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Opinión

No, señor presidente electo

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Andrés Manuel López Obrador

Presidente electo…

Desde que Andrés Manuel López Obrador anunció los 50 puntos de su propuesto plan de austeridad, no fueron pocas las voces que alabaron las medidas, como tampoco aquellas que las recibieron con escepticismo. Pero después del anuncio, el presidente electo ha hecho una serie de declaraciones donde comunica, adicionalmente, la necesidad de eliminar los privilegios de los jueces y magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Esta medida, si bien no quedó plasmada en el plan de austeridad de manera explícita, es una de las que mayor debate han suscitado. Y es que reducir los ingresos del Poder Judicial no sólo implica controlar los gastos de sus dependencias, sino que ahora se pone sobre la mesa reducir los sueldos de sus funcionarios. En promedio, un magistrado percibe 260 mil pesos mensuales, además de prestaciones y seguros de riesgo específicos a la naturaleza de sus funciones.         

Bajarles el suelo es peligroso, dicen unos, porque abre la puerta a la corrupción que el morenista busca combatir. Es cínico pensar eso, dicen otros, porque el mexicano promedio vive con ingresos que apenas alcanzan para cubrir necesidades básicas, mientras que tener jueces con esos salarios es un insulto a quienes pagan sus impuestos. “Pero si me bajan el sueldo, me corrompo”, se apresuran en decir algunos aludidos. “¿Y para qué quieren esos sueldos astronómicos, si la Suprema Corte nunca ha hecho nada por nosotros?”, rebaten otros más.       

Javier Lozano

Foto: Cuartoscuro

El derecho a disentir

Lo cierto es que los argumentos razonados y los absurdos están presentes tanto en una postura como en la otra. Es verdad que los altos funcionarios públicos, en cualquiera de los tres poderes, perciben cantidades que muchos mexicanos no alcanzarían a ver reunidas en toda una vida de trabajo. Pero también es verdad que, con todo y sus excepciones, la labor de la SCJN y las demás instancias que conforman el Poder Judicial es indispensable para sellar las transformaciones que México va alcanzando. 

No nos equivoquemos, dichas transformaciones sociales se gestan en la propia sociedad civil, eso nadie lo duda. Pero cuando somos muy afortunados, estas encuentran un cauce institucional que las asienta en nuestra legislación y las convierte en una realidad tangible. Para lograrlo, es indispensable que existan garantías de independencia e imparcialidad en los entes que defienden el orden constitucional y posibilitan que dicho cauce exista.

Eso es justo lo que defiende Olga Sánchez Cordero, ex ministra de la Suprema Corte y quien asumirá la titularidad de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), a partir del 01 de diciembre. A su juicio, la labor de los juzgadores es fundamental para la paz social y en más de una ocasión dijo estar en desacuerdo con la propuesta de López Obrador sobre reducir sus salarios. Pero lo verdaderamente sorprendente de esas declaraciones no es que exista el desacuerdo, sino que este sea público y reiterado. ¿Cuándo habíamos visto que un secretario de estado (en funciones o a punto de asumir) manifestara públicamente su desacuerdo con la persona a quien le rendirá cuentas? 

Olga Sánchez Cordero

Foto: Gustavo Ojeda Carreras

¿Un balance interno?

Cuando el abanderado por la coalición “Juntos Haremos Historia” aún era candidato, expresó una opinión desfavorable sobre el trabajo que han realizado los ministros de la SCJN. Aún después de que el político tabasqueño la destapara como la próxima Secretaria de Gobernación, Sánchez Cordero manifestó no compartir esa postura y desde entonces ha mantenido su opinión. ¿Qué dicen estos desacuerdos sobre la correlación de fuerzas que veremos en la administración, durante el próximo sexenio? Después de todo, estamos hablando del segundo puesto en importancia dentro de la estructura del Poder Ejecutivo.

Más aún, con el reciente anuncio del reprobable Manuel Bartlett al frente de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), queda claro que el asunto de la reducción de salarios no se reduce a un hecho aislado o anecdótico. ¿La razón? Tatiana Clouthier –la mujer que fungió como la arquitecta de la campaña de Andrés Manuel– también mostró sus reservas frente a la designación de quien lleva consigo la sombra del fraude del 88. La ex coordinadora de campaña declaró a la prensa que “había mejores opciones” para el cargo. Clouthier, por su parte, encabezará una subsecretaría dentro de la misma SEGOB, lo cual nos hace preguntarnos si estaremos presenciando el ensayo de un gobierno inédito donde la pluralidad de opiniones será parte del ejercicio del poder.

En todos lados se lee que el Congreso es el contrapeso efectivo al poder ejecutivo. Y apenas hace una semana, Katia D’Artigues se preguntaba en redes sociales si esta puede ser una nueva manera de hacer política; si el que un gabinete presidencial manifieste su desacuerdo con el mandatario puede llevar a establecer una especie de “contrapeso interno”.

Pero el debate puede ir más allá. En estos días se discute ampliamente sobre la relevancia y el estado actual del federalismo en México. Se dice que el bicentenario pacto federal nunca quedó del todo solidificado y, por el contrario, el centralismo resultó pernicioso para la distribución del poder entre las entidades. Quizá la discusión puede ampliarse también al presidencialismo, de manera que nos preguntemos si estos desencuentros entre el futuro presidente y su gabinete suponen un relajamiento de aquel modelo, donde la moneda de cambio es “sí, señor Presidente, lo que usted diga”.

Tatiana Clouthier

Foto: Notimex

Gobernar desde el debate

Cabe preguntarnos, ¿de verdad seremos testigos de una nueva manera de gobernar, libre de decisiones verticales? ¿O serán estas declaraciones parte de una pantomima? Cambiando de acera, ¿no serán señales de una fractura interna entre el presidente electo y su próximo equipo, ahora que la luna de miel está por terminar? En todo caso, si algo demuestran estos desencuentros es que las transiciones siempre son accidentadas y complejas.

En lo que respecta a los procesos de toma de decisiones, la confrontación de posturas es benéfica, siempre y cuando permita acercamientos más constructivos. Asumiendo que esta tendencia continúe, si el presidente electo y su gabinete son inteligentes, sabrán capitalizar esa pluralidad en beneficio de los ciudadanos. Si no lo son, sus desacuerdos llevarán a la parálisis y se estancarán las decisiones. O peor aún, se replicarán las conductas autoritarias con las que se busca romper.

Lo innegable es que a los ciudadanos nos beneficia más un debate abierto que el aplauso autocomplaciente.

Cristian J. Vargas Díaz es licenciado  en  Relaciones  Internacionales  por  la  Universidad  de  Guadalajara,  e  “intrigoso” como  consecuencia.  Les  debe  a  Ray Bradbury,  Juan  Rulfo  y  Thomas  Mann  su  gusto  por  la  literatura  y  su  vejez  prematura.  Cinéfilo  y  “seriéfago”  enfermizo,  sigue  aprendiendo  a  escribir.

 

 

Bolígrafo

 

 

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Opinión

Ojo, así se roban tus datos personales

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Columna de Ana Olvera sobre el robo de datos personales

Estimado lector, para mí es un privilegio volver a escribir estas líneas luego de una muy larga ausencia. Sin embargo volveremos a encontrarnos en esta columna cada quincena, analizando los temas de actualidad relacionados con la protección de nuestros datos personales y la privacidad que acontecen tanto en nuestro País como en el mundo.

Evidentemente no podemos dejar de comentar lo sucedido en días pasados en Guadalajara, donde existía -y seguramente siguen existiendo- un call center debidamente instalado para llevar a  cabo extorsiones que se extendían no solo al resto de Jalisco, sino hasta a otros veinte estados más de nuestra República, afectando a más de 26 mil personas con llamadas fraudulentas y extorsiones.

Afortunadamente se desmanteló y según declaraciones oficiales se están realizando colaboraciones con instituciones de las demás entidades afectadas, para descubrir a todas las víctimas y por supuesto, invitarlas a denunciar, lo que resulta en una tarea titánica para las autoridades; pero al parecer no lo fue para aquellos cuyo modus vivendi consistía en realizar este tipo de nada honrosas actividades.

Datos personales de los afectados

En ese sentido caben muchas reflexiones, pero la primera es preguntarnos de dónde obtenían la materia prima, es decir, los datos personales de aquellos afectados. Aunque las respuestas pueden variar, quiero que centremos nuestra atención en dos fuentes principales.

La primera y la originaria por excelencia siempre seremos, desafortunadamente, Usted y yo, querido lector. Es decir, nosotros como titulares, dueños de esos datos personales que elegimos, muchas veces sin pararnos a reflexionar en ello, a quién, cómo y para qué le compartimos esta importantísima información.

Y digo que muchas veces sin reflexionarlo lo suficiente, porque participamos a otras personas de manera voluntaria, para poder obtener un bien o servicio; para pedir nuestros alimentos cuando no tenemos tiempo de prepararlos en casa; al inscribirnos a un curso o a nuestros hijos a la escuela, por citar ejemplos cotidianos. Pero también lo hacemos de manera involuntaria, por ejemplo cuando descargamos aplicaciones en nuestro teléfono inteligente o tableta y compartimos datos que no son necesarios; cuando somos poco discretos en una conversación o bien, ¿cuántas veces no hemos tirado a la basura documentación que contiene nuestro nombre u otros datos más sensibles, como nuestra CLABE interbancaria? Seguramente, muchas veces.

Ignoramos el valor de nuestros datos

La segunda causa de obtención de esta información es por medio de aquellos que manejan datos personales, es decir, los responsables si son particulares, o bien los sujetos obligados de orden público. Según me ha tocado atestiguar, parece que cuando la información no nos pertenece, dejamos de tener cuidado en su manejo. Se despersonaliza y solo vemos números, estadísticas, pero olvidamos que detrás de esas cifras, direcciones o palabras, se encuentra una persona que puede verse perjudicada por nuestro descuido de custodia de la información durante el ciclo de vida de los datos personales.

En fin, aunque difícilmente sabremos cómo se obtuvo esa información, es una realidad que decenas de miles de personas se vieron seriamente perjudicadas no solo en su patrimonio, sino muy seguramente hasta en su tranquilidad diaria, por este tipo de acciones ilegales. La invitación es a que le demos la importancia debida a esta información que es tan importante. La que nada más y nada menos, nos hace únicos y nos permite interactuar con el resto de quienes nos rodean. Si tenemos conciencia de la importancia de nuestros datos personales, seguramente nos daremos cuenta de la relevancia que también tiene la información relativa a otras personas. 

La tarea primordial

En un entorno tan cambiante como el que vive nuestro mundo y especialmente, nuestro Estado de Derecho, la tarea primordial con la que contamos es velar porque nuestros derechos a la protección de datos personales y la privacidad no sean violentados y es más, que puedan ser garantizados, sobre todo ante la inminente desaparición de los Órganos Garantes en la materia, de lo que hablaremos en nuestra próxima entrega.

Sobre la autora

Ana Olvera es profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, con intereses en privacidad, bioética y neuroderechos.

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Opinión

La extinción de los institutos de transparencia: ¿falta de empatía o indiferencia?

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A veces, hablar de datos personales, de su protección y nuestra privacidad, resulta sumamente abstracto. Aunque incluso trabajemos con ellos, pensemos en la recepcionista de un consultorio médico o el propio profesional de la salud. O en la persona a la que le pedimos la pizza o la comida que consumiremos en ese momento.

Ahora pensemos en las veces que entramos a ciertas redes sociales, como X, Facebook o LinkedIn y encontramos explicaciones acerca de lo importante que es proteger nuestros datos personales, o bien, explicaciones de las resoluciones (que a veces se adjuntan completas) y que más bien, parecen para un público un poco más especializado, que tal vez no seremos nosotros -que solo buscamos un momento de distracción-. En no pocas ocasiones, este tipo de situaciones pasan desapercibidas hasta que somos víctimas de robo de identidad, alguna extorsión o una estafa.

En este sentido cabe preguntarnos al menos dos cosas. La primera, la razón por la que optamos por la indiferencia ante la violación de la privacidad, que se arraiga en una compleja red de factores. La omnipresencia de la tecnología ha normalizado la vigilancia, desensibilizando a muchos ante la vulneración de sus datos personales. La complejidad de las políticas de privacidad y los algoritmos opacos genera una sensación de impotencia, alimentando la resignación. Además, la gratificación inmediata de los servicios digitales y la falta de consecuencias tangibles de la pérdida de privacidad fomentan una actitud apática e incluso, indolente. A esto se suma la polarización social, que fragmenta la empatía y dificulta la acción colectiva en defensa de un derecho fundamental.

La falta de involucramiento nos aísla de nuestra comunidad. Nos desconectamos de los problemas que nos afectan a todos, como la pobreza, la desigualdad, la violencia, la inseguridad y el cambio climático. Nos volvemos indiferentes al sufrimiento de los demás, perdiendo nuestra capacidad de empatía y solidaridad.

Pero la segunda es igualmente preocupante. ¿Qué pasó con el trabajo de los organismos garantes? ¿Fue acaso incapacidad de transmitir e incluso educar al pueblo mexicano? ¿De “conectar”, empatizar? Por que los festivales, las fotos, los congresos o simposios, salvo muy honrosas excepciones, siempre iban dirigidos a cualquier público distinto a lo que han dado por llamar “el ciudadano de a pie”. O como dirían los políticos en este momento histórico, “el pueblo bueno”, ese que difícilmente, con la pobre comunicación de los “expertos” y además con pocos recursos a la mano, comprendió la importancia de un andamiaje institucional como el que logró crearse en materia de transparencia y protección de datos personales. Tal vez eso explique la indiferencia en su defensa.

No cabe duda que asistimos y en gran mayoría, las y los mexicanos solo estamos meramente atestiguando los cambios estructurales que nuestro país esta viviendo. En ese sentido, claro que vivimos una transformación. No sé cuál. Pero bien haríamos en hacer a un lado esa indiferencia, para al menos intentar entender cómo afectarán al ejercicio y garantía de nuestros derechos fundamentales.

No involucrarse en la vida del país también tiene un costo personal. Cuando nos alejamos de los asuntos públicos, renunciamos a nuestro derecho a ser escuchados y a contribuir al bienestar de nuestra sociedad. Nos convertimos en meros espectadores de nuestro propio destino, sin voz ni voto. En un mundo cada vez más interconectado, los problemas que enfrentamos son complejos y requieren soluciones colectivas. La participación ciudadana es esencial para construir un futuro más justo, próspero y sostenible para todos. No podemos permitirnos el lujo de la indiferencia.

Es hora de despertar de la apatía y asumir nuestra responsabilidad como mexicanos. Involucrémonos en los asuntos públicos, hagamos oír nuestra voz, exijamos transparencia y rendición de cuentas. Solo así podremos construir el país que queremos y merecemos.

Sobre la autora

Ana Olvera es profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, con intereses en privacidad, bioética y neuroderechos.
 

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