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Opinión

A dos décadas de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Publicada

opinión Luis Sánchez Pérez

De acuerdo con el Ranking Global del Derecho a la Información (The Right to Information Rating) publicado por las organizaciones Access Info Europe y The Centro of Law and Democracy, México ocupa el segundo lugar gracias a su legislación vigente en materia de acceso a la información.

Esto es reflejo de la importancia que la transparencia y la rendición de cuentas han adquirido en las últimas décadas dentro de los regímenes democráticos, haciendo que las decisiones gubernamentales y administrativas estén al alcance de la ciudadanía, de forma accesible y clara.

Dentro de la vida pública, la transparencia es tan solo una parte de la rendición de cuentas, no basta con que la información esté expuesta de manera pública, sino que detrás hay toda una metodología que busca acercar, evaluar y sancionar en caso de que sea necesario, el manejo de los recursos públicos y las acciones que se llevan a cabo dentro de las instituciones que rigen el aparato estatal.

Hace unos días, se cumplieron 20 años de la entrada en vigor de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dicho proyecto de ley se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el 11 de junio de 2002, y entró en vigor el día 12 del mismo mes, la Ley de Transparencia vino a complementar al artículo sexto de la Constitución, referente al derecho a la información, generando el escenario actual, donde los ciudadanos podemos solicitar a los tres órdenes de gobierno (federal, estatal, municipal), al Poder Legislativo, Judicial y Legislativo, entre otros sujetos obligados, información, datos y documentos que han sido pagados con dinero del erario público.

Al igual que otros momentos históricos de cambio social y político, esta ley tuvo origen en una coyuntura similar, cuando un grupo heterogéneo de periodistas y académicos, que aprovechando la alternancia en el poder con la llegada de Vicente Fox, pugnaron por una ley de acceso a la información, que reglamentara el artículo sexto constitucional, y hacer válido el acceso a la información pública.

Un año después, en 2003, entró en funciones Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) a través del cual, las personas podían ejercer su derecho de acceso a la información, mediante solicitudes formales dirigidas a las dependencias públicas, posteriormente en 2007, se publicó un decreto mediante el cual se adiciona un segundo párrafo con 7 fracciones al Artículo 6º constitucional que establecen al acceso a la información pública como un derecho fundamental de los mexicanos.

Finalmente en 2014, se generaron nuevas reformas a dicho artículo constitucional, que entre las principales acciones, destacan la transformación del  Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) al dotarlo de autonomía constitucional, así como a los órganos existentes en las entidades federativas, formando un nuevo entramado institucional en materia de transparencia y acceso a la información.

A 20 años de este histórico suceso que unió a distintos sectores y partidos de la sociedad, en aras del proceso democrático que estaba ocurriendo en el País, hoy podemos decir que lamentablemente, la transparencia en México está en riesgo; por un lado, amenazada por el Gobierno Federal que quiere desaparecer el INAI y por gobiernos estatales que persiguen a quienes defienden el derecho a la información, principalmente periodistas y activistas por los derechos humanos, por lo que es importante, no dejar de cuestionar y solicitar información a través de las vías institucionales que se han creado, gracias a las luchas sociales a lo largo de estas décadas.

Sin importar el color del partido que esté en el poder, como ciudadanos tenemos el derecho de saber qué está ocurriendo dentro de las instituciones, a dónde van nuestros impuestos, qué acciones y programas públicos se están llevando a cabo y cuánto están costando, entre tantas otras preguntas, sobre las que el gobierno y las dependencias tienen la obligación de compartir dicha información.

En una administración, donde los macroproyectos son el pilar del gobierno en turno y que algunos, son muy cuestionables debido a la opacidad o delicadeza del tema, como el Tren Maya, Dos Bocas, AIFA, por mencionar solo algunos, es indispensable que hagamos valer estos instrumentos y marco jurídico que está a la altura de los primeros países del mundo, y sobre todo bajo la premisa de que aquello que no se puede evaluar, no se puede mejorar, por lo tanto, si la legislación actual, no permite el escrutinio de los proyectos vigentes o el actuar gubernamental, así como ha venido ocurriendo, habrá que reformarse y proponer nuevos y mejores mecanismos para seguir evaluando y mejorando la administración pública, siempre en aras de una mejor vida democrática.

Nos leemos la siguiente semana con mejores noticias y recuerda luchar, luchar siempre, pero siempre luchar, desde espacios más informados, que construyen realidades menos desiguales y pacíficas.

 

 

Sobre el autor
Luis Sánchez Pérez es doctorante y maestro en Políticas y Seguridad Públicas en IEXE Universidad, abogado por la Universidad de Guadalajara. Profesor de asignatura en la Universidad de Guadalajara y en la Universidad Enrique Díaz de León. Investigador de medios de comunicación y participación ciudadana en el Laboratorio de Innovación Democrática. Colaborador semanal en Milenio, El Occidental y El Semanario.

 

 

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Opinión

Ojo, así se roban tus datos personales

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Columna de Ana Olvera sobre el robo de datos personales

Estimado lector, para mí es un privilegio volver a escribir estas líneas luego de una muy larga ausencia. Sin embargo volveremos a encontrarnos en esta columna cada quincena, analizando los temas de actualidad relacionados con la protección de nuestros datos personales y la privacidad que acontecen tanto en nuestro País como en el mundo.

Evidentemente no podemos dejar de comentar lo sucedido en días pasados en Guadalajara, donde existía -y seguramente siguen existiendo- un call center debidamente instalado para llevar a  cabo extorsiones que se extendían no solo al resto de Jalisco, sino hasta a otros veinte estados más de nuestra República, afectando a más de 26 mil personas con llamadas fraudulentas y extorsiones.

Afortunadamente se desmanteló y según declaraciones oficiales se están realizando colaboraciones con instituciones de las demás entidades afectadas, para descubrir a todas las víctimas y por supuesto, invitarlas a denunciar, lo que resulta en una tarea titánica para las autoridades; pero al parecer no lo fue para aquellos cuyo modus vivendi consistía en realizar este tipo de nada honrosas actividades.

Datos personales de los afectados

En ese sentido caben muchas reflexiones, pero la primera es preguntarnos de dónde obtenían la materia prima, es decir, los datos personales de aquellos afectados. Aunque las respuestas pueden variar, quiero que centremos nuestra atención en dos fuentes principales.

La primera y la originaria por excelencia siempre seremos, desafortunadamente, Usted y yo, querido lector. Es decir, nosotros como titulares, dueños de esos datos personales que elegimos, muchas veces sin pararnos a reflexionar en ello, a quién, cómo y para qué le compartimos esta importantísima información.

Y digo que muchas veces sin reflexionarlo lo suficiente, porque participamos a otras personas de manera voluntaria, para poder obtener un bien o servicio; para pedir nuestros alimentos cuando no tenemos tiempo de prepararlos en casa; al inscribirnos a un curso o a nuestros hijos a la escuela, por citar ejemplos cotidianos. Pero también lo hacemos de manera involuntaria, por ejemplo cuando descargamos aplicaciones en nuestro teléfono inteligente o tableta y compartimos datos que no son necesarios; cuando somos poco discretos en una conversación o bien, ¿cuántas veces no hemos tirado a la basura documentación que contiene nuestro nombre u otros datos más sensibles, como nuestra CLABE interbancaria? Seguramente, muchas veces.

Ignoramos el valor de nuestros datos

La segunda causa de obtención de esta información es por medio de aquellos que manejan datos personales, es decir, los responsables si son particulares, o bien los sujetos obligados de orden público. Según me ha tocado atestiguar, parece que cuando la información no nos pertenece, dejamos de tener cuidado en su manejo. Se despersonaliza y solo vemos números, estadísticas, pero olvidamos que detrás de esas cifras, direcciones o palabras, se encuentra una persona que puede verse perjudicada por nuestro descuido de custodia de la información durante el ciclo de vida de los datos personales.

En fin, aunque difícilmente sabremos cómo se obtuvo esa información, es una realidad que decenas de miles de personas se vieron seriamente perjudicadas no solo en su patrimonio, sino muy seguramente hasta en su tranquilidad diaria, por este tipo de acciones ilegales. La invitación es a que le demos la importancia debida a esta información que es tan importante. La que nada más y nada menos, nos hace únicos y nos permite interactuar con el resto de quienes nos rodean. Si tenemos conciencia de la importancia de nuestros datos personales, seguramente nos daremos cuenta de la relevancia que también tiene la información relativa a otras personas. 

La tarea primordial

En un entorno tan cambiante como el que vive nuestro mundo y especialmente, nuestro Estado de Derecho, la tarea primordial con la que contamos es velar porque nuestros derechos a la protección de datos personales y la privacidad no sean violentados y es más, que puedan ser garantizados, sobre todo ante la inminente desaparición de los Órganos Garantes en la materia, de lo que hablaremos en nuestra próxima entrega.

Sobre la autora

Ana Olvera es profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, con intereses en privacidad, bioética y neuroderechos.

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La extinción de los institutos de transparencia: ¿falta de empatía o indiferencia?

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A veces, hablar de datos personales, de su protección y nuestra privacidad, resulta sumamente abstracto. Aunque incluso trabajemos con ellos, pensemos en la recepcionista de un consultorio médico o el propio profesional de la salud. O en la persona a la que le pedimos la pizza o la comida que consumiremos en ese momento.

Ahora pensemos en las veces que entramos a ciertas redes sociales, como X, Facebook o LinkedIn y encontramos explicaciones acerca de lo importante que es proteger nuestros datos personales, o bien, explicaciones de las resoluciones (que a veces se adjuntan completas) y que más bien, parecen para un público un poco más especializado, que tal vez no seremos nosotros -que solo buscamos un momento de distracción-. En no pocas ocasiones, este tipo de situaciones pasan desapercibidas hasta que somos víctimas de robo de identidad, alguna extorsión o una estafa.

En este sentido cabe preguntarnos al menos dos cosas. La primera, la razón por la que optamos por la indiferencia ante la violación de la privacidad, que se arraiga en una compleja red de factores. La omnipresencia de la tecnología ha normalizado la vigilancia, desensibilizando a muchos ante la vulneración de sus datos personales. La complejidad de las políticas de privacidad y los algoritmos opacos genera una sensación de impotencia, alimentando la resignación. Además, la gratificación inmediata de los servicios digitales y la falta de consecuencias tangibles de la pérdida de privacidad fomentan una actitud apática e incluso, indolente. A esto se suma la polarización social, que fragmenta la empatía y dificulta la acción colectiva en defensa de un derecho fundamental.

La falta de involucramiento nos aísla de nuestra comunidad. Nos desconectamos de los problemas que nos afectan a todos, como la pobreza, la desigualdad, la violencia, la inseguridad y el cambio climático. Nos volvemos indiferentes al sufrimiento de los demás, perdiendo nuestra capacidad de empatía y solidaridad.

Pero la segunda es igualmente preocupante. ¿Qué pasó con el trabajo de los organismos garantes? ¿Fue acaso incapacidad de transmitir e incluso educar al pueblo mexicano? ¿De “conectar”, empatizar? Por que los festivales, las fotos, los congresos o simposios, salvo muy honrosas excepciones, siempre iban dirigidos a cualquier público distinto a lo que han dado por llamar “el ciudadano de a pie”. O como dirían los políticos en este momento histórico, “el pueblo bueno”, ese que difícilmente, con la pobre comunicación de los “expertos” y además con pocos recursos a la mano, comprendió la importancia de un andamiaje institucional como el que logró crearse en materia de transparencia y protección de datos personales. Tal vez eso explique la indiferencia en su defensa.

No cabe duda que asistimos y en gran mayoría, las y los mexicanos solo estamos meramente atestiguando los cambios estructurales que nuestro país esta viviendo. En ese sentido, claro que vivimos una transformación. No sé cuál. Pero bien haríamos en hacer a un lado esa indiferencia, para al menos intentar entender cómo afectarán al ejercicio y garantía de nuestros derechos fundamentales.

No involucrarse en la vida del país también tiene un costo personal. Cuando nos alejamos de los asuntos públicos, renunciamos a nuestro derecho a ser escuchados y a contribuir al bienestar de nuestra sociedad. Nos convertimos en meros espectadores de nuestro propio destino, sin voz ni voto. En un mundo cada vez más interconectado, los problemas que enfrentamos son complejos y requieren soluciones colectivas. La participación ciudadana es esencial para construir un futuro más justo, próspero y sostenible para todos. No podemos permitirnos el lujo de la indiferencia.

Es hora de despertar de la apatía y asumir nuestra responsabilidad como mexicanos. Involucrémonos en los asuntos públicos, hagamos oír nuestra voz, exijamos transparencia y rendición de cuentas. Solo así podremos construir el país que queremos y merecemos.

Sobre la autora

Ana Olvera es profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, con intereses en privacidad, bioética y neuroderechos.
 

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