Resulta curioso cómo la promesa de «casa propia» se transformó, en cuestión de dos generaciones, de un derecho alcanzable a un privilegio de nicho. Mientras nuestros padres -hoy, los abuelos de quienes estarían comprando casa- podían adquirir una vivienda con alrededor de cinco años de trabajo constante, en esta época, los jóvenes mexicanos necesitan ganar 48 mil pesos mensuales para acceder a un crédito hipotecario de una vivienda medianamente habitable. Algo cambió en el camino; o, más bien, alguien cambió las reglas del juego mientras distraídos, transitábamos de la televisión a las pantallas con streaming; y, de ahí, a las pantallas de los dispositivos móviles y la adicción a las redes sociales.

El AMG no es la excepción: el precio de la vivienda registró un incremento anual de 11.78% en 2025. En términos simples: los salarios de los jóvenes caminan y los precios inmobiliarios vuelan. El salario promedio por hora de personas entre 15 y 29 años es de menos de 50 pesos. Hagamos las cuentas: una jornada laboral completa apenas cubre el interés diario de un crédito hipotecario promedio. La matemática no miente; solo incomoda.

¿Qué hay detrás de esta brecha? 

Primero, la especulación del suelo urbano y la financiarización de los inmuebles. La vivienda dejó de ser un bien de uso para convertirse en instrumento de especulación. Veamos por ejemplo, el caso de un terreno para vivienda en Guadalajara:

En 1970 el salario mínimo ($950/mes) permitía comprar un terreno de 250 m², cuyo valor ($30,000) podía pagarse en 31 meses; es decir, poco más de 2 años y medio.

En 2020, cinco décadas después, el salario mínimo ($3,746/mes) permitió comprar un terreno de 250 m², cuyo valor ($1’000,000) podía pagarse en ¡288 meses! Es decir, 24 años.  En números absolutos, hace 6 años, se requirió 10 veces más esfuerzo en años de trabajo… Y sigue creciendo la brecha.

No fue inflación; fue rentabilidad asegurada para capitales que encontraron en el ladrillo un refugio más cómodo que la producción, o bien, para blanquear capitales en la capital del lavado de dinero, nuestra Perla Tapatía.

Segundo, el mercado laboral pauperizante. Más de la mitad de jóvenes entre 25 y 35 años carece de acceso a vivienda. No es falta de esfuerzo; es precarización estructural. Cuando el empleo formal ofrece salarios que no crecen al ritmo del costo de vida, el ahorro para el enganche se vuelve aritméticamente imposible.

Tercero, y aquí convendría observar fríamente, con lupa crítica: la construcción temprana de patrones de consumo que luego se presentan como «decisiones individuales de placer». Desde la infancia, especialmente a las niñas, se les entrena en una suerte de «princesificación» o disneyficación de la existencia. El castillo, los vestidos, el momento mágico: toda una estética del consumo inmediato que prepara el terreno para adultas que priorizan experiencias foto-atractivas sobre activos duraderos. No es casualidad que el mercado de «experiencias instagrameables» tenga rostro predominantemente femenino. Se nos vende felicidad en cuotas mensuales porque se sabe que quien aprendió a esperar príncipes azules también aprende a creer que la economía, en general, solo es fruto del esfuerzo individual.

Ante la imposibilidad de proyectos a largo plazo, el mercado ofrece compensación emocional empaquetada: teléfonos, gadgets, viajes, ropa, momentos. No es frivolidad juvenil; es adaptación psicológica a la incertidumbre o al abandono. ¿Para qué ahorrar diez años para un enganche que seguirá siendo insuficiente? Mejor vivir algo ahora, aunque sea prestado. La lógica es impecable; lástima que sea la lógica del cautiverio, no de la liberación.

Las mujeres jóvenes enfrentan una doble brecha: techos de cristal y mayor responsabilidad en cuidados no remunerados. El crédito hipotecario, diseñado para trayectorias laborales continuas, penaliza interrupciones que, estadísticamente, las afectan más. Sin embargo, son ellas quienes reciben mayor presión social por «verse bien», «vivir bonito», «disfrutar la vida». Como si la estética pudiera pagar la renta o la mensualidad de la hipoteca.

La salida no está en los procesos dogmatizantes de coaching, tampoco en los libros de autoayuda ni en la educación financiera que culpabiliza al individuo, sino en políticas de suelo urbano y vivienda con enfoque de derechos que todos deberíamos exigir. Esto implica: gravámenes a la concentración del suelo o vivienda; regulación de precios de tierra, vivienda social en zonas consolidadas y créditos diferenciados por trayectorias laborales reales, no ideales. Infonavit ha intentado flexibilizar requisitos para menores de 35 años, pero mientras el precio del suelo siga anclado en lógica especulativa, los ajustes crediticios son analgésicos sobre una herida estructural.

La pregunta incómoda persiste: ¿aceptaremos que la próxima generación viva peor? Si la tendencia continúa, los 39 años como edad promedio para comprar casa serán solo un recuerdo. Nuestros nietos asumirán que vivir con los padres hasta los 50 es el nuevo normal. ¿Ese es el futuro que planeamos? O, más bien, ¿el futuro que permitimos que otros planeen por nosotros?

Sobre el autor

Sergio E. Gómez Partida es consultor en evaluación, gestión para resultados y planificación en sectores público y privado.  Información de contacto: sgpartida@gmail.com; en X: @SergioGmezP.

El abatimiento del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG),
Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, ocurrido el domingo 22 de febrero de 2026 durante un operativo militar en Tapalpa, Jalisco representa un hito mayor en la estrategia de seguridad del Estado mexicano, comparable a golpes pasados contra otros capos históricos. Sin embargo, también inaugura una etapa de alto riesgo e incertidumbre tanto en términos de violencia como de gobernabilidad local y regional. 

Posterior al dispositivo de seguridad que buscaba detener al líder delictivo, grupos delincuenciales respondieron con reacciones violentas en la Zona Metropolitana de Guadalajara y otras regiones de Jalisco, así como en otras entidades: bloqueos de carreteras, quema de vehículos, enfrentamientos armados y otras acciones contra servicios públicos. Esto obligó a autoridades estatales a activar códigos de emergencia y reforzar coordinación con fuerzas federales. 

Es prudente mencionar que la muerte del líder no disminuye automáticamente la violencia; por el contrario, puede intensificarla en el corto plazo debido a la necesidad del grupo criminal de demostrar que sigue operando y no está debilitado.

Organizaciones como el CJNG no dependen de un solo individuo para sobrevivir. Aunque Nemesio Oseguera Cervantes era una figura central, la estructura del cártel es relativamente descentralizada y multifacética, con varios ejecutores regionales, grupos escindidos y brazos operativos. Los bloqueos y quemas de vehículos muestran una estructura con sus engranajes y resortes lubricados, una nómina bien organizada dispuesta a actuar a la luz pública y una correa de transmisión de mando bien entrenada.

En ese sentido, el deceso del líder criminal puede generar al menos tres escenarios de sucesión interna:

1. Un liderazgo fuerte emerge rápidamente. Alguno de sus subordinados o un lugarteniente toma el control y mantiene la disciplina y la red operativa.

2. Fragmentación interna. Tensiones internas, celos, rivalidades o luchas por el poder dan paso a divisiones, generando enfrentamientos entre células del mismo cártel

3. Alianzas temporales con otros grupos criminales.  Formar alianzas o coaliciones para mantener rutas, territorios o, simplemente, influencia frente a organizaciones rivales. 

La muerte del líder formal del grupo delictivo podría producir efectos inmediatos de violencia y reacciones tácticas, seguidos por dinámicas de reacomodo interno y externo que definirán la gobernabilidad en Jalisco. Las líneas de acción posibles van desde una contención rápida hasta la competencia entre cárteles o la captura institucional. Los primeros días y semanas son críticos para contener la violencia y evitar que el vacío de poder se traduzca en fragmentación o en la entrada de nuevos actores. La experiencia reciente en Jalisco muestra reacciones violentas inmediatas tras golpes a liderazgos criminales, con bloqueos y quema de vehículos que afectan movilidad y percepción de seguridad. El escenario más probable es que estaremos ante una fase de competencia interna, con potencial incremento de violencia y debilitamiento de la cohesión criminal en el mediano plazo.

No está de más decir que el aniquilamiento de un capo de esta magnitud fortalece la imagen del Estado mexicano como actor capaz de confrontar a grupos criminales y recuperar espacios de autoridad. No obstante, los episodios violentos como forma de represalia demuestran que las instituciones aún enfrentan límites y retos superlativos para garantizar el orden inmediato. La gobernabilidad local puede verse tensionada si no se acompaña de estrategias integrales más allá de la acción militar.

Para ello será clave promover una coordinación amplia entre ámbitos de gobierno, fortalecimiento de inteligencia y presencia civil —no sólo seguridad— para prevenir cualquier eventualidad producto de los vacíos de poder temporal.

En concreto, estamos ante la posibilidad de una reconfiguración interna del CJNG, con la consiguiente fragmentación violenta localizada. Por ello, se requiere el fortalecimiento de programas sociales y de prevención para contrarrestar el reclutamiento criminal, además de estrategias más amplias de inteligencia y de cooperación internacional.

Si la fragmentación criminal persiste sin control institucional, podría erosionarse aún más la gobernabilidad y la seguridad local. Si las instituciones consolidan su presencia civil y de seguridad, podría abrirse una ventana para reducciones sostenibles de violencia en zonas clave.

Un suceso de la magnitud y resonancia como el abatimiento del líder delictivo abre ventanas de riesgo y de oportunidad. La diferencia entre contención y desorden prolongado dependerá de la coordinación interinstitucional, la capacidad de inteligencia y la respuesta socioeconómica que acompañe las medidas de seguridad. Actuar rápido para proteger a la población y, simultáneamente, fortalecer instituciones y programas de prevención es la vía más sólida para preservar la gobernabilidad en Jalisco.

La liquidación de Oseguera Cervantes puede representar un punto de inflexión en la lucha contra el crimen organizado en México y especialmente en Jalisco. Sin embargo, no garantiza estabilidad automática. En el mejor de los casos, este evento puede catalizar esfuerzos institucionales y sociales hacia una gobernabilidad más robusta; en el peor, podría desatar nuevas dinámicas de violencia y fragmentación criminal. La clave estará en cómo el Estado combine seguridad con políticas sociales y de desarrollo que reduzcan la lógica de poder detrás del crimen organizado a largo plazo. 

Sobre el autor

José de Jesús Gómez Valle es analista político. Profesor Investigador en el CUCSH de la UdeG. Contacta: jose.gomezvalle@gmail.com y en X: @jgomezvalle.