Opinión
¿Cuál es la importancia de los archivos para el destino de México?
En los últimos años, para analizar y construir las aspiraciones democráticas de este país hemos articulado un discurso que, entre otros elementos, versa sobre la protección de los derechos humanos, la seguridad, el combate a la pobreza, la transparencia, la rendición de cuentas, la impunidad y el combate a la corrupción. Dando un paso atrás, fuera de este contexto se encuentran otros conceptos que se asocian a los mínimos que se deben implementar para lograr un “buen gobierno”.
Imaginemos un futuro donde el impulso democrático se lleve a cabo desde el gobierno y, por otra parte, también desde las distintas organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación, academia, organismos internacionales y demás actores que inciden de alguna forma en la manera que se gobierna en este país.
Los temas que competen al país
Ante la falta de confianza que prevalece sobre el accionar del gobierno en sus distintos niveles, un parámetro indispensable para tener un punto de partida de las exigencias ciudadanas, sociales e incluso políticas, es, sin duda, la información que genera el gobierno.
Con independencia del tema del que se trate, ya sean detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, contrataciones de gobierno, gasto en publicidad oficial, presupuesto destinado a programas de combate a la pobreza, un mecanismo que existe para cambiar la realidad del país consiste en acceder a la información que genera el gobierno, analizarla y, en consecuencia, tomar decisiones o presionar por un cambio específico.
El problema, no obstante, es el enfoque sobre la gestión de la información en nuestro país, el cuál ha sido muy básico. Comprende, en general, la función de conservar la historia del país.
No tanto como el marco de acción que permite adecuados procesos de gestión documental, no sólo de aspectos históricos, sino aquellos que se relacionan con nuestras luchas cotidianas.
¿En México vamos hacia una política pública de gestión documental o hacia una simulación más de las aspiraciones democráticas mal planeadas?
La reciente aprobación de la Ley General de Archivos será un tema fundamental por sus implicaciones en este discurso del “buen gobierno” que hemos avalado y promovido.
Desde la perspectiva académica, en el sistema de rendición de cuentas se dice comúnmente que no se pueden rendir cuentas si no hay cuentas.
Es decir, ni siquiera podemos juzgar si un funcionario o un político hizo bien o mal las cosas, si no existe información sobre su accionar.
En este sentido, durante años la pugna se ha concentrado en el acceso a la información del gobierno, a través de los mecanismos que ha generado la Ley General de Transparencia y sus predecesoras.
Pero una posibilidad siempre existente es que desde la administración pública se indique la ausencia de contenidos, expedientes o documentos relacionados con la temática a la que se desea acceder a la información.
Además, la realidad de este tema -la gestión documental- se valora muy distinto dependiendo el nivel del gobierno donde nos encontramos.
Municipios, más rezagados
Los gobiernos estatales y el federal, en general, tienen procesos de gestión de información que deben reforzarse y homologarse, pero en algunos casos existe un avance. No obstante, a nivel municipal este avance es muy reducido en la mayoría de los casos.
No es lo mismo, por ejemplo, la gestión de información que existe en el sector educativo o el sector salud, sobre expedientes escolares o clínicos, respecto a otros tipos de expedientes, como los registros de apoyos otorgados por becas deportivas o las bitácoras sobre la recolección de basura o la pintura de calles.
Los mismos responsables de la información han identificado que los expedientes clínicos son más valiosos, que deben existir algunas formas de resguardo.
Desde el otro ángulo, existen responsables de otro tipo de información que incluso no consideran que sus actividades -como las bitácoras sobre la recolección de basura- deban ser documentados en absoluto.
En ambos casos, no obstante, la ciudadanía y la sociedad civil organizada pierde, ante la ausencia de un parámetro mínimo sobre cómo debe gestionar la información que genera el gobierno.
No todo es voluntad política
Implementar las lógicas que se aprobaron en la Ley General de Archivos no solo implica voluntad política, también una gran cantidad de recursos presupuestarios y organizativos.
Los resultados de un buen gobierno, ese que permite tener información sobre la gestión de sus acciones y desde el cual se puede combatir la impunidad y la corrupción, dependen, estructuralmente, de un avance en esta materia.
Los escenarios serán muy sencillos de observar. Si desde el presupuesto de la federación y de las propias entidades federativas no se destinan recursos para implementar esta política pública, difícilmente lograremos construir un futuro con las aspiraciones democráticas que hemos venido deseando.
Democracia y buen gobierno no son sinónimos. Para las exigencias de nuestra sociedad actual requerimos instituciones competentes, abiertas y responsables. No sólo en los dichos, sino en la información que documentan en su día a día.
Mauricio Hernández estudió políticas públicas, ha trabajado en temas de rendición de cuentas, educación y democracia desde el gobierno. Actualmente está vinculado en proyectos del LID, relacionados con participación ciudadana y transparencia.
Opinión
La lucha por dignificar el Congreso de Jalisco: Reflexiones sobre el libro de Mara Robles
El Libro Blanco titulado “Defender lo que se ama” es un documento que nace de la necesidad de dejar un registro claro y exhaustivo de lo que se hizo durante la legislatura de Mara Robles en el Congreso de Jalisco.
Pero es más que un informe técnico al final de una legislatura: es una invitación a que se explore una parte fundamental de la reciente historia política de Jalisco, en particular, los temas que marcaron la agenda de Mara Robles.
Entre sus páginas, se encuentran luchas tan importantes como la batalla por asegurar agua potable limpia para el área metropolitana de Guadalajara, la lucha constante por el equilibrio de poderes y otros temas esenciales para el fortalecimiento de la democracia jalisciense.
El capítulo que quiero destacar aquí, sobre la reingeniería administrativa del Congreso, es una pieza clave dentro de este relato más amplio.
No solo porque formé parte del equipo que lideró esta reforma bajo la dirección de Mara, sino porque refleja una de las mayores aspiraciones de nuestra legislatura: dignificar el poder legislativo en un contexto de desconfianza generalizada.
La lucha por reorganizar y reducir la nómina del Congreso, haciéndolo más eficiente y menos dependiente de los favores políticos, fue un desafío monumental en medio de una legislatura marcada por retos tanto internos como externos.
Este libro no solo documenta el arduo trabajo realizado, sino que lo convierte en una reflexión sobre la política en acción, sobre lo que significa hacer reformas estructurales en un entorno donde la percepción pública del Congreso está por los suelos.
Al igual que la batalla por el agua limpia o el equilibrio de poderes, la reingeniería administrativa fue un tema que tocaba los cimientos de nuestra democracia local, aunque quizás no recibiera la misma atención mediática.
La narrativa de este capítulo, titulada con la mordaz referencia “La fiesta de la insignificancia”, retoma el espíritu irónico de Milan Kundera para ilustrar las dificultades de intentar cambiar una estructura que parecía inamovible.
El Congreso de Jalisco, en ese momento, se encontraba en una situación crítica: una nómina abultada, un gasto desproporcionado en servicios personales, y una estructura organizativa desordenada que favorecía el influyentismo y el nepotismo. Nuestra misión era ponerle fin a ese caos y establecer un sistema más justo, eficiente y transparente.
La invitación a leer este capítulo es, en realidad, una invitación a conocer una parte de la historia política jalisciense que pocos quieren discutir: el desorden interno de nuestras instituciones públicas. A través de este esfuerzo, logramos realizar un diagnóstico exhaustivo con el apoyo del IMCO, que nos permitió entender la magnitud del problema.
El estudio reveló que el Congreso de Jalisco tenía una de las nóminas más caras y menos eficientes del país. Descubrimos, por ejemplo, que existía un exceso de auxiliares administrativos, que había disparidades salariales incomprensibles y que muchas adscripciones de personal no correspondían con la realidad.
A lo largo de este capítulo, se pueden encontrar detalles específicos sobre las soluciones que propusimos, desde la reducción del personal hasta la implementación de un servicio civil de carrera.
Estas propuestas, aunque encontraban resistencia, tenían como objetivo transformar una institución que, en lugar de servir al pueblo, se había convertido en una fuente de gasto innecesario.
Para mí, como parte del equipo responsable de esta reingeniería, fue un proceso de aprendizaje constante. Cada intento de reforma, cada mesa de trabajo y cada negociación nos enseñaba lo difícil que es implementar cambios estructurales en una institución que, en muchos sentidos, estaba diseñada para resistir esos mismos cambios.
Sin embargo, al leer este capítulo, no quiero que se vea solo la frustración de lo que no se logró, sino también la esperanza de lo que sí se sembró. Este libro blanco es un testimonio de las bases que dejamos para que las futuras legislaturas puedan continuar con la tarea de sanear el Congreso.
Al invitar al lector a sumergirse en este libro, también lo invito a reflexionar sobre lo que significa defender lo que se ama en el servicio público. No solo se trata de lograr victorias visibles, sino de persistir, de intentar transformar estructuras que a veces parecen impenetrables.
Así como la lucha por un agua potable limpia en Guadalajara o la búsqueda de un equilibrio de poderes son batallas fundamentales, la reingeniería administrativa del Congreso es otro frente en esa guerra por dignificar la política y hacerla realmente útil para la ciudadanía.
Es por esto que considero vital que este libro sea leído en su totalidad. No solo para entender algunos hitos políticos recientes de Jalisco, sino para valorar los esfuerzos que se han hecho, muchas veces desde la invisibilidad, para transformar las instituciones que deberían estar al servicio de todos.
Este capítulo, en particular, es una crónica de esa lucha silenciosa, y espero que, al leerlo, los ciudadanos puedan comprender mejor el trabajo que hicimos, los obstáculos que enfrentamos y, sobre todo, la importancia de no abandonar jamás la lucha por un gobierno más justo y eficiente.
Sobre el autor
Humberto Mendoza es un profesional comprometido en el campo del diseño y evaluación de políticas públicas en Jalisco. Es licenciado en Administración Gubernamental y Políticas Públicas Locales por la Universidad de Guadalajara con un Máster en Antropología en la Universitat Autònoma de Barcelona. Actualmente, lidera el Órgano Técnico de Administración y Planeación Legislativa en el Congreso de Jalisco.
Opinión
Sheinbaum: Entre la continuidad y la promesa de un nuevo rumbo
El 1 de octubre, Claudia Sheinbaum tomó protesta como la primera presidenta de México, un hecho histórico que marca un hito en la política del país. Su primer día en el cargo estuvo cargado de simbolismo, referencias al pasado inmediato y un claro mensaje de continuidad hacia el obradorismo, que definió los últimos seis años de la administración federal. Sin embargo, detrás de este telón de continuidad, Sheinbaum busca imprimir su propio sello con propuestas que, aunque enmarcadas en la narrativa de la transformación, muestran una orientación que podría significar un cambio de rumbo en algunos temas clave.
El evento de la toma de protesta estuvo dividido en dos actos principales. Primero, Sheinbaum asumió el poder en el Congreso, un momento solemne marcado por la entrega de la banda presidencial. Luego, en un evento frente a sus seguidores en el Zócalo de la Ciudad de México, delineó sus “100 compromisos” para los primeros 100 días de su gobierno. Esta lista no solo buscaba conectar con su base, sino también señalar el camino que pretende seguir en su mandato.
Pero, ¿cuál es el verdadero mensaje detrás de estos compromisos? La respuesta parece estar en la dualidad que Sheinbaum debe gestionar: mantener la herencia política de López Obrador mientras define su propio liderazgo.
Continuidad versus Cambio
Claudia Sheinbaum no rehuyó su filiación con el obradorismo. Los primeros minutos de su discurso ante el Congreso los dedicó a agradecer a su antecesor y mentor político. Sin embargo, en los detalles de sus propuestas y en la selección de los temas prioritarios, la nueva presidenta parece inclinarse hacia una agenda que busca diferenciarse. El énfasis en la igualdad sustantiva, el impulso a las energías renovables y un enfoque renovado en la primera infancia no son casualidades, sino una declaración de intenciones para reconfigurar las prioridades del gobierno.
Un aspecto que destacó en su discurso fue su compromiso con la equidad de género. Sheinbaum subrayó su condición de primera presidenta mujer, señalando que su gobierno buscará integrar la perspectiva de género en todas las políticas públicas. Hablar de feminicidios, de discriminación laboral y de políticas de apoyo a mujeres de la tercera edad no es solo una cuestión de retórica, sino un intento por diferenciarse de su predecesor, cuyo enfoque en los programas sociales para adultos mayores fue el pilar de su administración.
Por otro lado, Sheinbaum también introdujo ideas que se alejan de las prioridades tradicionales del obradorismo. Entre ellas, el impulso a la innovación tecnológica y a la creación de una infraestructura científica nacional, temas que López Obrador había dejado en un segundo plano. Con propuestas como el desarrollo de manufactura de alto valor y la creación de un satélite nacional, Sheinbaum sugiere una visión que combina el desarrollo social con el impulso al crecimiento económico.
Desafíos Financieros y Políticos
Uno de los principales retos que enfrenta la nueva presidenta es el margen financiero limitado para implementar su ambiciosa agenda. Con un presupuesto fuertemente comprometido y prioridades heredadas que consumirán gran parte del gasto público, Sheinbaum tendrá poco espacio para maniobrar en el corto plazo. Además, muchos de sus compromisos dependen de un aumento en el presupuesto destinado a áreas clave como educación e innovación, lo cual no será fácil de lograr sin enfrentar tensiones internas en su propio partido y oposición desde los sectores más conservadores.
Esta tensión se refleja en la cautela que mostró al presentar algunas de sus propuestas. Por ejemplo, al hablar de extender la pensión para mujeres a partir de los 60 años, Sheinbaum señaló que lo haría de manera progresiva, comenzando con las mujeres de 64 y bajando gradualmente la edad. Este enfoque refleja no solo una estrategia presupuestal, sino también una evaluación política de lo que será posible en los próximos meses.
Un nuevo rostro para la transformación
Sheinbaum hereda un país profundamente dividido, con retos estructurales que van más allá de la popularidad de su predecesor. La agenda ambiental, con un énfasis en energías renovables, representa una ruptura con la visión que mantuvo la administración pasada, que favoreció las energías fósiles y frenó la inversión en tecnología limpia. Si logra implementar su visión, Sheinbaum podría abrir un nuevo capítulo para México, uno en el que la sustentabilidad y el desarrollo económico no estén en conflicto.
Sin embargo, el camino no será sencillo. La continuidad con el obradorismo es un arma de doble filo: le proporciona una base leal de apoyo, pero al mismo tiempo limita su capacidad de distanciarse y de articular una nueva narrativa que capture a los sectores moderados y a la oposición. En última instancia, el éxito de Sheinbaum dependerá de su habilidad para combinar lo mejor de ambos mundos: la promesa de continuidad con la capacidad de adaptación a los nuevos desafíos.
La pregunta que queda en el aire es si, más allá de la retórica, Sheinbaum tendrá el tiempo y los recursos necesarios para redefinir la “transformación” sin romper con las expectativas del obradorismo. Solo el tiempo dirá si este equilibrio es sostenible o si, eventualmente, se verá obligada a elegir un camino distinto.
Sobre el autor
Humberto Mendoza es un profesional comprometido en el campo del diseño y evaluación de políticas públicas en Jalisco. Es licenciado en Administración Gubernamental y Políticas Públicas Locales por la Universidad de Guadalajara con un Máster en Antropología en la Universitat Autònoma de Barcelona. Actualmente, lidera el Órgano Técnico de Administración y Planeación Legislativa en el Congreso de Jalisco.
Opinión
México necesita mejores universidades públicas
El Foro sobre Evaluación en la Educación Superior, organizado por Mara Robles Villaseñor en Guadalajara, Jalisco, fue un espacio esencial para discutir uno de los temas más relevantes y menos abordados en el ámbito educativo: la evaluación en las universidades mexicanas. Este foro se vuelve particularmente importante en un contexto marcado por una serie de transformaciones institucionales.
A nivel federal, la creación de la nueva Secretaría de Educación Superior refleja un reconocimiento de la importancia estratégica de este nivel educativo, mientras que a nivel local, Jalisco se enfrenta a cambios importantes, como la renovación de la rectoría en la Universidad de Guadalajara (UdeG) y la inminente transición del gobierno estatal.
Mara Robles, en su papel como moderadora del foro, subrayó la falta de discusión sobre la evaluación en la educación superior, señalando que, a diferencia de la educación básica, donde este tema ha estado en el centro del debate público por años, las universidades han quedado relegadas a un segundo plano en términos de evaluación. Según Robles, este es el momento para que la educación superior sea evaluada desde una base técnica y académica rigurosa, elevando la calidad del debate y evitando discusiones infundadas.
La relevancia de esta discusión no puede ser subestimada, especialmente en un contexto donde las universidades y el sistema educativo en general enfrentan una serie de desafíos sociales y económicos. La evaluación, en este sentido, es una herramienta fundamental no solo para certificar la calidad académica, sino también para mejorar los procesos internos y garantizar que las universidades cumplan su rol en el desarrollo de la sociedad.
Durante el foro, se abordaron múltiples perspectivas sobre el papel de la evaluación en las universidades. Pedro Alejandro Flores Crespo propuso un enfoque centrado en el “bien común”, argumentando que la evaluación no debe reducirse a la certificación, sino que debe considerar las relaciones humanas y los procesos que ocurren dentro de la comunidad académica.
Esta visión, en medio de los cambios que enfrenta la UdeG y otras instituciones, es crucial para reorientar el sistema educativo hacia el desarrollo integral de estudiantes y docentes.
Otro de los ponentes, Felipe Martínez Rizo, destacó la importancia de evaluar el aprendizaje en el aula desde una perspectiva crítica y sofisticada. Subrayó que la evaluación no debe limitarse a los niveles más bajos del aprendizaje, como la memorización, sino que debe aspirar a medir la creación de conocimiento y el razonamiento crítico en los estudiantes .
Asimismo, Eduardo Backhoff Escudero, experto en evaluación educativa, introdujo un tema clave: la inteligencia artificial (IA) como herramienta para mejorar los procesos de evaluación. Backhoff señaló que la IA tiene el potencial de transformar la evaluación del aprendizaje al proporcionar retroalimentación en tiempo real y ofrecer una personalización más efectiva del proceso educativo. Sin embargo, también advirtió sobre la necesidad de normar su uso y formar a los docentes para evitar dependencias excesivas o malas prácticas .
Este foro no solo abrió el debate sobre la evaluación en la educación superior, sino que también dejó sobre la mesa incógnitas fundamentales que deben seguir siendo discutidas. ¿Cuál es la función esencial de las universidades en México? ¿Qué tipo de universidades públicas queremos y necesitamos para enfrentar los desafíos contemporáneos del país? Y, quizá lo más complejo, ¿cómo podemos conciliar la necesidad de una evaluación rigurosa y justa con el respeto a la autonomía universitaria? Estas preguntas son claves para entender el futuro de la educación superior en México.
El foro nos invita a reflexionar sobre cómo podemos construir un sistema educativo que no solo sea eficiente, sino que también promueva la libertad académica y sirva como motor de desarrollo social. En un contexto de cambios políticos e institucionales, estas cuestiones se vuelven aún más urgentes y, sin duda, merecen una atención constante en los debates que están por venir.
Sobre el autor
Humberto Mendoza es un profesional comprometido en el campo del diseño y evaluación de políticas públicas en Jalisco. Es licenciado en Administración Gubernamental y Políticas Públicas Locales por la Universidad de Guadalajara con un Máster en Antropología en la Universitat Autònoma de Barcelona. Actualmente, lidera el Órgano Técnico de Administración y Planeación Legislativa en el Congreso de Jalisco.
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