El Gobierno de Jalisco entregó ayer al Congreso del Estado un documento de 421 páginas. Lo llaman “Bases Técnicas para la Priorización de las Intervenciones Estratégicas para la Seguridad Hídrica del Área Metropolitana de Guadalajara”. Un título que, por sí solo, ya es una obra de ficción; hablamos de una obra maestra del ilusionismo institucional.

Porque resulta que las obras ya arrancaron. Doce días antes.

El 2 de julio, el Gobernador Pablo Lemus anunció 31 obras y acciones con 5 mil millones de pesos (mdp) de ejecución inmediata. La instrucción, según sus propias palabras, fue que “arrancáramos las obras de inmediato”. El 14 de julio —ayer— llegó al Congreso el documento que, según su propio texto, “no determina de manera anticipada las soluciones específicas”.

El orden natural de las cosas, en cualquier país con un mínimo de respeto por la planificación pública, es: diagnóstico, análisis, decisión, ejecución. Aquí el gobierno decidió invertir la secuencia: ejecución, y después, si acaso, el diagnóstico. Es como si un cirujano operara primero y, ya con el paciente abierto, pidiera los estudios.

La audacia del texto va mucho más allá de la cronología. Estamos frente a un artefacto diseñado para justificar infraestructura y evadir responsabilidades, redactado con un bisturí sintáctico asombroso. El documento de 89 mil 693 palabras revela su verdadero objetivo: no nombrar el problema. En todo ese océano de texto, hay exactamente siete valores porcentuales. Cero cifras monetarias. Cero cuantificación de pérdidas físicas, pese a que la palabra “pérdidas” aparece 97 veces. Cero menciones de plomo, mercurio, aluminio, metales pesados, coliformes, arsénico, microcistinas o cianobacterias. Cero.

El Gobierno de Jalisco entregó al Congreso un documento sobre una crisis de agua contaminada que nunca nombra un contaminante.

Tampoco nombra una colonia. La palabra “colonia” aparece una vez en 421 páginas. La Comisión Estatal de Derechos Humanos tiene registradas 600 colonias con agua turbia, con olor o contaminada. El gobierno dice que son 200. Una discrepancia de tres a uno.

Es fascinante cómo el Estado utiliza la gramática como mecanismo de absolución.

El documento está escrito en un tiempo verbal que los lingüistas llaman “futuro de la evasión”. Contiene 995 ocurrencias de “deberá” o “deberán”. Una cada 90 palabras. El sujeto de esas 995 obligaciones nunca se identifica. No hay una sola oración con la forma “X hará Y para la fecha Z con un costo de W”. Hay 995 oraciones con la forma “deberá hacerse Y”.

Es la gramática de la promesa sin responsable, del compromiso sin fecha, de la responsabilidad sin rostro; ni en las caricaturas habríamos visto algo similar.

Y, para que no quede duda de que nadie va a pagar las consecuencias, el documento repite 64 veces fórmulas como “no implica”, “no constituye” o “no representa”. Un documento que se exime de responsabilidad 64 veces no es un plan: es un blindaje legal con pretensiones de ingeniería.

El apartado 4.3 contiene lo que el documento llama su “Matriz estratégica de restricciones y capacidades”. Seis restricciones, seis capacidades. Cada capacidad es la negación gramatical de la restricción de la izquierda: si la restricción es “confiabilidad limitada”, la capacidad es “confiabilidad”. Es como si alguien escribiera “problema: tengo hambre; solución: no tener hambre”.

No hay jerarquía. No hay población afectada. No hay costo. No hay indicador.
Y, por supuesto, ninguna de las seis restricciones es la calidad del agua. La salud pública no aparece en ninguna de las veinticuatro celdas del único instrumento analítico del documento.

El texto define “restricción estructural” como “una condición que limita de manera recurrente la capacidad del sistema”. El sistema, dice el texto, es el paciente. Tuberías, plantas, tanques. Un objeto.

Los objetos no tienen voluntad, ni presupuesto, ni Junta de Gobierno, ni responsabilidad.

El documento registra 149 veces que “algo falla”. Siempre es un equipo. Las cosas fallan; las personas, nunca. Cero menciones de “omisión”. Cero “negligencia”. Cero “rezago”.

Las dos únicas veces que el documento nombra a un responsable, nombra al “personal responsable de la operación”. El operador de la válvula, no la Junta de Gobierno. No la Dirección General; mucho menos las Secretarías que encabezan el documento.

Es como si un capitán hundiera el barco y el informe de la tragedia dijera que “el agua entró”.

El documento tampoco menciona el artículo 115 de la Constitución, que asigna a los municipios el servicio público de agua potable. No menciona la Junta de Gobierno del Siapa. No menciona la Recomendación 10/2022 de la CEDHJ, incumplida cuatro años después. No menciona la Matriz de Indicadores para Resultados del Siapa, el instrumento legal que, por obligación, evaluaría su desempeño y resultados.

Esa MIR, por cierto, con un presupuesto de 6 mil 350 mdp, mide el derecho humano al agua con el volumen extraído. No contiene un solo indicador de calidad del agua. Su meta de eficiencia física es 72 por ciento, cuando el propio director del organismo declaró ante el Congreso que la eficiencia real es 50 por ciento.

El organismo puede cumplir su propósito al 100 por ciento mientras entrega agua contaminada a 600 colonias. De hecho, eso es exactamente lo que está ocurriendo.

Las Bases Técnicas no son un plan, aunque sí merecen su propio reconocimiento en el museo del cinismo. Son una justificación ex post, una racionalización de decisiones ya tomadas, un paraguas conceptual lo suficientemente amplio como para que cualquier obra ya decidida encuentre en él una “restricción estructural” que la justifique.

El documento no reduce la incertidumbre de la decisión. Reduce la exposición de quien la tomó: 421 páginas, 995 “deberá”, 64 exenciones de responsabilidad y cero pesos, entregadas doce días después de que las obras arrancaran. No es un diagnóstico. Es un certificado de impunidad con formato PDF.

Los cinco millones de habitantes del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) merecen algo más que un documento que no se atreve a nombrar lo que está pasando. Merecen un gobierno que entienda que el agua no se planea con futuros, menos con la paleta de colores de la “mejora continua”, el gerundio preferido de la gestión pública. El agua se puede y debe planificar con base en evidencia, porque la salud de las personas no es un accidente en el camino de las obras, sino el propósito mismo de cualquier política pública.

El documento de 421 páginas que el Gobierno de Jalisco entregó ayer al Congreso no es un diagnóstico: es una coartada. Tampoco es un plan: es una declaración de buenas intenciones redactada en modo condicional, con el sujeto borrado y las responsabilidades diluidas en el futuro perfecto de lo que “deberá” hacerse, algún día, por alguien que nunca se nombra.

El problema no es que el documento sea malo. El problema es que es exactamente lo que sus autores necesitaban que fuera: lo suficientemente técnico para parecer serio, lo suficientemente vago para no comprometer a nadie, y lo suficientemente extenso para agotar al lector antes de que note que no dice nada.

Mientras tanto, en 600 colonias del AMG, los tapatíos abrimos la llave y sale agua turbia, con olor, con metales que nadie mide, con bacterias que nadie nombra. Siete años de quejas, ahora sin número de registro. Una recomendación de la CEDHJ incumplida. Una eficiencia física que cayó 11 puntos en ocho años. Y un gobierno que entrega al Congreso, doce días después de arrancar las obras, un documento que dice que las decisiones se tomarán después.

El agua no espera. La salud no espera. La verdad tampoco.

Lo que el Congreso debería hacer con estas Bases Técnicas es sencillo: devolverlas al Ejecutivo con una sola instrucción: que las reescriban, esta vez con datos, con responsables, con plazos, con indicadores que se puedan validar y con el nombre de las 600 colonias que hoy beben agua que no deberían beber.

Un gobierno que no puede nombrar el problema tampoco puede resolverlo; y un documento que se exime 64 veces de responsabilidad no es un instrumento de planeación: es un memorándum de absolución.

Sobre el autor

Sergio E. Gómez Partida es consultor en evaluación, gestión para resultados y planificación en sectores público y privado. Información de contacto: sgpartida@gmail.com; en X: @SergioGmezP.

En la primera entrega establecimos que llamar “atípica” a la lluvia que inunda Guadalajara cada temporal es, con perdón, una mentira con permiso oficial: el problema es de drenaje y suelo, no de cielo. Toca ahora la parte incómoda que los boletines de gobierno omiten: la ciudad no se inunda igual para todos, y no es casualidad meteorológica, es geografía social con nombre de colonia.

Guadalajara ya tiene clasismo en el transporte público y clasismo en el acceso efectivo al agua potable (efectivo porque tener un tubo conectado no alcanza para definir “acceso”); faltaba documentar el clasismo hídrico de las inundaciones; aquí los datos lo confirman con una nitidez incómoda:

Al revisar los veinte eventos de inundación más severos de la última década en el AMG, la distribución por estrato económico es así de desigual: apenas tres colonias de estrato alto resultaron afectadas, una de medio-alto, dos de medio, cinco de medio-bajo, cinco de bajo y cuatro más de bajo con vulnerabilidad “muy alta” —la categoría reservada para Ferrocarril, Miramar, Juan de la Barrera y Las Pintas, entre otras—. En números llanos: catorce de veinte colonias castigadas pertenecen a estratos bajo y medio-bajo. No es que llueva más sobre los pobres; es que el agua, cuando no tiene a dónde ir, busca siempre el camino de menor resistencia institucional.

El gráfico de severidad por estrato lo confirma con crudeza: en una escala de 1 a 4, el daño patrimonial —agua y lodo entrando a las casas, entre 30 y 80 centímetros de altura— se concentra en los estratos bajo y medio-bajo. Los vehículos arrastrados sí aparecen también en zonas de estrato alto como Plaza del Sol o Jardines de la Patria, pero ahí debemos considerar una importante trampa contable: para esos autos existen pólizas de seguro, además de deducibles de impuestos. Para el menaje empapado de una vivienda en Ferrocarril o El Mante, no existe tal cosa.

En este punto conviene separar finanzas de economía, una distinción que un analista económico no podría pasar por alto y que, en este caso, resulta reveladora: en pesos “nominales”, quien más pierde es el estrato medio-alto, con un costo total promedio estimado de 760 mil pesos por evento, frente a 422 mil del estrato bajo (Baró-Suárez et al., 2011; Milenio, 2024). Visto así, el relato cómodo sería: “los inundados ricos pierden más”. Es el tipo de dato que un funcionario promedio citaría para minimizar el problema. Sin embargo, esa lectura es, en el mejor de los casos, incompleta y, en el peor, deliberadamente engañosa.

Sucede que, cuando esa misma pérdida se mide como porcentaje del ingreso anual —la única forma honesta de medir el golpe real a un hogar—, el cuento se invierte por completo. El daño patrimonial promedio en el estrato bajo equivale al 352 % de su ingreso anual estimado; en el estrato medio-bajo, al 220 %; mientras que en el estrato alto la misma categoría de daño representa apenas el 40 % de su ingreso. Quien gana menos pierde, en términos relativos, hasta nueve veces más que quien gana más. Esta cifra, que los comunicados de prensa no suelen destacar, desmiente la épica de “la inundación no distingue clases” con la que algunos suelen lavarse las manos.

Sí, es cierto: el agua arrastra por igual vehículos en Jardines de la Patria que menaje en Las Pintas, pero la familia de Las Pintas no tiene seguro, no tiene ahorro, no tiene deducción fiscal y probablemente tampoco tenga un segundo vehículo para moverse mientras tanto. Pierde su patrimonio completo y, además, pierde el día de trabajo, el transporte público que se detuvo y, algunas veces, el empleo informal que tampoco perdona ausencias. Es la lógica de siempre en un país desigual: el desastre llega parejo, la factura no.

La inadecuada planeación urbana de Guadalajara —igual que ciertos megaeventos deportivos que pasan por encima de todos los estratos imponiendo sus intereses— arrastra a ricos y pobres por igual en el momento del impacto; pero la cuenta, como siempre sucede en México y América Latina, se paga distinto según el código postal. Mientras los Arcos del Milenio sigan sin terminarse y el drenaje profundo siga esperando su turno en una lista de obras a “ejecutar poco a poco”, cada temporal seguirá siendo el mismo examen: la ciudad reprueba, y los que menos tienen son, otra vez, quienes pagan la colegiatura más cara.

Sobre el autor

Sergio E. Gómez Partida es consultor en evaluación, gestión para resultados y planificación en sectores público y privado. Información de contacto: sgpartida@gmail.com; en X: @SergioGmezP.