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Opinión

Dos víctimas e interpretación jurídica

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El pasado 8 de junio fue condenado a16 años y ocho meses de prisión el líder de “La Luz del Mundo”, Naasón Joaquín García,

La prisión preventiva oficiosa (PPO) es el tema de la semana, y con justa razón, dicha medida lleva décadas impactando tanto el sistema jurídico mexicano como la realidad del país. Su funcionamiento es tan sencillo que cualquier persona debería temerle, ya que ante la denuncia de uno de los delitos que la ameritan (artículo 19 de la Constitución Federal), el o la juez la debe dictar, así de fácil. Existen diversos análisis sobre esta, especialmente ahora que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene la oportunidad de eliminarla (en su modalidad oficiosa) este 8 de septiembre. El sentido de esta decisión tendrá un enorme impacto en el sistema jurídico mexicano, pero sobre todo en dos víctimas.

Menciono dos víctimas no porque la resolución de la SCJN las tenga como tal, lo que se esta analizando es una Acción de Inconstitucionalidad, por lo que no sería el caso, pero invito a la reflexión de la siguiente manera: teniendo a un primer grupo de víctimas, que son las directas de delitos que ameritan PPO y que, entre otras cosas, merecen que sus casos no queden impunes; un segundo grupo serían aquellas víctimas que produce la PPO, algo así como víctimas del sistema.

Ambos tipos de víctimas tienen algo en común, el funcionamiento del sistema penal mexicano les produce sufrimiento, toda vez que se utiliza la PPO como medio para generar estadísticas sobre personas privadas de la libertad, sin que esto signifique que sean las realmente responsables de un delito, por extraño que parezca. Esta afirmación puede ser comprobada por elementos como el contenido del ex proyecto de sentencia (que se ha estado deliberando los pasados 5 y 6 de septiembre) del Ministro Luis María Aguilar Morales, que señala que el 40.8% de las personas privadas de la libertad en centros penitenciarios están bajo la modalidad de prisión preventiva, es decir, sin una sentencia, de manera que no se investiga el caso y las víctimas directas son abandonadas, generando aún más víctimas.

Ejemplos de la existencia de las segundas víctimas a las que refiero (las que genera la PPO), los podemos encontrar en los dos casos más recientes en contra de México ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), estos son 1) Tzompaxtle Tecpile y 2) García Rodríguez y Reyes Alpízar. Estos casos tienen en común la fabricación de delitos a sus víctimas y la utilización tanto de arraigo como de la PPO para privarles de su libertad, con infinidad de violaciones al debido proceso.

Tanto es grave que, como víctima directa, tu caso no tenga debida diligencia por considerar que privar de la libertad a personas es “impartir justicia”, como lo es que te priven de la libertad para mantener el funcionamiento del sistema de “justicia”. La SCJN ahora puede revertirlo, su interpretación jurídica será clave, pero, como se ha demostrado, complicada. Bastaría con que las y los Ministros decidan usar la interpretación conforme y pro persona para dejar el tema atrás, volver a ver el propósito de los derechos humanos

En palabras de la Ministra Norma Piña (intervención de la sesión del 6 de septiembre de 2022): “Llevar a cabo todos los ejercicios argumentativos, interpretativos, que nos lleven a cumplir esa obligación que deriva del artículo 1° [constitucional]. Esta decisión es fundamental, por lo que cada uno de nosotros entiende por el ‘deber ser’, esto no es solamente un problema jurídico, es un problema incluso con raíces éticas y filosóficas.”

 

 

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Opinión

Ojo, así se roban tus datos personales

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Columna de Ana Olvera sobre el robo de datos personales

Estimado lector, para mí es un privilegio volver a escribir estas líneas luego de una muy larga ausencia. Sin embargo volveremos a encontrarnos en esta columna cada quincena, analizando los temas de actualidad relacionados con la protección de nuestros datos personales y la privacidad que acontecen tanto en nuestro País como en el mundo.

Evidentemente no podemos dejar de comentar lo sucedido en días pasados en Guadalajara, donde existía -y seguramente siguen existiendo- un call center debidamente instalado para llevar a  cabo extorsiones que se extendían no solo al resto de Jalisco, sino hasta a otros veinte estados más de nuestra República, afectando a más de 26 mil personas con llamadas fraudulentas y extorsiones.

Afortunadamente se desmanteló y según declaraciones oficiales se están realizando colaboraciones con instituciones de las demás entidades afectadas, para descubrir a todas las víctimas y por supuesto, invitarlas a denunciar, lo que resulta en una tarea titánica para las autoridades; pero al parecer no lo fue para aquellos cuyo modus vivendi consistía en realizar este tipo de nada honrosas actividades.

Datos personales de los afectados

En ese sentido caben muchas reflexiones, pero la primera es preguntarnos de dónde obtenían la materia prima, es decir, los datos personales de aquellos afectados. Aunque las respuestas pueden variar, quiero que centremos nuestra atención en dos fuentes principales.

La primera y la originaria por excelencia siempre seremos, desafortunadamente, Usted y yo, querido lector. Es decir, nosotros como titulares, dueños de esos datos personales que elegimos, muchas veces sin pararnos a reflexionar en ello, a quién, cómo y para qué le compartimos esta importantísima información.

Y digo que muchas veces sin reflexionarlo lo suficiente, porque participamos a otras personas de manera voluntaria, para poder obtener un bien o servicio; para pedir nuestros alimentos cuando no tenemos tiempo de prepararlos en casa; al inscribirnos a un curso o a nuestros hijos a la escuela, por citar ejemplos cotidianos. Pero también lo hacemos de manera involuntaria, por ejemplo cuando descargamos aplicaciones en nuestro teléfono inteligente o tableta y compartimos datos que no son necesarios; cuando somos poco discretos en una conversación o bien, ¿cuántas veces no hemos tirado a la basura documentación que contiene nuestro nombre u otros datos más sensibles, como nuestra CLABE interbancaria? Seguramente, muchas veces.

Ignoramos el valor de nuestros datos

La segunda causa de obtención de esta información es por medio de aquellos que manejan datos personales, es decir, los responsables si son particulares, o bien los sujetos obligados de orden público. Según me ha tocado atestiguar, parece que cuando la información no nos pertenece, dejamos de tener cuidado en su manejo. Se despersonaliza y solo vemos números, estadísticas, pero olvidamos que detrás de esas cifras, direcciones o palabras, se encuentra una persona que puede verse perjudicada por nuestro descuido de custodia de la información durante el ciclo de vida de los datos personales.

En fin, aunque difícilmente sabremos cómo se obtuvo esa información, es una realidad que decenas de miles de personas se vieron seriamente perjudicadas no solo en su patrimonio, sino muy seguramente hasta en su tranquilidad diaria, por este tipo de acciones ilegales. La invitación es a que le demos la importancia debida a esta información que es tan importante. La que nada más y nada menos, nos hace únicos y nos permite interactuar con el resto de quienes nos rodean. Si tenemos conciencia de la importancia de nuestros datos personales, seguramente nos daremos cuenta de la relevancia que también tiene la información relativa a otras personas. 

La tarea primordial

En un entorno tan cambiante como el que vive nuestro mundo y especialmente, nuestro Estado de Derecho, la tarea primordial con la que contamos es velar porque nuestros derechos a la protección de datos personales y la privacidad no sean violentados y es más, que puedan ser garantizados, sobre todo ante la inminente desaparición de los Órganos Garantes en la materia, de lo que hablaremos en nuestra próxima entrega.

Sobre la autora

Ana Olvera es profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, con intereses en privacidad, bioética y neuroderechos.

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La extinción de los institutos de transparencia: ¿falta de empatía o indiferencia?

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A veces, hablar de datos personales, de su protección y nuestra privacidad, resulta sumamente abstracto. Aunque incluso trabajemos con ellos, pensemos en la recepcionista de un consultorio médico o el propio profesional de la salud. O en la persona a la que le pedimos la pizza o la comida que consumiremos en ese momento.

Ahora pensemos en las veces que entramos a ciertas redes sociales, como X, Facebook o LinkedIn y encontramos explicaciones acerca de lo importante que es proteger nuestros datos personales, o bien, explicaciones de las resoluciones (que a veces se adjuntan completas) y que más bien, parecen para un público un poco más especializado, que tal vez no seremos nosotros -que solo buscamos un momento de distracción-. En no pocas ocasiones, este tipo de situaciones pasan desapercibidas hasta que somos víctimas de robo de identidad, alguna extorsión o una estafa.

En este sentido cabe preguntarnos al menos dos cosas. La primera, la razón por la que optamos por la indiferencia ante la violación de la privacidad, que se arraiga en una compleja red de factores. La omnipresencia de la tecnología ha normalizado la vigilancia, desensibilizando a muchos ante la vulneración de sus datos personales. La complejidad de las políticas de privacidad y los algoritmos opacos genera una sensación de impotencia, alimentando la resignación. Además, la gratificación inmediata de los servicios digitales y la falta de consecuencias tangibles de la pérdida de privacidad fomentan una actitud apática e incluso, indolente. A esto se suma la polarización social, que fragmenta la empatía y dificulta la acción colectiva en defensa de un derecho fundamental.

La falta de involucramiento nos aísla de nuestra comunidad. Nos desconectamos de los problemas que nos afectan a todos, como la pobreza, la desigualdad, la violencia, la inseguridad y el cambio climático. Nos volvemos indiferentes al sufrimiento de los demás, perdiendo nuestra capacidad de empatía y solidaridad.

Pero la segunda es igualmente preocupante. ¿Qué pasó con el trabajo de los organismos garantes? ¿Fue acaso incapacidad de transmitir e incluso educar al pueblo mexicano? ¿De “conectar”, empatizar? Por que los festivales, las fotos, los congresos o simposios, salvo muy honrosas excepciones, siempre iban dirigidos a cualquier público distinto a lo que han dado por llamar “el ciudadano de a pie”. O como dirían los políticos en este momento histórico, “el pueblo bueno”, ese que difícilmente, con la pobre comunicación de los “expertos” y además con pocos recursos a la mano, comprendió la importancia de un andamiaje institucional como el que logró crearse en materia de transparencia y protección de datos personales. Tal vez eso explique la indiferencia en su defensa.

No cabe duda que asistimos y en gran mayoría, las y los mexicanos solo estamos meramente atestiguando los cambios estructurales que nuestro país esta viviendo. En ese sentido, claro que vivimos una transformación. No sé cuál. Pero bien haríamos en hacer a un lado esa indiferencia, para al menos intentar entender cómo afectarán al ejercicio y garantía de nuestros derechos fundamentales.

No involucrarse en la vida del país también tiene un costo personal. Cuando nos alejamos de los asuntos públicos, renunciamos a nuestro derecho a ser escuchados y a contribuir al bienestar de nuestra sociedad. Nos convertimos en meros espectadores de nuestro propio destino, sin voz ni voto. En un mundo cada vez más interconectado, los problemas que enfrentamos son complejos y requieren soluciones colectivas. La participación ciudadana es esencial para construir un futuro más justo, próspero y sostenible para todos. No podemos permitirnos el lujo de la indiferencia.

Es hora de despertar de la apatía y asumir nuestra responsabilidad como mexicanos. Involucrémonos en los asuntos públicos, hagamos oír nuestra voz, exijamos transparencia y rendición de cuentas. Solo así podremos construir el país que queremos y merecemos.

Sobre la autora

Ana Olvera es profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, con intereses en privacidad, bioética y neuroderechos.
 

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