobierno.

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Un aspecto que destacó en su discurso fue su compromiso con la equidad de género. Sheinbaum subrayó su condición de primera presidenta mujer, señalando que su gobierno buscará integrar la perspectiva de género en todas las políticas públicas. Hablar de feminicidios, de discriminación laboral y de políticas de apoyo a mujeres de la tercera edad no es solo una cuestión de retórica, sino un intento por diferenciarse de su predecesor, cuyo enfoque en los programas sociales para adultos mayores fue el pilar de su administración.

Por otro lado, Sheinbaum también introdujo ideas que se alejan de las prioridades tradicionales del obradorismo. Entre ellas, el impulso a la innovación tecnológica y a la creación de una infraestructura científica nacional, temas que López Obrador había dejado en un segundo plano. Con propuestas como el desarrollo de manufactura de alto valor y la creación de un satélite nacional, Sheinbaum sugiere una visión que combina el desarrollo social con el impulso al crecimiento económico.

Desafíos Financieros y Políticos

Uno de los principales retos que enfrenta la nueva presidenta es el margen financiero limitado para implementar su ambiciosa agenda. Con un presupuesto fuertemente comprometido y prioridades heredadas que consumirán gran parte del gasto público, Sheinbaum tendrá poco espacio para maniobrar en el corto plazo. Además, muchos de sus compromisos dependen de un aumento en el presupuesto destinado a áreas clave como educación e innovación, lo cual no será fácil de lograr sin enfrentar tensiones internas en su propio partido y oposición desde los sectores más conservadores.

Esta tensión se refleja en la cautela que mostró al presentar algunas de sus propuestas. Por ejemplo, al hablar de extender la pensión para mujeres a partir de los 60 años, Sheinbaum señaló que lo haría de manera progresiva, comenzando con las mujeres de 64 y bajando gradualmente la edad. Este enfoque refleja no solo una estrategia presupuestal, sino también una evaluación política de lo que será posible en los próximos meses.

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Un nuevo rostro para la transformación

Sheinbaum hereda un país profundamente dividido, con retos estructurales que van más allá de la popularidad de su predecesor. La agenda ambiental, con un énfasis en energías renovables, representa una ruptura con la visión que mantuvo la administración pasada, que favoreció las energías fósiles y frenó la inversión en tecnología limpia. Si logra implementar su visión, Sheinbaum podría abrir un nuevo capítulo para México, uno en el que la sustentabilidad y el desarrollo económico no estén en conflicto.

Sin embargo, el camino no será sencillo. La continuidad con el obradorismo es un arma de doble filo: le proporciona una base leal de apoyo, pero al mismo tiempo limita su capacidad de distanciarse y de articular una nueva narrativa que capture a los sectores moderados y a la oposición. En última instancia, el éxito de Sheinbaum dependerá de su habilidad para combinar lo mejor de ambos mundos: la promesa de continuidad con la capacidad de adaptación a los nuevos desafíos.

La pregunta que queda en el aire es si, más allá de la retórica, Sheinbaum tendrá el tiempo y los recursos necesarios para redefinir la “transformación” sin romper con las expectativas del obradorismo. Solo el tiempo dirá si este equilibrio es sostenible o si, eventualmente, se verá obligada a elegir un camino distinto.

Sobre el autor

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Humberto Mendoza es un profesional comprometido en el campo del diseño y evaluación de políticas públicas en Jalisco. Es licenciado en Administración Gubernamental y Políticas Públicas Locales por la Universidad de Guadalajara con un Máster en Antropología en la Universitat Autònoma de Barcelona. Actualmente, lidera el Órgano Técnico de Administración y Planeación Legislativa en el Congreso de Jalisco.

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Opinión

México necesita mejores universidades públicas

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México necesita mejores universidades públicas

El Foro sobre Evaluación en la Educación Superior, organizado por Mara Robles Villaseñor en Guadalajara, Jalisco, fue un espacio esencial para discutir uno de los temas más relevantes y menos abordados en el ámbito educativo: la evaluación en las universidades mexicanas. Este foro se vuelve particularmente importante en un contexto marcado por una serie de transformaciones institucionales.

A nivel federal, la creación de la nueva Secretaría de Educación Superior refleja un reconocimiento de la importancia estratégica de este nivel educativo, mientras que a nivel local, Jalisco se enfrenta a cambios importantes, como la renovación de la rectoría en la Universidad de Guadalajara (UdeG) y la inminente transición del gobierno estatal.

Mara Robles, en su papel como moderadora del foro, subrayó la falta de discusión sobre la evaluación en la educación superior, señalando que, a diferencia de la educación básica, donde este tema ha estado en el centro del debate público por años, las universidades han quedado relegadas a un segundo plano en términos de evaluación. Según Robles, este es el momento para que la educación superior sea evaluada desde una base técnica y académica rigurosa, elevando la calidad del debate y evitando discusiones infundadas.

La relevancia de esta discusión no puede ser subestimada, especialmente en un contexto donde las universidades y el sistema educativo en general enfrentan una serie de desafíos sociales y económicos. La evaluación, en este sentido, es una herramienta fundamental no solo para certificar la calidad académica, sino también para mejorar los procesos internos y garantizar que las universidades cumplan su rol en el desarrollo de la sociedad.

Durante el foro, se abordaron múltiples perspectivas sobre el papel de la evaluación en las universidades. Pedro Alejandro Flores Crespo propuso un enfoque centrado en el “bien común”, argumentando que la evaluación no debe reducirse a la certificación, sino que debe considerar las relaciones humanas y los procesos que ocurren dentro de la comunidad académica.

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Esta visión, en medio de los cambios que enfrenta la UdeG y otras instituciones, es crucial para reorientar el sistema educativo hacia el desarrollo integral de estudiantes y docentes.

Otro de los ponentes, Felipe Martínez Rizo, destacó la importancia de evaluar el aprendizaje en el aula desde una perspectiva crítica y sofisticada. Subrayó que la evaluación no debe limitarse a los niveles más bajos del aprendizaje, como la memorización, sino que debe aspirar a medir la creación de conocimiento y el razonamiento crítico en los estudiantes .

Asimismo, Eduardo Backhoff Escudero, experto en evaluación educativa, introdujo un tema clave: la inteligencia artificial (IA) como herramienta para mejorar los procesos de evaluación. Backhoff señaló que la IA tiene el potencial de transformar la evaluación del aprendizaje al proporcionar retroalimentación en tiempo real y ofrecer una personalización más efectiva del proceso educativo. Sin embargo, también advirtió sobre la necesidad de normar su uso y formar a los docentes para evitar dependencias excesivas o malas prácticas .

Este foro no solo abrió el debate sobre la evaluación en la educación superior, sino que también dejó sobre la mesa incógnitas fundamentales que deben seguir siendo discutidas. ¿Cuál es la función esencial de las universidades en México? ¿Qué tipo de universidades públicas queremos y necesitamos para enfrentar los desafíos contemporáneos del país? Y, quizá lo más complejo, ¿cómo podemos conciliar la necesidad de una evaluación rigurosa y justa con el respeto a la autonomía universitaria? Estas preguntas son claves para entender el futuro de la educación superior en México.

El foro nos invita a reflexionar sobre cómo podemos construir un sistema educativo que no solo sea eficiente, sino que también promueva la libertad académica y sirva como motor de desarrollo social. En un contexto de cambios políticos e institucionales, estas cuestiones se vuelven aún más urgentes y, sin duda, merecen una atención constante en los debates que están por venir.

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Sobre el autor

Humberto Mendoza es un profesional comprometido en el campo del diseño y evaluación de políticas públicas en Jalisco. Es licenciado en Administración Gubernamental y Políticas Públicas Locales por la Universidad de Guadalajara con un Máster en Antropología en la Universitat Autònoma de Barcelona. Actualmente, lidera el Órgano Técnico de Administración y Planeación Legislativa en el Congreso de Jalisco.

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