¿Fiscalizar las promesas de campaña? El caso de la Línea 5 en Jalisco

En México, la temporada electoral suele ser una pasarela interminable de promesas: infraestructura de primer nivel, planes de transporte masivo, más hospitales y un sinfín de proyectos que cautivan a la ciudadanía.
Sin embargo, una vez que los candidatos logran el cargo, la realidad se impone y muchas de esas promesas quedan en el tintero o se transforman en algo muy distinto a lo anunciado.
El caso más reciente es el del gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, quien durante su campaña prometió la construcción de la Línea 5 de Tren Ligero en el Área Metropolitana de Guadalajara, pero terminó confirmando que, en lugar de un tren, se desarrollará un sistema de transporte eléctrico tipo BRT.
Este ejemplo es revelador en varios sentidos. Primero, exhibe la falta de mecanismos formales para que la ciudadanía exija el cumplimiento de lo prometido.
Aunque Lemus argumenta que la decisión se debe a recomendaciones técnicas y a la apuesta por la electromovilidad, lo cierto es que el proyecto final difiere de lo que se anunció en campaña. ¿Por qué es grave esto?
Porque las promesas electorales son compromisos que un aspirante a gobernar establece con la sociedad y deberían ser vinculantes de alguna manera. Cuando la esencia de la propuesta se modifica drásticamente, no hay una sanción clara ni una figura legal que exija explicaciones detalladas.
En la práctica, queda en la discrecionalidad de los gobernantes el cumplir parcial o totalmente lo que prometieron.
En un país que busca consolidar su democracia, resulta esencial instaurar mecanismos que permitan la vigilancia y fiscalización de las promesas de campaña.
Al igual que se audita el uso de recursos públicos, se debería auditar el grado de cumplimiento de los compromisos oficiales, en especial aquellos que se convirtieron en banderas electorales. Ello no implica entorpecer la gestión pública con más burocracia, sino promover la transparencia y la rendición de cuentas, recordando que un gobierno electo fue, en teoría, “contratado” por la ciudadanía para ejecutar un programa de gobierno que prometió.
¿En qué países se hace algo similar?
Estados Unidos: Existen iniciativas independientes de verificación, como Politifact o FactCheck.org, que monitorean si las promesas de campaña se concretan o no cuando el político asume el cargo. Estas organizaciones, aunque no tienen carácter oficial, funcionan como una poderosa herramienta de transparencia y presión social.
Canadá: El Parliamentary Budget Officer (Oficina del Director Parlamentario de Presupuesto) revisa la viabilidad de ciertas propuestas de campaña y monitorea el gasto público, lo que ejerce un control indirecto sobre el cumplimiento de promesas, ya que obliga a los políticos a presentar cifras realistas.
Reino Unido: Aunque no existe una figura legal que penalice directamente el incumplimiento del manifiesto (programa de gobierno), el debate público y la cultura política generan presión para que los partidos cumplan lo que se comprometen a realizar. Además, diversos grupos de la sociedad civil rastrean y evalúan el nivel de cumplimiento de dichas promesas.
Algunos países de Europa: En naciones como Alemania, los acuerdos de coalición (Koalitionsvertrag) se consideran una especie de “contrato” entre partidos, y, aunque no hay una fiscalización judicial, el sistema parlamentario exige reportes constantes sobre el progreso de los compromisos pactados. Por su parte, grupos ciudadanos y organizaciones no gubernamentales también monitorean de manera independiente el cumplimiento de lo prometido.
Estas experiencias en el extranjero demuestran que es factible, e incluso benéfico, obligar a los políticos a rendir cuentas sobre lo que ofrecen durante sus campañas. Si bien no hay un modelo universal, la fiscalización puede realizarse desde organismos gubernamentales, a través de la sociedad civil organizada o mediante una combinación de ambas.
Por supuesto, es legítimo que un proyecto se ajuste cuando existen causas de fuerza mayor o hallazgos técnicos que lo justifiquen. Sin embargo, la ciudadanía merece explicaciones claras y oportunas cuando un plan se modifica. Si desde el principio se sabía que la Línea 5 de Tren Ligero era inviable, se debió informar responsablemente en lugar de “vender” la idea para obtener votos.
Fiscalizar las promesas de campaña no es un capricho ni un obstáculo burocrático: es un paso necesario para robustecer nuestra democracia. Sólo así los proyectos que surjan de la voluntad popular se ejecutarán de manera transparente, y la ciudadanía dejará de ver cómo sus ilusiones se traducen en obras recortadas o simplemente inexistentes.
El caso de la Línea 5 en Jalisco es un ejemplo más de por qué México necesita avanzar hacia la rendición de cuentas y la vigilancia activa de los compromisos electorales. Es hora de que los políticos entiendan que sus promesas no son simples discursos, sino compromisos reales que deben cumplirse o, al menos, justificarse de forma creíble ante la sociedad.
Sobre el autor
Humberto Mendoza es un profesional comprometido en el campo del diseño y evaluación de políticas públicas en Jalisco. Es licenciado en Administración Gubernamental y Políticas Públicas Locales por la Universidad de Guadalajara con un Máster en Antropología en la Universitat Autònoma de Barcelona.
La ‘Gestapo del mundo’

El escenario geopolítico de 2026 nos sitúa frente a una de las encrucijadas más peligrosas del siglo XXI. La retórica de la administración Trump respecto a la detención de Nicolás Maduro en Venezuela bajo la bandera de «limpieza» y «restauración del orden» no debe leerse como un acto de filantropía internacional, sino como la instauración formal de una Gestapo del mundo: una policía global que no reconoce fronteras, tratados ni la autodeterminación de los pueblos.
Estados Unidos intervino en Venezuela bajo el argumento de erradicar un régimen, estableciendo un precedente jurídico aterrador: la muerte del Estado Soberano. La soberanía no es una concesión graciosa de las potencias, sino la base del orden internacional.
Si el mundo acepta que Washington puede «limpiar» una casa ajena sin mandato de la ONU y por encima de las leyes locales, estamos regresando a una Doctrina Monroe 2.0. Venezuela es hoy el laboratorio de una fórmula que mañana, con cualquier pretexto, se aplicará en el resto del continente.
Para México, el espejo de Venezuela es una advertencia directa. El argumento del narcotráfico y el fentanilo se ha convertido en el «caballo de Troya» para justificar una intervención en nuestro territorio. Es tentador para muchos ciudadanos, agotados por la violencia, aplaudir la entrada de la «Gestapo del Mundo» para erradicar al crimen organizado.
El argumento es simple pero devastador: «Tu casa está en desorden y el humo me molesta, así que entraré, sacaré a tu familia y yo manejaré tus cuentas». Como juristas, sabemos que el principio de par in parem non habet imperium (entre iguales no hay imperio) es la base de la civilización moderna. Si Donald Trump señala que Estados Unidos se hará cargo de la administración de un país soberano, está borrando de un plumazo décadas de Derecho Internacional. ¿Dónde queda el derecho de un pueblo a equivocarse o a corregir su propio rumbo?
Esta es la pregunta que nos quema las manos: ¿Qué pasaría en México? Los problemas del narcotráfico en nuestro País son una hidra de mil cabezas, un cáncer que ha permeado las instituciones. La tentación de decir «que vengan ellos y nos salven» es el canto de las sirenas para una sociedad agotada por la impunidad.
Sin embargo, como jurista, sostengo que el orden sin soberanía no es paz, es ocupación. Entregar la facultad de ejercer la fuerza pública a una potencia extranjera es abdicar de nuestra identidad y de nuestras instituciones. Si permitimos que «ellos» resuelvan nuestro problema de seguridad, les estamos entregando también el derecho de decidir sobre nuestras leyes, nuestra economía y nuestro futuro. La “Gestapo” no sólo busca criminales; busca el control absoluto del territorio.
Si el orden internacional se reduce a la voluntad del más fuerte de extraer y procesar a líderes extranjeros en cortes domésticas, entonces el sistema de tratados y la propia ONU han quedado obsoletos.
Es imperativo cuestionar nuestra propia identidad. Tenemos 60 millones de mexicanos una nación entera viviendo en el corazón de los Estados Unidos. ¿Cuál es su papel en esta crisis de soberanía?
No podemos seguir siendo una nación de espectadores que solo se reconoce como tal cada 15 de septiembre gritando una independencia de oropel, o cada 12 de diciembre rezando por un milagro ante la Virgen de Guadalupe. El folclore y la fe son pilares de nuestra cultura, pero la soberanía se defiende con agencia política, no con símbolos. Si esa enorme diáspora mexicana no despierta como un sujeto político capaz de influir en las decisiones del imperio, seguirán siendo testigos mudos de la erosión de su patria de origen.
La historia no tendrá misericordia con la generación que, por miedo o comodidad, entregó las llaves de la nación. La «Gestapo del mundo» solo avanza cuando los pueblos olvidan el valor de su propia ley.
México no necesita tutelaje; necesita instituciones sólidas, un Estado de Derecho inquebrantable y una ciudadanía que entienda que la soberanía es el único escudo que nos separa de ser una simple colonia administrativa. La pregunta no es si Trump puede entrar; la pregunta es si nosotros, como mexicanos, estamos dispuestos a dejar de serlo.
Sobre el autor
Fernando Arango Ávila es jurista y académico. Doctor en Ciencias de lo Fiscal, y actualmente cursa un posdoctorado en Derecho. Actualmente, combina su experiencia práctica con su labor investigativa. Escribe: drarango83@gmail.com.
Gavin Newsom y la ‘nación’ de los 60 millones de mexicanos

El anuncio de las intenciones del gobernador de California, Gavin Newsom, de contender en las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos, marca un punto de inflexión con profundas implicaciones para el electorado de origen mexicano y la redefinición del poder en el país.
Este movimiento no sólo abre un camino de esperanza para millones de personas y New Mexicans, sino que consolida el liderazgo de un frente político que busca darle voz a la “nación” demográfica y cultural que emerge en el suroeste del país.
Este movimiento se respalda en la masa demográfica de 60 millones de mexicanos en Estados Unidos, una fuerza que, sumada al apoyo de una gran cantidad de mexicanos en México, podría representar una base electoral sin precedentes para Newsom.
El concepto de “The New Mexicans States of America” no es una propuesta secesionista, sino una etiqueta conceptual para describir una realidad demográfica y cultural irreversible.
En los estados de Nuevo México, Arizona y California, el poder del soft power mexicano ha gestado una diáspora (comunidad) con millones de personas que, juntas, suman una fuerza monumental entre esos 60 millones de mexicanos en Estados Unidos.
Esta “nación” latente ha conquistado silenciosamente el tejido social, económico y cultural del país a través de su influencia en la música, la gastronomía, el deporte y el comercio. A pesar de las persecuciones y el trauma generado por el uso del ICE como herramienta de presión demográfica, la cultura se ha convertido en la armadura y el motor de resistencia de esta población.
La conexión geográfica y la herencia común han permitido que California, Nuevo México y Arizona funcionen como un corredor cultural y económico. Esta alianza natural de estados del suroeste se convierte en el epicentro de esta nueva fuerza política.
Es aquí, en la cuna histórica del territorio mexicano en Estados Unidos, donde la diáspora ha mantenido viva su identidad, demostrando que las fronteras políticas no han logrado contener la unificación cultural. La cristalización de este poder es la respuesta pacífica a cualquier intento de alienación.
El ascenso de líderes como Gavin Newsom y la potencial vicepresidencia de Alex Padilla, es la constatación de que la revolución demográfica ha reescrito el mapa político desde dentro. La “Nación de los New Mexicans” está pasando de ser un poder cultural latente a una fuerza política activa. Al convocar a gobernadores clave y utilizar el soft power mexicano como estrategia, este movimiento busca construir una “barrera azul” de resistencia, transformando la resiliencia cultural en una palanca de poder electoral decisiva para las próximas elecciones presidenciales.
Newsom, al frente de California la cuarta economía mundial, se posiciona como un líder con la experiencia y la frescura necesarias para dirigir a los Estados Unidos. Su gestión como gobernador de California no solo se define por su capacidad para manejar una economía masiva, sino por una serie de logros progresistas que lo proyectan como el principal líder de la oposición a las políticas de la administración Trump.
Logros Clave de Gavin Newsom en California:
Protección de derechos reproductivos y sociales: Newsom ha consagrado protecciones en la Constitución de California para el aborto y las libertades reproductivas. Ha utilizado la autoridad de California para adquirir medicamentos clave y responder a interrupciones del suministro por motivos políticos.
Impulso a la clase trabajadora: Su administración ha impulsado legislaciones históricas para fortalecer a los trabajadores independientes, buscando mejorar las condiciones de vida de los californianos. Su oposición a la abolición de los acuerdos de contratación colectiva lo ha posicionado como un firme defensor de los derechos laborales.
Inversiones sociales masivas: Ha liderado la implementación de programas ambiciosos como el Pre-kínder universal y el financiamiento completo de comidas escolares gratuitas para todos los niños en California. También ha impulsado la expansión de programas de alfabetización y cursos de verano.
Abordando la crisis humanitaria y económica: Pese a las críticas por el alto costo de vida, la administraciónNewsom ha impulsado un enfoque progresista en la lucha contra la falta de vivienda. Más allá de la inversión récord en vivienda, el gobernador ha defendido la implementación de programas sociales innovadores, como el Care Court (Tribunal de Atención), diseñado para brindar tratamiento de salud mental y adicciones a personas sin hogar. Este tipo de políticas sociales complejas y audaces demuestran su disposición a enfrentar los problemas más difíciles del país, lo cual contrasta con las soluciones simplistas y punitivas que a menudo ofrece la oposición.
Resistencia y defensa migratoria: Newsom se ha convertido en una voz influyente a favor de los derechos de los inmigrantes, desafiando públicamente al gobierno federal. Ha movilizado a la Guardia Nacional para asistir en bancos de comida en respuesta a recortes federales y ha criticado duramente el despliegue de militares para tareas migratorias, advirtiendo que los regímenes autoritarios “empiezan por atacar a las personas con menos capacidad de defensa”.
Defensa del comercio transfronterizo y advertencia anti-Aranceles: Ha alertado consistentemente que las promesas de Trump de imponer un arancel del 25% a las importaciones mexicanas infligirían un daño económico devastador a California y a los consumidores. Al defender el libre comercio con México, Newsom protege el sustento de millones de New Mexicans que trabajan en sectores dependientes de este comercio transfronterizo.
El histórico gesto de Newsom al declarar el Día de Fernando Valenzuela el 1 de noviembre, cobra un significado póstumo aún más profundo. Fue una jugada maestra, ya que el 2 de noviembre es el tradicional Día de Muertos, enlazando dos celebraciones con un profundo toque mexicano.
Este acto de poder político y celebración cultural contrasta directamente con la retórica anti-inmigrante. Al honrar a un ícono que unió a mexicanos a ambos lados de la frontera, Newsom solidifica su apoyo en un electorado mexicano crucial, utilizando este reconocimiento como un acto de diplomacia interna que fortalece los lazos con la comunidad.
La posible postulación de Newsom también catapulta al senador Alex Padilla hijo de padres, uno de Chihuahua y otro de Jalisco, a la posición de potencial vicepresidente de los Estados Unidos. Padilla, quien representa la herencia y la base demográfica de los New Mexicans, podría convertirse en el primer mexicano-estadounidense en ocupar dicho cargo.
Hipotéticamente, esto lo colocaría como el candidato natural para ser el primer presidente de los Estados Unidos de ascendencia mexicana, un símbolo de la cristalización del poder político de esta población, muy a pesar del trauma que genera la alienación demográfica del presidente Donald Trump.
La juventud y el voto del mañana: El senador Padilla no solo representa la herencia; también encarna la voz de una nueva generación de New Mexicans. Su perfil conecta directamente con el voto joven y la alta tasa de natalidad de la diáspora (comunidad), que garantiza que su influencia política seguirá creciendo. Su posible ascenso a la vicepresidencia enviaría el mensaje de que el futuro de la democracia estadounidense no se definirá en Washington, sino en la energía, la juventud y la demografía del Suroeste.
Para enfrentar la presión del gobierno federal y el uso de ICE como brazo de presión contra las comunidades mexicano-americanas, es indispensable un frente de resistencia o «barrera azul» con el apoyo de gobernadores demócratas clave: Gobernadora Katie Hobbs (Arizona), gobernadora Michelle Lujan Grisham (Nuevo México), gobernadora Tina Kotek (Oregón), gobernador J. B. Pritzker (Illinois), gobernadora Kathy Hochul (Nueva York) y gobernador Bob Ferguson (Washington).
El Pacífico Noroeste (PNW), que incluye a Washington y Oregón, es una región fundamental para el concepto de los New Mexicans, extendiendo su alcance más allá del suroeste tradicional. Contrario a la percepción popular, estados como Washington han experimentado un crecimiento exponencial de la población de origen mexicano, la cual se ha convertido en una fuerza laboral crítica en la agricultura, la tecnología y el comercio.
El gobernador de Washington, Bob Ferguson, ha demostrado su reconocimiento a esta diáspora (comunidad) al declarar la semana de la herencia mexicana, un gesto que resuena profundamente con el soft power de la comunidad.
Este frente en el PNW es estratégico, pues no solo suma votos, sino que le da a Newsom una base de apoyo que abarca toda la Costa Oeste, desde la frontera con México hasta Canadá. La diáspora (comunidad) mexicana en esta región es un testimonio de la expansión y la diversidad económica de los New Mexicans, que apoyarán a Newsom por sus políticas a favor de los derechos laborales, la protección de los inmigrantes y la defensa de la diversidad cultural.
El PNW solidifica la narrativa de que el apoyo a Newsom no es un fenómeno local de California, sino un movimiento de alcance nacional.
El Poder de la cultura como arma política: La fuerza de este frente radica en el uso estratégico del soft power mexicano. La resistencia no se limita a decretos. Se ejerce en cada plato de comida, en la música regional y en la popularidad de íconos deportivos.
El Mundial de 2026 y los juegos olímpicos de Los Ángeles 2028 no serán solo eventos deportivos, sino escaparates globales donde la cultura de los New Mexicans dictará la tendencia, demostrando que aquello que Trump intentó marginar es, de hecho, el capital cultural y económico más vibrante de la nación. Este soft power es la prueba de que, mientras ICE siembra miedo, la cultura siembra influencia y poder.
El ascenso de Gavin Newsom a la palestra presidencial no es simplemente la historia de un político ambicioso; es la manifestación política de una profunda revolución demográfica y cultural liderada por los New Mexicans.
Sobre el autor
Fernando Arango Ávila es jurista y académico. Doctor en Ciencias de lo Fiscal, y actualmente cursa un posdoctorado en Derecho. Actualmente, combina su experiencia práctica con su labor investigativa. Escribe: drarango83@gmail.com.
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