Salinas de Gortari, la desdemonización del neoliberalismo

Las críticas al sexenio de Carlos Salinas de Gortari, aunque persistentes, a menudo simplifican una época de profundos cambios.
Sí, fue el secretario de Programación y Presupuesto de Miguel de la Madrid, pero en lugar de ser una debilidad, esta experiencia le dio un conocimiento invaluable de la crisis económica. No llegó a la presidencia sin entender la magnitud de los problemas del país, lo que le permitió proponer soluciones audaces.
Además, aunque se le ha tildado de «neoliberal», esta ideología fue la herramienta que permitió a México escapar del estancamiento y la inflación galopante. La economía de la 4T, anclada en ideologías opuestas, ha demostrado que las soluciones simplistas no funcionan y que un enfoque práctico y orientado al crecimiento es necesario para el País.
El tema de las elecciones de 1988 y la supuesta «caída del sistema» sigue siendo la principal arma de la izquierda. Sin embargo, a pesar de las acusaciones, el fraude nunca fue probado legalmente.
La narrativa del fraude ha servido como un conveniente pretexto para la oposición, pero el hecho es que el sexenio que siguió a esas elecciones no fue el desastre que se predijo, sino un periodo de estabilidad y crecimiento.
Si bien la reprivatización bancaria tuvo fallas que contribuyeron a la crisis de 1994, el objetivo era modernizar un sistema financiero obsoleto, algo que hoy contrasta con un gobierno que no ha impulsado el desarrollo ni ha generado la confianza necesaria para atraer inversión.
El regreso de Carlos Salinas de Gortari al PRI es imperativo. A pesar de su edad, su mente lúcida y su vasta experiencia lo convierten en el líder ideal para renovar un partido en crisis.
Los puristas del PRI que se escindieron en su momento, como Cuauhtémoc Cárdenas, Ifigenia Martínez y Porfirio Muñoz Ledo, lo hicieron porque Salinas optó por modernizar el partido y el país, buscando un enfoque tecnocrático y profesional sobre la lealtad política. Esa misma tecnocracia, despreciada por la 4T, es lo que hoy hace falta para gobernar con resultados, no con eslóganes.
El regreso de Salinas no es un retroceso, sino una apuesta por la experiencia, el conocimiento y la audacia que hoy escasean en la política mexicana.
No se puede negar la corrupción de su época, incluyendo los escándalos que involucraron a su hermano Raúl Salinas de Gortari, ni el hecho de que se fue al exilio. Pero es una falacia argumentar que la corrupción es exclusiva de su sexenio.
La 4T, que prometió erradicarla más de treinta años después, ha demostrado que la corrupción es un problema sistémico que trasciende ideologías, con casos como los de los hijos de Andrés Manuel López Obrador, que recientemente tramitaron una demanda de amparo contra probables órdenes de aprehensión en su contra, el «huachicol fiscal» y las asignaciones directas de contratos.
El PRI se debilitó, sí, pero no por la culpa de un solo hombre, sino por la apertura política que él mismo inició, que dio paso a un sistema de partidos más competitivo.
La política neoliberal es una doctrina económica que prioriza la libertad de mercado, la reducción de la intervención del Estado en la economía y el impulso a la iniciativa privada. Se basa en la idea de que la competencia, la privatización de empresas estatales, la desregulación y la apertura comercial son la mejor vía para generar crecimiento, eficiencia y prosperidad.
Para los defensores de esta política, el papel del gobierno debe ser limitado a garantizar la estabilidad macroeconómica, el respeto a la propiedad privada y la seguridad jurídica. Un claro ejemplo de esta política fue la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que abrió las fronteras de México y lo insertó en la economía global, atrayendo inversión y fomentando la competitividad de las empresas nacionales.
La comparación entre la política neoliberal de Salinas y el modelo económico de la 4T, basado en la austeridad republicana y la intervención estatal, muestra dos visiones opuestas. Si bien el modelo neoliberal generó crecimiento y estabilidad, también tuvo sus costos sociales y concentró la riqueza.
En contraste, la 4T ha priorizado el gasto social y la inversión en proyectos públicos, pero a costa de un nulo o escaso crecimiento económico y un estancamiento en la inversión.
La falta de crecimiento económico en la actual administración (donde se ha tenido un promedio de crecimiento de 0.5% anual) y el aumento en la inseguridad y corrupción, que ha afectado a la ciudadanía, ha llevado a un debate sobre si la política de la 4T es realmente mejor para el País.
En un mundo cada vez más competitivo, la política neoliberal, que impulsa la eficiencia y la apertura, parece ser la opción más viable para el crecimiento.
La victoria de Carlos Salinas de Gortari en las elecciones de 1988 es, sin duda, el pilar sobre el que se construyó gran parte de la narrativa de la izquierda en México. Fue en ese proceso electoral que la figura de Cuauhtémoc Cárdenas, junto con la de Porfirio Muñoz Ledo e Ifigenia Martínez, se consolidó como la de un líder moral que fue despojado del triunfo. Sin embargo, para entender la verdadera importancia de la victoria de Salinas, es crucial ir más allá de la polémica y analizar las consecuencias.
La línea política y económica que defendían Cárdenas, Muñoz Ledo y Martínez, basada en un nacionalismo económico y en el cierre de fronteras, hubiera generado, a todas luces, la imposibilidad de la firma del TLCAN en 1994. Su visión era diametralmente opuesta a la apertura comercial que Salinas impulsaba.
De haber ganado la izquierda en 1988, México se habría enfrentado a un escenario catastrófico, con dos décadas perdidas. El País habría continuado su camino de estancamiento económico, inflación incontrolable y una profunda crisis de deuda.
La decisión de Salinas de Gortari de avanzar con las reformas estructurales y la apertura comercial, a pesar del enorme riesgo político que implicaban, fue la única que permitió a México escapar del abismo económico. El TLCAN no fue un capricho; fue la jugada maestra que aseguró la entrada de inversión extranjera, la modernización de la industria y la estabilización de los precios.
La victoria de Salinas no sólo fue un triunfo electoral, sino que fue una victoria del pragmatismo económico sobre la ideología. De ahí el profundo odio que a la fecha se refleja en la izquierda, y que hoy es un estandarte tanto para Andrés Manuel López Obrador como para Claudia Sheinbaum.
La discusión sobre la política económica neoliberal no puede quedarse en la teoría; los números cuentan la historia real. El sexenio de Carlos Salinas de Gortari, a pesar de sus controversias, se distinguió por una notable mejora en los indicadores macroeconómicos.
El Producto Interno Bruto (PIB) de México tuvo un crecimiento promedio anual del 4% (1989-1994). Este dinamismo fue un respiro después de la «década perdida» de los años 80, demostrando que la apertura y la inversión privada eran motores efectivos para la economía.
En contraste, el gobierno de la 4T (2019-2024), con su enfoque en la austeridad, ha visto un crecimiento promedio anual de apenas 0.5%, registrando incluso una contracción en 2019, 2020 y 2021. Este estancamiento es la prueba más contundente de que el modelo actual no ha logrado generar la prosperidad prometida.
La inversión extranjera directa es otro indicador crucial. Durante el sexenio de Salinas, el flujo de inversión extranjera directa (IED) se disparó gracias a la certidumbre que generó el TLCAN.
En 1994, la IED alcanzó los 11.1 mil millones de dólares, una cifra récord para la época. Bajo la 4T, a pesar del renovado T-MEC, el flujo de inversión ha sido inestable y ha dependido en gran medida del nearshoring y las remesas, no de una estrategia de gobierno clara y consistente.
Esto se refleja en la falta de creación de nuevas empresas y la reducción del empleo formal, algo que es vital para la economía familiar.
El empleo y el nivel de vida son los indicadores que la gente siente más. La política económica de Salinas, aunque con sus críticas, generó miles de empleos y elevó el nivel de vida de la clase media, con un aumento en la capacidad de consumo.
La tasa de desempleo se mantuvo baja, y el poder adquisitivo se recuperó tras años de inflación descontrolada. Por el contrario, la 4T ha visto un crecimiento de la economía informal y una precariedad laboral en sectores clave, y aunque el salario mínimo ha aumentado, la inflación actual (3.57%) erosiona ese poder de compra, afectando la estabilidad de los hogares mexicanos.
El regreso de Carlos Salinas de Gortari a la vida pública no es un capricho; es una necesidad. Su experiencia en el manejo económico, su capacidad para generar consensos y su visión de largo plazo son un contrapeso directo al modelo que ha estancado a México. Su liderazgo, orientado a la eficiencia y el crecimiento, es la única vía para que el PRI recupere su relevancia y ofrezca al país un futuro de prosperidad y estabilidad.
El salario mínimo: la dura medicina para curar la hiperinflación
El argumento de que Carlos Salinas utilizó el salario mínimo como ancla inflacionaria es completamente cierto. Su gobierno, al igual que los anteriores, heredó una economía con una inflación galopante de tres dígitos (la inflación anual de 1987 fue del 159%). Para combatir esta amenaza, se implementó el Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico (PECE), que, entre otras cosas, frenó los aumentos al salario mínimo. Esta medida fue dolorosa y generó un deterioro en el poder adquisitivo de la población, provocando un descontento generalizado.
Sin embargo, para contrarrestar esta crítica, hay que contextualizarla. La hiperinflación es un cáncer para la economía de un país. Destruye el poder de compra, frena la inversión y genera una incertidumbre generalizada que puede llevar a la quiebra de la nación. La estrategia de Salinas, aunque impopular, fue la única manera de frenar esa espiral inflacionaria. En solo seis años, la inflación se redujo drásticamente a un solo dígito, logrando en 1994 una tasa del 7%. Fue un claro ejemplo de tomar una decisión difícil pero necesaria para el bien a largo plazo del país.
El modelo económico del sexenio de AMLO y ahora de Claudia Sheinbaum, en contraste, ha optado por aumentar el salario mínimo de manera significativa, buscando mejorar el poder adquisitivo de la población. Sin embargo, este aumento no ha sido acompañado por un crecimiento económico real ni por una disminución de la inseguridad y la corrupción, lo que ha generado un estancamiento en la creación de empleos formales y un aumento de la economía informal. Mientras el modelo de Salinas sacrificó el poder adquisitivo a corto plazo para sanear la economía, el modelo actual ha sacrificado el crecimiento para generar una sensación de bienestar inmediato. La evidencia de la actualidad demuestra que el modelo de Salinas, aunque costoso, fue más exitoso.
A lo largo de los últimos cuarenta años, la izquierda mexicana ha construido una narrativa inquebrantable que demoniza al neoliberalismo, presentándolo como la raíz de todos los males del país. Esta visión ha sido el pilar ideológico de la 4T. Sin embargo, este artículo desmitifica de manera contundente esa postura, demostrando que la política económica de Carlos Salinas de Gortari, aunque con costos, fue la medicina necesaria para curar un país enfermo de inflación y estancamiento. Los números no mienten: el crecimiento del PIB, la reducción drástica de la inflación y la apertura comercial del TLCAN son pruebas irrefutables de que la estrategia neoliberal, cuando se aplica con audacia y visión de Estado, funciona.
El argumento más fuerte y evidente de esta conclusión reside en el hecho de que, si el neoliberalismo fuera tan nocivo, el régimen de Andrés Manuel López Obrador y ahora el de Claudia Sheinbaum sin lugar a dudas habrían cancelado el TLCAN. En lugar de hacerlo, se vieron obligados a renegociar y renombrar el tratado, convirtiéndolo en el T-MEC. Esta decisión no fue una concesión ideológica, sino un reconocimiento tácito de que el tratado de libre comercio es la columna vertebral de la economía mexicana, una herencia y una jugada maestra de Carlos Salinas de Gortari que, a pesar de las críticas, se mantiene sólida y vital para el desarrollo del país. El regreso de Salinas al PRI para reconstruirlo no es un acto de nostalgia, sino una respuesta estratégica a la falta de rumbo y el estancamiento económico del presente, demostrando que la experiencia y la visión de crecimiento son más necesarias que nunca.
El liderazgo de Andrés Manuel López Obrador y la continuación de Claudia Sheinbaum se han sustentado en una estrategia política singular: la construcción de un enemigo común. Carlos Salinas de Gortari ha sido ese villano perfecto. La narrativa oficial ha utilizado la figura de Salinas como el símbolo de la corrupción, el neoliberalismo y la entrega del país a intereses extranjeros. Este recurso político no busca un debate histórico, sino que tiene un propósito más profundo: justificar las propias políticas de la 4T y consolidar una base de votantes unificada por el resentimiento. Al culpar constantemente a Salinas de los males del pasado, el gobierno actual evade su responsabilidad por la falta de crecimiento económico, la escalada de la violencia y los escándalos de corrupción en su propia administración.
El discurso de odio hacia Salinas permite a López Obrador y Sheinbaum presentarse como los líderes que «están salvando a México» del legado de un pasado nefasto. Al posicionarse como la antítesis del salinismo, refuerzan la legitimidad de sus propias acciones, por más ineficientes o impopulares que sean. La constante referencia al «período neoliberal» es una estrategia de distracción que desvía la atención de los problemas actuales y capitaliza el resentimiento de la población. La figura de Salinas se convierte así en el pilar ideológico de la 4T, en un chivo expiatorio que es utilizado para justificar todo, desde la austeridad republicana hasta la inversión en megaproyectos no rentables.
Escándalos de la 4T (2018 – 2024)
La «Barredora»: El gobierno de la 4T fue acusado de asignar contratos de manera directa, sin pasar por licitaciones públicas, a empresas y personas cercanas al poder. Este patrón de contratación, que se ha documentado en proyectos como el Tren Maya y la Refinería de Dos Bocas, contradice el discurso de transparencia y austeridad.
El «Huachicol Fiscal»: Se trata de un esquema de corrupción que involucró a funcionarios del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en el contrabando de combustible. Este escándalo puso en evidencia que, a pesar de la promesa de combatir la corrupción, las redes criminales han continuado operando dentro de las instituciones del Estado.
Los negocios de los hijos de AMLO: La polémica de la «casa gris», una lujosa mansión en Houston, Texas, que el hijo del presidente ocupó, expuso un conflicto de interés y generó dudas sobre la procedencia de los recursos. La oposición ha señalado que este tipo de escándalos contradice el discurso de «austeridad republicana» que promueve la 4T.
«Abrazos, no balazos»: Esta política de seguridad, que buscaba evitar la confrontación directa con los grupos criminales, es vista por muchos como un fracaso rotundo. Durante este sexenio, los niveles de violencia, homicidios y extorsiones han alcanzado récords históricos.
El caso Adán Augusto y el exsecretario Hernán: Las acusaciones de corrupción y malversación de fondos contra exfuncionarios del gobierno de Tabasco, como el exsecretario Hernán, han salpicado a la figura de Adán Augusto López, exgobernador de ese estado y exsecretario de Gobernación, debilitando su imagen de cara a las elecciones presidenciales.
Escándalos del sexenio de Carlos Salinas de Gortari (1988 – 1994)
La privatización de empresas estatales: La venta de más de 1,100 empresas, incluyendo Telmex y la banca, a precios considerados bajos y en un proceso que supuestamente benefició a un círculo cercano de empresarios, fue una de las principales críticas. La privatización de Telmex, por ejemplo, fue un tema de constante debate, ya que se le acusó de haber beneficiado de forma desproporcionada a sus nuevos dueños.
El «hermano incómodo»: La detención de Raúl Salinas de Gortari, hermano del expresidente, por el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu y por enriquecimiento ilícito, se convirtió en el escándalo de corrupción más grande de la época.
El asesinato de Luis Donaldo Colosio: Aunque no se ha demostrado la participación directa de Carlos Salinas de Gortari, el magnicidio de su candidato presidencial, ocurrido en 1994, sigue siendo uno de los momentos más oscuros de la historia reciente de México y un punto de constante controversia.
La crisis de 1994: Al final de su sexenio, una devaluación abrupta del peso, conocida como el «Error de Diciembre», desató una de las peores crisis económicas en la historia moderna de México. Aunque fue un evento complejo con múltiples causas, la oposición lo utilizó como prueba del fracaso de la política económica de Salinas.
Escándalos de la administración de Claudia Sheinbaum (oct. 2024 – sept. 2025)
Reforma a la Ley de Amparo: Una de las primeras grandes controversias de su sexenio. Esta reforma limita el alcance de los juicios de amparo, lo que, según la oposición y expertos, debilita la protección judicial de los ciudadanos frente a actos de autoridad y leyes que puedan ser inconstitucionales.
Controversia del Tren Maya: A pesar de que la obra se inauguró en el sexenio anterior, durante su administración ha continuado la polémica por los sobrecostos, fallas estructurales y el impacto ambiental. Las constantes quejas de las comunidades locales y la falta de transparencia en la rendición de cuentas han mantenido el tema en el ojo del huracán.
Ataques cibernéticos a la CFE: Las recientes revelaciones de múltiples ataques cibernéticos a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que comprometieron la seguridad de datos sensibles y afectaron la operación de la empresa, han generado críticas por la falta de inversión en ciberseguridad y la vulnerabilidad de la infraestructura crítica del país.
La crisis hídrica y la falta de soluciones efectivas: A pesar de que la crisis del agua en la Ciudad de México y otras urbes es un problema de años, la inacción en los primeros meses de la nueva administración para implementar soluciones de fondo ha generado un creciente descontento. Los opositores señalan que se ha optado por medidas paliativas en lugar de abordar el problema de manera estructural.
Polémica en el nombramiento de funcionarios: La designación de algunos miembros del gabinete, que carecían de experiencia en las áreas que se les asignaron, generó dudas sobre el profesionalismo y la capacidad del nuevo gobierno. Estos nombramientos han sido vistos como una continuación del patrón de lealtad por encima de la experiencia, algo que ya se criticaba en la administración anterior.
Finalmente, el regreso de Carlos Salinas al PRI para su reconstrucción es la jugada más audaz que el partido podría hacer. La figura de Salinas es el talón de Aquiles de la izquierda mexicana, y al regresarlo a la vida política, el PRI obligaría al oficialismo a confrontar sus propias contradicciones y fracasos. El PRI, de la mano de un líder experimentado y una nueva generación de jóvenes, podría unificar a una oposición fragmentada, demostrando que la experiencia y la visión de largo plazo son el verdadero antídoto para el estancamiento y la violencia que hoy azotan a México.
Sobre el autor
Fernando Arango Ávila es jurista y académico. Doctor en Ciencias de lo Fiscal, y actualmente cursa un posdoctorado en Derecho. Actualmente, combina su experiencia práctica con su labor investigativa. Escribe: drarango83@gmail.com.
¿Qué hacemos con el SIAPA? Parte 3

Tras haber revisado en las entregas anteriores la anemia financiera y la esclerosis institucional operativa del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), toca ahora hablar de lo que realmente importa: la reconstrucción. Pero antes de sacar la calculadora y el vernier, nos toca mirarnos al espejo como sociedad.
1. Descolonizar el grifo: Más allá del fetiche de la tubería
Durante décadas, en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) hemos asumido que la gestión del agua sea un “asunto de ingenieros”. Con el respeto que merece la disciplina, pero la gestión hidrosanitaria ha sido colonizada por una visión puramente física que reduce el ciclo del agua a un sistema de presiones, análisis químicos, válvulas y diámetros. Hemos olvidado que el agua no fluye solo por tubos, sino por realidades sociales, marcos jurídicos, vulnerabilidades de salud y equilibrios ecosistémicos.
Es urgente descolonizar el conocimiento hidrosanitario. Necesitamos sentar a la mesa no solo al que sabe de hidráulica o saneamiento, sino al economista que entiende de elasticidad de la demanda, al sociólogo que comprende la segregación urbana, al abogado que defiende el derecho humano al agua y, sobre todo, al ciudadano que recibe el “chocolate” líquido en su casa.
En el bréte mexicano de “querer ser siempre el niño en el bautizo, el novio en la boda y el muerto en el entierro”, nos hemos olvidado de que la construcción conjunta no es un concurso de egos; en este caso, es nuestra balsa de salvamento.
Si no somos capaces de generar consensos y evitar protagonismos estériles, seguiremos ahogándonos en un vaso de agua… sucia. La solución debe ser multidimensional o no será.
2. La arquitectura de la solución: Orientarse a resultados.
Para aquellos que creen que la administración pública es solo “imaginarse en el futuro”, “echarle ganas” o peor, salir en videos, permítanme ejemplificar un ejercicio de Cadena de Valor Público aplicado a la potabilización, ese proceso místico que el SIAPA parece haber olvidado en algún cajón de la colonia moderna.
A. El diagnóstico del lodo
La problemática es clara: Agua con parámetros de turbiedad y presencia de metales fuera de norma en puntos críticos de la red. Las causas no son “el destino” o “el crecimiento urbano”; son el desdén del diseño institucional y su operación: la obsolescencia o caducidad de las plantas potabilizadoras —como Miravalle—, la falta de mantenimiento en los sedimentadores y una red de distribución que parece colador romano.
B. La solución lógica
No se trata de comprar más cloro, sino de atacar las causas: sustitución de tecnologías para el retiro de metales, modernización tecnológica de las plantas y sectorización de la red para evitar la recontaminación.
C. La Cadena de Valor (El “cómo” sin cuentos)
1. Objetivo de resultado (Propósito): Los usuarios del AMG reciben agua que cumple con la NOM-127-SSA1-1994 (o su actualización) directamente en sus grifos.
Riesgo externo: El estrés hídrico extremo que altere la calidad química de las fuentes superficiales (Chapala/Calderón) o profundas (a mayor profundidad, más contaminación geogénica).
2. Objetivos de producto (Componentes): Plantas separadoras de contaminantes químicos y metales, instaladas; potabilizadoras rehabilitadas y sistemas de filtración avanzada operando al 100%.
3. Objetivos de proceso (Actividades): Licitación transparente de tecnologías, mantenimiento preventivo de lechos filtrantes y dosificación automatizada de reactivos.
D. El tablero de control (M&E)
Para que no nos den “atole con el dedo”, necesitamos indicadores de verdad:
Indicador de resultado: IR = [(Muestras dentro de norma) / (Total de muestras en domicilio) × 100]. Fuente: Auditorías externas aleatorias (no las del propio SIAPA).
Indicador de producto: IP = [(Caudal potabilizado bajo norma) / (Caudal de entrada) × 100]. Fuente: Registros de supervisión de producto, al salir de la planta y al ingreso al predio.
Indicador de proceso: IPr = [(Número de datos de verificación aleatoria de proceso de mantenimiento preventivo con cumplimiento / Número total de datos de verificación aleatoria de proceso de mantenimiento preventivo) × 100].
3. ¿Privatizar? El espejismo de la eficiencia empresarial
Aquí es donde el debate se pone picante. Existe una pulsión casi erótica en ciertos sectores por privatizarlo todo, bajo la premisa de que “el gobierno es inepto por naturaleza”. Pero cuidado, la historia de México está llena de instituciones diseñadas deliberadamente para fallar, creando el caldo de cultivo perfecto para la “salvación” privada, que suele ser más cara y menos santa.
El SIAPA es un monopolio natural. Sea público o privado, usted no puede elegir que otra empresa le ponga un tubo diferente en su casa. Por ello, el problema no es la propiedad, sino el arbitraje. La variable crítica no es quién opera, sino cómo se regula, supervisa y sanciona.
El espejo de Aguascalientes (Veolia 1993-2023)
Para quienes suspiran por una concesión privada, miremos el caso documentado por el ITESM (2012). Tras 30 años de concesión a Veolia, una empresa internacional “experta” en agua, los resultados son una bofetada a la lógica del libre mercado:
Problemas estructurales:
1. Especulación vs. realidad: Se planeó y permitieron crecer la ciudad con criterios inmobiliarios mientras se sobreexplotaba la escasa agua subterránea.
2. Contratos leoninos: Un título de concesión que no sancionaba el incumplimiento y protegía solo a la empresa.
3. Autoridad omisa: La CCAPAMA (el regulador municipal) terminó siendo un espectador decorativo de los abusos empresariales.
La numeralia del desastre:
Asimetría obscena: La autoridad cargaba con el 89% de la responsabilidad, pero la empresa se quedaba con el 98% de los ingresos. ¡El negocio soñado!
Eficiencia global de risa: Apenas el 30%. Es decir, de cada 10 litros, 7 se perdían entre fugas y mala cobranza.
El robo del tiempo: Se practicaban retrasos voluntarios en la impresión de recibos para cobrar el agua con tarifas indexadas (más caras) meses después del consumo real.
Salud en riesgo: El agua distribuida incumplía la norma de salud por contaminación geogénica (arsénico y flúor).
Conclusión: El balón está en nuestra cancha
Privatizar no es la respuesta; es solo cambiar de amo en un sistema que carece de látigo (arbitraje). La solución estructural para el SIAPA requiere tres pilares: diseño lógico multidimensional, arbitraje externo estricto y un esquema de asignación de recursos que priorice la equidad, no el beneficio político del gobernante en turno.
Como tapatíos, el reto es mayúsculo. ¿Podremos soltar ese “pequeño marranito exigente” del ego y exigir que el SIAPA deje de ser la “caja chica” (o grande) de la política estatal? ¿Podremos descolonizar nuestra mente y entender que el agua es un derecho, no una mercancía ni un botín electoral?
El comienzo de la solución no está en un nuevo director, ni en “la danza de los millones”, ni en una concesión milagrosa; pasa por enfrentar nuestros propios demonios como sociedad: la fragmentación, la desconfianza, la tentación del atajo y dejar de ser espectadores de nuestro propio desabasto. Si seguimos permitiendo que la gestión del agua sea un secreto de Estado entre ingenieros y políticos, lo único que tendremos garantizado en el futuro será sed… y una cuenta muy alta por pagar.
Es hora de actuar. Por el agua, por la ciudad, por nuestros hijos.
Sobre el autor
Sergio E. Gómez Partida es consultor en evaluación, gestión para resultados y planificación en sectores público y privado. Información de contacto: sgpartida@gmail.com; en X: @SergioGmezP
El trimestre más turbulento de Lemus

El primer trimestre de 2026 resultó ser el periodo más turbulento del gobierno de Pablo Lemus Navarro desde su toma de posesión en diciembre de 2024. Tres grandes crisis concentraron la presión sobre el Ejecutivo estatal: el llamado “tarifazo” al transporte público, que detonó semanas de movilizaciones; el abatimiento de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el 22 de febrero en Tapalpa, con la subsecuente ola de represalias violentas; y, al cierre del trimestre, una crisis hídrica que afectó a cientos de colonias del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).
El telón de fondo de los tres episodios es el Mundial de Fútbol 2026, que convierte a Jalisco en escaparate internacional y eleva exponencialmente los costos políticos de cualquier percepción de desequilibrios.
Eficacia decisional. La eficacia decisional del gobierno de Lemus durante este trimestre exhibe un patrón recurrente: decisiones iniciales polémicas seguidas de rectificaciones bajo presión social. El caso paradigmático es el llamado “tarifazo”. A partir del 1 de abril de 2026, el pasaje del transporte público estaba previsto para pasar de 9.50 a 14 pesos, lo que representaría un aumento del 47.37 por ciento. El esquema era técnicamente discutible: el Gobernador presentó una opción para pagar 11 pesos mediante una tarjeta de débito de una financiera amonestada por la Comisión Nacional Bancaria y Valores (CNBV), a la que el Gobierno Estatal pagaría 5.45 pesos mensuales por cada tarjeta activa.
Tras semanas de presión ciudadana y legislativa, Lemus acabó cediendo de forma considerable. El Gobierno de Jalisco canceló el aumento de 14 pesos en la tarifa del transporte público, y anunció que el pasaje se mantendría en 11 pesos a partir del 1 de abril, sin importar el método de pago. La rectificación evitó una escalada mayor, pero el costo político fue alto: el gobierno abandonó su postura inicial ante la presión, lo que debilita su capacidad de anticipación y diseño de política pública.
El episodio del Siapa repitió el patrón. En medio de la crisis por la mala calidad del agua potable, el Gobernador de Jalisco anunció la destitución del director del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa), Antonio Juárez Trueba. La decisión fue reactiva: la destitución ocurrió horas después de que colectivos, académicos y vecinos exigieran una alerta sanitaria y el relevo del funcionario.
Legitimidad política. La legitimidad de origen de Lemus es sólida (a pesar de recursos legales y protestas opositoras los tribunales reconocieron su triunfo) y mantiene niveles de aprobación razonables según lo reportan diversos medios de comunicación. Sin embargo, la legitimidad del ejercicio de gobierno durante este trimestre sufrió erosión en al menos tres frentes.
En el flanco del transporte, la movilización popular fue sostenida e intensa. Las protestas contra el aumento de la tarifa del transporte público y la obligatoriedad de usar una tarjeta de débito de una financiera privada, continuaron con la séptima marcha en enero con consignas como en contra de la decisión gubernamental.
La legitimidad del esquema fue cuestionada adicionalmente por los tribunales. El Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa otorgó una suspensión provisional a 35 estudiantes, determinando que el subsidio al transporte no puede condicionarse a la entrega obligatoria de datos personales a una empresa privada.
En el terreno legislativo, el conflicto con bancadas de oposición generó fricciones de legitimidad. Los grupos parlamentarios de Morena, Hagamos y Futuro acusaron al Gobernador Pablo Lemus de desinformación, al señalar que el dictamen sobre identidad de género aprobado por el Congreso no autorizaba ni promovía cambios de sexo, y que ni el Congreso ni el Gobernador tienen facultades para cuestionar la vigencia de derechos humanos reconocidos por México en tratados internacionales.
Un episodio adicional que dañó su imagen fue la detención de estudiantes manifestantes, a quienes Lemus acabó liberando. El Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, liberó a los cuatro estudiantes detenidos por realizar pintas en Palacio de Gobierno y la Catedral durante una manifestación contra la tarifa del transporte público, acusando que los jóvenes fueron “azuzados” por actores políticos de la oposición. La justificación fue percibida por organizaciones civiles como politización de un hecho represivo: más de 50 colectivos y organismos defensores de derechos humanos, entre ellos Amnistía Internacional, calificaron la actuación policial como una grave violación a las garantías individuales.
Cohesión institucional. La relación entre el Ejecutivo y el Legislativo estatal es el punto más frágil de la gobernabilidad de Lemus. El Gobernador gobierna sin mayoría propia: Movimiento Ciudadano sólo logró ganar en cuatro distritos concentrados en el AMG, mientras que la coalición de los partidos PRI, PAN y PRD ganó tres escaños en el Poder Legislativo. Esta situación de no contar con una bancada legislativa robusta se ha traducido en fricciones sistemáticas. El propio Lemus ha descrito el escenario en términos de confrontación.
Un episodio que ilustra la ruptura Ejecutivo-Legislativo es el conflicto en Bolaños. En el municipio de Bolaños existe una situación de conflicto entre mestizos y miembros de la etnia wixárika, a raíz de que se aprobó en el Congreso de Jalisco un cambio de régimen de gobierno por uno de usos y costumbres. Esto provocó el cierre de carreteras y el derribo de una escultura icónica, lo que mantiene el clima de confrontación, que a decir del Gobernador Lemus, les fue advertido a los legisladores, pero lo ignoraron.
La relación con el Gobierno Federal es ambivalente: cordial en lo personal con la presidenta Sheinbaum, pero tensa en lo presupuestal. Lemus ha denunciado en entrevistas que dependencias federales castigan a Jalisco por ser un estado de oposición. Por otro lado, el nombramiento del nuevo director del Siapa por criterios de lealtad personal generó cuestionamientos sobre el criterio técnico frente al político en las designaciones del gabinete.
Estabilidad política. Este es el indicador que registró la mayor caída en el trimestre. El abatimiento de “El Mencho” el 22 de febrero de 2026 fue el acontecimiento más disruptivo para la estabilidad política y el orden público en Jalisco en años recientes. El epicentro fue Jalisco. En Guadalajara, hubo más de 30 puntos de bloqueos y enfrentamientos en toda el AMG. La reacción violenta del CJNG incluyó bloqueos, incendios y tiroteos.
En materia electoral, el Partido del Trabajo lanzó amenazas de impulsar una revocación de mandato contra Lemus a raíz del tarifazo, aunque sin concreción formal durante el trimestre. El trimestre estuvo marcado por un nivel de conflictividad sociopolítica inusualmente alto para Jalisco, con múltiples frentes abiertos de forma simultánea.
El conflicto por el incremento a las tarifas del transporte público fue el más sostenido. Desde principios de enero se registraron protestas prácticamente cada semana, La conflictividad fue multifactorial: partidos de oposición, colectivos estudiantiles, estudiantes mediante amparos, y el propio Congreso del Estado mediante exhortos formales al Ejecutivo. A este conflicto se sumó en enero el choque legislativo en torno a la ley de identidad de género, con acusaciones de desinformación cruzadas entre el Gobernador y las bancadas parlamentarias opositoras.
El episodio de Bolaños al cierre del trimestre añadió una dimensión étnica y territorial a la conflictividad. El municipio de Bolaños registra una situación de conflicto entre mestizos y miembros de la etnia wixárika, con cierre de carreteras. El Gobernador, visiblemente irritado, responsabilizó a los legisladores: “Si ellos tomaron esa decisión, que vayan a dialogar entre las partes también, a explicarle a la ciudadanía de Bolaños por qué tomaron esa decisión. Los quiero ver allá, no encerraditos en el Poder Legislativo”.
Desde un análisis de gobernabilidad, la simultaneidad de estos frentes conflictivos —transporte, seguridad, agua, identidad de género, conflicto étnico— indica una capacidad de gestión institucional desbordada, incapaz de contener la conflictividad dentro de los canales institucionales ordinarios.
Deterioro social y episodios violentos. Este indicador registra la lectura más preocupante del trimestre, determinada por la convergencia de tres crisis de naturaleza distinta.
Violencia organizada. Antes del 22 de febrero, el trimestre mostraba avances genuinos en seguridad. El promedio diario de homicidio doloso, según cifras oficiales, en la entidad se redujo 47% entre septiembre de 2024 y enero de 2026, al pasar de 4.80 a 2.55 casos diarios, siendo enero de 2026 el mes con la incidencia más baja de homicidios en los últimos 11 años. Sin embargo, el abatimiento de “El Mencho” trastocó este panorama. En marzo, Jalisco registró 59 homicidios, aunque dentro de la media regional.
Crisis del agua. El deterioro en la calidad del agua durante marzo representó una crisis sanitaria de gran impacto. En diversas zonas de Guadalajara y Zapopan, el agua que llegaba a los hogares presentó coloración, mal olor y presencia de sedimentos. Al menos 176 colonias fueron reconocidas como afectadas, aunque registros independientes elevaban la cifra a más de 450.
Crisis de personas desaparecidas. Jalisco mantiene una de las crisis humanitarias más agudas del país en materia de personas desaparecidas. Jalisco está entre los que registran el mayor número de personas desaparecidas, con 12,500 casos documentados. Esta crisis adquirió una dimensión política específica en el trimestre, cuando familias de desaparecidos denunciaron intentos de retirar carteles de búsqueda de cara al Mundial. Las familias que colocan los volantes para buscar a sus seres queridos dicen que enfrentan intentos del gobierno por borrar esos rostros de cara al Mundial.
Conclusiones
El primer trimestre de 2026 deja a Pablo Lemus Navarro en una posición de equilibrio precario: no hay síntomas de ingobernabilidad aguda, pero sí un patrón de gobierno reactivo que responde a las crisis cuando ya están desbordadas, en lugar de anticiparlas. La rectificación del tarifazo fue políticamente necesaria, pero reflejó una decisión inicial mal calibrada. La destitución del director del Siapa fue oportuna, pero ocurrió tras semanas de protestas.
El rasgo más preocupante desde una perspectiva de gobernabilidad no es ninguna crisis en particular, sino su simultaneidad y su naturaleza estructural: el transporte, el agua y los desaparecidos son problemas sistémicos que no se resuelven con cambios de director ni con decretos tarifarios corregidos. El Mundial de Fútbol 2026, que inicia en junio, opera como catalizador dual: obliga a acelerar soluciones de fachada al tiempo que expone ante el mundo las fisuras del modelo de gobierno “al estilo Jalisco”.
Sobre el autor
José de Jesús Gómez Valle es analista político. Profesor Investigador en el CUCSH de la UdeG. Contacta: jose.gomezvalle@gmail.com y en X: @jgomezvalle.













