Proponen prohibir concesiones privadas del servicio de agua en Jalisco

El diputado de Morena Martín Franco Cuevas propuso prohibir que el Estado y los municipios concesionen o transfieran a particulares la operación estratégica de los servicios de agua en Jalisco.

La iniciativa plantea reformar la fracción VII del artículo 15 de la Constitución Política del Estado de Jalisco para mantener bajo rectoría pública la infraestructura necesaria para garantizar el derecho al agua.

La propuesta incluye los sistemas de captación, almacenamiento, conducción, potabilización, distribución, saneamiento y tratamiento.

También impediría utilizar asociaciones público-privadas, contratos de largo plazo u otras figuras que transfieran a particulares la operación o control de infraestructura cuando pueda ponerse en riesgo el acceso al servicio.

La iniciativa no prohibiría la colaboración técnica o administrativa con empresas privadas, siempre que el Estado y los municipios mantengan capacidad para planear, dirigir, supervisar y garantizar la operación.

Buscan reconocer al agua como un elemento estratégico

Franco Cuevas plantea que la Constitución estatal reconozca al agua no únicamente como un servicio público, sino como un derecho humano fundamental y un elemento estratégico.

Actualmente, la legislación reconoce el derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico de manera suficiente, salubre, aceptable y asequible.

El legislador sostiene que mantener la capacidad pública sobre la infraestructura resulta relevante por el impacto que las decisiones relacionadas con el agua tienen sobre comunidades y servicios.

“La Constitución de Jalisco debe reconocer expresamente que el agua no constituye únicamente un servicio público. Es un derecho humano y un elemento estratégico cuya garantía corresponde prioritariamente al estado”, explicó el morenista.

“Debido a que su control y administración influyen en la salud pública, desarrollo urbano, economía y bienestar social y las decisiones hidráulicas afectan comunidades enteras y generaciones futuras”.

¿Qué prohibiría la reforma?

La iniciativa establece que la gestión del agua deberá sujetarse a principios de acceso universal, equidad, sostenibilidad, protección ambiental y justicia social.

El Estado y los municipios conservarían la responsabilidad sobre la infraestructura estratégica destinada a garantizar el suministro, saneamiento y tratamiento del agua.

La restricción propuesta alcanzaría concesiones, asociaciones público-privadas, contratos de largo plazo y mecanismos de operación delegada cuando impliquen transferir funciones estratégicas a empresas o particulares.

El planteamiento también incluye actividades relacionadas con construcción, administración, mantenimiento, rehabilitación, operación, explotación o control de esa infraestructura.

Prestación del servicio quedaría en manos públicas

La propuesta establece que el abastecimiento de agua potable para consumo personal y doméstico, así como su conducción, distribución y operación estratégica, sean funciones exclusivas del sector público.

Estas tareas quedarían a cargo del Estado y de los organismos públicos determinados por la legislación, sin posibilidad de concesionarlas o delegarlas a particulares.

La reforma permitiría mantener esquemas de colaboración técnica o administrativa con empresas.

Sin embargo, Franco Cuevas plantea que esos acuerdos no puedan provocar la pérdida de capacidad pública sobre la prestación del servicio o sobre la infraestructura considerada estratégica.

Servicio de agua mantiene debate en Jalisco

La discusión sobre el servicio de agua ha ocupado parte de la agenda pública durante 2026 por problemas de suministro y calidad registrados en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

El Congreso de Jalisco aprobó en julio descuentos de hasta 80 por ciento para usuarios del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa) afectados por desabasto o agua de mala calidad.

Posteriormente, la Junta de Gobierno del Siapa aprobó un padrón inicial de 203 colonias de Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque y Tonalá para recibir el descuento automático.

La iniciativa presentada por Franco Cuevas deberá continuar ahora su proceso legislativo antes de que una eventual modificación a la Constitución estatal pueda entrar en vigor.