Turbulento despegue del mandato de AMLO

El primero de diciembre pasado se inició un periodo sin precedentes en la historia de México; por primera vez un partido distinto al PRI tiene las condiciones de concentración de poder que algunas tuvo aquel, con una mayoría en ambas cámaras legislativas, y con la titularidad del Poder Ejecutivo. Con la notoria diferencia histórica de contar con un amplio respaldo popular en las urnas, y con ello con un gran bono democrático. El Presidente Andrés Manuel López Obrador inició su mandato con un mensaje digno de los mejores momentos de una campaña presidencial, en el cual mostró en reiteradas ocasiones los mismos argumentos que lo llevaron a capitalizar el descontento social; pero ahora, investido con la banda presidencial.

El escenario en el que ha arrancado el nuevo gobierno ha sido, por decir lo menos, de amplios contrastes. Por un lado, las expresiones de júbilo de miles de mexicanos reunidos en el Zócalo, que describen un entusiasmo eufórico todavía mayor al vivido en el año 2000 con el primer gobierno de alternancia que encabezara Vicente Fox, dejan ver lo que ya fue demostrado en el resultado electoral: un amplio respaldo social para el Presidente. Y por otro lado, la incertidumbre derivada de las seis semanas previas a la toma de protesta, con la primer decisión que sin estar todavía al mando del Ejecutivo, tuvo severas repercusiones en la confianza de los inversionistas: la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).

Fotos: AFP.

Las reformas 

Sin embargo, no sólo ha sido la decisión de cancelar el NAIM lo que ha generado incertidumbre en el ámbito financiero; también han tenido efectos adversos las iniciativas de Morena y el Partido del Trabajo (uno de los partidos con los que se estableció la coalición que llevó a López Obrador a la Presidencia) en el Senado y en la Cámara de Diputados, respectivamente; en el sentido de eliminar las comisiones bancarias, y de reformar el sistema de pensiones. Ambas decisiones, que posteriormente han tenido que ser sorteadas por el equipo económico del Presidente (erigido ahora en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público), para recuperar en algo las condiciones de estabilidad que en su momento se distorsionaron, gracias a esos desatinos.

Pero no ha sido sólo en ámbito financiero que se ha iniciado un despegue turbulento en la nueva administración. El anuncio del Plan Nacional de Seguridad y Paz, cuya punta de lanza es la creación de una Guardia Nacional conformada por integrantes de las Policías naval, militar y federal, contrasta notoriamente con el argumento expuesto en campaña, en el sentido de retirar al Ejército de las calles y de las funciones policiales; y por ello ha sido motivo de severos cuestionamientos, principalmente de organizaciones de la sociedad civil que abogan por una política de seguridad desmilitarizada. En ese sentido, habrá que esperar a conocer las reformas legales que ya se han anunciado para materializar la propuesta de una Guardia Nacional, y de las cuales hasta ahora sólo se ha avanzado en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

La insconstitucionalidad 

Precisamente, la reforma orgánica del Ejecutivo ha sido otro motivo de conflicto, pero ahora con los titulares de los Ejecutivos Estatales emanados de gobiernos opuestos a Morena. El 30 de noviembre pasado se publicó la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que dispone entre otras cosas, la creación de una Coordinación General de Programas para el Desarrollo bajo el mando directo del Presidente de la República (artículo 17 Ter), que tendrá funciones de coordinación, implementación y supervisión de los programas sociales de las dependencias y entidades del gobierno federal en las entidades federativas.

A este respecto, las fracciones de oposición en el Senado (PRI, PAN, PRD y MC), ya estudian la posibilidad de interponer una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por considerar que la figura de las Delegaciones de Programas de Desarrollo es contraria a la estructura federal del Estado Mexicano.

Y por último, ha sido precisamente frente a la SCJN que se ha abierto otro frente de batalla para el nuevo gobierno, pues la decisión tomada a penas la semana pasada por el máximo tribunal en México, respecto de suspender provisionalmente la aplicación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos ante la acción de inconstitucionalidad promovida precisamente por las fracciones de oposición en el Senado, representa un punto conflicto todavía mayor, durante la preparación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, que tendrá que presentarse este 15 de diciembre ante la Cámara de Diputados.

Confrontación de frentes 

Ante este escenario de confrontación en diferentes frentes, resulta claro que ninguna postura radical es favorable para el debate: es notorio que el diagnóstico del Presidente, es a todas luces acierta cuando afirma que la corrupción es completamente indeseable y que le cuesta mucho al país; que violencia y la criminalidad han aumentado y que representan una severa amenaza para la convivencia y la paz; que existen ineficiencias en las remuneraciones de los servidores públicos.

Pero valdría la pena que también nos cuestiones colectivamente, si las medidas austeridad son suficientes para garantizar la efectividad de la acción gubernamental; si la conformación de una corporación policial basada en las fuerzas castrenses es la mejor manera de combatir la criminalidad; o si la reducción salarial de los servidores públicos y el financiamiento de los programas sociales y su estructura operativa en las Delegaciones de Programas, es la medida más efectiva para abatir la desigualdad.

Foto de portada: Notimex.

Estuardo Gómez es investigador del Laboratorio de Innovación Democrática (LID), y profesor de la Maestría en Políticas Públicas de la Universidad de Guadalajara.

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