Rosa tiene días yendo al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) porque piensa que entre los cadáveres apilados en cajas de tráiler puede estar su hermana Wendy, de 20 años, y la busca ella sola porque su madre sigue devastada por la pérdida de su hija. En su visita del viernes 21 de septiembre coincide con una protesta de familias de desaparecidos de ocho estados que al igual que ella buscan si entre esos cadáveres está uno de los suyos. Rosa se acerca con unas madres a pedirles ayuda: no sabe dónde más buscar a Wendy porque una vidente le dijo que los hombres armados que se la llevaron de su casa en Colinas de Huentitán, la torturaron y mataron el mismo día, hace dos meses.  

—No, corazón, no puedes creer en eso, si los videntes supieran dónde están nuestros desaparecidos, ya sabríamos dónde están todos. No crean en eso, pensar que está en ese camión daña mucho a tu familia, tienen que seguir buscándola, acuérdate que esas personas lucran con nuestro dolor. Venimos (al Semefo) porque tenemos la responsabilidad de asegurarnos que no estén aquí, de descartar posibilidades, tú no dejes de buscarla viva— responde Sonia que tiene un hijo desaparecido.

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Rosa se agarra de la reja, ladea su cabeza e insiste que la vidente no les cobró y que el hijo de Wendy, de seis años, repite “mi mamá ya se murió”, como si presintiera algo. Las dos madres del colectivo Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco (FUNDEJ) le piden su teléfono para tratar de ayudarla, ella no tiene celular pero les da el contacto de su mamá.     

El día que se llevaron a Wendy, Rosa salió a buscar trabajo, dejó en casa a sus dos hijos, a su sobrino y a su hermana que padece esquizofrenia. El niño de Rosa le daba de comer a su tía cuando se metieron hombres armados, se la llevaron arrastrando, a gritos; los niños se escondieron debajo de todas las cobijas que encontraron. Ellos son los únicos testigos. Los vecinos prefirieron callar. 

En la misma reja donde Rosa posa su cabeza, cuelgan pancartas de desaparecidos y cartulinas escritas a mano por los familiares de desaparecidos: “No soy basura, tengo nombre”, “No son basura, son nuestros hijos”.

 La segunda semana de septiembre comenzó a circular en las redes sociales la imagen de un camión con cadáveres atascado detrás de una zona habitacional y videos de vecinos inconformes.  El gobierno de Jalisco aclaró que eran los cuerpos no identificados bajo su resguardo, que no tenían refrigeradores ni panteones dónde colocarlos. El tráiler se rentó hace dos años, estuvo en el patio del IJCF, hasta el 31 de agosto pasado que se trasladó a una bodega en la colonia La Duraznera, en Tlaquepaque. Por quejas de los vecinos, la alcaldesa clausuró el sitio por falta de licencias.

El camión regresó el 14 de septiembre a la bodega de evidencias de la Fiscalía, pero no cabía, intentaron desoldar una viga, pero no pudieron porque llovía. El proveedor de La Duraznera les prestó otro predio en Tlajomulco, el camión se atascó y otra vez los vecinos se quejaron. El 15 de septiembre logran meterlo a la bodega de evidencias y el 17 de septiembre regresó al IJCF y ahí se filtró la última imagen del camión abierto, con cuerpos en bolsas de plástico, escurriendo sangre y líquidos, y un trabajador caminando sobre ellos.

Fotos: Paloma Robles y Alejandra Guillén.

Las familias de desaparecidos en México han visto cadáveres, fragmentos de restos óseos, fosas, conocen cientos de historias de terror, pero la noticia del tráiler es otra forma de torturarlos, porque pueden ver las dimensiones espaciales de 273 cuerpos apilados, porque ahí imaginan a los suyos, amontonados como “reses para carnicería”, aplastados, fracturados, maltratados.

Son cuerpos que —en los casos de muertes violentas— ya fueron rescatados de sus victimarios y el gobierno tiene la obligación de identificar y regresar a sus familias. Pero las autoridades jaliscienses prefirieron no resolver el problema del panteón forense.

El gobernador Aristóteles Sandoval declaró el 19 de septiembre pasado que no estaba enterado de la situación de los cuerpos, de su acumulación y su traslado. Su solución a la crisis fue destituir al titular del IJCF, Luis Octavio Cotero Bernal y al fiscal Raúl Sánchez Jiménez. Sin embargo, el Diario NTR publicó el 22 de septiembre pasado una minuta de la junta de gobierno del IJCF del 31 de mayo de este año, donde se aborda el problema de la saturación de cadáveres y que está firmada por la Secretaría General de Gobierno.

En Jalisco, de 1997 al 11 de junio de 2015, la autoridad forense incineró 2,754 cuerpos no identificados. Esta práctica tuvo que detenerse por la entrada en vigor del Nuevo Sistema de Justicia Penal y la Ley General de Víctimas que obligan la preservación de los cuerpos no identificados, y porque las familias de desaparecidos comenzaron a protestar.

El titular del IJCF en 2014, Marco Antonio Cuevas Contreras, declaraba desde ese año que ya planeaban construir un panteón forense en un terreno del municipio de Magdalena, pero se canceló porque, dijeron las autoridades, la población lo rechazó. De ahí buscaron en varios lugares, el último, en Tonalá, donde la justificación para no construirlo fue la misma: rechazo de los vecinos. Por todo lo anterior, es difícil que Aristóteles Sandoval no estuviera enterado.

Y aún así, el problema anterior al resguardo es por qué no se están identificando cientos de cadáveres. Por ello las familias de desaparecidos exigen: “si injustamente los llevaron, que dignamente los regresen”, que se traduce en clasificación, resguardo digno e identificación de los cuerpos.

Ni un identificado

Los adornos de la bandera mexicana que se deslizan por las columnas y ventanas del edificio de Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) de Jalisco para conmemorar los festejos patrios contrastan con un país que tiene miles de desaparecidos y la imagen de miles de ocho estados que protestan por la forma en que se trata a las personas no identificadas.

El viernes 21 de septiembre, familias de Nayarit, Sinaloa, Veracruz, Querétaro, Michoacán, Estado de México y Jalisco exigen ver los más de 300 cuerpos apilados en dos cajas de tráiler; el olor que emanan los cadáveres en descomposición hacen que muchos tengan que usar tapabocas.

Fidelina Benítez Hinojosa, de Tepic, se trasladó a Guadalajara porque desde que vio la imagen del camión no puede dormir por pensar que su hija Aimée Guadalupe Arellano Benítez pueda estar ahí, “vean cómo los están pisando, no se merecen eso, si fueran sus hijos no los tendrían así, ellos cobran un sueldo, no se vale que los tengan así, sabrá Dios cuántos más estén por ahí desaparecidos en fosas, pero no se me hace justo que a los que ya encontraron los tengan ahí en tráileres, las imágenes no engañan, exigimos las pruebas, que nos digan quiénes son. Yo sacaré a mi hija de donde esté, que nos digan el nombre de todos, porque tienen una familia que los busca y merecemos justicia, es lo que queremos”.

Viajaron hasta Guadalajara 

Entre los gritos de protesta se escuchaba la de Juan Antonio Vázquez, padre de Margarita Vázquez, una joven estilista de 23 años desaparecida en Querétaro hace seis años. Viajó a Guadalajara porque le parece una aberración el tráiler con cadáveres, “me recuerda a los campos de concentración”.  En su colectivo luchan contra la indolencia de las autoridades de Querétaro que no reconocen desaparecidos ni fosas en la entidad.

Cerca de medio día, representantes de cada colectivo pasaron a una mesa de diálogo con autoridades estatales y federales; el gobierno estatal aprovechó las diferencias personales para sacar de la reunión a representantes de dos colectivos de Jalisco, abonando a su estrategia de dividir para debilitar la lucha de todas las familias.

De cinco en cinco

Las familias comenzaron a hacer fila en pequeños grupos para pasar a ver si entre los cuerpos no identificados del IJCF podía estar alguno de los desaparecidos. Ahí les dijeron que tenían 444 cuerpos sin fichas para la identificación, 362 con las fichas completas y 344 expedientes de cuerpos incinerados (cifra dudosa considerando que en 18 años cremaron casi tres mil cuerpos). De cualquier manera, las autoridades de Jalisco difieren en las cifras cada que declaran, quitan y ponen cuerpos como si se tratara de objetos.

Berenice Tapia, del Colectivo Familiares Unidos por Nayarit, busca a su padre desde septiembre de 2017. Fue de las primeras en pasar. Salió desconcertada porque no pudo ver fotos, prendas o registros relacionados con los cuerpos. Berenice describió a su papá sin los dos dientes delanteros. La mujer que la atendió le dijo que no apareció ninguna coincidencia, y Berenice piensa que no es suficiente para buscar: “Yo no sé en qué estado dejaron a mi papá, yo solo sé que le faltaban dos dientes, pero si tiene otros rasgos que ahora yo no sé, o si lo clasificaron mal y por eso no aparece”.
Ella es madre de dos hijos, sonríe con vergüenza al decir que a veces los descuida por buscar todos los días a su papá. Lo hace sola:

“No me importa quedar bien con ellos [su familia]. Si ellos no lo quieren hacer, yo no los voy a obligar ¿verdad? A cada quien le nace hacer lo que quiere. Obviamente es mi papá y ni modo de dejarlo ahí en el olvido (…) ahorita mi esperanza de que esté con vida es muy remota, yo siento que no, pero al menos quiero encontrarlo, sepultarlo y saber dónde quedó. No es posible que nunca vaya a saber nada”.

La madrugada del  7 de septiembre

La madrugada del 7 de septiembre de 2017 un comando ingresó con un marro a la casa de su papá, derribaron la puerta y se lo llevaron a rastras según el testimonio de su pareja y vecinos, que vieron cómo lo montaban en una camioneta blanca de la Fiscalía de Nayarit; sin embargo, el delito no quedó tipificado como desaparición forzada.

“A mi papá le gustaba consumir drogas”, dice Berenice sin empacho al explicar que atribuye su desaparición a la disputa territorial entre grupos delictivos, después de la detención del ex fiscal de Nayarit, Edgar Veytia, en Estados Unidos  en marzo de 2017, señalado por vínculos con grupos del narcotráfico. “En ese tiempo se habló mucho de que estaban levantando vendedores, consumidores, de todo parejo. Porque, por ejemplo, si había dos cárteles y se estaban disputando y mi papá le compraba al que no debía de comprarle (…) estaban levantando parejo: consumidores, vendedores, de todo. Yo me imagino que eso fue”, intuye Berenice.

Exhumaciones sin protocolo

Berenice dejó de buscar en la fiscalía de Nayarit, también en Ciencias forenses, por que cada vez que iba las autoridades nayaritas le negaban el acceso a ver los cuerpos y no agilizaban ninguna investigación. Por eso decidió unirse a las brigadas de búsqueda en su estado que desde enero de 2018 han encontrado cinco fosas con alrededor de 60 cuerpos de los que sólo 5 han sido identificados y entregados a sus familiares.
“Los esconden en los cañaverales, en terrenos lejos de todo”, comenta la joven al recordar cómo fue que caminó la primera vez  durante casi cuatro horas buscando entre cañas, preguntándole a los dueños de parcelas si habían visto algo. Ése día encontraron algunas partes de cuerpos, luego llamaron a las autoridades. Tardaron casi 6 horas en llegar, ya era de noche, sacaron 9 cuerpos a jalones.

“Era un total desastre. Todavía no salían bien los cuerpos y los jalaban y un cuerpo en ese estado pues se desprende; hicieron un cochinero la verdad.  A raíz de esa fosa encontramos otra a 100 metros. En una fosa había 18 cuerpos y en otra 6 cuerpos (… ) Ése trabajo de exhumación también lo realizó la Fiscalía pero fue un total desastre, sacaron puras partes, revolvieron todo, por eso a la fecha no se han identificado esos cuerpos”.

De la búsqueda en campo pasan a la identificación y ese es un proceso más largo.

Las primeras pruebas de ADN

De las primeras pruebas de ADN que aplicó la Fiscalía, no hubo ningún avance. Las segundas quedaron a cargo de la Policía Federal y siguen a la espera de sus resultados. Pero esperar se ha vuelto un deporte de largo aliento, a Berenice le angustia el tiempo, le gustaría que las pruebas de ADN ya estuvieran listas y su confronta se hiciera en semanas y no meses.

Hace cálculo y cree que en el fondo el olvido de los desaparecidos viene por el tiempo que tardan en identificarlos: “Nos desesperamos por que hay que sumar el tiempo en que los encontramos y luego del tiempo que ya tenían entregados, y eso es ya mucho tiempo. ¿Hasta cuándo van a llegar las resultados? Faltan muchos. Pero no podemos hacer nada, esperar nada más, esperar y esperar”.

En el Colectivo Familiares Unidos por Nayarit la mayoría de las que buscan son mujeres. Hace poco hicieron una rifa y cooperaron para comprar una camionetita que sirve para moverse en sus traslados, también aportan para comprar material y herramientas para sus búsquedas en campo. “Se supone que está una institución como la CEAV (Comisión Estatal de Atención a Víctimas) y ya está el comisionado, pero todavía no hace nada, todo se quedó en nombramiento, nosotros seguimos por nuestra cuenta, no vamos a esperar”.

A revisión, forenses de todo el país

La protesta concluyó el mismo viernes sin lograr la identificación de ninguna persona y sin que las familias pudieran ver los cuerpos apilados en las cajas de camiones. El gobierno de Jalisco se comprometió a crear la Comisión para el Acompañamiento y Observación del Proceso de Identificación, que tiene como finalidad dar nombre a cada cuerpo y que regresen dignamente a su hogar. Ante lo ocurrido en Jalisco, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas anunció que harán un diagnóstico de los servicios forenses en otros estados, muchos de ellos con menor presupuesto, equipo y autonomía que el de Jalisco.

Por ahora ningún cuerpo ha regresado a casa, los perfiles genéticos de los familiares no pueden cotejarse con los de los cadáveres a menos que lo solicite un agente del Ministerio Público, todo sigue en promesas de funcionarios y sin estrategias para detener las desapariciones.

Periodismo     Con Seguridad      Desaparecidos en México