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Opinión

Cárteles mexicanos ¿terroristas?

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Luis Sánchez Pérez

Todo comenzó el pasado viernes 3 de marzo, cuando en redes sociales comenzaron a circular diversos videos, donde se observaba a un grupo de hombres armados que cargaban cuerpos de personas inconscientes, tras una balacera en las calles de Matamoros. En uno de los videos, se puede observar a una mujer, aparentemente afroamericana, que también es obligada a subir a la camioneta donde se llevaron al resto de las personas. La noche del domingo 5 de marzo, el FBI emitió un comunicado donde informaba que 4 ciudadanos estadounidenses habían sido secuestrados durante su visita a Matamoros, Tamaulipas, tras haber cruzado por la frontera de Brownsville en una camioneta blanca, la cual fue atacada a tiros por el grupo armado, para posteriormente llevarse a 4 de sus tripulantes. Después de una serie de tensiones bilaterales entre México y EU, el martes 7 de marzo, se informó que las autoridades mexicanas habían encontrado a los 4 estadounidenses raptados, dos vivos y dos muertos, en una cabaña a las afueras de Matamoros. Además se sabe que una mujer mexicana de nombre Arely Pablo de 33 años, falleció por una bala perdida durante la agresión.

Un día después, un grupo de senadores estadounidenses pertenecientes al Partido Republicano, anunciaron que presentarán en la Cámara de Representantes, un proyecto de ley que promueve declarar a los cárteles del narcotráfico en México como organizaciones terroristas extranjeras, lo que facultaría al Ejército de EE.UU para intervenir y combatir a los grupos del narco, incluso en territorio mexicano. Según su listado, los cárteles que buscan registrar como grupos terroristas son: el de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación (CJNG), el del Golfo, los Zetas, del Noreste, de Juárez, de Tijuana, el de los Beltrán Leyva y la Familia Michoacana.

Ante estos hechos, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, arremetió contra los republicanos, llamándoles “mequetrefes e intervencionistas”, además de afirmar que defenderá la soberanía de México, por lo que el canciller de nuestro país, Marcelo Ebrard, viajó el pasado 14 de marzo a Washington para tener una reunión con los 50 cónsules mexicanos en Estados Unidos para dialogar sobre la situación y exponer la estrategia en materia de seguridad que ha tenido el gobierno mexicano, en torno al tráfico de drogas, especialmente de fentanilo, una de las principales preocupaciones que tiene el gobierno estadounidense. Por su parte, la Casa Blanca afirmó que no tienen la intención de incluir a los cárteles mexicanos dentro de la categoría de grupos terroristas.

Este debate no es algo nuevo en la agenda política de Estados Unidos, cabe recordar que en 2019 el expresidente republicano, Donald Trump, pidió que el cártel de Sinaloa, CJNG, de Tijuana, de Juárez y Los Zetas dejen de designarse como organizaciones criminales para tener la categoría de «grupos terroristas». Por lo tanto, podemos afirmar que el trasfondo es electoral, ya que en 2024 hay elecciones presidenciales en Estados Unidos, además de la elección de senadores, por lo que el Partido Republicano busca posicionar los temas que han sido el lastre del gobierno de Biden, como seguridad, economía, migración y violencia, para asegurar votos a través del discurso conservador y nacionalista.

¿Los cárteles pueden ser terroristas?

Los cárteles no pueden ser considerados terroristas porque no tienen una agenda política, ni buscan el cambio de un régimen o el derrocamiento de un gobierno.

A diferencia de Al-Qaeda, Hamás, Hezbolá, ETA, el ELC o alguna de las organizaciones pertenecientes a la lista de grupos terroristas a nivel internacional, los cárteles mexicanos operan desde el pragmatismo, buscando maximizar sus ganancias, ya sea en territorio, económicas, políticas, sociales y demás, no enfocados hacia un objetivo marcado por una ideología de corte político, social o religioso. Esa es la gran diferencia, por ello, la presencia a nivel mundial que tienen grupos como el Cártel de Sinaloa o el CJNG, es tan grande, ya que han negociado, pactado y generado alianzas con todo grupo o institución, cuyo único interés sea el dinero.

Por otro lado, la cuestión semántica alrededor de lo que significa considerarlos como grupos terroristas, sería un cambio simplemente de forma y no de fondo, ya que el problema de la producción, tráfico y consumo de fentanilo y otras drogas ilegales en Estados Unidos, es un tema arraigado desde hace décadas, en el que el país norteamericano no está asumiendo el problema de salud pública que tiene, ni lo relacionado con el tráfico de armas, lavado de dinero y estructura criminal que sostiene a la existente en México. La solución requiere cooperación bilateral y no intervencionismo, porque ejemplos tenemos de sobra en los que EE.UU ha participado, y no terminan nada bien…

 

 

Sobre el autor
Luis Sánchez Pérez es doctorante y maestro en Políticas y Seguridad Públicas en IEXE Universidad, abogado por la Universidad de Guadalajara. Profesor de asignatura en la Universidad de Guadalajara y en la Universidad Enrique Díaz de León. Investigador de medios de comunicación y participación ciudadana en el Laboratorio de Innovación Democrática. Colaborador semanal en Milenio, El Occidental y El Semanario.

 

 

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Opinión

Ojo, así se roban tus datos personales

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Columna de Ana Olvera sobre el robo de datos personales

Estimado lector, para mí es un privilegio volver a escribir estas líneas luego de una muy larga ausencia. Sin embargo volveremos a encontrarnos en esta columna cada quincena, analizando los temas de actualidad relacionados con la protección de nuestros datos personales y la privacidad que acontecen tanto en nuestro País como en el mundo.

Evidentemente no podemos dejar de comentar lo sucedido en días pasados en Guadalajara, donde existía -y seguramente siguen existiendo- un call center debidamente instalado para llevar a  cabo extorsiones que se extendían no solo al resto de Jalisco, sino hasta a otros veinte estados más de nuestra República, afectando a más de 26 mil personas con llamadas fraudulentas y extorsiones.

Afortunadamente se desmanteló y según declaraciones oficiales se están realizando colaboraciones con instituciones de las demás entidades afectadas, para descubrir a todas las víctimas y por supuesto, invitarlas a denunciar, lo que resulta en una tarea titánica para las autoridades; pero al parecer no lo fue para aquellos cuyo modus vivendi consistía en realizar este tipo de nada honrosas actividades.

Datos personales de los afectados

En ese sentido caben muchas reflexiones, pero la primera es preguntarnos de dónde obtenían la materia prima, es decir, los datos personales de aquellos afectados. Aunque las respuestas pueden variar, quiero que centremos nuestra atención en dos fuentes principales.

La primera y la originaria por excelencia siempre seremos, desafortunadamente, Usted y yo, querido lector. Es decir, nosotros como titulares, dueños de esos datos personales que elegimos, muchas veces sin pararnos a reflexionar en ello, a quién, cómo y para qué le compartimos esta importantísima información.

Y digo que muchas veces sin reflexionarlo lo suficiente, porque participamos a otras personas de manera voluntaria, para poder obtener un bien o servicio; para pedir nuestros alimentos cuando no tenemos tiempo de prepararlos en casa; al inscribirnos a un curso o a nuestros hijos a la escuela, por citar ejemplos cotidianos. Pero también lo hacemos de manera involuntaria, por ejemplo cuando descargamos aplicaciones en nuestro teléfono inteligente o tableta y compartimos datos que no son necesarios; cuando somos poco discretos en una conversación o bien, ¿cuántas veces no hemos tirado a la basura documentación que contiene nuestro nombre u otros datos más sensibles, como nuestra CLABE interbancaria? Seguramente, muchas veces.

Ignoramos el valor de nuestros datos

La segunda causa de obtención de esta información es por medio de aquellos que manejan datos personales, es decir, los responsables si son particulares, o bien los sujetos obligados de orden público. Según me ha tocado atestiguar, parece que cuando la información no nos pertenece, dejamos de tener cuidado en su manejo. Se despersonaliza y solo vemos números, estadísticas, pero olvidamos que detrás de esas cifras, direcciones o palabras, se encuentra una persona que puede verse perjudicada por nuestro descuido de custodia de la información durante el ciclo de vida de los datos personales.

En fin, aunque difícilmente sabremos cómo se obtuvo esa información, es una realidad que decenas de miles de personas se vieron seriamente perjudicadas no solo en su patrimonio, sino muy seguramente hasta en su tranquilidad diaria, por este tipo de acciones ilegales. La invitación es a que le demos la importancia debida a esta información que es tan importante. La que nada más y nada menos, nos hace únicos y nos permite interactuar con el resto de quienes nos rodean. Si tenemos conciencia de la importancia de nuestros datos personales, seguramente nos daremos cuenta de la relevancia que también tiene la información relativa a otras personas. 

La tarea primordial

En un entorno tan cambiante como el que vive nuestro mundo y especialmente, nuestro Estado de Derecho, la tarea primordial con la que contamos es velar porque nuestros derechos a la protección de datos personales y la privacidad no sean violentados y es más, que puedan ser garantizados, sobre todo ante la inminente desaparición de los Órganos Garantes en la materia, de lo que hablaremos en nuestra próxima entrega.

Sobre la autora

Ana Olvera es profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, con intereses en privacidad, bioética y neuroderechos.

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La extinción de los institutos de transparencia: ¿falta de empatía o indiferencia?

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A veces, hablar de datos personales, de su protección y nuestra privacidad, resulta sumamente abstracto. Aunque incluso trabajemos con ellos, pensemos en la recepcionista de un consultorio médico o el propio profesional de la salud. O en la persona a la que le pedimos la pizza o la comida que consumiremos en ese momento.

Ahora pensemos en las veces que entramos a ciertas redes sociales, como X, Facebook o LinkedIn y encontramos explicaciones acerca de lo importante que es proteger nuestros datos personales, o bien, explicaciones de las resoluciones (que a veces se adjuntan completas) y que más bien, parecen para un público un poco más especializado, que tal vez no seremos nosotros -que solo buscamos un momento de distracción-. En no pocas ocasiones, este tipo de situaciones pasan desapercibidas hasta que somos víctimas de robo de identidad, alguna extorsión o una estafa.

En este sentido cabe preguntarnos al menos dos cosas. La primera, la razón por la que optamos por la indiferencia ante la violación de la privacidad, que se arraiga en una compleja red de factores. La omnipresencia de la tecnología ha normalizado la vigilancia, desensibilizando a muchos ante la vulneración de sus datos personales. La complejidad de las políticas de privacidad y los algoritmos opacos genera una sensación de impotencia, alimentando la resignación. Además, la gratificación inmediata de los servicios digitales y la falta de consecuencias tangibles de la pérdida de privacidad fomentan una actitud apática e incluso, indolente. A esto se suma la polarización social, que fragmenta la empatía y dificulta la acción colectiva en defensa de un derecho fundamental.

La falta de involucramiento nos aísla de nuestra comunidad. Nos desconectamos de los problemas que nos afectan a todos, como la pobreza, la desigualdad, la violencia, la inseguridad y el cambio climático. Nos volvemos indiferentes al sufrimiento de los demás, perdiendo nuestra capacidad de empatía y solidaridad.

Pero la segunda es igualmente preocupante. ¿Qué pasó con el trabajo de los organismos garantes? ¿Fue acaso incapacidad de transmitir e incluso educar al pueblo mexicano? ¿De “conectar”, empatizar? Por que los festivales, las fotos, los congresos o simposios, salvo muy honrosas excepciones, siempre iban dirigidos a cualquier público distinto a lo que han dado por llamar “el ciudadano de a pie”. O como dirían los políticos en este momento histórico, “el pueblo bueno”, ese que difícilmente, con la pobre comunicación de los “expertos” y además con pocos recursos a la mano, comprendió la importancia de un andamiaje institucional como el que logró crearse en materia de transparencia y protección de datos personales. Tal vez eso explique la indiferencia en su defensa.

No cabe duda que asistimos y en gran mayoría, las y los mexicanos solo estamos meramente atestiguando los cambios estructurales que nuestro país esta viviendo. En ese sentido, claro que vivimos una transformación. No sé cuál. Pero bien haríamos en hacer a un lado esa indiferencia, para al menos intentar entender cómo afectarán al ejercicio y garantía de nuestros derechos fundamentales.

No involucrarse en la vida del país también tiene un costo personal. Cuando nos alejamos de los asuntos públicos, renunciamos a nuestro derecho a ser escuchados y a contribuir al bienestar de nuestra sociedad. Nos convertimos en meros espectadores de nuestro propio destino, sin voz ni voto. En un mundo cada vez más interconectado, los problemas que enfrentamos son complejos y requieren soluciones colectivas. La participación ciudadana es esencial para construir un futuro más justo, próspero y sostenible para todos. No podemos permitirnos el lujo de la indiferencia.

Es hora de despertar de la apatía y asumir nuestra responsabilidad como mexicanos. Involucrémonos en los asuntos públicos, hagamos oír nuestra voz, exijamos transparencia y rendición de cuentas. Solo así podremos construir el país que queremos y merecemos.

Sobre la autora

Ana Olvera es profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, con intereses en privacidad, bioética y neuroderechos.
 

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