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Opinión

La revocación de mandato: ilusión o efectiva de rendición de cuentas

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Los regímenes democráticos contemporáneos se basan en la delegación del mandato por parte de los electores hacia los gobernantes; son éstos últimos los que al recibir el encargo de los votantes mediante el sufragio popular, asumen las responsabilidades y funciones que implica ejercer el poder político. La representación de los ciudadanos por los gobernantes; supone en principio la optimización de tiempo y esfuerzo al evitar que todos los ciudadanos se encarguen de tomar todas  las decisiones de la polis. Esta es la base de la democracia, la transferencia de mando, la responsabilidad y la confianza ciudadana, estos ingredientes constituyen la legitimidad política, entendida como el consentimiento ciudadano de que sus gobernantes accedan y ejerzan el poder.

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No obstante, si los gobernantes fallan ¿qué puede hacer el ciudadano? A caso esperar que el poder se controle a sí mismo, mediante la activación de los dispositivos institucionales de los pesos y contrapesos. El sistema de división de poderes permite no sólo propicia la vigilancia mutua entre los poderes, sino también la legal y legítima intromisión de un poder público sobre otro con el fin de evitar sus excesos y perversión. Este principio del desarrollo político es atractivo y  hasta cierto grado esperanzador, no obstante, la historia contemporánea en nuestro país no nos da aliento sobre estas posibilidades de control democrático.

Rendición de cuentas horizontal 

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Este tipo de rendición de cuentas horizontal tiene como elemento sustantivo un espíritu de vigilancia entre los diversos actores y agencias del sector público. Se basan en la premisa de que el poder se fragmente para evitar una concentración tendiente a la corrupción pública. Sin embargo el sustrato democrático permitiría que el que pone también se pueda quitar, claro bajo el imperio de la ley y en observancia al debido proceso jurisdiccional a fin de garantizar a todos involucrados, sobre a todo a aquellos que se pretenda “quitar el poder”,  la posibilidad de su defensa en los tribunales. Es así como surge en el espectro constitucional la figura de democracia directa denominada “revocación de mandato”.

Revocar significa dejar sin efecto un mandato, lo cual supone dos grandes procesos previos, primero haber otorgado ese mandato, segundo un tipo de ejercicio por parte de los mandatarios de forma insatisfactoria. A partir de la valoración del ejercicio de gobierno – revisión de la eficacia de gobierno- y si el marco jurídico los permite, es posible iniciar un proceso para quitar el mando político. Es así como también se configura como un tipo de sanción política.

Diversos autores exponen las ventajas y desventajas del mecanismo, así García Campos identifica como aspecto a favor y en contra los siguientes:

 

A favor

En contra

1. Soberanía popular.

1. Existencia de métodos mejores.

2. Mayor cercanía.

2. La postulación como candidato para más de un periodo como el instrumento ideal de control.

3. Ciudadanía atenta.

3. Contraria a la idea republicana de gobierno.

4. La ciudadanía también puede hacerlo.

4. Los procesos revocatorios son disruptivos, polarizados y altamente divisibles.

5. Incentivo a la responsabilidad.

5. Consecuencias contraproducentes.

6. Válvula liberadora.

6. Error en el destinatario.

7. Dificultad de otros procedimientos.

7. Atenta contra las bases en que se erige la idea de representación libre.

8. Motivos adicionales de destitución.

8. Uso para fines indeseables.

9. Una vía institucional.

9. Incentivo a la inactividad y falta de creatividad.

10. Fortalecimiento del sistema representativo.

10. Votación costosa.

Elaborado por Altamirano Elvira, a partir de “La revocación de mandato: un acercamiento teórico”, García Campos Alan, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, de disponible en: https://biblat.unam.mx/es/revista/quid-iuris-chihuahua/articulo/la-revocacion-del-mandato-un-breve-acercamiento-teorico

En nuestro país la figura en se ha incluido en diversos ordenamientos constitucionales estatales, pero hasta la fecha no se encuentra como una tipología de democracia directa en la Constitución Política Federal. Estados como Yucatán (1938), Chihuahua (1997), Zacatecas (1998), Oaxaca (2011), Morelos (2013), Guerrero (2014), Aguascalientes (2014), Nuevo León y Jalisco (ambos en 2016) han incluido en sus respectivos marcos jurídicos la revocación de mandato, sin que se tenga noticia de que haya prosperado alguna solicitud de esta naturaleza, incluso la información relacionada con las solicitudes realizadas en dichas entidades federativas es de difícil acceso.

Sentencias de inconstitucionalidad por la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Para hacer una valoración completa de las posibilidades reales de la revocación de mandato se debe considerar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto mediante las sentencias de acción de inconstitucionalidad 63/2009 y sus acumulados 64/2009 y 65/2009 que esta figura no es constitucional, el argumento principal para declarar invalido el precepto jurídico es que dicha no se encuentra en la Constitución Federal, porque en esta se contemplan otro tipo de sanciones para los servidores públicos con las cuales se les puede retirar de sus funciones públicas.

Destacar que en la acción 08/2010 la votación de los ministros no fue por unanimidad, sobresale el voto particular del ministro Arturo Zaldivar[1], quien argumentó que bajo el principio de libre configuración de la autonomía estatal, los congresos locales pueden legislar la figura de la revocación de mandato aun cuando no se encuentre estipulada en la carta magna. Este antecede fue utilizado en la exposición de motivos de la reforma en la materia en el estado de Jalisco.

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Cortesía: Redes sociales de Enrique Alfaro.

El caso Jalisco

En Jalisco esta figura se legisló en el año 2016 al reformarse la Constitución Política local y posteriormente en el Código Electoral y de Participación Social del Estado de Jalisco (CEPSJ).  Debe contextualizarse en la gran reforma político electoral de 2014 por la cual la CPEUM establece en el artículo 40 apartado C que establece:

 

En las entidades federativas las elecciones locales estarán a cargo de organismos públicos locales en los términos de esta Constitución, que ejercerán funciones en las siguientes materias…Organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados en los mecanismos de participación ciudadana que prevea la legislación local”.

 

Es decir, producto de esta gran reforma nacional, la Carga Magna delega a los Institutos electorales locales la atribución instrumentar los mecanismos de participación ciudadana, cuando estos se encuentren en su legislación estatal.

En Jalisco la definición constitucional se encuentra en el artículo 11 y se entiende como:

 

“…el mecanismo mediante el cual los ciudadanos jaliscienses deciden que un representante de elección popular concluya anticipadamente el ejercicio del cargo…”

 

En el CEPSJ se define el procedimiento en los artículos 427 al 439, agrupados en el título noveno en los que se establece que el mecanismo podrá ser solicitado por el cinco por ciento de los ciudadano inscritos en la lista nominal de electores distribuidos en las dos terceras partes de los distritos o secciones electorales de la demarcación que corresponda, por ejemplo si se pretendiera activar el mecanismo para el caso del titular del poder ejecutivo estatal se debería de contar con las firmas de 292 mil electores distribuidos en al menos 13 distritos electorales.

También en el artículo 428 se enuncian las causales para su procedencia, las cuáles son:

  1. Violar sistemáticamente los derechos humanos;

  2. Incumplir compromisos de campaña, programas, proyectos, o acciones de gobierno propuestos en su plataforma electoral, sin causa justificada, que por su naturaleza, trascendencia o cantidad sean considerados graves;

III. Incumplir en la ejecución de los programas, proyectos, o acciones de gobierno que le corresponda aplicar o ejecutar, sin causa justificada;

  1. Encubrir a sus subordinados cuando éstos incurran en actos de corrupción o de desacato a la Constitución o la ley;

  2. La manifiesta incapacidad administrativa de las autoridades ejecutivas o en el desempeño de su encargo;

  3. Realizar u omitir actos que provoquen desajustes presupuestales severos que afecten el erario;

VII. No ejecutar; manipular o hacer uso ilegítimo de las decisiones de los ciudadanos; manifestadas a través de los resultados de los mecanismos de participación social vinculantes previstos en este Código; o

  1. La pérdida de confianza, debidamente argumentada.

El término para solicitar la activación de este mecanismo es transcurrido la mitad del período constitucional correspondiente al ejercicio del cargo de un representante electo popularmente y hasta ciento veinte días naturales después del inicio de la segunda mitad del periodo constitucional (art. 428 numeral 3 del CEPSJ)

Procederá la revocación del mandato siempre y cuando el número de votos en el sentido de revocarlo sea mayor al número de votos por el que fue electo el representante popular sujeto del procedimiento (art.11 de la Constitución Política del Estado de Jalisco).

De acuerdo con información publicada en la página web del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco[2] , en el año 2017 se resolvieron por parte del Consejo General del IEPCJ 30 solicitudes de revocación de mandato, ninguna de ellas fue procedente.

Un análisis de las solicitudes y las razones por las cuales de desecharon muestra que de 30 solicitudes que resolvió el Consejo General el 77% fueron desechadas por no cumplir con la cantidad de firmas de apoyo ciudadano; el 20% fueron presentadas de manera extemporánea y el resto se presentó desistimiento por el promovente.

Destaca que las 30 solicitudes que resolvió el Consejo General fueron solicitadas para presidencias municipales.

 La iniciativa federal 

El pasado mes de septiembre el grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión; presentó una iniciativa de reforma diversos artículos constitucionales en materia de consulta popular y también de revocación de mandato, proponiendo que en el artículo 108 se incluya:

 

“El presidente de la República podrá ser removido de su cargo a través del proceso de revocación de mandato. En los términos de las leyes aplicables, independientemente de las responsabilidades en las que haya podido incurrir durante el periodo de su encargo”.

 

Fortaleza la revocación de mandato

De ser aprobada esta iniciativa el argumento principal de la Corte para desestimar la validez de la figura en los ordenamientos constitucionales locales se vendrá abajo y entonces gozaría de plena posibilidad y vigencia. A partir de su incursión en el marco legal; la posibilidad de que los congresos locales impulsen esta medida se incrementa; y más aún encuentra un fundamento jurídico y pertinencia de política legislativa. Surge entonces la pregunta de ¿cuánto fortalecerá nuestro sistema democrático; la posibilidad jurídica real de iniciar una proceso de revocación de mandato para las autoridades electas?

Como observamos la cantidad de firmas de ciudadanos inscritos en la lista nominal para iniciar el procedimiento es significativa, los riesgos son latentes respecto a polarizar a la sociedad. La figura por sí misma es un peldaño ganado para la ciudadanía y su ejercicio podría inhabilitar a muchas personas que ejercen la función pública sin respeto a la ley y los principios del estado democrático.

Es conveniente reflexionar qué queremos y por tanto a qué le apostamos como sociedad política, a quitar un mando de responsabilidad pública o elegir correctamente a nuestras autoridades electas, si nos equivocamos en la segunda que bueno que podemos corregir.

[1] Disponible en: http://sief.te.gob.mx/SAI_internet/Documentos//220/AI%2063-2009%2064-2009%20y%2065-2009.pdf

[2] Disponible en:  http://www.iepcjalisco.org.mx/transparencia/articulo-38/solicitudes-y-resultados?tid=All

Foto de portada: AFP/ Pedro Pardo.


Gilberto Tinajero es maestro en Gestión Pública por la Universidad de Guadalajara. Profesor de posgrado en temas de diseño institucional, rendición de cuentas, acceso a la información pública y participación ciudadana. Coordinador del Seminario de Investigación anual del Laboratorio de Innovación Democrática (LID).

 

Etiquetas: Bolígrafo         Laboratorio de Innovación Democrática

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Por la justicia y la libertad de México

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Marcha Generación Z

¡Ciudadanos de México! ¡Colegas profesionistas!

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Hoy, en este momento crucial para nuestra nación, ya no basta con la indignación pasiva. Es imperativo que el pueblo de México salga a las calles. Nuestros profesionistas están abandonando el País, nuestros empresarios viven en la zozobra, y el pueblo vive con miedo.

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Estamos envueltos en una espiral de narco-gobierno. Nos deslizamos por un tobogán sin salida, atrapados en un túnel sin fondo donde no se ve la luz.

Y en esa oscuridad, al que alza la voz, al que resulta incómodo, le quitan la vida.

Hablamos de ‘gobernabilidad’ como si fuera un concepto abstracto, ¡pero tiene un rostro! Tiene el rostro de las madres buscadoras, el rostro del empresario extorsionado, el rostro del joven reclutado a la fuerza. ¡El régimen le ha fallado a las víctimas! Ha reemplazado la balanza de la justicia por el silencio de la complicidad.

¡Por eso hoy nos tenemos que levantar en honor a Carlos Manzo! Él fue aquel David que perdió la vida enfrentando a Goliat, por la falta de apoyo que imploró a gritos a una presidencia que lo ignoró.

¡Esta Presidencia es una analogía de Díaz Ordaz en pleno siglo XXI! ¡Qué terrible ironía! Cuando eran oposición, marchaban cada 2 de octubre recordando la masacre. Sin embargo, ahora que están en el poder, han salido peores que Díaz Ordaz y que todos los gobiernos priistas juntos. 

Este movimiento trasciende partidos y colores. Es imperativo llamar a todos los miembros de la oposición, a todos los partidos sin distinción, a los ex integrantes del Poder Judicial, a los ex ministros de la Corte, a los médicos, a los agricultores, a los emprendedores, y a todos los disidentes del actual régimen que no están de acuerdo con la forma de gobierno. Hacemos un llamado a los militares que, en silencio, tampoco están de acuerdo con este régimen.

Esta lucha afecta a todos, desde el señor que vende fruta en la esquina hasta el dueño de las grandes empresas. Las compañías mexicanas, y las transnacionales con presencia en nuestro País, también se ven afectadas. La falta de certeza jurídica pone en riesgo las inversiones, los empleos y la estabilidad económica. La unión de todas estas voces y la fuerza de la sociedad civil es la única vía para enfrentar el totalitarismo y defender los pilares de la República.

Hago un llamado urgente a los colegios de abogados, de contadores, de ingenieros, de arquitectos y de médicos.

¡Deben despertar! Deben dejar atrás sus cómodos estatutos de «no intervención en cuestiones políticas». Les pregunto: ¿De qué sirve todo su conocimiento? ¿De qué sirven sus investigaciones, sus congresos y sus ponencias académicas, si la Nación se desmorona ante sus ojos?

Todo ese conocimiento se vuelve en vano si no lo comparten, si no lo usan para defender a la sociedad. Ese velo de supuesta neutralidad que cubre a las barras y colegios es, a todas luces, un acto de cobardía. Se vuelven profesionales que venden humo.

Son muy cómodos al estar «investigando» o «dando asesorías», pero no asesoran al pueblo. Y lo más grave: le fallan a la Generación Z, que tanto necesita de nosotros. Esos jóvenes, olvidados por el gobierno, son el futuro de México y necesitan nuestra guía, no nuestra omisión.

¿Y dónde están los intelectuales? ¿Dónde están los académicos que escriben sobre la democracia desde la comodidad de sus cubículos? ¿Dónde están las voces que antes eran críticas y hoy callan por privilegio o por miedo?

¡Su silencio es una traición! El conocimiento que no se usa para defender al pueblo es un lujo inútil. ¡La pluma que no se atreve a señalar al tirano es una pluma muerta!

El régimen actual presume eventos internacionales mientras el País se desangra. Por ello, ante la flagrante falta de gobernabilidad en México, hacemos un llamado a la comunidad internacional y a la FIFA.

Es imperativo exigir la cancelación del Mundial de Fútbol.

La lógica es simple y brutal: si el gobierno de México no puede proteger a sus propios habitantes, ¡mucho menos podrá proteger a sus visitantes!

El cambio de rumbo en México es una responsabilidad de todos. La marcha de este 15 de noviembre tiene que ser el parteaguas que nos permita, por fin, ver la luz al final del túnel.

No podemos permitir que, de cara al 2030, nuestro país siga secuestrado por los pensamientos comunistas fallidos del siglo XX. Eso ya debe quedar atrás.

Hablamos de la Generación Z como nuestra esperanza. ¡Y lo son! Pero seamos claros: no podemos pedirles a ellos que arreglen el desastre que nuestra generación está permitiendo. Antes de pedirles que tomen la estafeta, debemos preguntarles: ¿Qué país les estamos heredando? ¿Un país de fosas o un país de oportunidades?

¡La lucha de hoy no es solo por nosotros, es para poder mirarlos a los ojos mañana y decirles que no fuimos cobardes!

Es el momento de que, de la mano de esta nueva generación, tomemos con rumbo y con responsabilidad el cambio que México necesita. 

¡Pero que la marcha no sea el fin, que sea el principio! Que sea el nacimiento de un nuevo pacto social, donde los profesionistas, los jóvenes y los ciudadanos de bien nos unamos para proponer el México que sí queremos. ¡Basta de resistir, es hora de construir!

¡Por la justicia, por la libertad y por el futuro de México!

Sobre el autor

Fernando Arango Ávila es jurista y académico. Doctor en Ciencias de lo Fiscal, y actualmente cursa un posdoctorado en Derecho. Actualmente, combina su experiencia práctica con su labor investigativa. Escribe: drarango83@gmail.com.

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Gavin Newsom y la ‘nación’ de los 60 millones de mexicanos

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Gavin Newsom y la 'nación' de los 60 millones de mexicanos

El anuncio de las intenciones del gobernador de California, Gavin Newsom, de contender en las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos, marca un punto de inflexión con profundas implicaciones para el electorado de origen mexicano y la redefinición del poder en el país. 

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Este movimiento no sólo abre un camino de esperanza para millones de personas y New Mexicans, sino que consolida el liderazgo de un frente político que busca darle voz a la “nación” demográfica y cultural que emerge en el suroeste del país.

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Este movimiento se respalda en la masa demográfica de 60 millones de mexicanos en Estados Unidos, una fuerza que, sumada al apoyo de una gran cantidad de mexicanos en México, podría representar una base electoral sin precedentes para Newsom.

El concepto de “The New Mexicans States of America” no es una propuesta secesionista, sino una etiqueta conceptual para describir una realidad demográfica y cultural irreversible. 

En los estados de Nuevo México, Arizona y California, el poder del soft power mexicano ha gestado una diáspora (comunidad) con millones de personas que, juntas, suman una fuerza monumental entre esos 60 millones de mexicanos en Estados Unidos. 

Esta “nación” latente ha conquistado silenciosamente el tejido social, económico y cultural del país a través de su influencia en la música, la gastronomía, el deporte y el comercio. A pesar de las persecuciones y el trauma generado por el uso del ICE como herramienta de presión demográfica, la cultura se ha convertido en la armadura y el motor de resistencia de esta población.

La conexión geográfica y la herencia común han permitido que California, Nuevo México y Arizona funcionen como un corredor cultural y económico. Esta alianza natural de estados del suroeste se convierte en el epicentro de esta nueva fuerza política. 

Es aquí, en la cuna histórica del territorio mexicano en Estados Unidos, donde la diáspora ha mantenido viva su identidad, demostrando que las fronteras políticas no han logrado contener la unificación cultural. La cristalización de este poder es la respuesta pacífica a cualquier intento de alienación.

El ascenso de líderes como Gavin Newsom y la potencial vicepresidencia de Alex Padilla, es la constatación de que la revolución demográfica ha reescrito el mapa político desde dentro. La “Nación de los New Mexicans” está pasando de ser un poder cultural latente a una fuerza política activa. Al convocar a gobernadores clave y utilizar el soft power mexicano como estrategia, este movimiento busca construir una “barrera azul” de resistencia, transformando la resiliencia cultural en una palanca de poder electoral decisiva para las próximas elecciones presidenciales.

Newsom, al frente de California la cuarta economía mundial, se posiciona como un líder con la experiencia y la frescura necesarias para dirigir a los Estados Unidos. Su gestión como gobernador de California no solo se define por su capacidad para manejar una economía masiva, sino por una serie de logros progresistas que lo proyectan como el principal líder de la oposición a las políticas de la administración Trump.

Logros Clave de Gavin Newsom en California:

Protección de derechos reproductivos y sociales: Newsom ha consagrado protecciones en la Constitución de California para el aborto y las libertades reproductivas. Ha utilizado la autoridad de California para adquirir medicamentos clave y responder a interrupciones del suministro por motivos políticos.

Impulso a la clase trabajadora: Su administración ha impulsado legislaciones históricas para fortalecer a los trabajadores independientes, buscando mejorar las condiciones de vida de los californianos. Su oposición a la abolición de los acuerdos de contratación colectiva lo ha posicionado como un firme defensor de los derechos laborales.

Inversiones sociales masivas: Ha liderado la implementación de programas ambiciosos como el Pre-kínder universal y el financiamiento completo de comidas escolares gratuitas para todos los niños en California. También ha impulsado la expansión de programas de alfabetización y cursos de verano.

Abordando la crisis humanitaria y económica: Pese a las críticas por el alto costo de vida, la administraciónNewsom ha impulsado un enfoque progresista en la lucha contra la falta de vivienda. Más allá de la inversión récord en vivienda, el gobernador ha defendido la implementación de programas sociales innovadores, como el Care Court (Tribunal de Atención), diseñado para brindar tratamiento de salud mental y adicciones a personas sin hogar. Este tipo de políticas sociales complejas y audaces demuestran su disposición a enfrentar los problemas más difíciles del país, lo cual contrasta con las soluciones simplistas y punitivas que a menudo ofrece la oposición.

Resistencia y defensa migratoria: Newsom se ha convertido en una voz influyente a favor de los derechos de los inmigrantes, desafiando públicamente al gobierno federal. Ha movilizado a la Guardia Nacional para asistir en bancos de comida en respuesta a recortes federales y ha criticado duramente el despliegue de militares para tareas migratorias, advirtiendo que los regímenes autoritarios “empiezan por atacar a las personas con menos capacidad de defensa”.

Defensa del comercio transfronterizo y advertencia anti-Aranceles: Ha alertado consistentemente que las promesas de Trump de imponer un arancel del 25% a las importaciones mexicanas infligirían un daño económico devastador a California y a los consumidores. Al defender el libre comercio con México, Newsom protege el sustento de millones de New Mexicans que trabajan en sectores dependientes de este comercio transfronterizo.

El histórico gesto de Newsom al declarar el Día de Fernando Valenzuela el 1 de noviembre, cobra un significado póstumo aún más profundo. Fue una jugada maestra, ya que el 2 de noviembre es el tradicional Día de Muertos, enlazando dos celebraciones con un profundo toque mexicano. 

Este acto de poder político y celebración cultural contrasta directamente con la retórica anti-inmigrante. Al honrar a un ícono que unió a mexicanos a ambos lados de la frontera, Newsom solidifica su apoyo en un electorado mexicano crucial, utilizando este reconocimiento como un acto de diplomacia interna que fortalece los lazos con la comunidad.

La posible postulación de Newsom también catapulta al senador Alex Padilla hijo de padres, uno de Chihuahua y otro de Jalisco, a la posición de potencial vicepresidente de los Estados Unidos. Padilla, quien representa la herencia y la base demográfica de los New Mexicans, podría convertirse en el primer mexicano-estadounidense en ocupar dicho cargo. 

Hipotéticamente, esto lo colocaría como el candidato natural para ser el primer presidente de los Estados Unidos de ascendencia mexicana, un símbolo de la cristalización del poder político de esta población, muy a pesar del trauma que genera la alienación demográfica del presidente Donald Trump.

La juventud y el voto del mañana: El senador Padilla no solo representa la herencia; también encarna la voz de una nueva generación de New Mexicans. Su perfil conecta directamente con el voto joven y la alta tasa de natalidad de la diáspora (comunidad), que garantiza que su influencia política seguirá creciendo. Su posible ascenso a la vicepresidencia enviaría el mensaje de que el futuro de la democracia estadounidense no se definirá en Washington, sino en la energía, la juventud y la demografía del Suroeste.

Para enfrentar la presión del gobierno federal y el uso de ICE como brazo de presión contra las comunidades mexicano-americanas, es indispensable un frente de resistencia o «barrera azul» con el apoyo de gobernadores demócratas clave: Gobernadora Katie Hobbs (Arizona), gobernadora Michelle Lujan Grisham (Nuevo México), gobernadora Tina Kotek (Oregón), gobernador J. B. Pritzker (Illinois), gobernadora Kathy Hochul (Nueva York) y gobernador Bob Ferguson (Washington).

El Pacífico Noroeste (PNW), que incluye a Washington y Oregón, es una región fundamental para el concepto de los New Mexicans, extendiendo su alcance más allá del suroeste tradicional. Contrario a la percepción popular, estados como Washington han experimentado un crecimiento exponencial de la población de origen mexicano, la cual se ha convertido en una fuerza laboral crítica en la agricultura, la tecnología y el comercio. 

El gobernador de Washington, Bob Ferguson, ha demostrado su reconocimiento a esta diáspora (comunidad) al declarar la semana de la herencia mexicana, un gesto que resuena profundamente con el soft power de la comunidad.

Este frente en el PNW es estratégico, pues no solo suma votos, sino que le da a Newsom una base de apoyo que abarca toda la Costa Oeste, desde la frontera con México hasta Canadá. La diáspora (comunidad) mexicana en esta región es un testimonio de la expansión y la diversidad económica de los New Mexicans, que apoyarán a Newsom por sus políticas a favor de los derechos laborales, la protección de los inmigrantes y la defensa de la diversidad cultural. 

El PNW solidifica la narrativa de que el apoyo a Newsom no es un fenómeno local de California, sino un movimiento de alcance nacional.

El Poder de la cultura como arma política: La fuerza de este frente radica en el uso estratégico del soft power mexicano. La resistencia no se limita a decretos. Se ejerce en cada plato de comida, en la música regional y en la popularidad de íconos deportivos. 

El Mundial de 2026 y los juegos olímpicos de Los Ángeles 2028 no serán solo eventos deportivos, sino escaparates globales donde la cultura de los New Mexicans dictará la tendencia, demostrando que aquello que Trump intentó marginar es, de hecho, el capital cultural y económico más vibrante de la nación. Este soft power es la prueba de que, mientras ICE siembra miedo, la cultura siembra influencia y poder. 

El ascenso de Gavin Newsom a la palestra presidencial no es simplemente la historia de un político ambicioso; es la manifestación política de una profunda revolución demográfica y cultural liderada por los New Mexicans.

Sobre el autor

Fernando Arango Ávila es jurista y académico. Doctor en Ciencias de lo Fiscal, y actualmente cursa un posdoctorado en Derecho. Actualmente, combina su experiencia práctica con su labor investigativa. Escribe: drarango83@gmail.com.

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