Miles de personas marcharon para protestar por los cambios a la ley electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador que, según dicen, amenazan la democracia y podrían marcar un regreso al pasado.

Normalmente se cree que la plaza alberga a casi 100 milpersonas, pero muchos manifestantes que no cabían en la plaza se desparramaron por las calles cercanas.

Los manifestantes estaban vestidos en su mayoría de blanco y rosa, el color del Instituto Nacional Electoral, y gritaban consignas como «¡No toques mi voto!”.

Al igual que una marcha similar pero algo más grande el 13 de noviembre, los manifestantes parecían algo más ricos que los de la manifestación promedio.

Los cambios en la ley electoral llamaron la atención del gobierno estadounidense.

Brian A. Nichols, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, escribió en su cuenta de Twitter que “Hoy, en México, vemos un gran debate sobre reformas electorales que están poniendo a prueba la independencia de las instituciones electorales y judiciales”.

“Estados Unidos apoya instituciones electorales independientes y con buenos recursos que fortalecen los procesos democráticos y el estado de derecho”, escribió Nichols.

Las propuestas de López Obrador fueron aprobadas la semana pasada. Una vez promulgadas, reducirían los salarios, la financiación de las oficinas electorales locales y la capacitación de los ciudadanos que operan y supervisan los colegios electorales. También reducirían las sanciones para los candidatos que no informen los gastos de campaña.

El presidente de México niega que las reformas sean una amenaza para la democracia y dice que las críticas son elitistas, argumentando que el instituto gasta demasiado dinero. Dice que los fondos deben gastarse en los pobres.

Pero el manifestante Enrique Bastien, un veterinario de 64 años, dijo que con las reformas López Obrador “quiere volver al pasado” cuando “el gobierno controlaba las elecciones”.

“Era una vida sin independencia”, dijo Bastien, recordando las décadas de 1970 y 1980 cuando el Partido Revolucionario Institucional, o PRI, gobernaba México con fraude y limosnas.

Fernando Gutiérrez, de 55 años, un pequeño empresario, dijo que López Obrador quería llevar a México a un gobierno socialista. “Eso es obvio, por la ayuda que va a Cuba”, dijo Gutiérrez.

López Obrador ha importado vacunas contra el coronavirus, trabajadores médicos y balastos de piedra para ferrocarriles de Cuba, pero ha mostrado poco gusto por las políticas socialistas en casa.

Muchos otros manifestantes simplemente desconfiaban del tipo de conteo incorrecto de votos, el gasto excesivo de campaña y las tácticas de presión electoral que eran comunes en México antes de que se creara la agencia electoral independiente en la década de 1990.

López Obrador dijo el jueves que firmará los cambios en la ley, aunque espera impugnaciones judiciales. Muchos en la protesta del domingo expresaron su esperanza de que la Suprema Corte de Justicia de México anule algunos de los cambios, como lo han hecho los tribunales con otras iniciativas presidenciales.

Lorenzo Córdova, director del Instituto Nacional Electoral, ha dicho que las reformas “buscan eliminar a miles de personas que trabajan todos los días para garantizar elecciones confiables, algo que por supuesto representará un riesgo para futuras elecciones”.

López Obrador se ha mostrado indiferente ante los desafíos judiciales y dijo el jueves que creía que los cambios se mantendrían porque ninguno estaba “fuera de la ley”.

Sin embargo, en el pasado ha atacado con frecuencia al poder judicial de México y afirmó que los jueces son parte de una conspiración conservadora contra su administración.

El estridente rechazo del presidente contra el poder judicial, así como contra las agencias reguladoras y de control, ha generado temores entre algunos de que esté tratando de reinstituir las prácticas del antiguo PRI, que torció las reglas para conservar la presidencia de México durante 70 años hasta su derrota en la elecciones de 2000.

Las elecciones en México son caras según los estándares internacionales, en parte porque casi todo el financiamiento legal de las campañas es, por ley, proporcionado por el gobierno. El instituto electoral también emite las tarjetas de identificación de votantes seguras, que son la forma de identificación más comúnmente aceptada en México, y supervisa las votaciones en los rincones remotos y, a menudo, peligrosos del país.

López Obrador sigue siendo muy popular en México, con índices de aprobación de alrededor del 60%. Si bien no puede postularse para la reelección, su partido Morena es el favorito en las elecciones nacionales del próximo año y la oposición está desorganizada.

Parte de su atractivo popular proviene de despotricar contra los burócratas gubernamentales bien pagados, y se ha enfadado por el hecho de que a algunos altos funcionarios electorales se les paga más que al presidente.

Nota y fotos AP

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