La desaparición de siete jóvenes trabajadores de un call center de Zapopan podría estar vinculada a una red de fraudes a extranjeros. Los indicios obtenidos por las autoridades locales indican que el crimen organizado podría estar involucrado en esta tragedia, ya que las víctimas habrían sido privadas de la libertad por un comando armado. 

«En efecto sí refieren la participación de sujetos armados en varios vehículos en un despliegue similar y con todas las características del crimen organizado», aseguró el fiscal de Jalisco, Luis Joaquín Méndez Ruiz.

La Fiscalía del Estado de Jalisco (FGE) llevó a cabo un segundo cateo en un inmueble, ubicado en la calle Johannes Brahm, de la colonia La Estancia, Zapopan. En este lugar se encontraron diversos elementos que ahora forman parte de la carpeta de investigación.

Según el comunicado emitido por la FGE este domingo, se aseguraron «documentos varios consistentes en listados de nombres y datos de contacto, pizarrones con nombres de personas extranjeras y metas económicas; una bolsa con vegetal verde, así como un vaso de plástico también con vegetal verde, una máquina para contar billetes; discos duros y memoria USB, equipos de cómputo que en su mayoría presentaban ausencia del CPU, cables trozados, un RACK sin el equipo propio para almacenar información, diversas identificaciones, tarjetas departamentales, así como anotaciones de diálogos prediseñados en inglés para hacer abordaje telefónico a personas extranjeras».

Estos indicios se suman a los hallazgos encontrados durante el primer cateo realizado en una finca de la colonia Jardines Vallarta.

Las autoridades locales informaron que allí se localizó “marihuana, un trozo de tela con mancha rojiza, cinchos de plástico, un trapeador con manchas rojizas y documentos varios, así como pizarrones con anotaciones de nombres de personas de nacionalidad extranjera, anotaciones de membresías o tiempos compartidos y metas económicas a lograrse”.

Una de las líneas de investigación que ha llamado la atención de las autoridades es la conexión entre el call center y una red de fraudes internacionales que opera con tiempos compartidos. Según el fiscal general de Jalisco, el centro de operaciones ofrecía «tiempos compartidos» a extranjeros, especialmente a ciudadanos estadounidenses, incluyendo jubilados. Esta modalidad de estafa ha sido denunciada en Estados Unidos, y el Departamento del Tesoro responsabilizó directamente al Cártel Jalisco Nueva Generación por su participación en estos delitos.

Estos delitos suelen afectar a ciudadanos estadounidenses de edad avanzada, dejándolos sin sus ahorros. El subsecretario del Tesoro norteamericano para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson, afirmó en abril de este año que este tipo de actividad representa una importante fuente de ingresos que respalda las operaciones criminales del grupo delictivo.

Durante los cateos realizados en diversos lugares relacionados con el caso, se encontraron elementos que refuerzan la sospecha de la conexión con la red de fraudes, de acuerdo con las autoridades. Entre los hallazgos se incluyen listas de nombres de personas extranjeras, manuales de instrucciones para abordarlas telefónicamente, discos duros, memorias USB, así como sustancias ilícitas como marihuana y otras evidencias que están siendo analizadas.

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, informó en redes sociales este lunes que el sitio donde los siete jóvenes trabajaban no era un call center como se pensaba inicialmente, sino un centro de operaciones de otra naturaleza.

Trabajando desde temprano con el fiscal Joaquín Méndez y el secretario general @EnriqueIbarraP para conocer los avances y seguimiento de una investigación que cada día arroja elementos nuevos que hacen el caso mucho más complejo de lo que parecía. pic.twitter.com/2SWVzlHtsf

— Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) May 29, 2023

Alfaro Ramírez detalló que esta mañana se comunicó con la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, “al existir la posibilidad de que en este caso haya delitos del ámbito federal, particularmente en el tema fiscal”.

Los nombres de los siete jóvenes desaparecidos son Carlos Benjamín García Cuevas, Jesús Alfredo Salazar Ventura, Arturo Robles Corona, los hermanos Itzel Abigail y Carlos Valladolid Hernández, Mayra Karina Velázquez Durán y Jorge Miguel Moreno Morales.

Las autoridades también buscan a Luis Enrique «N», identificado como el arrendatario del centro de operaciones. El fiscal general declaró este sábado: “Al arrendatario necesitamos encontrarlo y lo vamos a encontrar porque él es el que nos puede dar cuenta de un posible padrón de personas, qué giro es el que se estaba realizando, pero eso es parte de la investigación”.

Por su parte, las familias de los desaparecidos han realizado diversas marchas para exigir la localización de sus seres queridos, como la que llevaron a cabo anoche en la Glorieta Minerva.

El dueño de la finca donde se realizó el segundo cateo, identificado como Francisco Javier «N», fue localizado y ha declarado que renta el inmueble desde noviembre de 2022 a través de una consultoría jurídica representada por el abogado César Javier «N», quien ha sido vinculado con al menos dos investigaciones por fraude en los años 2014 y 2015.

Las investigaciones continúan en curso y se espera que pronto se obtengan resultados que arrojen luz sobre el paradero de estos jóvenes desaparecidos.

Contexto

La Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas (FEPD) informó que el pasado 23 de mayo se recibió la denuncia por la desaparición de los hermanos Valladolid Hernández: Itzel y Carlos David, quienes fueron reportados como desaparecidos el 22 de mayo.

Esa misma noche, comparecieron familiares de Carlos Benjamín García Cuevas, quien había desaparecido desde el 20 de mayo.

“Sin embargo, inicialmente no se estableció ninguna conexión entre su caso y el del call center, ya que se mencionó que su ocupación era comerciante en un negocio familiar”, informó la Fiscalía en un comunicado.

El 24 de mayo se recibieron las denuncias por la desaparición de Arturo Robles Corona y Jesús Alfredo Salazar Ventura.

Posteriormente, el 26 de mayo se presentó la denuncia por la desaparición de Mayra Karina Velázquez Durán, “quien estuvo relacionada con una investigación de fraude en el 2016; dadas sus actividades actuales, se indaga para agotar esta línea de investigación”, señalaron las autoridades.

Por último, este viernes 27 de mayo se recabó una denuncia por familiares de Jorge Miguel Moreno Morales.

Posteriormente se estableció que Carlos Benjamín sí trabajaba en el call center al momento de su desaparición, “lo que no fue referido inicialmente para vincularlo entonces con los hechos que se investigan en este caso”, señaló la Fiscalía.

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