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Opinión

Muchos balazos y pocos abrazos

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opinión Luis Sánchez Pérez

Desde que comenzó la actual administración, la política de seguridad del Presidente Andrés Manuel López Obrador fue muy cuestionada, el mensaje inicial de “abrazos, no balazos” era interesante, ya que de alguna manera, desde la narrativa cambiaba la estrategia de los últimos dos sexenios, en los que fuimos testigos de una innumerable serie de violaciones a los derechos humanos y la violencia alcanzó los niveles más altos de la historia. El sexenio de Felipe Calderón estuvo marcado por el papel de las fuerzas armadas en labores de seguridad, desapariciones, homicidios, balaceras, entre otros tantos hechos que sangraron al País, posteriormente, con Enrique Peña Nieto, la estrategia de seguridad no cambió y la violencia aumentó. Esta fue la antesala del triunfo de Morena en 2018, el discurso esperanzador de López Obrador sobre una cuarta transformación, logró convencer a más del 53 por ciento de los votantes, quienes le dieron su confianza para gobernar el País; sin embargo, pareciera que todo quedó solo en eso, una narrativa…

Hace tres años, el Gobierno de México liberó a Ovidio Guzmán, hijo del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, después de que el grupo criminal de “Los Chapitos” doblara al Estado Mexicano, que terminó cediendo ante las amenazas del crimen organizado, de que si no liberaban a su líder, se atentaría contra la población civil y generarían una masacre, contra militares y sus familias. El “Culiacanazo” dejó ocho fallecidos y 19 heridos, sin que a la fecha haya responsables por esos hechos que durante cinco horas provocaron que mujeres, niños, estudiantes y familias enteras se refugiaban en oficinas, colegios, negocios, locales, plazas y donde se pudiera para resguardar la vida de los actos terroristas que cometió el crimen organizado con la intención de liberar a uno de sus principales cabecillas, y lo lograron.

Sin duda, una decisión difícil de tomar: liberar a un capo y cuidar a la población o hacer valer el Estado de Derecho al costo que fuese, aunque esto implicase la vida de civiles inocentes; AMLO optó por la primera opción, bajo el argumento de no querer un baño de sangre y evitar una masacre, tal como lo prometió en campaña:

“Cuando triunfe Morena en el 2018 no habrá masacres en México, se va a terminar con la guerra”, afirmó en un mitín en Huixquilucan, Estado de México, durante 2017. Sin embargo, según datos de la ONG “Causa Común”, México ha registrado en promedio 17 atrocidades diarias en lo que va de 2022, un incremento del 13 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2021.

“De enero a agosto de 2022, se registraron al menos 342 masacres; 1,144 casos de tortura; 562 casos de mutilación, descuartizamiento y destrucción de cadáveres; 525 asesinatos de mujeres con crueldad extrema; y al menos 247 asesinatos de niñas, niños y adolescentes”, detalló la organización a través de un comunicado. Además, Causa Común destacó que 2022 se ha convertido en el año con más asesinatos de periodistas en México en lo va del siglo, con al menos 18 casos. Un panorama completamente opuesto a la narrativa de “abrazos no balazos”, pero no solo en cuestión de cifras, también la promesa de regresar al ejército quedó en mera narrativa, cuando la mayoría de Morena en el Poder Legislativo dio luz verde para ampliar el plazo de la presencia de las fuerzas armadas en las calles…

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Si a esto le sumamos los recientes hechos violentos de Octubre, como en San Miguel Totolapan, con un saldo de 20 muertos tras un ataque armado, el asesinato de la diputada Gabriela Marín en Morelos y el ataque a un Bar de Irapuato, con un saldo de 12 personas asesinadas, es una nueva confirmación de que hay muchos balazos y pocos abrazos; sin embargo más allá de señalar lo evidente, la pregunta ya no es ¿a dónde nos dirigimos con esta estrategia? sino ¿qué estrategia debemos seguir para evitar continuar?

La militarización del País se gestó bajo el argumento de la falta de capacidad de los cuerpos policiales para hacerle frente al crimen organizado: sin embargo, el gobierno ha olvidado trabajar en la parte central: la prevención de la violencia. Por prevención de la violencia debemos entender el trabajo desde las comunidades, atendiendo realmente las causas y no llenando de militares todo el país; los programas de desarrollo y apoyo en las comunidades, volver a generar espacios seguros de convivencia en los entornos más próximos, la familia, la cuadra, la manzana, la colonia.

La famosa reconstrucción del tejido social, implica necesariamente un trabajo desde, con y para la comunidad. No basta generar oportunidades a través de programas sociales como lo hace la actual administración, se tiene que construir un andamiaje que los sostenga y atienda los trabajos que se hacen en la comunidad, pero no solo con voluntad, sino con inversión económica, ya que una cultura de paz, en este caso, una política de paz, no será más que una narrativa, similar a la que nos platicaron en campaña durante 2018…

Nos leemos la siguiente semana con mejores noticias y recuerda luchar, luchar siempre, pero siempre luchar, desde espacios más informados, que construyen realidades menos desiguales y pacíficas.

 

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Sobre el autor
Luis Sánchez Pérez es doctorante y maestro en Políticas y Seguridad Públicas en IEXE Universidad, abogado por la Universidad de Guadalajara. Profesor de asignatura en la Universidad de Guadalajara y en la Universidad Enrique Díaz de León. Investigador de medios de comunicación y participación ciudadana en el Laboratorio de Innovación Democrática. Colaborador semanal en Milenio, El Occidental y El Semanario.

 

 

 

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Opinión

Nuevo proyecto educativo para Sheinbaum

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El reciente foro “Propuestas Educativas para Nuevos Gobiernos”, organizado en el Congreso del Estado de Jalisco

El reciente foro “Propuestas Educativas para Nuevos Gobiernos”, organizado en el Congreso del Estado de Jalisco el pasado 11 de julio, no solo reunió a las principales voces en el ámbito educativo, sino que planteó con claridad los retos y las oportunidades para el próximo gobierno de la presidenta electa Claudia Sheinbaum.

Este foro, convocado y liderado por la incansable diputada Mara Robles, puso sobre la mesa las propuestas más urgentes y necesarias para transformar la educación en nuestro País.

A las 10:30 horas, figuras de renombre como Sylvia Schmelkes, Sylvia Ortega, Martha Vergara y Enrique Velázquez se dieron cita en el Patio Constituyentes del Congreso para discutir las reformas que se requieren para enfrentar los desafíos actuales en la educación. Cada uno de estos expertos presentó recomendaciones específicas que, si son adoptadas por el próximo gobierno, podrían dar un giro crucial al sistema educativo mexicano.

Mara Robles destacó su apoyo a Claudia Sheinbaum, reconociendo su trayectoria como defensora de la educación pública y como académica de alto nivel. Subrayó que el objetivo de este foro fue garantizar que las propuestas de los expertos lleguen a las autoridades nacionales y se conviertan en acciones concretas.

“La educación debe ser una prioridad estratégica”, afirmó Robles, convencida de que este es el momento para relanzar el debate educativo no solo en Jalisco, sino en todo el País.

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Sylvia Schmelkes, por su parte, insistió en la necesidad de recuperar la percepción de la educación como un derecho humano fundamental, lamentando el impacto negativo que la pandemia ha tenido en la matrícula escolar, especialmente en las comunidades rurales e indígenas. Schmelkes planteó que es urgente mejorar los resultados de aprendizaje en habilidades básicas como la lectura y las matemáticas, y pidió al nuevo gobierno que invierta más en educación, no solo en cantidad, sino también en calidad y equidad .

Sylvia Ortega ofreció una perspectiva más estructural, sugiriendo una reforma educativa integral que aborde los cambios demográficos, tecnológicos y ambientales que impactan al país. Ortega abogó por una coordinación intersectorial que permita a la educación ser un verdadero motor de transformación social y económica .

El diputado Enrique Velázquez también puso sobre la mesa propuestas clave, señalando que la educación debe ser vista como una herramienta crucial para reducir la pobreza. Velázquez destacó la importancia de vincular los programas sociales con la educación para evitar la deserción escolar, además de una mayor inversión en áreas clave como matemáticas y lectura .

Finalmente, Martha Vergara hizo un llamado urgente para mejorar la infraestructura educativa en Jalisco y en todo el país, señalando que sin instalaciones adecuadas y suficientes, los esfuerzos por mejorar la calidad educativa estarán condenados al fracaso

La pregunta que nos deja el foro no es si podemos hacerlo, sino si Claudia Sheinbaum está dispuesta a ser la líder que transforme la educación en México. Ya no hay espacio para la tibieza. ¿Será Claudia la presidenta que finalmente ponga a la educación en el centro de su agenda, o permitirá que se pierda esta oportunidad histórica?

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El momento es ahora, y la educación no puede esperar. Si el nuevo gobierno toma decisiones firmes desde el principio, esta podría ser la administración que logre lo que tantas otras han prometido sin cumplir. Claudia tiene el poder y la visión para hacerlo, y México espera que se atreva a dar ese paso.

Sobre el autor

Humberto Mendoza es un profesional comprometido en el campo del diseño y evaluación de políticas públicas en Jalisco. Es licenciado en Administración Gubernamental y Políticas Públicas Locales por la Universidad de Guadalajara con un Máster en Antropología en la Universitat Autònoma de Barcelona. Actualmente, lidera el Órgano Técnico de Administración y Planeación Legislativa en el Congreso de Jalisco.

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Opinión

Órganos autónomos en la mira: El debate sobre su desmantelamiento 

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El debate sobre la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador para eliminar varios órganos autónomos en México ha generado posiciones encontradas. Escribe Humberto Mendoza
El debate sobre el desmantelamiento de los órganos autónomos marcará la agenda legislativa. Foto: Especial.

El debate sobre la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador para eliminar varios órganos autónomos en México ha generado posiciones encontradas. Por un lado, el oficialismo defiende la medida como una forma de racionalizar el gasto público y redirigir recursos hacia programas prioritarios, mientras que la oposición y diversos sectores de la sociedad ven en esta acción un riesgo para la transparencia, la rendición de cuentas y el equilibrio de poder.

Argumentos a favor: Austeridad y eficiencia

Los defensores de la propuesta del presidente destacan que la eliminación de estos órganos autónomos podría generar un ahorro significativo para el erario. Según estimaciones del propio López Obrador, se podrían liberar más de 100 mil millones de pesos que, en su visión, podrían destinarse a programas sociales y proyectos estratégicos que beneficiarían directamente a la población, como las pensiones para adultos mayores.

Además, se argumenta que muchos de estos organismos, creados en un contexto de desconfianza hacia el Poder Ejecutivo en los años noventa, ya no cumplen con su propósito original de manera eficaz. Los críticos de los órganos autónomos señalan que estos, en ocasiones, han caído en la burocratización y la falta de transparencia que se suponía debían combatir. Ejemplos como la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) han sido señalados por no cumplir completamente con sus objetivos, lo que cuestiona la justificación de su existencia independiente.

Otro punto a favor de la iniciativa es la idea de que estos órganos autónomos operan de manera aislada del Poder Ejecutivo, lo que podría hacerlos menos sensibles a las demandas y necesidades del electorado. Al incorporar sus funciones dentro de las secretarías de Estado, se busca que estas decisiones respondan más directamente a las políticas públicas del gobierno en turno, lo que, según los defensores, podría generar una mayor coherencia en la implementación de políticas.

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Argumentos en contra: Transparencia y equilibrio de poderes

Por otro lado, los opositores a la medida advierten que la desaparición de estos órganos autónomos podría debilitar los contrapesos esenciales en una democracia. Estos organismos fueron creados para garantizar que ciertas decisiones técnicas y de regulación no estuvieran sujetas a las fluctuaciones políticas, manteniendo así un grado de independencia necesario para la estabilidad institucional.

Un ejemplo citado frecuentemente es el del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), que ha jugado un papel crucial en la promoción de la transparencia gubernamental. Sin la autonomía que le permite actuar sin la influencia directa del ejecutivo, existe el riesgo de que las prácticas de opacidad y falta de rendición de cuentas se intensifiquen.

Además, la propuesta del presidente ha sido criticada por su falta de claridad en cuanto a cómo se gestionarán las funciones de estos órganos una vez que se integren en las secretarías de Estado. La ausencia de un plan detallado de reingeniería institucional y presupuestal genera incertidumbre sobre si las secretarías tendrán la capacidad técnica y los recursos necesarios para asumir estas responsabilidades sin que se vea afectada la calidad del servicio público.

También se han planteado preocupaciones respecto a los compromisos internacionales de México, como los establecidos en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Algunos de los órganos en riesgo de desaparecer, como la Cofece y el IFT, son fundamentales para cumplir con las obligaciones de regulación económica exigidas por estos acuerdos internacionales. Su eliminación podría traer repercusiones negativas en las relaciones comerciales y económicas de México con sus socios internacionales.

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Un futuro en juego

En resumen, el debate sobre la eliminación de los órganos autónomos en México enfrenta posturas bien definidas. Por un lado, se busca reducir el gasto público y centralizar las funciones en el Ejecutivo para una mayor coherencia en la implementación de políticas. Por otro, se teme que esta medida socave los contrapesos democráticos y la transparencia, pilares fundamentales en una democracia moderna.

El desenlace de esta iniciativa aún está por definirse, y dependerá en gran medida de cómo se aborden las preocupaciones y se presenten soluciones claras para garantizar que, de llevarse a cabo, la eliminación de estos organismos no signifique un retroceso en la calidad de la gobernanza y en los derechos de los ciudadanos. En este sentido, es crucial que el debate se mantenga abierto, informado y centrado en el interés público.

Sobre el autor

Humberto Mendoza es un profesional comprometido en el campo del diseño y evaluación de políticas públicas en Jalisco. Es licenciado en Administración Gubernamental y Políticas Públicas Locales por la Universidad de Guadalajara con un Máster en Antropología en la Universitat Autònoma de Barcelona. Actualmente, lidera el Órgano Técnico de Administración y Planeación Legislativa en el Congreso de Jalisco.

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Opinión

La donación de sangre es un acto solidario y altruista: entre la vida y la muerte

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El Día Mundial del Donante de Sangre fue el pasado 14 de junio, como ocupantes de lo público, comprometidos con informar y concienciar a la sociedad, es imperativo sumarnos a difundir la importancia de la donación de sangre.

La sangre, a manera de recordatorio, es ese líquido vital que transporta oxígeno y nutrientes a todas las células de nuestro organismo, desempeña un papel crucial en la lucha contra las infecciones y la coagulación de la sangre. Por eso es fundamental destacar la necesidad constante de transfusiones sanguíneas para seguir salvando vidas.

Según datos de fuentes oficiales, cada año se requieren aproximadamente 130 millones de donaciones de sangre a nivel global para atender las necesidades de salud de la población. Sin embargo, es preocupante que solo el 1% de la población mundial done sangre de forma regular, lo que genera una escasez de sangre segura en muchos países.

En México, la situación no es diferente, ya que se estima que se necesitan 4.5 millones de donaciones de sangre al año, pero solo se obtienen alrededor de 1.8 millones.

Desde accidentes y traumas hasta enfermedades de la sangre y partos complicados, las transfusiones de sangre son esenciales para tratar una variedad de condiciones médicas.

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En México, los accidentes de tránsito son la principal causa de muerte por traumatismo, y las transfusiones de sangre juegan un papel vital en salvar vidas de víctimas. Tan solo en 2022, las muertes por accidentes de tránsito en el país ascendieron a 15,464 personas.

El cáncer, en sus diversas manifestaciones, requiere de transfusiones de sangre regulares para su tratamiento. En 2020, en México se registraron 193 mil 129 casos nuevos de cáncer, lo que resalta aún más la importancia de contar con un suministro adecuado de sangre para atender estas necesidades. Y las enfermedades de la sangre, como la anemia falciforme, también hacen de las donaciones de sangre un salvavidas para quienes las padecen. Se estima que la prevalencia de la anemia falciforme en México es del 0.1%.

En el caso de partos complicados, las hemorragias postparto son una de las principales causas de muerte materna en México.

En 2020, la tasa de mortalidad materna en el país fue de 19.1 por cada 100 mil nacidos vivos, evidenciando la importancia de contar con un suministro adecuado de sangre para evitar estas tragedias.

Con el pasado Día Mundial del Donante de Sangre (14 de junio) es imperativo actuar y motivar a más personas a donar sangre de forma regular.

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La donación de sangre es un acto solidario y altruista que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte para muchas personas.

¡Sumémonos juntos a esta noble causa y salvemos vidas a través de la donación de sangre! Nos leemos la siguiente semana y recuerda luchar, luchar siempre, pero siempre luchar desde espacios más informados que construyen realidades menos desiguales y pacíficas.

Sobre el autor

Luis Sánchez Pérez es doctorante y maestro en Políticas y Seguridad Públicas en IEXE Universidad, abogado por la Universidad de Guadalajara. Profesor de asignatura en la Universidad de Guadalajara y en la Universidad Enrique Díaz de León. Investigador de medios de comunicación y participación ciudadana en el Laboratorio de Innovación Democrática. Colaborador semanal en Milenio, El Occidental y El Semanario.

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