Este lunes se cumplen ocho años de la desaparición y muerte de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Con la nueva investigación encargada por el actual gobierno, el papel del Ejército mexicano en la desaparición de los 43 normalistas, el encubrimiento de los hechos y presuntos vínculos con el crimen organizado están ahora en el centro del caso Ayotzinapa.

La Comisión de la Verdad del actual Gobierno declaró la tragedia como un “crimen de Estado” en agosto pasado.

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Tres miembros de las fuerzas armadas y un ex fiscal general federal,  Jesús Murillo Karam, fueron arrestados recientemente.

El periódico Reforma, que obtuvo partes de un informe de la Comisión de la Verdad compartido con la Fiscalía General, ha publicado detalles de mensajes entre miembros de bandas de narcotraficantes y militares que parecen mostrar que al menos algunos de los cuerpos de los estudiantes fueron llevados a una base local del Ejército local.

Los defensores de las familias de los estudiantes temen que la filtración de detalles confidenciales sobre los sospechosos pueda poner en peligro los juicios.

¿Qué sucedió?

El presidente de la Comisión de la Verdad, Alejandro Encinas, dice que la falsa versión oficial anunciada en su momento por el Fiscal General Jesús Murillo Karam “fue diseñada en los más altos niveles del gobierno federal” luego de reuniones en la presidencia, entonces en manos de Enrique Peña Nieto.

Según esa versión, los funcionarios de Iguala pensaron que los estudiantes iban a interrumpir un evento político local. Dice que la policía detuvo a los 43 estudiantes y los entregó a una banda de narcotraficantes local, que mató a los jóvenes, quemó sus cuerpos en un vertedero y arrojó los restos a un río.

Aunque aparentemente todos los estudiantes fueron asesinados, se ha comprobado que fueron llevados en grupos a diferentes lugares. Aparentemente, algunos se mantuvieron con vida durante días.

Los estudiantes habían secuestrado autobuses para llegar a una protesta en la Ciudad de México y fueron interceptados en Iguala, posiblemente porque uno de los autobuses contenía un cargamento de drogas.

¿Quién ha sido arrestado recientemente?

Tres militares fueron arrestados este mes, entre ellos José Rodríguez Pérez, quien como coronel comandaba la base militar local en Iguala al momento de la desaparición de los estudiantes. El informe de la Comisión de la Verdad alega que ordenó el asesinato de seis estudiantes días después de su secuestro.

Rodríguez Pérez fue posteriormente ascendido a general. Ahora jubilado, enfrenta cargos de crimen organizado.

Un cuarto miembro de las fuerzas armadas, el capitán José Martínez Crespo, fue arrestado en 2020. El sábado, el diario español El País publicó documentos que muestran que la Fiscalía General había pedido a un juez que retirara las órdenes de arresto contra otros 16 miembros de las fuerzas armadas.

El arresto de mayor importancia política tuvo lugar el mes pasado cuando fue detenido el ex fiscal general Murillo Karam. Ha sido acusado de desaparición forzada, no denunciar la tortura de sospechosos y mala conducta oficial. Se le acusa de dar a conocer una versión falsa de los hechos a la que llamó “la verdad histórica”.

Fotos: AP.

¿Cuál fue el papel de los militares?

Se supo desde un principio que el Ejército tenía conocimiento en tiempo real de los hechos de Iguala esa noche porque los soldados estaban en lugares clave, incluido un centro de coordinación policial. El informe de la Comisión de la Verdad dice que al menos un soldado estaba infiltrado entre los estudiantes secuestrados.

En 2015, el entonces jefe del Ejército, general Salvador Cienfuegos, garantizó que el ejército no tenía responsabilidad en los hechos ni por acción ni por omisión. Comunicaciones recabadas por la Comisión de la Verdad, sin embargo, contradicen esa afirmación. Sugieren que personal militar estuvo en contacto con los delincuentes en momentos clave.

¿Había infiltrados del Ejército?

El informe de la Comisión de la Verdad dice que al menos uno de los estudiantes desaparecidos era un soldado enviado a espiar la universidad y un abogado de los padres ha afirmado que había otro. Por otra parte, los familiares de Julio César Mondragón, uno de los seis estudiantes asesinados tras sobrevivir al ataque inicial y luego ser torturados, pidieron que se investigue a otros dos estudiantes, ahora políticos, que fueron los líderes que enviaron al grupo de manifestantes a Iguala a pesar de las amenazas.

¿Dónde están el proceso judicial?

El caso Ayotzinapa es una maraña de 28 casos penales repartidos en siete estados. Ocho años después, nadie ha sido condenado.

Santiago Aguirre, abogado de derechos humanos de los familiares de las víctimas, dijo que alrededor de 50 personas están encarceladas en espera de juicio. En agosto, la Oficina del Fiscal General emitió 80 nuevas órdenes de arresto, pero Aguirre dijo que la mayoría acababa de abrir nuevos casos que involucraban a personas que ya estaban bajo custodia.

Todavía se busca al hombre que encabezó la investigación inicial de los secuestros, Tomás Zerón, quien se encuentra en Israel.

Debido a la tortura de testigos y otras irregularidades, decenas de acusados ​​han sido absueltos de algunos cargos. Sin embargo, muchos de ellos siguen encarcelados por otros cargos.

¿Por qué es polémico el Ejército mexicano?

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha utilizado cada vez más a las fuerzas armadas para construir importantes proyectos de infraestructura y reemplazar a la policía en la lucha contra el crimen, argumentando que no son corruptos.

Las acusaciones de abusos contra los derechos humanos contra militares fueron comunes durante la “guerra sucia” de los años setenta y ochenta. Fueron especialmente duros en el pobre estado de Guerrero, donde se cultiva amapola. Han continuado algunos abusos, así como denuncias de oficiales vinculados a los cárteles de la droga.

En los últimos 25 años, tres generales han enfrentado cargos en México, aunque solo uno ha sido condenado.

El secretario de Defensa en el momento de los secuestros, Salvador Cienfuegos Zepeda, fue arrestado en Estados Unidos en 2020 y acusado de vínculos con cárteles de la droga. Pero bajo la presión del Gobierno mexicano, los cargos en su contra fueron retirados más tarde y fue devuelto a México, donde quedó en libertad.

En la zona de Iguala donde los estudiantes fueron secuestrados, los vínculos entre militares y delincuentes se remontan al menos a 2013. Según un documento judicial al que tuvo acceso la agencia de noticias AP, militares ayudaron a un cártel local con armas y entrenamiento para sus sicarios.

El testimonio de un presunto delincuente encarcelado dijo que el capitán José Martínez Crespo, quien fue arrestado en 2020, recibió dinero de un líder de la banda de narcotraficantes local, Guerreros Unidos, para ayudarlos a mover armas.

Con información de AP 

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