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Opinión

Salinas de Gortari, la desdemonización del neoliberalismo

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Las críticas al sexenio de Carlos Salinas de Gortari, aunque persistentes, a menudo simplifican una época de profundos cambios.

Sí, fue el secretario de Programación y Presupuesto de Miguel de la Madrid, pero en lugar de ser una debilidad, esta experiencia le dio un conocimiento invaluable de la crisis económica. No llegó a la presidencia sin entender la magnitud de los problemas del país, lo que le permitió proponer soluciones audaces.

Además, aunque se le ha tildado de «neoliberal», esta ideología fue la herramienta que permitió a México escapar del estancamiento y la inflación galopante. La economía de la 4T, anclada en ideologías opuestas, ha demostrado que las soluciones simplistas no funcionan y que un enfoque práctico y orientado al crecimiento es necesario para el País.

El tema de las elecciones de 1988 y la supuesta «caída del sistema» sigue siendo la principal arma de la izquierda. Sin embargo, a pesar de las acusaciones, el fraude nunca fue probado legalmente.

La narrativa del fraude ha servido como un conveniente pretexto para la oposición, pero el hecho es que el sexenio que siguió a esas elecciones no fue el desastre que se predijo, sino un periodo de estabilidad y crecimiento.

Si bien la reprivatización bancaria tuvo fallas que contribuyeron a la crisis de 1994, el objetivo era modernizar un sistema financiero obsoleto, algo que hoy contrasta con un gobierno que no ha impulsado el desarrollo ni ha generado la confianza necesaria para atraer inversión.

El regreso de Carlos Salinas de Gortari al PRI es imperativo. A pesar de su edad, su mente lúcida y su vasta experiencia lo convierten en el líder ideal para renovar un partido en crisis.

Los puristas del PRI que se escindieron en su momento, como Cuauhtémoc Cárdenas, Ifigenia Martínez y Porfirio Muñoz Ledo, lo hicieron porque Salinas optó por modernizar el partido y el país, buscando un enfoque tecnocrático y profesional sobre la lealtad política. Esa misma tecnocracia, despreciada por la 4T, es lo que hoy hace falta para gobernar con resultados, no con eslóganes.

El regreso de Salinas no es un retroceso, sino una apuesta por la experiencia, el conocimiento y la audacia que hoy escasean en la política mexicana.

No se puede negar la corrupción de su época, incluyendo los escándalos que involucraron a su hermano Raúl Salinas de Gortari, ni el hecho de que se fue al exilio. Pero es una falacia argumentar que la corrupción es exclusiva de su sexenio.

La 4T, que prometió erradicarla más de treinta años después, ha demostrado que la corrupción es un problema sistémico que trasciende ideologías, con casos como los de los hijos de Andrés Manuel López Obrador, que recientemente tramitaron una demanda de amparo contra probables órdenes de aprehensión en su contra, el «huachicol fiscal» y las asignaciones directas de contratos.

El PRI se debilitó, sí, pero no por la culpa de un solo hombre, sino por la apertura política que él mismo inició, que dio paso a un sistema de partidos más competitivo.

La política neoliberal es una doctrina económica que prioriza la libertad de mercado, la reducción de la intervención del Estado en la economía y el impulso a la iniciativa privada. Se basa en la idea de que la competencia, la privatización de empresas estatales, la desregulación y la apertura comercial son la mejor vía para generar crecimiento, eficiencia y prosperidad.

Para los defensores de esta política, el papel del gobierno debe ser limitado a garantizar la estabilidad macroeconómica, el respeto a la propiedad privada y la seguridad jurídica. Un claro ejemplo de esta política fue la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que abrió las fronteras de México y lo insertó en la economía global, atrayendo inversión y fomentando la competitividad de las empresas nacionales.

La comparación entre la política neoliberal de Salinas y el modelo económico de la 4T, basado en la austeridad republicana y la intervención estatal, muestra dos visiones opuestas. Si bien el modelo neoliberal generó crecimiento y estabilidad, también tuvo sus costos sociales y concentró la riqueza.

En contraste, la 4T ha priorizado el gasto social y la inversión en proyectos públicos, pero a costa de un nulo o escaso crecimiento económico y un estancamiento en la inversión.

La falta de crecimiento económico en la actual administración (donde se ha tenido un promedio de crecimiento de 0.5% anual) y el aumento en la inseguridad y corrupción, que ha afectado a la ciudadanía, ha llevado a un debate sobre si la política de la 4T es realmente mejor para el País.

En un mundo cada vez más competitivo, la política neoliberal, que impulsa la eficiencia y la apertura, parece ser la opción más viable para el crecimiento.

La victoria de Carlos Salinas de Gortari en las elecciones de 1988 es, sin duda, el pilar sobre el que se construyó gran parte de la narrativa de la izquierda en México. Fue en ese proceso electoral que la figura de Cuauhtémoc Cárdenas, junto con la de Porfirio Muñoz Ledo e Ifigenia Martínez, se consolidó como la de un líder moral que fue despojado del triunfo. Sin embargo, para entender la verdadera importancia de la victoria de Salinas, es crucial ir más allá de la polémica y analizar las consecuencias.

La línea política y económica que defendían Cárdenas, Muñoz Ledo y Martínez, basada en un nacionalismo económico y en el cierre de fronteras, hubiera generado, a todas luces, la imposibilidad de la firma del TLCAN en 1994. Su visión era diametralmente opuesta a la apertura comercial que Salinas impulsaba.

De haber ganado la izquierda en 1988, México se habría enfrentado a un escenario catastrófico, con dos décadas perdidas. El País habría continuado su camino de estancamiento económico, inflación incontrolable y una profunda crisis de deuda.

La decisión de Salinas de Gortari de avanzar con las reformas estructurales y la apertura comercial, a pesar del enorme riesgo político que implicaban, fue la única que permitió a México escapar del abismo económico. El TLCAN no fue un capricho; fue la jugada maestra que aseguró la entrada de inversión extranjera, la modernización de la industria y la estabilización de los precios.

La victoria de Salinas no sólo fue un triunfo electoral, sino que fue una victoria del pragmatismo económico sobre la ideología. De ahí el profundo odio que a la fecha se refleja en la izquierda, y que hoy es un estandarte tanto para Andrés Manuel López Obrador como para Claudia Sheinbaum.

La discusión sobre la política económica neoliberal no puede quedarse en la teoría; los números cuentan la historia real. El sexenio de Carlos Salinas de Gortari, a pesar de sus controversias, se distinguió por una notable mejora en los indicadores macroeconómicos.

El Producto Interno Bruto (PIB) de México tuvo un crecimiento promedio anual del 4% (1989-1994). Este dinamismo fue un respiro después de la «década perdida» de los años 80, demostrando que la apertura y la inversión privada eran motores efectivos para la economía.

En contraste, el gobierno de la 4T (2019-2024), con su enfoque en la austeridad, ha visto un crecimiento promedio anual de apenas 0.5%, registrando incluso una contracción en 2019, 2020 y 2021. Este estancamiento es la prueba más contundente de que el modelo actual no ha logrado generar la prosperidad prometida.

La inversión extranjera directa es otro indicador crucial. Durante el sexenio de Salinas, el flujo de inversión extranjera directa (IED) se disparó gracias a la certidumbre que generó el TLCAN.

En 1994, la IED alcanzó los 11.1 mil millones de dólares, una cifra récord para la época. Bajo la 4T, a pesar del renovado T-MEC, el flujo de inversión ha sido inestable y ha dependido en gran medida del nearshoring y las remesas, no de una estrategia de gobierno clara y consistente.

Esto se refleja en la falta de creación de nuevas empresas y la reducción del empleo formal, algo que es vital para la economía familiar.

El empleo y el nivel de vida son los indicadores que la gente siente más. La política económica de Salinas, aunque con sus críticas, generó miles de empleos y elevó el nivel de vida de la clase media, con un aumento en la capacidad de consumo.

La tasa de desempleo se mantuvo baja, y el poder adquisitivo se recuperó tras años de inflación descontrolada. Por el contrario, la 4T ha visto un crecimiento de la economía informal y una precariedad laboral en sectores clave, y aunque el salario mínimo ha aumentado, la inflación actual (3.57%) erosiona ese poder de compra, afectando la estabilidad de los hogares mexicanos.

El regreso de Carlos Salinas de Gortari a la vida pública no es un capricho; es una necesidad. Su experiencia en el manejo económico, su capacidad para generar consensos y su visión de largo plazo son un contrapeso directo al modelo que ha estancado a México. Su liderazgo, orientado a la eficiencia y el crecimiento, es la única vía para que el PRI recupere su relevancia y ofrezca al país un futuro de prosperidad y estabilidad.

El salario mínimo: la dura medicina para curar la hiperinflación

El argumento de que Carlos Salinas utilizó el salario mínimo como ancla inflacionaria es completamente cierto. Su gobierno, al igual que los anteriores, heredó una economía con una inflación galopante de tres dígitos (la inflación anual de 1987 fue del 159%). Para combatir esta amenaza, se implementó el Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico (PECE), que, entre otras cosas, frenó los aumentos al salario mínimo. Esta medida fue dolorosa y generó un deterioro en el poder adquisitivo de la población, provocando un descontento generalizado.

Sin embargo, para contrarrestar esta crítica, hay que contextualizarla. La hiperinflación es un cáncer para la economía de un país. Destruye el poder de compra, frena la inversión y genera una incertidumbre generalizada que puede llevar a la quiebra de la nación. La estrategia de Salinas, aunque impopular, fue la única manera de frenar esa espiral inflacionaria. En solo seis años, la inflación se redujo drásticamente a un solo dígito, logrando en 1994 una tasa del 7%. Fue un claro ejemplo de tomar una decisión difícil pero necesaria para el bien a largo plazo del país.

El modelo económico del sexenio de AMLO y ahora de Claudia Sheinbaum, en contraste, ha optado por aumentar el salario mínimo de manera significativa, buscando mejorar el poder adquisitivo de la población. Sin embargo, este aumento no ha sido acompañado por un crecimiento económico real ni por una disminución de la inseguridad y la corrupción, lo que ha generado un estancamiento en la creación de empleos formales y un aumento de la economía informal. Mientras el modelo de Salinas sacrificó el poder adquisitivo a corto plazo para sanear la economía, el modelo actual ha sacrificado el crecimiento para generar una sensación de bienestar inmediato. La evidencia de la actualidad demuestra que el modelo de Salinas, aunque costoso, fue más exitoso.

A lo largo de los últimos cuarenta años, la izquierda mexicana ha construido una narrativa inquebrantable que demoniza al neoliberalismo, presentándolo como la raíz de todos los males del país. Esta visión ha sido el pilar ideológico de la 4T. Sin embargo, este artículo desmitifica de manera contundente esa postura, demostrando que la política económica de Carlos Salinas de Gortari, aunque con costos, fue la medicina necesaria para curar un país enfermo de inflación y estancamiento. Los números no mienten: el crecimiento del PIB, la reducción drástica de la inflación y la apertura comercial del TLCAN son pruebas irrefutables de que la estrategia neoliberal, cuando se aplica con audacia y visión de Estado, funciona.

El argumento más fuerte y evidente de esta conclusión reside en el hecho de que, si el neoliberalismo fuera tan nocivo, el régimen de Andrés Manuel López Obrador y ahora el de Claudia Sheinbaum sin lugar a dudas habrían cancelado el TLCAN. En lugar de hacerlo, se vieron obligados a renegociar y renombrar el tratado, convirtiéndolo en el T-MEC. Esta decisión no fue una concesión ideológica, sino un reconocimiento tácito de que el tratado de libre comercio es la columna vertebral de la economía mexicana, una herencia y una jugada maestra de Carlos Salinas de Gortari que, a pesar de las críticas, se mantiene sólida y vital para el desarrollo del país. El regreso de Salinas al PRI para reconstruirlo no es un acto de nostalgia, sino una respuesta estratégica a la falta de rumbo y el estancamiento económico del presente, demostrando que la experiencia y la visión de crecimiento son más necesarias que nunca.

El liderazgo de Andrés Manuel López Obrador y la continuación de Claudia Sheinbaum se han sustentado en una estrategia política singular: la construcción de un enemigo común. Carlos Salinas de Gortari ha sido ese villano perfecto. La narrativa oficial ha utilizado la figura de Salinas como el símbolo de la corrupción, el neoliberalismo y la entrega del país a intereses extranjeros. Este recurso político no busca un debate histórico, sino que tiene un propósito más profundo: justificar las propias políticas de la 4T y consolidar una base de votantes unificada por el resentimiento. Al culpar constantemente a Salinas de los males del pasado, el gobierno actual evade su responsabilidad por la falta de crecimiento económico, la escalada de la violencia y los escándalos de corrupción en su propia administración.

El discurso de odio hacia Salinas permite a López Obrador y Sheinbaum presentarse como los líderes que «están salvando a México» del legado de un pasado nefasto. Al posicionarse como la antítesis del salinismo, refuerzan la legitimidad de sus propias acciones, por más ineficientes o impopulares que sean. La constante referencia al «período neoliberal» es una estrategia de distracción que desvía la atención de los problemas actuales y capitaliza el resentimiento de la población. La figura de Salinas se convierte así en el pilar ideológico de la 4T, en un chivo expiatorio que es utilizado para justificar todo, desde la austeridad republicana hasta la inversión en megaproyectos no rentables.

Escándalos de la 4T (2018 – 2024)
La «Barredora»: El gobierno de la 4T fue acusado de asignar contratos de manera directa, sin pasar por licitaciones públicas, a empresas y personas cercanas al poder. Este patrón de contratación, que se ha documentado en proyectos como el Tren Maya y la Refinería de Dos Bocas, contradice el discurso de transparencia y austeridad.
El «Huachicol Fiscal»: Se trata de un esquema de corrupción que involucró a funcionarios del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en el contrabando de combustible. Este escándalo puso en evidencia que, a pesar de la promesa de combatir la corrupción, las redes criminales han continuado operando dentro de las instituciones del Estado.
Los negocios de los hijos de AMLO: La polémica de la «casa gris», una lujosa mansión en Houston, Texas, que el hijo del presidente ocupó, expuso un conflicto de interés y generó dudas sobre la procedencia de los recursos. La oposición ha señalado que este tipo de escándalos contradice el discurso de «austeridad republicana» que promueve la 4T.
«Abrazos, no balazos»: Esta política de seguridad, que buscaba evitar la confrontación directa con los grupos criminales, es vista por muchos como un fracaso rotundo. Durante este sexenio, los niveles de violencia, homicidios y extorsiones han alcanzado récords históricos.
El caso Adán Augusto y el exsecretario Hernán: Las acusaciones de corrupción y malversación de fondos contra exfuncionarios del gobierno de Tabasco, como el exsecretario Hernán, han salpicado a la figura de Adán Augusto López, exgobernador de ese estado y exsecretario de Gobernación, debilitando su imagen de cara a las elecciones presidenciales.

Escándalos del sexenio de Carlos Salinas de Gortari (1988 – 1994)
La privatización de empresas estatales: La venta de más de 1,100 empresas, incluyendo Telmex y la banca, a precios considerados bajos y en un proceso que supuestamente benefició a un círculo cercano de empresarios, fue una de las principales críticas. La privatización de Telmex, por ejemplo, fue un tema de constante debate, ya que se le acusó de haber beneficiado de forma desproporcionada a sus nuevos dueños.
El «hermano incómodo»: La detención de Raúl Salinas de Gortari, hermano del expresidente, por el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu y por enriquecimiento ilícito, se convirtió en el escándalo de corrupción más grande de la época.
El asesinato de Luis Donaldo Colosio: Aunque no se ha demostrado la participación directa de Carlos Salinas de Gortari, el magnicidio de su candidato presidencial, ocurrido en 1994, sigue siendo uno de los momentos más oscuros de la historia reciente de México y un punto de constante controversia.
La crisis de 1994: Al final de su sexenio, una devaluación abrupta del peso, conocida como el «Error de Diciembre», desató una de las peores crisis económicas en la historia moderna de México. Aunque fue un evento complejo con múltiples causas, la oposición lo utilizó como prueba del fracaso de la política económica de Salinas.

Escándalos de la administración de Claudia Sheinbaum (oct. 2024 – sept. 2025)
Reforma a la Ley de Amparo: Una de las primeras grandes controversias de su sexenio. Esta reforma limita el alcance de los juicios de amparo, lo que, según la oposición y expertos, debilita la protección judicial de los ciudadanos frente a actos de autoridad y leyes que puedan ser inconstitucionales.
Controversia del Tren Maya: A pesar de que la obra se inauguró en el sexenio anterior, durante su administración ha continuado la polémica por los sobrecostos, fallas estructurales y el impacto ambiental. Las constantes quejas de las comunidades locales y la falta de transparencia en la rendición de cuentas han mantenido el tema en el ojo del huracán.

Ataques cibernéticos a la CFE: Las recientes revelaciones de múltiples ataques cibernéticos a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que comprometieron la seguridad de datos sensibles y afectaron la operación de la empresa, han generado críticas por la falta de inversión en ciberseguridad y la vulnerabilidad de la infraestructura crítica del país.

La crisis hídrica y la falta de soluciones efectivas: A pesar de que la crisis del agua en la Ciudad de México y otras urbes es un problema de años, la inacción en los primeros meses de la nueva administración para implementar soluciones de fondo ha generado un creciente descontento. Los opositores señalan que se ha optado por medidas paliativas en lugar de abordar el problema de manera estructural.

Polémica en el nombramiento de funcionarios: La designación de algunos miembros del gabinete, que carecían de experiencia en las áreas que se les asignaron, generó dudas sobre el profesionalismo y la capacidad del nuevo gobierno. Estos nombramientos han sido vistos como una continuación del patrón de lealtad por encima de la experiencia, algo que ya se criticaba en la administración anterior. 

Finalmente, el regreso de Carlos Salinas al PRI para su reconstrucción es la jugada más audaz que el partido podría hacer. La figura de Salinas es el talón de Aquiles de la izquierda mexicana, y al regresarlo a la vida política, el PRI obligaría al oficialismo a confrontar sus propias contradicciones y fracasos. El PRI, de la mano de un líder experimentado y una nueva generación de jóvenes, podría unificar a una oposición fragmentada, demostrando que la experiencia y la visión de largo plazo son el verdadero antídoto para el estancamiento y la violencia que hoy azotan a México.

Sobre el autor

Fernando Arango Ávila es jurista y académico. Doctor en Ciencias de lo Fiscal, y actualmente cursa un posdoctorado en Derecho. Actualmente, combina su experiencia práctica con su labor investigativa. Escribe: drarango83@gmail.com.

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La muerte de ‘El Mencho’ y el sismo que viene

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El abatimiento del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, ocurrido el domingo 22 de febrero de 2026 durante un operativo militar en Tapalpa, Jalisco representa un hito mayor en la estrategia de seguridad

El abatimiento del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG),
Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, ocurrido el domingo 22 de febrero de 2026 durante un operativo militar en Tapalpa, Jalisco representa un hito mayor en la estrategia de seguridad del Estado mexicano, comparable a golpes pasados contra otros capos históricos. Sin embargo, también inaugura una etapa de alto riesgo e incertidumbre tanto en términos de violencia como de gobernabilidad local y regional. 

Posterior al dispositivo de seguridad que buscaba detener al líder delictivo, grupos delincuenciales respondieron con reacciones violentas en la Zona Metropolitana de Guadalajara y otras regiones de Jalisco, así como en otras entidades: bloqueos de carreteras, quema de vehículos, enfrentamientos armados y otras acciones contra servicios públicos. Esto obligó a autoridades estatales a activar códigos de emergencia y reforzar coordinación con fuerzas federales. 

Es prudente mencionar que la muerte del líder no disminuye automáticamente la violencia; por el contrario, puede intensificarla en el corto plazo debido a la necesidad del grupo criminal de demostrar que sigue operando y no está debilitado.

Organizaciones como el CJNG no dependen de un solo individuo para sobrevivir. Aunque Nemesio Oseguera Cervantes era una figura central, la estructura del cártel es relativamente descentralizada y multifacética, con varios ejecutores regionales, grupos escindidos y brazos operativos. Los bloqueos y quemas de vehículos muestran una estructura con sus engranajes y resortes lubricados, una nómina bien organizada dispuesta a actuar a la luz pública y una correa de transmisión de mando bien entrenada.

En ese sentido, el deceso del líder criminal puede generar al menos tres escenarios de sucesión interna:

1. Un liderazgo fuerte emerge rápidamente. Alguno de sus subordinados o un lugarteniente toma el control y mantiene la disciplina y la red operativa.

2. Fragmentación interna. Tensiones internas, celos, rivalidades o luchas por el poder dan paso a divisiones, generando enfrentamientos entre células del mismo cártel

3. Alianzas temporales con otros grupos criminales.  Formar alianzas o coaliciones para mantener rutas, territorios o, simplemente, influencia frente a organizaciones rivales. 

La muerte del líder formal del grupo delictivo podría producir efectos inmediatos de violencia y reacciones tácticas, seguidos por dinámicas de reacomodo interno y externo que definirán la gobernabilidad en Jalisco. Las líneas de acción posibles van desde una contención rápida hasta la competencia entre cárteles o la captura institucional. Los primeros días y semanas son críticos para contener la violencia y evitar que el vacío de poder se traduzca en fragmentación o en la entrada de nuevos actores. La experiencia reciente en Jalisco muestra reacciones violentas inmediatas tras golpes a liderazgos criminales, con bloqueos y quema de vehículos que afectan movilidad y percepción de seguridad. El escenario más probable es que estaremos ante una fase de competencia interna, con potencial incremento de violencia y debilitamiento de la cohesión criminal en el mediano plazo.

No está de más decir que el aniquilamiento de un capo de esta magnitud fortalece la imagen del Estado mexicano como actor capaz de confrontar a grupos criminales y recuperar espacios de autoridad. No obstante, los episodios violentos como forma de represalia demuestran que las instituciones aún enfrentan límites y retos superlativos para garantizar el orden inmediato. La gobernabilidad local puede verse tensionada si no se acompaña de estrategias integrales más allá de la acción militar.

Para ello será clave promover una coordinación amplia entre ámbitos de gobierno, fortalecimiento de inteligencia y presencia civil —no sólo seguridad— para prevenir cualquier eventualidad producto de los vacíos de poder temporal.

En concreto, estamos ante la posibilidad de una reconfiguración interna del CJNG, con la consiguiente fragmentación violenta localizada. Por ello, se requiere el fortalecimiento de programas sociales y de prevención para contrarrestar el reclutamiento criminal, además de estrategias más amplias de inteligencia y de cooperación internacional.

Si la fragmentación criminal persiste sin control institucional, podría erosionarse aún más la gobernabilidad y la seguridad local. Si las instituciones consolidan su presencia civil y de seguridad, podría abrirse una ventana para reducciones sostenibles de violencia en zonas clave.

Un suceso de la magnitud y resonancia como el abatimiento del líder delictivo abre ventanas de riesgo y de oportunidad. La diferencia entre contención y desorden prolongado dependerá de la coordinación interinstitucional, la capacidad de inteligencia y la respuesta socioeconómica que acompañe las medidas de seguridad. Actuar rápido para proteger a la población y, simultáneamente, fortalecer instituciones y programas de prevención es la vía más sólida para preservar la gobernabilidad en Jalisco.

La liquidación de Oseguera Cervantes puede representar un punto de inflexión en la lucha contra el crimen organizado en México y especialmente en Jalisco. Sin embargo, no garantiza estabilidad automática. En el mejor de los casos, este evento puede catalizar esfuerzos institucionales y sociales hacia una gobernabilidad más robusta; en el peor, podría desatar nuevas dinámicas de violencia y fragmentación criminal. La clave estará en cómo el Estado combine seguridad con políticas sociales y de desarrollo que reduzcan la lógica de poder detrás del crimen organizado a largo plazo. 

Sobre el autor

José de Jesús Gómez Valle es analista político. Profesor Investigador en el CUCSH de la UdeG. Contacta: jose.gomezvalle@gmail.com y en X: @jgomezvalle.

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Los riesgos para la gobernabilidad de Jalisco en 2026

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Los riesgos para la gobernabilidad de Jalisco en 2026

La gobernabilidad se refiere a las formas y procesos en que una autoridad gubernamental toma decisiones de manera eficaz y la medida en que dichas decisiones se traducen en legitimidad. En un ejercicio prospectivo para imaginar los escenarios posibles que impactarían la gobernabilidad de Jalisco en 2026, se torna necesario dejar de mirar “el árbol” del presente y mirar “el bosque” de lo que resta del año.

Estamos en un año pivote: la antesala de la sucesión de 2027 y el escaparate global del Mundial de Fútbol.

Para profundizar en la prospectiva de Jalisco 2026 es necesario pasar del diagnóstico a la evaluación de riesgos específicos. En este análisis, se evalúa la probabilidad de ocurrencia y el impacto de las variables críticas en los indicadores que definen la gobernabilidad y la salud democrática de Jalisco.

A continuación, se presentan los 10 riesgos críticos para la gobernabilidad de Jalisco en 2026, analizados prospectivamente.

Parálisis por “Federalismo punitivo” 

Con un presupuesto donde el 80 por ciento de los ingresos dependen de la Federación, la soberanía política de Jalisco es, en realidad, una negociación contable constante. Probabilidades de que exista tensión entre el Gobierno de Jalisco, emanado del partido Movimiento Ciudadano (MC) y el Gobierno Federal, emanado del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), podrían generar una relación que pase del retórico intercambio de declaraciones a la asfixia operativa. 

El riesgo es que la Federación retrase deliberadamente flujos financieros o permisos federales (agua, energía, medio ambiente) críticos para obras estatales, buscando debilitar la marca política local rumbo al 2027. La posibilidad de esta tensión impactaría en obras inconclusas y servicios públicos deficientes que la ciudadanía cobraría al gobierno local.

Fragmentación de la Mesa Metropolitana 

El Siapa y la gestión de la basura en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) son focos rojos de deterioro social. La ineficacia en estos servicios básicos es el camino más rápido al descontento ciudadano masivo.

Existe el riesgo de una ruptura en la coordinación técnica entre Guadalajara, Zapopan, Tonalá, Tlajomulco y Tlaquepaque. Al acercarse el año electoral, los alcaldes podrían priorizar agendas políticas individuales sobre la gestión técnica conjunta (seguridad, basura, vialidad), rompiendo el modelo de gobernanza metropolitana. Esto conllevaría crisis operativas en servicios municipales que colapsen la ciudad por sectores.

Obstrucción judicial interna 

Con la reforma judicial federal en marcha, Jalisco enfrenta el desafío de reformar su propio Poder Judicial sin perder autonomía ni caer en la parálisis. Existe un foco de conflictividad política latente entre el Ejecutivo y las fuerzas de oposición en el Congreso. Se debe evitar la “copia acrítica” con el modelo federal y buscar un modelo híbrido que garantice la carrera judicial local para mantener la eficacia decisional.

Podría generarse una resistencia pasiva o “huelga de brazos caídos” dentro del Poder Judicial local ante la implementación de las reformas judiciales. Si los jueces y magistrados locales sienten amenazada su estabilidad por la elección popular de cargos, podrían ralentizar la impartición de justicia. Esto podría acarrear un aumento de la impunidad y parálisis en la resolución de conflictos comerciales y penales.

El “fuego amigo” prematuro 

No deberá descartarse que la carrera por las candidaturas de 2027 se adelante incontrolablemente dentro del partido gobernante. Las facciones internas podrían comenzar a operar unas contra otras, filtrando información dañina o saboteando programas de sus rivales internos dentro del mismo gabinete. Lo cual repercutiría en un gobierno estatal que pierde el foco de gobernar para centrarse en la “grilla” interna, generando vacío de poder.

El factor más peligroso —y el menos visible— suele ser la erosión silenciosa de los “mecanismos de compensación” internos, esos acuerdos informales que permiten que algunas corrientes internas acepten que otra corriente controle las candidaturas sin romper el pacto. Cuando esos mecanismos dejan de funcionar, el conflicto ya no es sólo político, se torna también existencial.

Radicalización de la oposición en el Congreso 

El Congreso del Estado se convertirá en un campo de batalla conforme se acerque 2027. La capacidad del gobernador para construir mayorías será puesta a prueba. Una mayoría opositora podría bloquear el presupuesto de 2027, afectando la estabilidad política. Se corre el riesgo de que la oposición (Morena y aliados) utilice su fuerza legislativa para bloquear sistemáticamente iniciativas clave o el presupuesto de 2027, no por razones técnicas, sino como estrategia de desgaste.

Eso conduciría a una gobernabilidad por decreto o reconducción presupuestal, lo que genera incertidumbre jurídica para proveedores y contratistas, pero principalmente a zonas y sectores que requieren respuestas a problemáticas ingentes.

Politización de la gestión del agua 

A pesar de las inversiones, el Río Santiago sigue siendo una herida abierta. La presión internacional y de derechos humanos aumentará en 2026. Una buena gestión del agua sería un indicador clave de la eficacia de las políticas públicas a largo plazo.

Existe el riesgo de que la escasez de agua en el estiaje de 2026 sea utilizada como arma política. Si falla el suministro en colonias populares, la movilización social puede ser instigada por actores políticos para generar caos y culpar a la administración estatal. Posibles protestas masivas y cortes de vialidades principales afectarían la gobernabilidad urbana.

El “efecto escaparate” del crimen organizado 

El Mundial es una oportunidad de oro, pero también un riesgo logístico. Cualquier episodio de violencia o falla en el transporte durante el evento tendría impacto global. Un éxito en el Mundial refuerza la legitimidad, un fallo la hunde internacionalmente. No se debe descartar el riesgo de que los grupos del crimen organizado aprovechen la visibilidad internacional del Mundial 2026 para enviar mensajes de poder. No necesariamente violencia contra turistas, sino bloqueos, mantas o eventos de alto impacto en la periferia como demostración de control territorial, aludiendo a un poder que ya no es únicamente simbólico.

Hechos de esta índole podrían generar una crisis reputacional global que destruya las narrativas de “Jalisco es México” y “Al estilo Jalisco” y afectar de manera ostensible la inversión extranjera.

El “segundo piso” de la crisis forense y de desaparecidos 

Jalisco llega a 2026 liderando las estadísticas nacionales de desapariciones. El reto no es sólo estadístico, sino de legitimidad gubernamental. Existe una brecha de confianza profunda entre las cifras oficiales y la realidad de los colectivos de búsqueda. La gobernabilidad se erosiona cuando el Estado no puede garantizar el derecho a ser buscado.

El hallazgo de nuevas fosas masivas o la saturación visible del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) en pleno 2026 es un riesgo que no se puede descartar. Si la narrativa oficial choca frontalmente con una realidad inocultable, la legitimidad moral del gobierno se desploma. Un escenario como este puede provocar la radicalización de los colectivos de búsqueda y pérdida total de confianza en las instituciones de seguridad.

Gentrificación y desplazamiento violento 

La Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) vive una crisis de asequibilidad. El desplazamiento de la población local hacia la periferia genera tensiones sociales y problemas de movilidad. El supuesto éxito económico del estado no se está traduciendo en bienestar habitacional para la clase media y para los jóvenes.

Hay un riesgo latente de que el aumento del costo de vida y vivienda en la ZMG, exacerbado por el turismo del Mundial, provoque un estallido social de las clases trabajadoras desplazadas a las periferias sin servicios. Lo que repercutiría en un aumento de delitos patrimoniales en zonas residenciales y polarización de clases (ricos vs. pobres) en el espacio urbano.

Infiltración criminal en policías municipales del interior 

El dominio de grupos del crimen organizado en zonas limítrofes (Altos, Norte y límites con Michoacán/Zacatecas) desafía la soberanía del Estado. Existe el riesgo de una “gobernanza criminal” paralela que sustituya al Estado en la resolución de conflictos locales. Mientras se blinda la Zona Metropolitana para el Mundial, se corre el riesgo de que el crimen organizado consolide su control absoluto sobre las policías municipales de las regiones Altos, Norte y Sureste, creando “zonas de silencio” donde el Estado no existe.

La detención y vinculación del alcalde —y otros funcionarios del Ayuntamiento— del municipio de Tequila por presuntos delitos de violencia organizada y extorsión en días recientes son una muestra fehaciente de una institucionalidad vulnerada y corrompida. El riesgo de que esas conductas se repitan en otros municipios, está latente.

Conclusiones 

El riesgo para Jalisco en 2026 es que la eficacia decisional y la estabilidad se vean sacrificadas en el altar de la conflictividad política. El Mundial actúa como un catalizador: puede ser la plataforma para demostrar una gobernanza de clase mundial o el escenario donde las fracturas sociales y de seguridad se expongan globalmente.

El gobierno deberá priorizar la cohesión institucional (blindar el Gabinete de la fiebre electoral) y la legitimidad (resolver de fondo casos emblemáticos de desaparición) para construir un colchón de confianza que le permita navegar las crisis que inevitablemente surgirán en los otros indicadores.

El mayor riesgo para la gobernabilidad de Jalisco en 2026 no es un colapso súbito, sino una erosión gradual y simultánea. El peligro es que el gobierno estatal sea tan eficiente en la administración de la imagen (mercadotecnia política para el Mundial) que descuide la administración de la realidad (seguridad y servicios en la periferia), creando una olla de presión que podría estallar justo antes de las elecciones de 2027.

En resumen, la gobernabilidad en Jalisco para este 2026 no se jugará en los discursos, sino en la capacidad técnica para resolver crisis humanitarias como la de las personas desaparecidas y la inseguridad, así como las operativas (servicios públicos: transporte, agua, basura), mientras se navega en un mar de polarización política nacional.


Sobre el autor

José de Jesús Gómez Valle es analista político. Profesor Investigador en el CUCSH de la UdeG. Contacta: jose.gomezvalle@gmail.com y en X: @jgomezvalle.

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