Era un miércoles de semana de Pascua de 1992; en sus finales del mes de abril; estaba de vacaciones en la escuela y a punto de celebrar mis 25 primaveras, yo solo era un estudiante de ingeniería civil y plomero que estaba preocupado por el mole, las cervezas y el olor a gasolina que hacía dos semanas antes habíamos percibido y reportado a los bomberos de Guadalajara. Un vapor que salía por la alcantarilla de la regadera con el que te ardían los ojos. Era la calle de Gante, en Analco, ese barrio de clase baja cercano a la central camionera, el cóctel de aromas a grasa, diésel y gasolina, los talleres mecánicos, el sudor de la clase baja y las viviendas multifamiliares eran parte del paisaje urbano; una zona entonces conocida como “Sector Reforma” donde décadas atrás se decidió también construir el “colector intermedio oriente” para recibir y conducir las aguas pluviales de la zona hacia la parte más baja de la ciudad: el Río San Juan de Dios, convirtiendo su cauce en drenaje y en avenida su superficie: la Calzada Independencia.

Cerca de las 10 de la mañana había cruzado la calle para ir a la tienda de abarrotes de Don Benja para comprar lo necesario del desayuno. Común en mi madre, estaba buscando el monedero extraviado, y usual también de ella, algo había hecho falta que me haría acudir por segunda vez a la tienda; recorría las diversas ubicaciones donde podía encontrar el monedero cuando de pronto, un ruido ensordecedor sacudió la casa, rompió algunos vidrios y me hizo “conectar” mentalmente el hedor a gasolina de días con esas explosiones que se siguieron una tras otra por varios y eternos segundos, oscureciendo la calle cual si fuera de noche por el polvo que se levantó en una gran nube.

En casa estábamos mi madre, mis dos hermanas y yo. La abracé y la moví a una esquina; les grité a ellas que hicieran lo mismo, que se cubrieran la cabeza y se pegaran a un rincón. No sabíamos hasta dónde iba a resistir la casa con nosotros adentro. Cesó el ruido; “espérenme aquí”, les dije. Me dirigí a averiguar lo que pasaba; con trabajos pude abrir la puerta y salí a la calle. La imagen era de terror; parecía que hubieran bombardeado la calle. No había pavimento, ni banquetas, ni postes, ni muchas de las casas; naturalmente las de adobe se cayeron todas.

Entre polvo y caos, solo escuchaba gritos de lamentos, peticiones de ayuda para encontrar familiares, o lo que quedara de ellos; nunca había visto secciones de cuerpos con tanta crudeza ni tan cerca. Las personas, quienes menos les importamos a los bomberos hasta unos minutos antes, eran nuestra prioridad.

Regresé a casa corriendo y, para que mi madre no viera lo sucedido, les pedí que salieran por el andador de la parte trasera y se fueran a casa de mi abuela, a San Pedro Tlaquepaque. Yo me regresé a ayudar en el rescate de personas atrapadas por los escombros.

Los vecinos hicimos lo que pudimos; la autoridad hizo lo que sabía hacer mejor… Priorizar la imagen política a la supervivencia: mandó traer la maquinaria de la construcción de Línea 2 del tren ligero, para remover los escombros y tratar de “tapar” la magnitud de la tragedia. Nos vimos forzados a rodear las máquinas para evitar que continuaran, denunciando ante los medios, mientras terminábamos de encontrar personas entre los escombros.

Treinta y cuatro años después, con la experiencia a cuestas y la piel engrosada por la gestión pública, insisto que aquello no fue un accidente. Fue una coreografía de negligencia criminal ejecutada en tres actos infames: El primer acto fue el desprecio técnico: verter gasolina al drenaje urbano. Alguna mente brillante en las instituciones de la época decidió que el colector pluvial era el lugar ideal para que PEMEX depositara su irresponsabilidad líquida. Trataron nuestro hogar como una extensión de sus ductos defectuosos, convirtiendo el subsuelo de Gante en una bomba de tiempo con cronómetro de impunidad.

El segundo acto tiene nombre y apellido: J. Trinidad López Rivas. El entonces (ir)responsable de los Bomberos de Guadalajara, cuya autoridad solo sirvió para validar el silencio. Mientras los explosímetros marcaban un 100% de riesgo —un nivel donde el aire ya no es aire, sino combustible—, la orden fue la calma. “No pasa nada, no molesten”, decían, mientras nosotros seguíamos en casa con nuestras vidas. No nos evacuaron porque, para el poder, la vida en el Sector Reforma siempre había sido moneda de cambio barata. La explosión no solo levantó el pavimento; levantó la máscara de un Estado que sopesa más ver cadáveres entre escombros de adobe que admitir un error operativo.

El tercer acto fue la post-tragedia: el desdén burocrático. A los sobrevivientes, a los que perdimos negocios, casas o extremidades, se nos atendió con la lentitud gélida de quien se siente intocable. La corrupción floreció entre las ruinas, y la empatía fue reemplazada por expedientes que se empolvaban en los sótanos del ayuntamiento. Hubo de todo, desde inscritos fantasma que no eran lesionados hasta negocios inexistentes que fueron indemnizados.

Pero la historia no pocas veces parece cruel, especialmente si la ignoramos.

A más de tres décadas, nuestra Guadalajara sigue palpitando bajo el concreto, recordándonos que el olvido es el último acto de la negligencia criminal que comenzó mucho antes de que el suelo se fracturara, y del que no debemos ser parte. Recordar el 22 de abril es rescatar del polvo las voces de quienes fueron
silenciados por un Estado al que le cedimos un cheque en blanco. En un acto de profunda justicia, nos corresponde mirar a través de los ojos de quienes hoy no
pueden defenderse —aquellos que perdieron la vida y cuyos cuerpos fueron marcados con números negros en el pecho y llevados al Code, convertido en morgue improvisada; o a esos cuyas historias quedaron sepultadas bajo la prisa de la maquinaria que buscaba limpiar la imagen pública antes que encontrar sobrevivientes—, abrazando su dolor desde una empatía que se niegue a aceptar
el silencio como destino final. La historia de esta catástrofe nos obliga a mantener la mirada firme: a la autoridad no se le aplaude, se le vigila, para que nunca más el aroma a negligencia vuelva a ser el preludio de una tragedia «evitable» que nos arrebate la vida.

Sobre el autor 

Sergio E. Gómez Partida es consultor en evaluación, gestión para resultados y planificación en sectores público y privado. Información de contacto: sgpartida@gmail.com; en X: @SergioGmezP

La relación entre medios de comunicación y poder político suele revelarse con mayor nitidez en los momentos de tensión.

El reciente episodio entre el presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie, y la periodista Isaura López Villalobos, de Canal 44, es uno de esos momentos que funcionan como radiografía; no sólo muestra el talante de un funcionario frente al escrutinio, sino también los límites y riesgos que enfrenta el periodismo cuando interpela al poder. Los hechos están documentados.

Durante una entrevista colectiva, la reportera Isaura López cuestionó al alcalde de Zapopan sobre el alto costo de las rentas en Zapopan y la persistente llegada de agua sucia a los hogares. La reacción de Frangie fue de confrontación y de descalificación. Frases como “¡bájale, mijita!”, “puras preguntas que tienen jiribilla” o “déjame atender a los medios que sí preguntan algo que valga la pena” quedaron registradas en video y difundidas ampliamente.

El episodio no se limitó a un desplante. Organizaciones de defensa a los derechos de periodistas y del acceso a la información señalaron que el discurso del alcalde fue estigmatizante y sexista, subrayando que este tipo de expresiones, cuando provienen de una autoridad, normalizan la violencia contra periodistas y socavan la democracia.

También desde la academia y desde el gremio periodístico varias voces coincidieron en que la actitud del funcionario refleja una baja tolerancia al periodismo crítico y una concepción patrimonialista del poder. Frangie terminó ofreciendo una disculpa pública dos días después, reconociendo que su respuesta fue indebida. Pero la disculpa, aunque necesaria, no borra lo que el incidente revela sobre la relación entre medios y poder político.

El episodio muestra un patrón común en distintos niveles de gobierno: la incomodidad y la hostilidad ante preguntas que exponen fallas de gestión. En este caso, abordar temas como vivienda inaccesible y agua contaminada; problemas reales y documentados, detonaron una reacción defensiva que derivó en descalificación personal.

La hostilidad hacia la prensa no surge del contenido de la pregunta, sino del cuestionamiento mismo. Y cuando un funcionario sugiere que ciertos medios “sí valen la pena” y otros no, está trazando una directriz peligrosa: la de premiar la cobertura dócil y castigar la crítica. Decirle a una reportera “mijita”, acusarla de “golpeteo” o insinuar que actúa bajo consigna no sólo busca desacreditarla a ella, además envía un mensaje a todo el ecosistema mediático, un mensaje que es claro: cuestionar tiene costo.

Este tipo de estigmatización desde el poder no es una opinión, sino una forma de presión que expone a periodistas a mayores riesgos. La respuesta del gremio periodístico y de organizaciones civiles fue inmediata. Se condenó la prepotencia, la falta de respeto y la nula tolerancia al trabajo informativo. Esta reacción colectiva es fundamental. Sin este tipo de reacciones los episodios de agresión simbólica pueden normalizarse y repetirse.

La presión pública obligó al alcalde a rectificar. Pero más allá de la disculpa, el episodio deja claro que la relación entre medios y poder político depende, en buena medida, de la capacidad de la sociedad para defender el derecho a preguntar.

La relación entre medios y poder político se define en los momentos de tensión. Y en este caso, el mensaje es claro, cuando una autoridad reacciona con desdén, sexismo o estigmatización ante preguntas legítimas, no sólo agrede a una periodista, erosiona un pilar democrático.

La disculpa del alcalde es un paso, pero no resuelve el problema de fondo, la necesidad de que los funcionarios entiendan que la prensa no está para agradarles, sino para cuestionarlos. Y que el derecho a preguntar incómodo, insistente y crítico no es una concesión del poder, debe ser una constante en un Estado de Derecho, y es una obligación de los gobiernos garantizarlo.

Por otra parte, cuando una autoridad responde con desdén, molestia o descalificación a una pregunta periodística, especialmente en un entorno grabado y de alta exposición, se activan aristas críticas de riesgos reputacionales, institucionales y mediáticos.

Desde un punto de vista profesional un episodio como el comentado no es producto de un error de comunicación, sino de fallas de estrategias comunicacionales. Lo que pone al descubierto una ausencia total de protocolos, carencia de entrenamiento mediático y una cultura organizacional del gobierno que no comprende, o que no quiere comprender, el rol de los medios de comunicación en sociedades democráticas.

Cuando no existen protocolos, los funcionarios en su relación con los medios se vuelven reactivos y vulnerables a detonaciones emocionales. Existen técnicas profesionales de manejo de medios que permiten responder preguntas difíciles sin caer en hostilidad, estas herramientas reducen la tensión y evitan que la interacción se convierta en un conflicto personal.

Las crisis con la prensa se reducen cuando existe una relación institucional sólida. La prevención siempre será mejor y menos costosa, política y reputacionalmente, que la contención y el control de daños. Cuando una autoridad confronta a la prensa, no sólo genera un problema de comunicación, también genera un problema de legitimidad.

La solución no es comunicar mejor, sino institucionalizar la comunicación, profesionalizar a quienes se relacionan con los medios y comprender que el escrutinio no es una amenaza, sino una condición inherente a los cargos públicos.

Sobre el autor

José de Jesús Gómez Valle es analista político. Profesor Investigador en el CUCSH de la UdeG. Contacta: jose.gomezvalle@gmail.com y en X: @jgomezvalle.