Salinas de Gortari, la desdemonización del neoliberalismo

Las críticas al sexenio de Carlos Salinas de Gortari, aunque persistentes, a menudo simplifican una época de profundos cambios.
Sí, fue el secretario de Programación y Presupuesto de Miguel de la Madrid, pero en lugar de ser una debilidad, esta experiencia le dio un conocimiento invaluable de la crisis económica. No llegó a la presidencia sin entender la magnitud de los problemas del país, lo que le permitió proponer soluciones audaces.
Además, aunque se le ha tildado de «neoliberal», esta ideología fue la herramienta que permitió a México escapar del estancamiento y la inflación galopante. La economía de la 4T, anclada en ideologías opuestas, ha demostrado que las soluciones simplistas no funcionan y que un enfoque práctico y orientado al crecimiento es necesario para el País.
El tema de las elecciones de 1988 y la supuesta «caída del sistema» sigue siendo la principal arma de la izquierda. Sin embargo, a pesar de las acusaciones, el fraude nunca fue probado legalmente.
La narrativa del fraude ha servido como un conveniente pretexto para la oposición, pero el hecho es que el sexenio que siguió a esas elecciones no fue el desastre que se predijo, sino un periodo de estabilidad y crecimiento.
Si bien la reprivatización bancaria tuvo fallas que contribuyeron a la crisis de 1994, el objetivo era modernizar un sistema financiero obsoleto, algo que hoy contrasta con un gobierno que no ha impulsado el desarrollo ni ha generado la confianza necesaria para atraer inversión.
El regreso de Carlos Salinas de Gortari al PRI es imperativo. A pesar de su edad, su mente lúcida y su vasta experiencia lo convierten en el líder ideal para renovar un partido en crisis.
Los puristas del PRI que se escindieron en su momento, como Cuauhtémoc Cárdenas, Ifigenia Martínez y Porfirio Muñoz Ledo, lo hicieron porque Salinas optó por modernizar el partido y el país, buscando un enfoque tecnocrático y profesional sobre la lealtad política. Esa misma tecnocracia, despreciada por la 4T, es lo que hoy hace falta para gobernar con resultados, no con eslóganes.
El regreso de Salinas no es un retroceso, sino una apuesta por la experiencia, el conocimiento y la audacia que hoy escasean en la política mexicana.
No se puede negar la corrupción de su época, incluyendo los escándalos que involucraron a su hermano Raúl Salinas de Gortari, ni el hecho de que se fue al exilio. Pero es una falacia argumentar que la corrupción es exclusiva de su sexenio.
La 4T, que prometió erradicarla más de treinta años después, ha demostrado que la corrupción es un problema sistémico que trasciende ideologías, con casos como los de los hijos de Andrés Manuel López Obrador, que recientemente tramitaron una demanda de amparo contra probables órdenes de aprehensión en su contra, el «huachicol fiscal» y las asignaciones directas de contratos.
El PRI se debilitó, sí, pero no por la culpa de un solo hombre, sino por la apertura política que él mismo inició, que dio paso a un sistema de partidos más competitivo.
La política neoliberal es una doctrina económica que prioriza la libertad de mercado, la reducción de la intervención del Estado en la economía y el impulso a la iniciativa privada. Se basa en la idea de que la competencia, la privatización de empresas estatales, la desregulación y la apertura comercial son la mejor vía para generar crecimiento, eficiencia y prosperidad.
Para los defensores de esta política, el papel del gobierno debe ser limitado a garantizar la estabilidad macroeconómica, el respeto a la propiedad privada y la seguridad jurídica. Un claro ejemplo de esta política fue la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que abrió las fronteras de México y lo insertó en la economía global, atrayendo inversión y fomentando la competitividad de las empresas nacionales.
La comparación entre la política neoliberal de Salinas y el modelo económico de la 4T, basado en la austeridad republicana y la intervención estatal, muestra dos visiones opuestas. Si bien el modelo neoliberal generó crecimiento y estabilidad, también tuvo sus costos sociales y concentró la riqueza.
En contraste, la 4T ha priorizado el gasto social y la inversión en proyectos públicos, pero a costa de un nulo o escaso crecimiento económico y un estancamiento en la inversión.
La falta de crecimiento económico en la actual administración (donde se ha tenido un promedio de crecimiento de 0.5% anual) y el aumento en la inseguridad y corrupción, que ha afectado a la ciudadanía, ha llevado a un debate sobre si la política de la 4T es realmente mejor para el País.
En un mundo cada vez más competitivo, la política neoliberal, que impulsa la eficiencia y la apertura, parece ser la opción más viable para el crecimiento.
La victoria de Carlos Salinas de Gortari en las elecciones de 1988 es, sin duda, el pilar sobre el que se construyó gran parte de la narrativa de la izquierda en México. Fue en ese proceso electoral que la figura de Cuauhtémoc Cárdenas, junto con la de Porfirio Muñoz Ledo e Ifigenia Martínez, se consolidó como la de un líder moral que fue despojado del triunfo. Sin embargo, para entender la verdadera importancia de la victoria de Salinas, es crucial ir más allá de la polémica y analizar las consecuencias.
La línea política y económica que defendían Cárdenas, Muñoz Ledo y Martínez, basada en un nacionalismo económico y en el cierre de fronteras, hubiera generado, a todas luces, la imposibilidad de la firma del TLCAN en 1994. Su visión era diametralmente opuesta a la apertura comercial que Salinas impulsaba.
De haber ganado la izquierda en 1988, México se habría enfrentado a un escenario catastrófico, con dos décadas perdidas. El País habría continuado su camino de estancamiento económico, inflación incontrolable y una profunda crisis de deuda.
La decisión de Salinas de Gortari de avanzar con las reformas estructurales y la apertura comercial, a pesar del enorme riesgo político que implicaban, fue la única que permitió a México escapar del abismo económico. El TLCAN no fue un capricho; fue la jugada maestra que aseguró la entrada de inversión extranjera, la modernización de la industria y la estabilización de los precios.
La victoria de Salinas no sólo fue un triunfo electoral, sino que fue una victoria del pragmatismo económico sobre la ideología. De ahí el profundo odio que a la fecha se refleja en la izquierda, y que hoy es un estandarte tanto para Andrés Manuel López Obrador como para Claudia Sheinbaum.
La discusión sobre la política económica neoliberal no puede quedarse en la teoría; los números cuentan la historia real. El sexenio de Carlos Salinas de Gortari, a pesar de sus controversias, se distinguió por una notable mejora en los indicadores macroeconómicos.
El Producto Interno Bruto (PIB) de México tuvo un crecimiento promedio anual del 4% (1989-1994). Este dinamismo fue un respiro después de la «década perdida» de los años 80, demostrando que la apertura y la inversión privada eran motores efectivos para la economía.
En contraste, el gobierno de la 4T (2019-2024), con su enfoque en la austeridad, ha visto un crecimiento promedio anual de apenas 0.5%, registrando incluso una contracción en 2019, 2020 y 2021. Este estancamiento es la prueba más contundente de que el modelo actual no ha logrado generar la prosperidad prometida.
La inversión extranjera directa es otro indicador crucial. Durante el sexenio de Salinas, el flujo de inversión extranjera directa (IED) se disparó gracias a la certidumbre que generó el TLCAN.
En 1994, la IED alcanzó los 11.1 mil millones de dólares, una cifra récord para la época. Bajo la 4T, a pesar del renovado T-MEC, el flujo de inversión ha sido inestable y ha dependido en gran medida del nearshoring y las remesas, no de una estrategia de gobierno clara y consistente.
Esto se refleja en la falta de creación de nuevas empresas y la reducción del empleo formal, algo que es vital para la economía familiar.
El empleo y el nivel de vida son los indicadores que la gente siente más. La política económica de Salinas, aunque con sus críticas, generó miles de empleos y elevó el nivel de vida de la clase media, con un aumento en la capacidad de consumo.
La tasa de desempleo se mantuvo baja, y el poder adquisitivo se recuperó tras años de inflación descontrolada. Por el contrario, la 4T ha visto un crecimiento de la economía informal y una precariedad laboral en sectores clave, y aunque el salario mínimo ha aumentado, la inflación actual (3.57%) erosiona ese poder de compra, afectando la estabilidad de los hogares mexicanos.
El regreso de Carlos Salinas de Gortari a la vida pública no es un capricho; es una necesidad. Su experiencia en el manejo económico, su capacidad para generar consensos y su visión de largo plazo son un contrapeso directo al modelo que ha estancado a México. Su liderazgo, orientado a la eficiencia y el crecimiento, es la única vía para que el PRI recupere su relevancia y ofrezca al país un futuro de prosperidad y estabilidad.
El salario mínimo: la dura medicina para curar la hiperinflación
El argumento de que Carlos Salinas utilizó el salario mínimo como ancla inflacionaria es completamente cierto. Su gobierno, al igual que los anteriores, heredó una economía con una inflación galopante de tres dígitos (la inflación anual de 1987 fue del 159%). Para combatir esta amenaza, se implementó el Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico (PECE), que, entre otras cosas, frenó los aumentos al salario mínimo. Esta medida fue dolorosa y generó un deterioro en el poder adquisitivo de la población, provocando un descontento generalizado.
Sin embargo, para contrarrestar esta crítica, hay que contextualizarla. La hiperinflación es un cáncer para la economía de un país. Destruye el poder de compra, frena la inversión y genera una incertidumbre generalizada que puede llevar a la quiebra de la nación. La estrategia de Salinas, aunque impopular, fue la única manera de frenar esa espiral inflacionaria. En solo seis años, la inflación se redujo drásticamente a un solo dígito, logrando en 1994 una tasa del 7%. Fue un claro ejemplo de tomar una decisión difícil pero necesaria para el bien a largo plazo del país.
El modelo económico del sexenio de AMLO y ahora de Claudia Sheinbaum, en contraste, ha optado por aumentar el salario mínimo de manera significativa, buscando mejorar el poder adquisitivo de la población. Sin embargo, este aumento no ha sido acompañado por un crecimiento económico real ni por una disminución de la inseguridad y la corrupción, lo que ha generado un estancamiento en la creación de empleos formales y un aumento de la economía informal. Mientras el modelo de Salinas sacrificó el poder adquisitivo a corto plazo para sanear la economía, el modelo actual ha sacrificado el crecimiento para generar una sensación de bienestar inmediato. La evidencia de la actualidad demuestra que el modelo de Salinas, aunque costoso, fue más exitoso.
A lo largo de los últimos cuarenta años, la izquierda mexicana ha construido una narrativa inquebrantable que demoniza al neoliberalismo, presentándolo como la raíz de todos los males del país. Esta visión ha sido el pilar ideológico de la 4T. Sin embargo, este artículo desmitifica de manera contundente esa postura, demostrando que la política económica de Carlos Salinas de Gortari, aunque con costos, fue la medicina necesaria para curar un país enfermo de inflación y estancamiento. Los números no mienten: el crecimiento del PIB, la reducción drástica de la inflación y la apertura comercial del TLCAN son pruebas irrefutables de que la estrategia neoliberal, cuando se aplica con audacia y visión de Estado, funciona.
El argumento más fuerte y evidente de esta conclusión reside en el hecho de que, si el neoliberalismo fuera tan nocivo, el régimen de Andrés Manuel López Obrador y ahora el de Claudia Sheinbaum sin lugar a dudas habrían cancelado el TLCAN. En lugar de hacerlo, se vieron obligados a renegociar y renombrar el tratado, convirtiéndolo en el T-MEC. Esta decisión no fue una concesión ideológica, sino un reconocimiento tácito de que el tratado de libre comercio es la columna vertebral de la economía mexicana, una herencia y una jugada maestra de Carlos Salinas de Gortari que, a pesar de las críticas, se mantiene sólida y vital para el desarrollo del país. El regreso de Salinas al PRI para reconstruirlo no es un acto de nostalgia, sino una respuesta estratégica a la falta de rumbo y el estancamiento económico del presente, demostrando que la experiencia y la visión de crecimiento son más necesarias que nunca.
El liderazgo de Andrés Manuel López Obrador y la continuación de Claudia Sheinbaum se han sustentado en una estrategia política singular: la construcción de un enemigo común. Carlos Salinas de Gortari ha sido ese villano perfecto. La narrativa oficial ha utilizado la figura de Salinas como el símbolo de la corrupción, el neoliberalismo y la entrega del país a intereses extranjeros. Este recurso político no busca un debate histórico, sino que tiene un propósito más profundo: justificar las propias políticas de la 4T y consolidar una base de votantes unificada por el resentimiento. Al culpar constantemente a Salinas de los males del pasado, el gobierno actual evade su responsabilidad por la falta de crecimiento económico, la escalada de la violencia y los escándalos de corrupción en su propia administración.
El discurso de odio hacia Salinas permite a López Obrador y Sheinbaum presentarse como los líderes que «están salvando a México» del legado de un pasado nefasto. Al posicionarse como la antítesis del salinismo, refuerzan la legitimidad de sus propias acciones, por más ineficientes o impopulares que sean. La constante referencia al «período neoliberal» es una estrategia de distracción que desvía la atención de los problemas actuales y capitaliza el resentimiento de la población. La figura de Salinas se convierte así en el pilar ideológico de la 4T, en un chivo expiatorio que es utilizado para justificar todo, desde la austeridad republicana hasta la inversión en megaproyectos no rentables.
Escándalos de la 4T (2018 – 2024)
La «Barredora»: El gobierno de la 4T fue acusado de asignar contratos de manera directa, sin pasar por licitaciones públicas, a empresas y personas cercanas al poder. Este patrón de contratación, que se ha documentado en proyectos como el Tren Maya y la Refinería de Dos Bocas, contradice el discurso de transparencia y austeridad.
El «Huachicol Fiscal»: Se trata de un esquema de corrupción que involucró a funcionarios del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en el contrabando de combustible. Este escándalo puso en evidencia que, a pesar de la promesa de combatir la corrupción, las redes criminales han continuado operando dentro de las instituciones del Estado.
Los negocios de los hijos de AMLO: La polémica de la «casa gris», una lujosa mansión en Houston, Texas, que el hijo del presidente ocupó, expuso un conflicto de interés y generó dudas sobre la procedencia de los recursos. La oposición ha señalado que este tipo de escándalos contradice el discurso de «austeridad republicana» que promueve la 4T.
«Abrazos, no balazos»: Esta política de seguridad, que buscaba evitar la confrontación directa con los grupos criminales, es vista por muchos como un fracaso rotundo. Durante este sexenio, los niveles de violencia, homicidios y extorsiones han alcanzado récords históricos.
El caso Adán Augusto y el exsecretario Hernán: Las acusaciones de corrupción y malversación de fondos contra exfuncionarios del gobierno de Tabasco, como el exsecretario Hernán, han salpicado a la figura de Adán Augusto López, exgobernador de ese estado y exsecretario de Gobernación, debilitando su imagen de cara a las elecciones presidenciales.
Escándalos del sexenio de Carlos Salinas de Gortari (1988 – 1994)
La privatización de empresas estatales: La venta de más de 1,100 empresas, incluyendo Telmex y la banca, a precios considerados bajos y en un proceso que supuestamente benefició a un círculo cercano de empresarios, fue una de las principales críticas. La privatización de Telmex, por ejemplo, fue un tema de constante debate, ya que se le acusó de haber beneficiado de forma desproporcionada a sus nuevos dueños.
El «hermano incómodo»: La detención de Raúl Salinas de Gortari, hermano del expresidente, por el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu y por enriquecimiento ilícito, se convirtió en el escándalo de corrupción más grande de la época.
El asesinato de Luis Donaldo Colosio: Aunque no se ha demostrado la participación directa de Carlos Salinas de Gortari, el magnicidio de su candidato presidencial, ocurrido en 1994, sigue siendo uno de los momentos más oscuros de la historia reciente de México y un punto de constante controversia.
La crisis de 1994: Al final de su sexenio, una devaluación abrupta del peso, conocida como el «Error de Diciembre», desató una de las peores crisis económicas en la historia moderna de México. Aunque fue un evento complejo con múltiples causas, la oposición lo utilizó como prueba del fracaso de la política económica de Salinas.
Escándalos de la administración de Claudia Sheinbaum (oct. 2024 – sept. 2025)
Reforma a la Ley de Amparo: Una de las primeras grandes controversias de su sexenio. Esta reforma limita el alcance de los juicios de amparo, lo que, según la oposición y expertos, debilita la protección judicial de los ciudadanos frente a actos de autoridad y leyes que puedan ser inconstitucionales.
Controversia del Tren Maya: A pesar de que la obra se inauguró en el sexenio anterior, durante su administración ha continuado la polémica por los sobrecostos, fallas estructurales y el impacto ambiental. Las constantes quejas de las comunidades locales y la falta de transparencia en la rendición de cuentas han mantenido el tema en el ojo del huracán.
Ataques cibernéticos a la CFE: Las recientes revelaciones de múltiples ataques cibernéticos a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que comprometieron la seguridad de datos sensibles y afectaron la operación de la empresa, han generado críticas por la falta de inversión en ciberseguridad y la vulnerabilidad de la infraestructura crítica del país.
La crisis hídrica y la falta de soluciones efectivas: A pesar de que la crisis del agua en la Ciudad de México y otras urbes es un problema de años, la inacción en los primeros meses de la nueva administración para implementar soluciones de fondo ha generado un creciente descontento. Los opositores señalan que se ha optado por medidas paliativas en lugar de abordar el problema de manera estructural.
Polémica en el nombramiento de funcionarios: La designación de algunos miembros del gabinete, que carecían de experiencia en las áreas que se les asignaron, generó dudas sobre el profesionalismo y la capacidad del nuevo gobierno. Estos nombramientos han sido vistos como una continuación del patrón de lealtad por encima de la experiencia, algo que ya se criticaba en la administración anterior.
Finalmente, el regreso de Carlos Salinas al PRI para su reconstrucción es la jugada más audaz que el partido podría hacer. La figura de Salinas es el talón de Aquiles de la izquierda mexicana, y al regresarlo a la vida política, el PRI obligaría al oficialismo a confrontar sus propias contradicciones y fracasos. El PRI, de la mano de un líder experimentado y una nueva generación de jóvenes, podría unificar a una oposición fragmentada, demostrando que la experiencia y la visión de largo plazo son el verdadero antídoto para el estancamiento y la violencia que hoy azotan a México.
Sobre el autor
Fernando Arango Ávila es jurista y académico. Doctor en Ciencias de lo Fiscal, y actualmente cursa un posdoctorado en Derecho. Actualmente, combina su experiencia práctica con su labor investigativa. Escribe: drarango83@gmail.com.
El castigo cotidiano de trasladarse en Guadalajara. Parte 1

Uno termina por sospechar que en Guadalajara el tiempo no transcurre: se embotella. Las horas que se van en el traslado se descuentan de casi todo lo demás: del sueño, de la mesa, de la conversación, del trabajo, de la serenidad. Moverse por la ciudad se ha vuelto una rutina cara, riesgosa y desgastante. Y como ocurre con cualquier problema público, conviene empezar por lo más sencillo: nombrar el problema, identificar sus causas y seguir sus consecuencias. Solo así se entiende cómo el derecho a la ciudad terminó convertido, para demasiados, en una forma cotidiana de castigo.
A los tapatíos se nos empuja, por distintas vías, a desertar del transporte público y buscar refugio en la salida individual: el coche propio, el auto de plataforma, la motocicleta —esa que hoy se compra con la facilidad con que antes se adquiría una licuadora— y, más recientemente, el patín eléctrico, que suele circular con la desenvoltura de quien supone que toda banqueta es suya. No es exactamente libertad de elección; a veces se parece más a una rendición administrada.
¿Qué fue primero? ¿El huevo del caos en el transporte público o la gallina del éxodo individual?
Los datos oficiales ayudan a poner cada cosa en su lugar. De acuerdo con la ficha del Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco, elaborada con base en cifras definitivas del INEGI sobre vehículos de motor registrados en circulación, Jalisco cerró 2024 con 4 millones 910 mil 287 unidades. Son 300 mil 756 más que en 2023, es decir, un crecimiento anual de 6.5 %. Traducido al idioma de la vida diaria: en un solo año se agregó otra ciudad de motores, mientras la infraestructura sigue presentándose como si bastara con cortar listones, inaugurar un puente y sonreír para la foto.
La presión, además, se concentra en el Área Metropolitana de Guadalajara. Según esa misma ficha del IIEG, los diez municipios del AMG reúnen 3 millones 115 mil 838 vehículos, es decir, 63.5 % del total estatal. La tasa por habitante tampoco deja mucho espacio para el autoengaño: Guadalajara ya tiene 82.3 vehículos por cada 100 habitantes. No es una estampa de prosperidad, sino de dependencia. Una ciudad que obliga a moverse con más fierro, más combustible y menos paciencia no presume desarrollo: revela que no ha sabido ofrecer alternativas suficientes.
El desglose por tipo de vehículo también dice más de lo que aparenta. En 2024, Jalisco registró 2 millones 747 mil 726 automóviles, 1 millón 190 mil 848 camiones y camionetas de carga, 957 mil 771 motocicletas y 13 mil 942 camiones para pasajeros, de acuerdo con el IIEG con base en INEGI. El mayor salto relativo fue el de las motocicletas: 14.2 % en un solo año. Los automóviles crecieron 5.5 %; la carga, 3.2 %; y los camiones para pasajeros, 8.9 %. El mensaje es bastante claro: mientras el discurso oficial invoca la movilidad integral, la calle se sigue llenando, sobre todo, de salidas individuales. Es decir, en la Perla Tapatía estamos a escasos pasos de que cada par de piernas requiera su propio chasis para desplazarse.
La discusión de fondo, en realidad, no pasa por averiguar si todavía caben más coches, sino por entender por qué la política pública insiste en tratar esto como un problema de carriles y no de modelo urbano. El crecimiento del parque vehicular, por sí solo, no demuestra la mala calidad del transporte público; sería demasiado cómodo afirmarlo así. Pero sí enciende una alarma seria sobre una ciudad que empuja a sus habitantes hacia la salida individual. Y ahí aparece una vieja costumbre muy local: administrar el síntoma para no corregir la enfermedad. Se interviene un crucero, se presume una obra, se anuncia una “solución integral” y, mientras tanto, la congestión conserva su puesto como política no escrita.
En Jalisco, a ratos da la impresión de que la política pública de movilidad del Estado se parece más a un esquema colonial de venta de indulgencias: el desorden se disimula, el costo se traslada al ciudadano y luego se ofrece alguna corrección parcial como si fuera redención: se tolera el colapso a cambio de multas, se dispersan concesiones con criterios políticos, se condicionan tarifas o subsidios a la inscripción bancaria de una institución de cuestionado comportamiento financiero y se externalizan los costos hacia el ciudadano.
Ahí caben las licencias expedidas sin el rigor técnico deseable, la sincronización deficiente de semáforos, trabajos urbanos realizados en horas de máxima demanda y una convivencia vial donde carga pesada, transporte público, autos y motocicletas compiten por el mismo espacio bajo una coordinación con frecuencia insuficiente. No hace falta exagerar para advertirlo: muchas fallas no provienen del azar, sino de decisiones de gestión que vuelven más lentos, más tensos y más inseguros los trayectos cotidianos.
La especulación del suelo, por su parte, ha expandido la mancha urbana hacia zonas de baja densidad y nula cobertura de transporte, obligando a los habitantes a depender del vehículo privado por diseño, no por elección.
A esto hay que añadir una traza urbana diseñada bajo el capricho y el beneficio de la especulación del suelo. Padecemos un reglamento que permite a las aseguradoras congelar arterias principales durante horas, incluso tras un pequeño choque, priorizando sus ahorros en personal por encima del interés público y convirtiendo un accidente menor en una instalación artística sobre el pavimento.
Las consecuencias son conocidas, aunque a veces prefiramos no mirarlas de frente: más vehículos significan mayor presión sobre las vialidades, más exposición a siniestros y una factura ambiental que la ciudad paga, aunque no la anote en ningún presupuesto. El parque vehicular crece con una velocidad que rebasa la capacidad institucional para ordenar la movilidad.
En la vida doméstica, el fenómeno deja de ser estadística y se vuelve rutina. Cada vehículo nuevo implica combustible, mantenimiento, seguro, refrendos y, sobre todo, tiempo. Mucho tiempo. La paradoja es cruel: miles de familias compran una promesa de movilidad y reciben, a cambio, congestión financiada a plazos. Hay algo profundamente injusto en esa escena: una necesidad colectiva convertida en gasto privado, y ese gasto presentado luego como si fuera libertad de elección.
La próxima vez que alguien pregunte por qué el tráfico en Guadalajara se vive como una forma de penitencia, convendría responder con menos resignación y más memoria. No se trata de mala suerte ni de una maldición bíblica aplicada al periférico. Es el resultado de decisiones públicas y privadas que han hecho del automóvil la salida más accesible, más rentable y del transporte colectivo la promesa más incumplida. Cuestionar o señalar la incapacidad o errores de la autoridad debería ser nuestra decisión individual para lograr un mejor estado de lo colectivo, porque mientras los funcionarios cortan listones, los tapatíos cortamos horas de sueño, comida, presupuesto y paciencia.
Sobre el autor
Sergio E. Gómez Partida es consultor en evaluación, gestión para resultados y planificación en sectores público y privado. Información de contacto: sgpartida@gmail.com; en X: @SergioGmezP.
Guadalajara y su caótico transporte público. Parte 3

En Jalisco, durante años, los gobiernos de todos los colores han repetido la misma liturgia burocrática: más rutas, más unidades, más inversión, más modernización.
Cambian los logotipos, las campañas y las promesas, pero el viacrucis del usuario permanece intacto. El caos ya no es una falla del sistema. El caos es el sistema.
La burocracia mexicana posee una habilidad admirable para medir aquello que menos importa. Nos dicen cuántos millones se invirtieron, cuántos camiones se compraron o cuántos kilómetros se “modernizaron”. Pero evitan cuidadosamente responder las preguntas incómodas: ¿cuántas horas pierde una persona cada semana esperando un camión que nunca pasó?, ¿cuántas mujeres sienten miedo al regresar de noche en transporte público?, ¿cuántos usuarios terminan viajando hacinados como mercancía de traslado y no como ciudadanos?, ¿cuántas personas renunciaron al transporte público por su pésimo servicio?
Una política pública que mide únicamente el gasto o el esfuerzo, pero ignora el resultado, termina confundiendo movimiento con progreso. Guadalajara lleva años moviéndose en círculos.
El transporte público es, por naturaleza, un monopolio natural. El usuario no puede “cambiar de proveedor” cuando la ruta falla. Si el camión no pasa, pasa lleno o simplemente ignora la parada, el ciudadano queda atrapado. Esa asimetría obliga al Estado a regular con firmeza. El problema es que aquí la regulación parece haberse diseñado con la delicadeza del pétalo de una rosa en la mano pública de quien no quiere incomodar a nadie, especialmente a los concesionarios.
Es una de las grandes contradicciones del modelo tapatío: los subsidios multimillonarios entregados a empresas privadas que operan el servicio sin que existan mecanismos serios y transparentes de evaluación del desempeño-resultados se convierten en incentivos perversos. La lógica termina siendo tan absurda como predecible: si el concesionario sabe que el dinero llegará de cualquier manera, ¿para qué mejorar el servicio?, ¿para qué invertir en mantenimiento?, ¿para qué capacitar operadores?, ¿para qué reducir tiempos de espera o evitar sobrecupos? El subsidio deja de ser una herramienta de equilibrio social y se convierte en premio institucional a la mediocridad.
Bajo este esquema, se socializan las pérdidas y se privatizan las ganancias. El ciudadano financia el sistema mediante impuestos o tarifa, soporta el mal servicio y todavía debe agradecer que el camión aparezca. Una obra maestra de la administración pública latinoamericana: convertir al usuario en rehén financiero de su propio deterioro.
Mientras tanto, la autoridad presume convenios “innovadores”. Hace apenas unos días, la Secretaría de Transporte de Jalisco anunció un acuerdo con Uber para otorgar traslados gratuitos a mujeres en situación de violencia. La medida fue presentada como un avance humanitario. Y en el caso individual, ciertamente puede representar ayuda urgente para muchas mujeres. El problema no está en la víctima. El problema es el mensaje político detrás de la solución. El Estado acaba admitiendo, sin decirlo abiertamente, que el propio sistema público que regula no puede garantizar seguridad mínima a las personas.
La solución no consistió en mejorar paraderos, iluminar zonas inseguras, aumentar frecuencias nocturnas o profesionalizar operadores. No. La salida rápida fue delegar la responsabilidad a una aplicación privada que cobra tarifas elevadas, se apropia de 1/3 del valor del negocio sin asumir riesgo ni inversión y llena el vacío dejado por el desastre institucional.
La ironía es clara: después de décadas hablando de fortalecer el transporte público, la solución oficial parece resumirse en una frase vergonzosa y simple: “si el camión no sirve, tome Uber”. Hablamos de una versión gubernamental de poner cubetas cuando el techo lleva veinte años colapsándose.
La violencia en el transporte no comienza cuando aparece un delito. Comienza mucho antes, como lo señalaba Galtung: la violencia estructural empieza cuando el Estado falla y una persona debe esperar cuarenta minutos en una parada oscura. Empieza cuando una unidad va tan saturada que el cuerpo deja de tener espacio propio y, si logra entrar, asume las condiciones de un cuadrúpedo en traslado al matadero. Por eso resulta tan revelador que los funcionarios presuman reuniones, adquisiciones o videos estéticamente editados en sus redes sociales; el secuestro comunicacional cosmético es parte del mismo caos y pasa en todos los sectores de la vida pública. Sucede que medir resultados obliga a rendir cuentas. Y rendir cuentas arruina muchas narrativas oficiales.
La tragedia de Guadalajara no es solamente técnica. Es moral. Una ciudad revela sus verdaderas prioridades en la manera en que mueve a quienes la sostienen todos los días. No en los renders futuristas, no en los discursos sobre innovación, no en las conferencias llenas de Canvas y adjetivos motivacionales. Una ciudad se define por el respeto que tiene hacia el tiempo, la seguridad y el agotamiento de su gente.
La pregunta ya no es si el sistema necesita cambios. Eso resulta evidente incluso para quienes jamás se han subido a un camión… que casualmente suelen ser quienes diseñan buena parte de estas políticas públicas. La verdadera pregunta es cuánto tiempo más seguiremos confundiendo subsidios con soluciones, ocurrencias mediáticas con transformación y movilidad con simple capacidad de sobrevivir al trayecto diario. Cuando una ciudad normaliza que trasladarse sea una forma cotidiana de desgaste, termina erosionando algo más profundo que la eficiencia urbana: erosiona la confianza pública.
Sobre el autor
Sergio E. Gómez Partida es consultor en evaluación, gestión para resultados y planificación en sectores público y privado. Información de contacto: sgpartida@gmail.com; en X: @SergioGmezP.
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