Opinión
¿Objetivos de Desarrollo Sostenible?, qué son y por qué son claves para Jalisco

¿Por qué los objetivos del desarrollo sostenible deben ser promovidos por la institución que garantiza la responsabilidad y el apego a la legalidad de las instituciones y sus servidores públicos en la entidad? Es una de las muchas preguntas que surgen en torno a la decisión de que la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco haya realizado el primer Foro Ciudadano sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) los días 17 y 18 de agosto.
Para dar respuesta es necesario revisar los antecedentes de los derechos económicos, culturales, sociales y ambientales a fin de determinar qué relación tienen con los Objetivos Del Milenio (ODM) y su impacto en la agenda pública local.
Pacto de los Derechos Civiles y Políticos
Encontramos los antecedentes de los DESCA en el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año de 1966 y ratificado por nuestro país en el año de 1981, en él se establecen los compromisos de los Estados que se adhieren, respecto al cumplimiento de medidas legales e institucionales para garantizar el cumplimiento fundamental de las libertades y garantías que dan sustento y sustancia a un gobierno democrático: la vigencia y respeto a los derechos civiles, políticos y sociales, que son a su vez el núcleo de los derechos humanos.
El Pacto también incluye la formación y funcionamiento de un Comité que entre otras funciones tiene la de recibir, examinar y emitir comentarios respecto de los informes que sobre el cumplimiento del Pacto llevan a cabo los Estados parte. Esta última es una función de control y medición del desempeño, que en el marco de la cooperación internacional, opera con el fin de identificar, visibilizar y evaluar el grado de avance en los compromisos.
No obstante, como sucede con diversos ordenamientos normativos internacionales tuvieron que pasar muchos años para encontrar la coyuntura que permitiera intensificar los alcances y expectativas del Pacto, es así que para septiembre del año 2000 se firma por 189 países la “Declaración del Milenio de las Naciones Unidas” de la cual emanan los llamado Objetivos del Milenio, que cito a continuación:
1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre
2: Lograr la enseñanza primaria universal
3: Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer
4: Reducir la mortalidad infantil
5: Mejorar la salud materna
6: Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades
7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente
8: Fomentar una asociación mundial para el desarrollo
Si bien resulta favorable contar con un horizonte claro y acordado sobre el puerto de llegada al que deben aspirar los gobiernos nacionales a través del funcionamiento de su aparato de administración pública, una de las principales limitantes a las que se enfrentó los ODM es que se elaboraron y sancionaron de manera unilateral por funcionarios públicos, ministros y líderes políticos.
La fórmula de integración omitió la consulta a quienes son beneficiarios de la acción pública, la ciudadanía. Por ello se careció de la legitimidad que brindará suficiencia y pertinencia política de los objetivos y por consecuencia de las metas e indicadores que cada país elaboró al respecto.
El contenido sustantivo de los ODM
El contenido sustantivo de los ODM es plausible y refleja las aspiraciones de bienestar y prosperidad, no podrían ser calificados como indeseables, pero el modelo democrático de un régimen político se encuentra apuntalado por la virtuosa relación entre gobernados y gobernantes. Con mayor precisión un conjunto de relaciones de servicios y respuestas a demandas, pero también de comunicación y cooperación en torno a las decisiones públicas. Posiblemente ésta sea una de las razones por las que los resultados expresados en los informes periódicos que los países han presentado, muestra avances conservadores e insuficientes de las metas e indicadores nacionales y locales armonizados a los ODM.
El conjunto de metas públicas de los Estados parte conformaron la denominada Agenda 2015, sin embargo el deficiente nivel de cumplimiento y la demanda de un mayor consenso exigió a la ONU replantear el modelo de confección de la ahora llamada agenda 2030.
En este contexto surgen los ODS, que no sólo aumentan en cantidad, ahora son 17 frente a los 8 ODM, sino que la clave de la reformulación de la agenda global radicó en una amplia consulta a la ciudadanía mediante la figura de la “Encuesta Mi Mundo”.
Los resultados e interpretación de las demandas y aspiración que jaliscienses expresaron en la encuesta aplicada se encuentran debidamente analizados en el estudio Agenda global y políticas públicas en Jalisco, elaborado por el Consejo Económico y Social de Jalisco (CESJAL).
Dos caras de un mismo fenómeno
En el estudio, se da cuenta del grado de incorporación de los ODS y los ODM en los instrumentos de planeación que van del Plan Estatal de Desarrollo a los Planes de Desarrollo Municipal. Es en este punto donde radica la importancia de analizar la concurrencia dos caras de un mismo fenómeno del sistema político mundial y de la administración pública local a partir de los cuales se diseñan las políticas públicas y programas de gobierno.
Resulta de utilidad contrastar en qué medida se incluyen en la agenda pública nacional, estatal y municipal, así como en el Poder Legislativo, los objetivos y metas de la agenda global de la ONU, más aún cuando esta ha sido edificada desde abajo, tomando en cuenta la opinión y voz de la sociedad civil y procesada posteriormente por la gerencia pública a fin de proyectarla en los instrumentos de planeación de los poderes públicos.
Frente a la renovación del gobierno del estado, de la legislatura estatal y de 125 gobiernos municipales en Jalisco y por exigencia de la Ley de Planeación del Estado de Jalisco y sus Municipios que dispone la elaboración y actualización de los planes de desarrollo, además de que la Ley Orgánica del Poder Legislativo dispone la formación de la Agenda Parlamentaria y el programa de trabajo de la legislatura, nos encontramos ante un momento privilegiado de incluir, actualizar o intensificar la adopción de los ODS, sus metas e indicadores en el andamiaje de planeación en nuestra entidad.
¿Le toca a la CEDHJ?
Retomo la pregunta inicial de este artículo respecto a: por qué debe ser la Comisión Estatal de Derechos Humanos quien promueva esta discusión, la difusión de los DESCA y los ODM. Además de hacerlo en una convocatoria dirigida principalmente a asociaciones, redes y colectivos civiles, la respuesta es clara y contundente, dado nuestro marco jurídico, el derecho humano a la participación social se concibe como la libertad y garantía ciudadana de incidir en las etapas de diseño, formulación y ejecución de las políticas públicas y los actos de gobierno, mediante ejercicios de comunicación y deliberación que permitan la colaboración de la sociedad con su gobierno.
Desde esta perspectiva los ODM y el derecho ciudadana a participar en la formulación de instrumentos de planeación brindan un marco efectivo para la gobernanza democrática: ¿qué más se requiere para llegar a buen puerto? Sin duda, los vasos comunicantes que darán vida a este escenario serán la sensibilidad y receptividad de las élites políticas al frente del gobierno para que en una convicción de los valores del gobierno abierto, permitan la apertura y contribución a las instituciones públicas de la ciudadanía que puede, quiere y debe contribuir con los poderes públicos, más allá de sus contribuciones fiscales de la emisión del voto.
En hora buena a la CEDHJ por organizar el foro ciudadano, en la medida en que los agentes públicos conozcan, respeten y ejerzan los DESCA seguramente existirán menos recomendaciones y medidas cautelares emitidas por la órgano garante de los derechos humanos en Jalisco y seguramente podremos desarrollar una ciudadanía activa que tenga como parte de su ejercicio político los DESCA y los ODM.
Opinión
Ojo, así se roban tus datos personales

Estimado lector, para mí es un privilegio volver a escribir estas líneas luego de una muy larga ausencia. Sin embargo volveremos a encontrarnos en esta columna cada quincena, analizando los temas de actualidad relacionados con la protección de nuestros datos personales y la privacidad que acontecen tanto en nuestro País como en el mundo.
Evidentemente no podemos dejar de comentar lo sucedido en días pasados en Guadalajara, donde existía -y seguramente siguen existiendo- un call center debidamente instalado para llevar a cabo extorsiones que se extendían no solo al resto de Jalisco, sino hasta a otros veinte estados más de nuestra República, afectando a más de 26 mil personas con llamadas fraudulentas y extorsiones.
Afortunadamente se desmanteló y según declaraciones oficiales se están realizando colaboraciones con instituciones de las demás entidades afectadas, para descubrir a todas las víctimas y por supuesto, invitarlas a denunciar, lo que resulta en una tarea titánica para las autoridades; pero al parecer no lo fue para aquellos cuyo modus vivendi consistía en realizar este tipo de nada honrosas actividades.
Datos personales de los afectados
En ese sentido caben muchas reflexiones, pero la primera es preguntarnos de dónde obtenían la materia prima, es decir, los datos personales de aquellos afectados. Aunque las respuestas pueden variar, quiero que centremos nuestra atención en dos fuentes principales.
La primera y la originaria por excelencia siempre seremos, desafortunadamente, Usted y yo, querido lector. Es decir, nosotros como titulares, dueños de esos datos personales que elegimos, muchas veces sin pararnos a reflexionar en ello, a quién, cómo y para qué le compartimos esta importantísima información.
Y digo que muchas veces sin reflexionarlo lo suficiente, porque participamos a otras personas de manera voluntaria, para poder obtener un bien o servicio; para pedir nuestros alimentos cuando no tenemos tiempo de prepararlos en casa; al inscribirnos a un curso o a nuestros hijos a la escuela, por citar ejemplos cotidianos. Pero también lo hacemos de manera involuntaria, por ejemplo cuando descargamos aplicaciones en nuestro teléfono inteligente o tableta y compartimos datos que no son necesarios; cuando somos poco discretos en una conversación o bien, ¿cuántas veces no hemos tirado a la basura documentación que contiene nuestro nombre u otros datos más sensibles, como nuestra CLABE interbancaria? Seguramente, muchas veces.
Ignoramos el valor de nuestros datos
La segunda causa de obtención de esta información es por medio de aquellos que manejan datos personales, es decir, los responsables si son particulares, o bien los sujetos obligados de orden público. Según me ha tocado atestiguar, parece que cuando la información no nos pertenece, dejamos de tener cuidado en su manejo. Se despersonaliza y solo vemos números, estadísticas, pero olvidamos que detrás de esas cifras, direcciones o palabras, se encuentra una persona que puede verse perjudicada por nuestro descuido de custodia de la información durante el ciclo de vida de los datos personales.
En fin, aunque difícilmente sabremos cómo se obtuvo esa información, es una realidad que decenas de miles de personas se vieron seriamente perjudicadas no solo en su patrimonio, sino muy seguramente hasta en su tranquilidad diaria, por este tipo de acciones ilegales. La invitación es a que le demos la importancia debida a esta información que es tan importante. La que nada más y nada menos, nos hace únicos y nos permite interactuar con el resto de quienes nos rodean. Si tenemos conciencia de la importancia de nuestros datos personales, seguramente nos daremos cuenta de la relevancia que también tiene la información relativa a otras personas.
La tarea primordial
En un entorno tan cambiante como el que vive nuestro mundo y especialmente, nuestro Estado de Derecho, la tarea primordial con la que contamos es velar porque nuestros derechos a la protección de datos personales y la privacidad no sean violentados y es más, que puedan ser garantizados, sobre todo ante la inminente desaparición de los Órganos Garantes en la materia, de lo que hablaremos en nuestra próxima entrega.
Sobre la autora
Ana Olvera es profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, con intereses en privacidad, bioética y neuroderechos.
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Opinión
La extinción de los institutos de transparencia: ¿falta de empatía o indiferencia?

A veces, hablar de datos personales, de su protección y nuestra privacidad, resulta sumamente abstracto. Aunque incluso trabajemos con ellos, pensemos en la recepcionista de un consultorio médico o el propio profesional de la salud. O en la persona a la que le pedimos la pizza o la comida que consumiremos en ese momento.
Ahora pensemos en las veces que entramos a ciertas redes sociales, como X, Facebook o LinkedIn y encontramos explicaciones acerca de lo importante que es proteger nuestros datos personales, o bien, explicaciones de las resoluciones (que a veces se adjuntan completas) y que más bien, parecen para un público un poco más especializado, que tal vez no seremos nosotros -que solo buscamos un momento de distracción-. En no pocas ocasiones, este tipo de situaciones pasan desapercibidas hasta que somos víctimas de robo de identidad, alguna extorsión o una estafa.
En este sentido cabe preguntarnos al menos dos cosas. La primera, la razón por la que optamos por la indiferencia ante la violación de la privacidad, que se arraiga en una compleja red de factores. La omnipresencia de la tecnología ha normalizado la vigilancia, desensibilizando a muchos ante la vulneración de sus datos personales. La complejidad de las políticas de privacidad y los algoritmos opacos genera una sensación de impotencia, alimentando la resignación. Además, la gratificación inmediata de los servicios digitales y la falta de consecuencias tangibles de la pérdida de privacidad fomentan una actitud apática e incluso, indolente. A esto se suma la polarización social, que fragmenta la empatía y dificulta la acción colectiva en defensa de un derecho fundamental.
La falta de involucramiento nos aísla de nuestra comunidad. Nos desconectamos de los problemas que nos afectan a todos, como la pobreza, la desigualdad, la violencia, la inseguridad y el cambio climático. Nos volvemos indiferentes al sufrimiento de los demás, perdiendo nuestra capacidad de empatía y solidaridad.
Pero la segunda es igualmente preocupante. ¿Qué pasó con el trabajo de los organismos garantes? ¿Fue acaso incapacidad de transmitir e incluso educar al pueblo mexicano? ¿De “conectar”, empatizar? Por que los festivales, las fotos, los congresos o simposios, salvo muy honrosas excepciones, siempre iban dirigidos a cualquier público distinto a lo que han dado por llamar “el ciudadano de a pie”. O como dirían los políticos en este momento histórico, “el pueblo bueno”, ese que difícilmente, con la pobre comunicación de los “expertos” y además con pocos recursos a la mano, comprendió la importancia de un andamiaje institucional como el que logró crearse en materia de transparencia y protección de datos personales. Tal vez eso explique la indiferencia en su defensa.
No cabe duda que asistimos y en gran mayoría, las y los mexicanos solo estamos meramente atestiguando los cambios estructurales que nuestro país esta viviendo. En ese sentido, claro que vivimos una transformación. No sé cuál. Pero bien haríamos en hacer a un lado esa indiferencia, para al menos intentar entender cómo afectarán al ejercicio y garantía de nuestros derechos fundamentales.
No involucrarse en la vida del país también tiene un costo personal. Cuando nos alejamos de los asuntos públicos, renunciamos a nuestro derecho a ser escuchados y a contribuir al bienestar de nuestra sociedad. Nos convertimos en meros espectadores de nuestro propio destino, sin voz ni voto. En un mundo cada vez más interconectado, los problemas que enfrentamos son complejos y requieren soluciones colectivas. La participación ciudadana es esencial para construir un futuro más justo, próspero y sostenible para todos. No podemos permitirnos el lujo de la indiferencia.
Es hora de despertar de la apatía y asumir nuestra responsabilidad como mexicanos. Involucrémonos en los asuntos públicos, hagamos oír nuestra voz, exijamos transparencia y rendición de cuentas. Solo así podremos construir el país que queremos y merecemos.
Sobre la autora
Ana Olvera es profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, con intereses en privacidad, bioética y neuroderechos.
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