Víctimas de robo en la vía pública y el transporte

De acuerdo con cifras oficiales, en los últimos tres años, cada día 215 personas fueron víctimas de robo en la vía pública y el transporte, 168 de los delitos se cometieron con violencia.

Son 215 ciudadanos que al día son despojados de sus pertenencias en la vía pública y en el transporte público e incluso en privado (taxis) entre 2015 a abril de 2018, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). 168 de estos, se llevaron a cabo con violencia.

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Como es bien sabido, la mayoría de las víctimas no denuncia por la pérdida de tiempo en el Ministerio Público (MP), los nulos resultados de las autoridades en materia de seguridad y la impunidad que prevalece. Por lo que los datos sí registrados podrían ser mínimos, en comparación con la cifra negra.

Cifras a la alza

Entre 2015 y 2016, el registro de robos se mantuvo: 73 mil 571 y 72 mil 347, respectivamente. Sin embargo, para 2017 aumentó 26.14%, con 91 mil 256. Para los primeros cuatro meses de este año va en la misma sintonía, con 24 mil 186. Del total de 261 mil 360 robos, se empleó la violencia en 205 mil 386.

Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), asegura que el aumento de estas cifras responde a la incapacidad de las autoridades de reaccionar, prevenir y perseguir los delitos.

 “Como no hay un adecuado trabajo para desarticular a las bandas de delincuentes, lo que acaba sucediendo es que los delitos quedan en impunidad. Y la impunidad es un caldo de cultivo para que se sigan cometiendo. Si hoy compras un arma ilegalmente, y adquirirla es muy fácil, puedes tranquilamente salir a la calle a delinquir y tienes una muy baja probabilidad de ser detenido y sancionado. Y eso es lo que produce un aumento en la violencia”, asevera.

Las fallas del sistema es otra causa, al no ser procesados adecuadamente, los infractores quedan en libertad por “la debilidad de las fiscalías, por ejemplo, los policías no se encuentran adecuadamente profesionalizados y el MP, sobre todo, no hace bien su trabajo”, señala Mauro Arturo Rivera, especialista en Derecho.

“¿Y qué pasa cuando no funciona bien el procedimiento? Si ven que no hay castigos asociados a la comisión de conductas delictivas, van a seguir delinquiendo; es un incentivo natural”, asegura.

Se han registrado en México 211 mil 574 robos a transeúnte en vía pública—174 al día—. Entre los estados que aguardan los cinco principales lugares están: la Ciudad de Méxcico, con 44 mil 989; el Estado de México, con 40 mil 429; Tabasco, con 27 mil 808; Baja California, con 19 mil 867, y Jalisco, con 10 mil 960.

Foto: internet

Fallas y consecuencias

Gracias al nuevo Sistema de Justicia Penal los infractores son liberados poco después de su detención, lo que permite la incidencia delictiva, aseguran políticos y representantes de organismos de la sociedad civil.

En México existe una cultura jurídica que durante mucho tiempo abusó de la prisión preventiva. Sin embargo, independientemente de que una persona esté o no en prisión preventiva, la sanción no es definitiva. Se limita al tiempo en que transcurre el proceso y con frecuencia las fallas de la fiscalía, la falta de pruebas, el uso de medios ilegítimos para obtener la evidencia, como tortura y coacción, es lo que determina que los acusados terminen saliendo libres. No la falta de esa prisión preventiva dentro del proceso, subraya Rivera, miembro del Sistema Nacional de Investigadores.

“En la Conferencia Nacional de Gobernadores se han pronunciado al respecto, sobre cómo el nuevo sistema fomenta la incidencia delictiva, pero en realidad no. El nuevo Sistema de Justicia Penal, el modelo acusatorio penal, no es otra cosa que una forma de procesamiento, una forma de llevar el juicio. No es un instrumento de prevención del delito, es la forma en la que juzgamos a las personas que ya han sido atrapadas. No incrementa per se los delitos”, explica. Entonces, la causa principal de incidencia delictiva es la impunidad de los ilícitos procesados, no la falta de medidas cautelares.

Aunque no hay evidencia de que el nuevo sistema opere en contra de la inseguridad, tampoco se puede asegurar que influya en el aumento de la incidencia delictiva, según el director del ONC.

Transporte público, terror de todos los días

A pesar de que el transporte público es un servicio indispensable para un número amplio de ciudadanos, hacer uso de este resulta estresante e inseguro, pues de los 42 mil 635 robos registrados en el país de 2015 a abril de 2018, se suscitaron 27 mil 324 en la entidad, es decir 22 por día. Lo secunda la Ciudad de México, con 9 mil 875; Querétaro, con mil 518; Puebla, con 988, y Morelos, con 901 robos.

La inseguridad en el transporte público individual también va en aumento. A nivel nacional, se han suscitado un total de 7 mil 151 robos entre 2015 y abril del presente año. Las cifras son 2 mil 182, en 2015; mil 696, en 2016; 2 mil 565 en 2017, y en este año, 708 robos.

Es mejor cargar un celular no tan económico o descompuesto y meterlo en el bolsillo del pantalón o la mochila. El “bueno”, ponerlo en vibrador o silencio entre el cinturón y la ropa interior. Lo mismo que una cartera, con un par de billetes para disimular. El poco efectivo, entre una revista o periódico. Las credenciales y tarjetas, en los bolsillos traseros o los calcetines; tácticas que emplean algunas personas para resultar lo menos afectados posible tras un asalto.

Foto: LaBandera

Para implementar

La respuesta de una policía capaz de efectuar acciones preventivas; lo mismo que una procuraduría que haga inteligencia para tomar decisiones, sería efectivo para combatir estos delitos, apunta Rivas.

“Paralelamente, se requiere una política de armas, que va desde la relación con Estados Unidos hasta en lo particular, del cómo vamos a mejorar la actuación de las aduanas, de la Policía Federal en las carreteras. Y cómo van a actuar los gobiernos locales, junto a la federación, para atacar la venta ilegal de armas. Si existieran esos elementos el robo disminuiría”, señala.

En nuestro país, la Procuraduría General de la República (PGR) aseguró en total 17 mil 717 armas de fuego de enero de 2015 al 1 de marzo de 2018, de acuerdo con datos obtenidos vía Transparencia por EL UNIVERSAL. Se incautaron 2 mil 996 (2 mil 31 armas cortas y 965 largas) en la Ciudad de México. Y el Estado de México, 994 (726 cortas y 268 largas).

“Seguir más de cerca qué hacen las fiscalías. Si están dando adecuada atención a los casos y ejercer verdaderas sanciones administrativas, respecto a algunos servidores públicos”, dice Rivera. Para incentivar la denuncia ante el MP, en primer término, se deben simplificar los trámites, precisa. Si no hay agilidad, no habrá denuncia y si no hay denuncia ni siquiera comienza el proceso penal en muchos casos. Una mayor actividad fiscalizadora, se requiere en segundo término.

Con información de El Universal  

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