Séptima de nueve entregas

Verónica Espinosa y Hazel Zamo ra*

SAN LUIS POTOSÍ.- La muerte de Karla Pontigo Lucciotto, de 22 años, estudiante de Nutrición y edecán en la discoteca Play en la capital del estado, estremeció primero e indignó después a la sociedad potosina, cuando su familia develó las sospechas de que lo que inicialmente fue consignado por la Procuraduría de Justicia como un “homicidio accidental” en realidad se trató de un feminicidio.

Karla, integrante de una familia trabajadora –su madre es empleada de una maquiladora y su hermano mayor trabajaba también para mantener sus estudios- murió a fines de octubre del 2012 en el Hospital central de San Luis, al que llegó con múltiples heridas y golpes en el cuerpo y una de sus piernas casi cercenada, además de indicios de una agresión sexual.

La primera versión asentada en el expediente del Ministerio Público –al que durante mucho tiempo no pudo acceder la familia hasta que interpuso un amparo- señalaba que Karla había chocado accidentalmente con una puerta de cristal de la discoteca en la que trabajaba y se había herido la pierna.

Pero tras una lucha que ha llevado cinco años por parte de su familia y de los abogados que la respaldan (de la Fundación para la justicia y el Estado democrático de Derecho) y que ha llevado la búsqueda de justicia hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se sabe que la joven es una de las 55 mujeres asesinadas ese año 2012 en el estado, presuntamente por Jorge Vasilakos, el dueño de la discoteca, quien para las autoridades locales es indiciado por homicidio culposo.

Entre ese año 2012 y el 2015 fueron asesinadas 169 mujeres en San Luis, según lo registrado en el Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS). Karla figura en el segundo grupo de edad con mayor riesgo, entre los 18 y los 25 años. Son las mujeres entre los 26 y los 40 años las víctimas mortales en mayor número.

A partir del 2012 se ha modificado el patrón del lugar donde son asesinadas la mayoría de las mujeres (hogar y vía pública). Mientras que ese año era la vía pública el sitio más común en el que se cometían estos crímenes, en el transcurso de los años y al menos hasta el 2015, el hogar se fue convirtiendo en el escenario de los asesinatos.

Aunque Karla aparece entre el 5 por ciento de las mujeres cuyos homicidios se cometieron en comercios o establecimientos, como pasó la madrugada del domingo 28 de octubre, cuando su hermano, preocupado porque no salía de trabajar de la discoteca, entró al lugar y la encontró en el piso, desangrándose y pidiendo ayuda, antes de quedar inconsciente.

Un 10 por ciento de las mujeres que entre 2012 y 2015 fueron asesinadas en San Luis reportaron o sufrieron violencia familiar previamente. En el caso de Karla, testimonios de compañeros de trabajo, amigos y familiares refieren que el dueño de la discoteca la acosó desde que comenzó a laborar, que la vigilaba en otras actividades que ella realizaba y que un día le robó el teléfono celular.

Tras su violenta muerte –así lo atestiguan las casi 40 lesiones que le fueron encontradas, incluyendo heridas defensivas características de un ataque sexual- Karla siguió siendo violentada por el sistema de procuración de justicia del estado, según han denunciado su familia y los abogados: el Ministerio Público acudió hasta casi dos días después a la discoteca, donde encontró todo el lugar impecable porque ya el propietario había ordenado que lo limpiaran, así que no hubo preservación de la escena.

Eso sí, el Ministerio Público acudió al hospital mientras Karla agonizaba, para presionar a su mamá Lucero a que autorizara la donación de sus órganos y cremara sus restos, y encima de todo, la misma autoridad investigadora extravió pruebas como una muestra tomada del cuerpo de Karla que hacía suponer un ataque sexual.

El 4 de julio de 2015 la Corte atrajo el caso para revisar si el Ministerio Público investigó de manera diligente y con perspectiva de género el homicidio de esta joven estudiante universitaria, un rango de escolaridad al que pertenecían casi el 8 por ciento de las mujeres que fueron asesinadas en sus casas en el periodo ya multicitado.

Pero son las mujeres con secundaria completa las que corren mayor riesgo de morir asesinadas, lo mismo en sus hogares (el 12.6 por ciento de los homicidios) que en la vía pública (el 17.9 por ciento). Un 20 por ciento de quienes fueron asesinadas en sus hogares no tenía empleo, mientras que un 23.2 por ciento de las víctimas de homicidio en la vía pública se dedicaban a servicios de vigilancia o personales.

Karla era soltera, como la mayor parte de las mujeres víctimas de homicidio en San Luis (47.7 por ciento de quienes fueron agredidas en la vía pública y 40 por ciento de quienes lo fueron dentro de sus hogares).

En San Luis, la familia de Karla Pontigo ha denunciado que el gobernador Juan Manuel Carreras López no ha acatado una recomendación que la Comisión Nacional de Derechos Humanos hizo para reparar el daño causado por la abultada lista de anomalías en la investigación de su muerte; para investigar a los funcionarios que han intervenido y en su caso, fincar responsabilidades.

La misma CNDH interpuso denuncias penales en contra de cuatro agentes del Ministerio Público, tres peritos y un médico forense, que están allí, en manos de la misma  Procuraduría de Justicia, ahora Fiscalía General del estado –con el mismo ex procurador Federico Garza como Fiscal general-.

Mientras siguen esperando, Lucero, mamá de Karla, tuvo que incrementar las horas de trabajo; su hermano mayor dejó de estudiar para apoyarla, y su hermanito pequeño se quedó sin la hermana que lo acompañaba y sufragaba parte de sus gastos.

Por ello, como la familia de Karla, los allegados de otras víctimas esperan que la Suprema Corte de Justicia de la Nación revise el proceso llevado por las autoridades estatales y determine que su muerte fue un feminicidio, el tipo penal bajo el cual, según en un momento lo determinó la propia Corte, deberían de ser investigados, en primera instancia, todos los asesinatos de mujeres en el país.

* Reportaje colaborativo coordinado y elaborado por periodistas de la Red Nacional de Periodistas de Chiapas, Jalisco, Ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí, Tamaulipas y Tlaxcala.