La crisis del agua y la gobernabilidad

La crisis de agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) no es un problema reciente ni únicamente medioambiental. Se trata de un fenómeno complejo que combina fallas en la infraestructura, presión demográfica, déficit hídrico, debilidad institucional y conflictos políticos intergubernamentales.

El sistema para proveer agua en la ZMG está altamente centralizado en el Siapa y depende de la coordinación política entre municipios y gobierno estatal, lo que vuelve al agua un tema profundamente político y no sólo técnico. 

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Los problemas de suministro y calidad del agua ya se habían agravado desde antes de la pandemia, con un incremento sostenido de quejas y fallas en el servicio. La crisis actual es, en ese sentido, la manifestación más visible de una fragilidad acumulada durante años.

Las evidencias recientes muestran que la crisis dejó de ser un problema técnico y se convirtió en un problema social y político. Más de 824 mil personas han resultado afectadas por agua contaminada o de mala calidad en la ZMG, con reportes de olor desagradable, coloración anormal y posibles riesgos sanitarios, de acuerdo con estudios realizados por académicos de la Universidad de Guadalajara y de El Colegio de Jalisco.

Quienes se especializan en analizar los problemas del agua coinciden, por lo menos, en tres aspectos: la infraestructura es obsoleta (gran parte data del decenio de 1950); los canales del sistema hídrico son utilizados para verter contaminantes domésticos e industriales, y el organismo operador, el Siapa, está sumido en una crisis financiera y de cartera vencida que lo incapacita financieramente para atender el déficit y los problemas que de esto emanan.

En términos de gobernabilidad, esto significa que el problema ya no es únicamente preventivo, sino reactivo. El impacto más inmediato en la gobernabilidad es la erosión de la legitimidad de las autoridades.

No está garantizado el derecho humano al agua, las quejas por las deficiencias del servicio van en aumento exponencial, no existe transparencia en la información oficial y la poca información que se brinda no es convincente ni genera confianza. 

Cuando un servicio básico deja de funcionar, el problema deja de ser administrativo y pasa a ser un problema de legitimidad política. Además, la pérdida de credibilidad es uno de los factores más graves para la gobernabilidad urbana.

Cuando el suministro falla, el problema tampoco es únicamente técnico, se convierte en un conflicto de responsabilidades. Esto debilita tres elementos centrales de la gobernabilidad: la coordinación, la eficacia decisional y la capacidad de respuesta institucional.

La gobernabilidad puede entenderse, en términos operativos, como la capacidad del gobierno para ejercer sus funciones con eficacia, legitimidad y legalidad, manteniendo la estabilidad institucional y la confianza ciudadana.

La crisis hídrica en la ZMG afecta cada una de estas dimensiones de manera simultánea y acumulativa.

Ya en el marco de una creciente presión ciudadana, mediática y legislativa por la mala calidad del agua en al menos 360 colonias de la ZMG, el Gobernador Pablo Lemus anunció el pasado 23 de marzo la destitución de Antonio Juárez Trueba como director general del Siapa.

Juárez Trueba había asumido el cargo en octubre de 2024, con una designación prevista hasta 2030. En su lugar, fue designado Ismael Jáuregui Castañeda, quien se desempeñaba como director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Zapopan y tiene más de una década de relación profesional con el Gobernador.

El relevo en el Siapa constituye una señal política de alta relevancia. Con la destitución, Lemus Navarro reconoció la crisis institucional y presupuestal del organismo, lo que implica una admisión de fallo sistémico que trasciende a la persona removida.

Este cambio se debió a semanas de cobertura mediática intensa sobre el agua turbia, de movilización de colectivos ciudadanos que preparaban denuncias formales contra el organismo y de críticas de integrantes del Poder Legislativo.

Esto sugiere que la destitución fue una respuesta de gestión de crisis antes que una acción proactiva de reforma.

Al designar a un funcionario de su confianza, el Gobernador recupera el control directo sobre un organismo que ha demostrado ser un foco de tensión política y social. Esto puede facilitar la coordinación, pero también puede perpetuar las lógicas de designación discrecional que han debilitado al Siapa institucionalmente.

El nuevo director recibe el mandato de implementar un proyecto de reingeniería institucional que incluye ajustes administrativos, reducción de la nómina, combate a la corrupción y reconstrucción de la confianza ciudadana. Nada más, pero nada menos.

La crisis actual del agua no llegó de golpe ni tiene un solo culpable. No la provocó la sequía de años anteriores ni la gestión de un funcionario en particular. Es el resultado acumulado de décadas de ausencia de inversión en infraestructura, de un modelo de gobernanza que priorizó el acceso al agua para grandes usuarios por encima del derecho ciudadano, de prácticas clientelares que convirtieron al Siapa en un organismo disfuncional, así como de la incapacidad sistemática para articular obras viables.

El relevo en la dirección del Siapa es una respuesta políticamente necesaria. Pero es técnicamente insuficiente si no va acompañada de una reforma institucional de fondo. Nombrar a un funcionario de confianza directa del titular del Ejecutivo podría facilitar la coordinación de trabajos para enfrentar la crisis superlativa que enfrenta, aunque también podría reproducir las mismas lógicas de designación discrecional que debilitaron al organismo durante décadas.

El principal indicador de si la reingeniería es sustancial o cosmética será la capacidad del nuevo equipo directivo para construir un modelo de gestión transparente, con metas medibles y mecanismos de rendición de cuentas verificables por la ciudadanía y el Congreso del Estado.

La verdadera prueba de gobernabilidad para la administración de Pablo Lemus Navarro no será este relevo. Será su capacidad (o su incapacidad) para transformar al organismo operador del agua en algo que hoy no es: un organismo técnicamente competente, financieramente sostenible, institucionalmente transparente y socialmente legítimo.

Un organismo capaz de garantizar lo que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el derecho internacional ya reconocen desde hace años: el acceso universal al agua potable como derecho humano fundamental. Cambiar al director es el primer paso. Pero si ese paso no conduce a una reforma estructural real, en unos meses estaremos frente al mismo problema con un nombre diferente al frente.

Sobre el autor

José de Jesús Gómez Valle es analista político. Profesor Investigador en el CUCSH de la UdeG. Contacta: jose.gomezvalle@gmail.com y en X: @jgomezvalle.