La gobernabilidad se refiere a las formas y procesos en que una autoridad gubernamental toma decisiones de manera eficaz y la medida en que dichas decisiones se traducen en legitimidad. En un ejercicio prospectivo para imaginar los escenarios posibles que impactarían la gobernabilidad de Jalisco en 2026, se torna necesario dejar de mirar “el árbol” del presente y mirar “el bosque” de lo que resta del año.

Estamos en un año pivote: la antesala de la sucesión de 2027 y el escaparate global del Mundial de Fútbol.

Para profundizar en la prospectiva de Jalisco 2026 es necesario pasar del diagnóstico a la evaluación de riesgos específicos. En este análisis, se evalúa la probabilidad de ocurrencia y el impacto de las variables críticas en los indicadores que definen la gobernabilidad y la salud democrática de Jalisco.

A continuación, se presentan los 10 riesgos críticos para la gobernabilidad de Jalisco en 2026, analizados prospectivamente.

Parálisis por “Federalismo punitivo” 

Con un presupuesto donde el 80 por ciento de los ingresos dependen de la Federación, la soberanía política de Jalisco es, en realidad, una negociación contable constante. Probabilidades de que exista tensión entre el Gobierno de Jalisco, emanado del partido Movimiento Ciudadano (MC) y el Gobierno Federal, emanado del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), podrían generar una relación que pase del retórico intercambio de declaraciones a la asfixia operativa. 

El riesgo es que la Federación retrase deliberadamente flujos financieros o permisos federales (agua, energía, medio ambiente) críticos para obras estatales, buscando debilitar la marca política local rumbo al 2027. La posibilidad de esta tensión impactaría en obras inconclusas y servicios públicos deficientes que la ciudadanía cobraría al gobierno local.

Fragmentación de la Mesa Metropolitana 

El Siapa y la gestión de la basura en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) son focos rojos de deterioro social. La ineficacia en estos servicios básicos es el camino más rápido al descontento ciudadano masivo.

Existe el riesgo de una ruptura en la coordinación técnica entre Guadalajara, Zapopan, Tonalá, Tlajomulco y Tlaquepaque. Al acercarse el año electoral, los alcaldes podrían priorizar agendas políticas individuales sobre la gestión técnica conjunta (seguridad, basura, vialidad), rompiendo el modelo de gobernanza metropolitana. Esto conllevaría crisis operativas en servicios municipales que colapsen la ciudad por sectores.

Obstrucción judicial interna 

Con la reforma judicial federal en marcha, Jalisco enfrenta el desafío de reformar su propio Poder Judicial sin perder autonomía ni caer en la parálisis. Existe un foco de conflictividad política latente entre el Ejecutivo y las fuerzas de oposición en el Congreso. Se debe evitar la “copia acrítica” con el modelo federal y buscar un modelo híbrido que garantice la carrera judicial local para mantener la eficacia decisional.

Podría generarse una resistencia pasiva o “huelga de brazos caídos” dentro del Poder Judicial local ante la implementación de las reformas judiciales. Si los jueces y magistrados locales sienten amenazada su estabilidad por la elección popular de cargos, podrían ralentizar la impartición de justicia. Esto podría acarrear un aumento de la impunidad y parálisis en la resolución de conflictos comerciales y penales.

El “fuego amigo” prematuro 

No deberá descartarse que la carrera por las candidaturas de 2027 se adelante incontrolablemente dentro del partido gobernante. Las facciones internas podrían comenzar a operar unas contra otras, filtrando información dañina o saboteando programas de sus rivales internos dentro del mismo gabinete. Lo cual repercutiría en un gobierno estatal que pierde el foco de gobernar para centrarse en la “grilla” interna, generando vacío de poder.

El factor más peligroso —y el menos visible— suele ser la erosión silenciosa de los “mecanismos de compensación” internos, esos acuerdos informales que permiten que algunas corrientes internas acepten que otra corriente controle las candidaturas sin romper el pacto. Cuando esos mecanismos dejan de funcionar, el conflicto ya no es sólo político, se torna también existencial.

Radicalización de la oposición en el Congreso 

El Congreso del Estado se convertirá en un campo de batalla conforme se acerque 2027. La capacidad del gobernador para construir mayorías será puesta a prueba. Una mayoría opositora podría bloquear el presupuesto de 2027, afectando la estabilidad política. Se corre el riesgo de que la oposición (Morena y aliados) utilice su fuerza legislativa para bloquear sistemáticamente iniciativas clave o el presupuesto de 2027, no por razones técnicas, sino como estrategia de desgaste.

Eso conduciría a una gobernabilidad por decreto o reconducción presupuestal, lo que genera incertidumbre jurídica para proveedores y contratistas, pero principalmente a zonas y sectores que requieren respuestas a problemáticas ingentes.

Politización de la gestión del agua 

A pesar de las inversiones, el Río Santiago sigue siendo una herida abierta. La presión internacional y de derechos humanos aumentará en 2026. Una buena gestión del agua sería un indicador clave de la eficacia de las políticas públicas a largo plazo.

Existe el riesgo de que la escasez de agua en el estiaje de 2026 sea utilizada como arma política. Si falla el suministro en colonias populares, la movilización social puede ser instigada por actores políticos para generar caos y culpar a la administración estatal. Posibles protestas masivas y cortes de vialidades principales afectarían la gobernabilidad urbana.

El “efecto escaparate” del crimen organizado 

El Mundial es una oportunidad de oro, pero también un riesgo logístico. Cualquier episodio de violencia o falla en el transporte durante el evento tendría impacto global. Un éxito en el Mundial refuerza la legitimidad, un fallo la hunde internacionalmente. No se debe descartar el riesgo de que los grupos del crimen organizado aprovechen la visibilidad internacional del Mundial 2026 para enviar mensajes de poder. No necesariamente violencia contra turistas, sino bloqueos, mantas o eventos de alto impacto en la periferia como demostración de control territorial, aludiendo a un poder que ya no es únicamente simbólico.

Hechos de esta índole podrían generar una crisis reputacional global que destruya las narrativas de “Jalisco es México” y “Al estilo Jalisco” y afectar de manera ostensible la inversión extranjera.

El “segundo piso” de la crisis forense y de desaparecidos 

Jalisco llega a 2026 liderando las estadísticas nacionales de desapariciones. El reto no es sólo estadístico, sino de legitimidad gubernamental. Existe una brecha de confianza profunda entre las cifras oficiales y la realidad de los colectivos de búsqueda. La gobernabilidad se erosiona cuando el Estado no puede garantizar el derecho a ser buscado.

El hallazgo de nuevas fosas masivas o la saturación visible del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) en pleno 2026 es un riesgo que no se puede descartar. Si la narrativa oficial choca frontalmente con una realidad inocultable, la legitimidad moral del gobierno se desploma. Un escenario como este puede provocar la radicalización de los colectivos de búsqueda y pérdida total de confianza en las instituciones de seguridad.

Gentrificación y desplazamiento violento 

La Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) vive una crisis de asequibilidad. El desplazamiento de la población local hacia la periferia genera tensiones sociales y problemas de movilidad. El supuesto éxito económico del estado no se está traduciendo en bienestar habitacional para la clase media y para los jóvenes.

Hay un riesgo latente de que el aumento del costo de vida y vivienda en la ZMG, exacerbado por el turismo del Mundial, provoque un estallido social de las clases trabajadoras desplazadas a las periferias sin servicios. Lo que repercutiría en un aumento de delitos patrimoniales en zonas residenciales y polarización de clases (ricos vs. pobres) en el espacio urbano.

Infiltración criminal en policías municipales del interior 

El dominio de grupos del crimen organizado en zonas limítrofes (Altos, Norte y límites con Michoacán/Zacatecas) desafía la soberanía del Estado. Existe el riesgo de una “gobernanza criminal” paralela que sustituya al Estado en la resolución de conflictos locales. Mientras se blinda la Zona Metropolitana para el Mundial, se corre el riesgo de que el crimen organizado consolide su control absoluto sobre las policías municipales de las regiones Altos, Norte y Sureste, creando “zonas de silencio” donde el Estado no existe.

La detención y vinculación del alcalde —y otros funcionarios del Ayuntamiento— del municipio de Tequila por presuntos delitos de violencia organizada y extorsión en días recientes son una muestra fehaciente de una institucionalidad vulnerada y corrompida. El riesgo de que esas conductas se repitan en otros municipios, está latente.

Conclusiones 

El riesgo para Jalisco en 2026 es que la eficacia decisional y la estabilidad se vean sacrificadas en el altar de la conflictividad política. El Mundial actúa como un catalizador: puede ser la plataforma para demostrar una gobernanza de clase mundial o el escenario donde las fracturas sociales y de seguridad se expongan globalmente.

El gobierno deberá priorizar la cohesión institucional (blindar el Gabinete de la fiebre electoral) y la legitimidad (resolver de fondo casos emblemáticos de desaparición) para construir un colchón de confianza que le permita navegar las crisis que inevitablemente surgirán en los otros indicadores.

El mayor riesgo para la gobernabilidad de Jalisco en 2026 no es un colapso súbito, sino una erosión gradual y simultánea. El peligro es que el gobierno estatal sea tan eficiente en la administración de la imagen (mercadotecnia política para el Mundial) que descuide la administración de la realidad (seguridad y servicios en la periferia), creando una olla de presión que podría estallar justo antes de las elecciones de 2027.

En resumen, la gobernabilidad en Jalisco para este 2026 no se jugará en los discursos, sino en la capacidad técnica para resolver crisis humanitarias como la de las personas desaparecidas y la inseguridad, así como las operativas (servicios públicos: transporte, agua, basura), mientras se navega en un mar de polarización política nacional.

Sobre el autor

José de Jesús Gómez Valle es analista político. Profesor Investigador en el CUCSH de la UdeG. Contacta: jose.gomezvalle@gmail.com y en X: @jgomezvalle.

La gobernabilidad es, de acuerdo a los aportes teóricos de la ciencia política, la cualidad de una comunidad política según la cual sus instituciones de gobierno actúan eficazmente dentro de su espacio de un modo considerado legítimo por la ciudadanía (Arbós y Giner, 1993: 13); también se entiende como el estado de equilibrio dinámico entre el nivel de las demandas sociales y la capacidad del sistema político para responderlas de manera legítima y eficaz (Camou, 1995: 22; 2000:283-286); en ese sentido, gobernabilidad es un concepto amplio que se refiere a cómo se gobierna un país, una entidad o un municipio, es decir, la manera en que una autoridad gubernamental toma decisiones y la medida en que dichas decisiones generan por parte de otros actores (políticos, económicos y sociales)  respaldos, apoyos y adhesiones, en concreto legitimidad.

Para calibrar o medir la gobernabilidad existen varias metodologías e indicadores impulsados por organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la Comisión Económica para América Latina y el Banco Mundial, entre otros. Para efectos prácticos de este documento se seleccionaron seis indicadores que ayudan a evaluar la gobernabilidad, los cuales se definen a continuación:

Eficacia decisional del gobierno. La capacidad de un gobierno para tomar decisiones que logren los objetivos deseados y que tengan resultados positivos para la sociedad. Implica que las decisiones sean efectivas, que cumplan con su propósito y que los resultados sean percibidos como beneficiosos por la ciudadanía. La eficacia decisional de un gobierno implica la capacidad de tomar decisiones acertadas, implementarlas eficazmente y lograr resultados positivos que satisfagan las necesidades de la sociedad y sean percibidos como tales por la ciudadanía.

Legitimidad gubernamental. La aceptación y reconocimiento por parte de la población del derecho de un gobierno a dirigir y a desempeñarse como agente director. Es la cualidad que hace que un gobierno sea considerado legítimo, basado en la creencia de que actúa de acuerdo con las normas, valores y expectativas de la sociedad. La legitimidad es crucial para la gobernabilidad, ya que un gobierno legítimo goza de mayor estabilidad, cooperación y apoyo social. Sin legitimidad, un gobierno puede enfrentar resistencia, inestabilidad política y dificultades para implementar políticas.

Coordinación y cohesión institucional. La articulación y armonización de esfuerzos entre diferentes entidades de gobierno para lograr objetivos comunes, evitando duplicidades y conflictos. La cohesión institucional, por otro lado, implica la existencia de un sentido de pertenencia, confianza y colaboración entre los diferentes actores del gobierno, lo que facilita la implementación de políticas y la consecución de metas compartidas.

Estabilidad política. Capacidad del sistema político para mantener un gobierno en funcionamiento y evitar perturbaciones o cambios significativos a largo plazo. Implica un estado de tranquilidad, organización y continuidad en la esfera política, lo que a su vez facilita la planificación, inversión y prosperidad. 

Conflictividad política. Situaciones de tensión y enfrentamiento dentro de un sistema político, donde diferentes grupos o individuos con intereses y valores divergentes compiten por el poder, recursos o influencia. Estos conflictos pueden manifestarse a través de debates, protestas, o incluso violencia, y pueden afectar la estabilidad y el funcionamiento del sistema político.

Deterioro social y episodios violentos. El deterioro social se refiere al proceso progresivo de debilitamiento o ruptura de los lazos que sostienen la cohesión de una sociedad. Este fenómeno puede manifestarse en múltiples dimensiones: aumento de la violencia, pérdida de confianza en las instituciones, debilitamiento del tejido comunitario, exclusión social, y normalización de prácticas que atentan contra la convivencia y la equidad. Los episodios violentos son actos de aplicación de fuerza intencionalmente lesiva para las personas o grupos a los que se les aplica; tipo de acción mediante la cual una persona o grupo de personas daña a otros.

El periodo de análisis (diciembre 2024 – diciembre 2025) corresponde al inicio de la ejecución de políticas públicas del nuevo ciclo sexenal, posterior a la elección de 2024. Este contexto está marcado por la necesidad de consolidar una agenda de desarrollo ambiciosa y por la adaptación a un entorno nacional caracterizado por una fuerte hegemonía política del partido en el poder, lo que implica una debilidad de la oposición a nivel federal y un riesgo de concentración de poder en el ámbito local.

El marco conceptual adoptado define la gobernabilidad no sólo como la capacidad de un gobierno para actuar (eficacia), sino también como el mantenimiento de la estabilidad institucional a través del consenso social y la adhesión de los actores clave (legitimidad). El informe se basa en la triangulación de datos oficiales (Planes de Desarrollo, informes de pobreza, cifras de seguridad), la revisión de procesos institucionales (Congreso, Gabinete) y la crítica especializada (medios y columnas de opinión). 

Eficacia decisional

La eficacia decisional evalúa la capacidad del gobierno para tomar decisiones importantes y lograr un impacto directo en la resolución de los problemas planteados. En 2025, esta capacidad se centró en la planificación a largo plazo y la modernización administrativa.

El primer esfuerzo decisional de la administración de Pablo Lemus Navarro se concretó en el Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza (PEDG) 2024-2030. Este documento, presentado formalmente en septiembre de 2024, fue el resultado de un extenso proceso de consulta que involucró a más de 650 mil personas de todas las regiones y sectores, un ejercicio que buscó dotar al plan de una alta legitimidad de origen. El PEDG se concibió como una “hoja de ruta” viva y no un “catálogo de promesas”. Su intención parece ser una guía operativa y motor de transformación en todos los órdenes de gobierno.

Los temas estratégicos identificados reflejan una clara intención de atacar problemas históricos de Jalisco, incluyendo la búsqueda integral y coordinada de personas desaparecidas, el enfoque de mujeres libres de violencia y el saneamiento del Río Santiago.

Una decisión de alto impacto fue la priorización de la innovación pública, el gobierno digital y la Inteligencia Artificial (IA) como pilares fundamentales de la gestión. La literatura especializada citada en documentos oficiales sugiere que la IA puede optimizar procesos, personalizar servicios y facilitar la toma de decisiones más informada, lo que se traduce en una mayor eficiencia y eficacia.

La ejecución de esta estrategia se orientó a consolidar un desempeño eficiente e incrementar el uso de tecnologías de la información en políticas y proyectos. Como mecanismo de rendición de cuentas, el gobierno estableció un sistema de seguimiento en línea (mide.jalisco.gob.mx) para monitorear el cumplimiento de las metas del Plan Estatal.  Esta formalización del seguimiento es un indicador de la capacidad gerencial para la transparencia y la medición del desempeño.

A mediados de 2025, el Congreso del Estado realizó un análisis del PEDG, confirmando la coherencia en la planeación y la articulación de estrategias integrales en cultura, salud, desarrollo social y educación.12 Esto demuestra la capacidad del Ejecutivo para generar un documento rector que articula acciones con la federación y los municipios.

No obstante, se observa una divergencia entre la eficacia técnica y la percepción resolutiva. La alta inversión en herramientas tecnocráticas (IA, digitalización, planificación detallada) sugiere un gobierno internamente eficiente. Sin embargo, como se analizará más adelante, la persistencia de una alta conflictividad social y deterioro social masivo plantea la preocupación de que la eficacia se perciba como meramente administrativa y no como la solución efectiva a los problemas fundamentales de la ciudadanía. La eficacia decisional, en ese sentido corre el riesgo de ser interpretada como una herramienta de optimización burocrática en lugar de un motor de bienestar social inclusivo.

Legitimidad gubernamental 

La legitimidad gubernamental se mide por la capacidad del gobierno de generar adhesiones y consensos entre los principales actores políticos y sociales. Durante 2025, la administración logró mantener una adhesión institucional, aunque enfrentó un profundo desafío de legitimidad social por parte de grupos organizados.

La relación con el Congreso del Estado se mantuvo dentro del marco de la legalidad y la formalidad institucional. Un ejemplo de esto fue el proceso ordenado de entrega-recepción de la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política (JCP) en octubre y noviembre de 2025. La JCP, crucial para el funcionamiento del Congreso, se mantuvo enfocada en su misión primordial de impulsar consensos legislativos y coordinar la agenda. Además, el Congreso asumió tareas de contrapeso al realizar análisis y comparecencias detalladas sobre la ejecución del PEDG.

Este nivel de funcionamiento formal es un indicador de alta legitimidad institucional. Sin embargo, el análisis del entorno político general del 2025 señala un riesgo de que esta adhesión se deba, en parte, a un contexto de concentración de poder a nivel nacional. La fuerte hegemonía política del partido en el poder a nivel federal relega a la oposición a una presencia debilitada. Esto significa que, si bien la legitimidad formal es alta, la legitimidad democrática (basada en la pluralidad y la capacidad real de contrapeso) puede estar estructuralmente erosionada.

El sector empresarial, representado por organismos como Coparmex, la Cámara de Comercio y el Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco mantuvo una relación de colaboración con el Ejecutivo estatal, reconociendo avances en la competitividad de Jalisco, aunque señalando la persistencia de desafíos. La celebración de eventos como el Premio Jalisco al Emprendimiento en octubre de 2025 refuerza la percepción de una relación funcional y de apoyo mutuo con las élites económicas.

En contraste, la academia, como la Universidad de Guadalajara (UdeG), centró su discurso en la necesidad de que los órganos autónomos, como la Suprema Corte, busquen legitimidad a través de resoluciones imparciales. Esto se interpreta como un recordatorio crítico al Ejecutivo sobre la importancia de la independencia judicial y la vigilancia académica para sostener la legitimidad del sistema de gobernanza. También las tensiones entre la Universidad de Guadalajara (UdeG) y el Gobierno de Jalisco, bajo la administración de Pablo Lemus Navarro, persistieron principalmente por temas presupuestales y de seguridad. La UdeG ha señalado la necesidad de mayor presupuesto estatal, mientras que la seguridad pública fue otro punto de fricción. 

Por lo que respecta a la vinculación con cúpulas partidistas y gobiernos municipales. Movimiento Ciudadano (MC), el partido en el poder, delineó una estrategia buscando puntos de coincidencia puntuales con otros partidos (PAN, PRI, Morena) sin formalizar alianzas de largo aliento, sino coyunturales esto se evidenció en acuerdos alcanzados entre grupos parlamentarios al interior del Legislativo local. Esta postura pragmática intentó generar adhesiones, defendiendo la idea de que la construcción de Jalisco debe trascender las líneas partidistas rígidas. La coordinación con gobiernos municipales se centró, primordialmente, en la aplicación territorial del PEDG. 

Coordinación y cohesión institucional 

La coherencia decisional se fundamentó en la implementación rigurosa del PEDG. El Plan fue diseñado para articular políticas en todos los sectores, buscando la concordancia entre la ejecución estatal, la agenda federal y las necesidades municipales. La presentación de estrategias “integrales” por parte de los secretarios del gabinete en temas como salud, cultura y educación mostró una directriz unificada que promueve la consecución de estilos de vida saludables, reducción de desigualdades y fortalecimiento de la infraestructura, asegurando un flujo de comunicación interinstitucional coordinado.

Un indicador crítico de la cohesión institucional son los movimientos dentro del gabinete. El Gobierno de Jalisco anunció cambios en el Gabinete en diciembre de 2025 (cambios que al momento de redactar este informe no se han realizado). Si bien los ajustes son parte del ciclo administrativo, su concentración al cierre del periodo de análisis puede generar una incertidumbre en la continuidad de procesos.

La dependencia del gobierno en la gestión tecnocrática avanzada (uso e impulso de la IA y Gobierno Digital. https://transformaciondigital.jalisco.gob.mx/ ) hace que cualquier cambio en las cabezas de las coordinaciones introduzca un riesgo de interrupción en la ejecución de políticas complejas. Los nuevos funcionarios deben asimilar rápidamente los objetivos estratégicos del PEDG para evitar que la parálisis gerencial socave la eficacia decisional lograda en la fase de planeación.

El contexto de 2025, marcado por una tendencia hacia la concentración de poder a nivel nacional, tiene una doble implicación para la cohesión: por un lado, facilita la imposición de una visión única y acelera la implementación de la agenda política; por otro lado, hace que el sistema sea excesivamente dependiente de la figura del Ejecutivo. En este entorno, la cohesión puede depender más de la lealtad política que de la eficiencia burocrática horizontal, lo que aumenta la vulnerabilidad ante fallos de comunicación o errores no corregidos por contrapesos internos.

Estabilidad política 

La estabilidad política se refiere a la continuidad institucional sin interrupciones abruptas del orden constitucional y la capacidad del gobierno para contener crisis. Jalisco mantuvo una estabilidad formal durante 2025, gestionando sus transiciones de manera legal.

El sistema político estatal operó dentro de la normalidad constitucional. El relevo de las dirigencias en el Congreso en noviembre de 2025 se realizó bajo un estricto marco de legalidad, garantizando la continuidad de los procesos legislativos. La ausencia de violencia política sistémica o interrupciones abruptas de las funciones de gobierno confirma un nivel básico de estabilidad formal.

La principal crisis a contener es la de seguridad y derechos humanos. La administración articuló una estrategia de seguridad ciudadana enfocada en la protección de derechos humanos, la prevención social y el fortalecimiento institucional. El enfoque incluye la colaboración intergubernamental para la localización y prevención de desapariciones.

Además de la seguridad, la estabilidad se mide por la capacidad de mantener en curso los proyectos prioritarios, incluso ante la oposición. La amenaza de protestas vecinales para frenar obras de la Línea 4 del Tren Eléctrico requirió una gestión activa para evitar la interrupción del orden público y el retraso de la infraestructura.

No obstante, a pesar de la estabilidad formal, existen factores de riesgo estructurales. La ineficacia administrativa y la corrupción son elementos clave que impulsan la violencia y la impunidad en México, reduciendo la estabilidad a largo plazo. En Jalisco, la persistencia de carencias sociales masivas crea un caldo de cultivo para la conflictividad política. La ineficacia del gobierno en la reducción de la pobreza y la desigualdad es un factor de inestabilidad latente mucho más peligroso que cualquier conflicto gremial aislado.

La conflictividad política evalúa las confrontaciones dirigidas contra actos o políticas del gobierno por parte de grupos organizados. Durante 2025, la conflictividad en Jalisco fue de naturaleza dual: de baja intensidad en el ámbito laboral y de alta intensidad en el ámbito social-estructural.

El foco más agudo de la conflictividad ocurrió a principios de 2025, cuando Guadalajara se unió a una protesta global contra la desigualdad y el poder de los multimillonarios en enero. Este conflicto no fue meramente opositor a una política puntual, sino una confrontación estructural e ideológica. Los manifestantes criticaron directamente al gobierno de Jalisco, percibiéndolo como «cómplice de las élites económicas».6 Las demandas concretas se dirigieron contra la privatización del patrimonio público, el desarrollo inmobiliario que no resuelve la crisis de vivienda, y la sobreexplotación de recursos como el agua.6 La naturaleza de este conflicto, que exige impuestos progresivos a los superricos y mayor inversión en servicios públicos 6, socava la legitimidad del modelo de desarrollo económico promovido por el estado y resulta ser de contención más compleja que los conflictos tradicionales.

Los grandes proyectos de infraestructura generaron conflictos localizados. La Línea 4 del Tren Eléctrico enfrentó críticas por su desarrollo y amenazas directas de vecinos de, quienes advirtieron que realizarían protestas y freno de obras. Estos conflictos vecinales reflejaron la tensión constante entre la necesidad de desarrollo y el impacto social y ambiental de las obras públicas.

Un factor estabilizador fue la baja intensidad de la conflictividad laboral. Jalisco, bajo el nuevo sistema de justicia laboral federal, logró una alta eficacia del 60% en la resolución de conflictos. A nivel nacional, el modelo privilegia la conciliación, resolviendo alrededor del 70% de los conflictos por esta vía.  Esta alta capacidad institucional para gestionar y resolver disputas gremiales evita movilizaciones sindicales masivas que podrían desestabilizar la economía y la política estatal.

Deterioro social y episodios violentos 

Este indicador mide el debilitamiento de las estructuras de bienestar y la incidencia de eventos violentos, los cuales son catalizadores directos de la inestabilidad. Los datos de 2025 sobre la pobreza multidimensional en Jalisco revelan un deterioro social persistente que amenaza la cohesión. Un porcentaje significativo de la población, entre el 59.9% y el 61.5%, padece al menos una carencia social (Secretaría del Bienestar.  Informe Anual sobre la Pobreza y Rezago Social 2025. Jalisco. Las carencias sociales más críticas son:

Acceso a la Seguridad Social: 42.0% de la población (3,568,388 personas) carece de acceso a la seguridad social.7 Esto indica una alta informalidad económica y una profunda vulnerabilidad.

Acceso a los Servicios de Salud: 37.1% de la población (3,156,568 personas) carece de acceso a servicios de salud.7 Esta es una carencia masiva que pone en riesgo la salud pública y la calidad de vida, demostrando una brecha crítica en la promesa de bienestar.

Rezago Educativo: 20.4% de la población (1,737,839 personas) sufre de rezago educativo.

El impacto de estas carencias es grave, limitando el capital humano y, en el caso de los jóvenes, contribuyendo al reclutamiento por parte del crimen organizado debido a la falta de oportunidades. Este vínculo directo entre la carencia social y la violencia es un factor de fragilidad para la gobernabilidad.

En lo que respecta a episodios violentos, el análisis de la violencia en 2025 presenta cifras contradictorias que requieren una interpretación crítica de la realidad de seguridad en Jalisco.

Desapariciones: En 2025, se registró una reducción significativa de enero a agosto, con 1,857 casos, lo que representa una disminución del 15.5% respecto al mismo periodo en 2024 (2,199 casos). Esta cifra es la más baja desde 2019, una reducción acumulada del 42.1% en seis años. Además, la eficacia en localización es notable, con el 59% de las personas desaparecidas en 2025 localizadas. Sin embargo, especialistas y académicos señalan que existen discrepancias en el Registro Estatal de Personas Desaparecidas, señalando que se esconden las cifras para maquillar el índice de incidencia.

Homicidios: La Presidencia de la República destacó una disminución del 15% en homicidios dolosos a nivel federal entre septiembre de 2024 y febrero de 2025. Aunque este dato es de carácter federal, se alinea con la narrativa estatal de reducción en delitos de alto impacto. Con base en los reportes disponibles a diciembre de 2025 sobre la situación de seguridad en Jalisco, persisten diferencias de narrativa entre las cifras oficiales de los gobiernos federal y estatal con las observaciones de familiares de víctimas y colectivos. Mientras los gobiernos sostienen una baja histórica en homicidios dolosos para 2025, los colectivos de familiares ponen el enfoque en la persistente crisis de desapariciones y hallazgos en campo, lo que genera una brecha significativa en la percepción de la realidad de seguridad. 

A pesar de las cifras positivas en la crisis de desaparecidos, la seguridad interna del estado se deterioró en otras áreas. El total de mujeres víctimas de algún presunto delito en Jalisco registró un aumento significativo. En octubre de 2025, se registraron 671 víctimas, un incremento del 5.01% respecto a septiembre (639 víctimas) y superior al promedio mensual histórico de 548 víctimas (periodo 2016-2025), según datos del Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco.

La confrontación de datos es crucial: mientras que se reportó una “caída histórica” en feminicidios (40%) y una reducción del 20% en violencia familiar en 2024 y 2025, el aumento en la victimización femenina total implica que la violencia no desapareció, sino que pudo haberse internalizado o trasladado a otras esferas, posiblemente delitos de menor visibilidad mediática, pero que afectan la seguridad personal y la cohesión social. El Estado no logra garantizar la seguridad básica en la esfera privada, lo que alimenta la fragilidad de la gobernabilidad.

Implicaciones para la gobernabilidad en Jalisco 

El análisis de los seis indicadores de gobernabilidad en Jalisco para el periodo 2025 conduce a cuatro implicaciones fundamentales para la estabilidad y el desarrollo del estado:

• La brecha de la legitimidad estratégica

La principal debilidad de la gobernabilidad en Jalisco reside en la brecha entre la eficacia tecnocrática y la legitimidad social. El gobierno invirtió en planificación participativa (PEDG) y modernización administrativa, demostrando la capacidad de generar una estructura de gestión de alto nivel. Sin embargo, esta capacidad no ha sido percibida como una herramienta al servicio de la resolución de los problemas sociales crónicos. La conflictividad de 2025 no cuestionó la existencia de las decisiones, sino su orientación (crítica a la complicidad con élites y la privatización). La gobernabilidad es funcional en la gestión, pero vulnerable en su consentimiento social.

• Los riesgos estructurales del deterioro social

El deterioro social, especialmente la carencia en salud (37.1%) y seguridad social (42.0%), representa un riesgo de inestabilidad crónica. La alta tasa de pobreza multidimensional y la vinculación documentada entre la falta de oportunidades para jóvenes y el reclutamiento criminal crean una base social desestructurada que alimenta la conflictividad política a largo plazo. La estabilidad formal se mantiene a pesar de, y no gracias a, la situación social.

• La incoherencia en la gestión de la seguridad

La dicotomía y contradicción en las cifras de violencia es una implicación crítica para la credibilidad institucional. El gobierno celebra la reducción en desapariciones y homicidios, pero el aumento en la victimización femenina total revela que las estrategias de seguridad no están funcionando de manera integral. Esta incoherencia erosiona la confianza pública y la legitimidad de las políticas de seguridad, haciendo que la cohesión institucional parezca selectiva o enfocada únicamente en delitos de alta notoriedad mediática, ignorando la violencia sistémica y de género que desestructura la vida cotidiana.

• Vulnerabilidad ante la concentración de poder

El contexto de debilidad de los contrapesos, tanto en el Congreso local como por la tendencia nacional de concentración de poder, implica que, si bien la eficacia decisional es rápida, el sistema carece de mecanismos robustos para corregir errores de alto costo político. Las críticas a proyectos de infraestructura (Línea 4) 18 o la gestión de organismos descentralizados (SIAPA) demuestran que, sin una oposición institucional fuerte, la corrección de rumbo debe provenir de una conflictividad política externa, lo que incrementa el riesgo de crisis.

Síntesis cuantitativa de la gobernabilidad

La siguiente tabla resume el grado de desempeño alcanzado por cada uno de los indicadores clave de gobernabilidad durante el periodo 2024-2025, con una escala cualitativa que va de «Muy Baja» a «Muy Alta», basada en el análisis y los datos presentados en este balance:

Conclusiones

El análisis revela una compleja dinámica marcada por la alta capacidad técnica y la eficacia en la planeación administrativa del gobierno, contrastada por una legitimidad bajo presión social constante, impulsada por la persistencia de carencias sociales severas y una conflictividad política latente y que en cualquier momento podría detonar a instancias más altas.

La administración estatal demostró una notable eficacia decisional al articular y formalizar el Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2030, priorizando la modernización mediante el Gobierno Digital y la Inteligencia Artificial. Esta orientación tecnocrática se complementó con decisiones clave en la agenda de derechos humanos, como la política de búsqueda integral de personas desaparecidas.

Sin embargo, la legitimidad gubernamental se vio comprometida. A pesar de una relación funcional con el Congreso y las élites empresariales, la conflictividad social alcanzó picos significativos, especialmente en enero de 2025, cuestionando la priorización de intereses privados sobre derechos fundamentales. La estabilidad política se mantuvo formalmente, pero los riesgos de gobernabilidad son estructurales, derivados del alto índice de carencias sociales (37.1% de la población sin acceso a salud) y de una preocupante incoherencia en las cifras de seguridad: mientras se dice desde esferas gubernamentales que las desapariciones disminuyeron drásticamente, la victimización total de mujeres registró un incremento que superó el promedio histórico.

La principal conclusión es que la gobernabilidad de Jalisco es funcional a nivel administrativo, pero intrínsecamente vulnerable a nivel social. La capacidad de la administración para mantener la estabilidad a futuro dependerá de su habilidad para traducir la eficacia tecnocrática en una resolución palpable de las carencias sociales crónicas y para atender las demandas de los movimientos anti-élite de manera estructural.

Referencias

Arbós, X. y Giner, S. La gobernabilidad. Ciudadanía y democracia en la encrucijada mundial. México, Siglo XXI, 1993.                                                                                  

Bobbio, Norberto. Diccionario de política, 13° edición, 2 tomos. México, Siglo XXI, 2002. Pp. 703-710.                         

Camou, Antonio, «Gobernabilidad», en Léxico de la Política, México, FLACSO-FCE-CONACYT, 2000.

Sobre el autor

José de Jesús Gómez Valle es profesor investigador en el CUCSH de la Universidad de Guadalajara. Maestro en Estudios Políticos y Sociales por la UNAM. Escribe a jose.gomezvalle@gmail.com.