Opinión
Órganos autónomos en la mira: El debate sobre su desmantelamiento

El debate sobre la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador para eliminar varios órganos autónomos en México ha generado posiciones encontradas. Por un lado, el oficialismo defiende la medida como una forma de racionalizar el gasto público y redirigir recursos hacia programas prioritarios, mientras que la oposición y diversos sectores de la sociedad ven en esta acción un riesgo para la transparencia, la rendición de cuentas y el equilibrio de poder.
Argumentos a favor: Austeridad y eficiencia
Los defensores de la propuesta del presidente destacan que la eliminación de estos órganos autónomos podría generar un ahorro significativo para el erario. Según estimaciones del propio López Obrador, se podrían liberar más de 100 mil millones de pesos que, en su visión, podrían destinarse a programas sociales y proyectos estratégicos que beneficiarían directamente a la población, como las pensiones para adultos mayores.
Además, se argumenta que muchos de estos organismos, creados en un contexto de desconfianza hacia el Poder Ejecutivo en los años noventa, ya no cumplen con su propósito original de manera eficaz. Los críticos de los órganos autónomos señalan que estos, en ocasiones, han caído en la burocratización y la falta de transparencia que se suponía debían combatir. Ejemplos como la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) han sido señalados por no cumplir completamente con sus objetivos, lo que cuestiona la justificación de su existencia independiente.
Otro punto a favor de la iniciativa es la idea de que estos órganos autónomos operan de manera aislada del Poder Ejecutivo, lo que podría hacerlos menos sensibles a las demandas y necesidades del electorado. Al incorporar sus funciones dentro de las secretarías de Estado, se busca que estas decisiones respondan más directamente a las políticas públicas del gobierno en turno, lo que, según los defensores, podría generar una mayor coherencia en la implementación de políticas.
Argumentos en contra: Transparencia y equilibrio de poderes
Por otro lado, los opositores a la medida advierten que la desaparición de estos órganos autónomos podría debilitar los contrapesos esenciales en una democracia. Estos organismos fueron creados para garantizar que ciertas decisiones técnicas y de regulación no estuvieran sujetas a las fluctuaciones políticas, manteniendo así un grado de independencia necesario para la estabilidad institucional.
Un ejemplo citado frecuentemente es el del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), que ha jugado un papel crucial en la promoción de la transparencia gubernamental. Sin la autonomía que le permite actuar sin la influencia directa del ejecutivo, existe el riesgo de que las prácticas de opacidad y falta de rendición de cuentas se intensifiquen.
Además, la propuesta del presidente ha sido criticada por su falta de claridad en cuanto a cómo se gestionarán las funciones de estos órganos una vez que se integren en las secretarías de Estado. La ausencia de un plan detallado de reingeniería institucional y presupuestal genera incertidumbre sobre si las secretarías tendrán la capacidad técnica y los recursos necesarios para asumir estas responsabilidades sin que se vea afectada la calidad del servicio público.
También se han planteado preocupaciones respecto a los compromisos internacionales de México, como los establecidos en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Algunos de los órganos en riesgo de desaparecer, como la Cofece y el IFT, son fundamentales para cumplir con las obligaciones de regulación económica exigidas por estos acuerdos internacionales. Su eliminación podría traer repercusiones negativas en las relaciones comerciales y económicas de México con sus socios internacionales.
Un futuro en juego
En resumen, el debate sobre la eliminación de los órganos autónomos en México enfrenta posturas bien definidas. Por un lado, se busca reducir el gasto público y centralizar las funciones en el Ejecutivo para una mayor coherencia en la implementación de políticas. Por otro, se teme que esta medida socave los contrapesos democráticos y la transparencia, pilares fundamentales en una democracia moderna.
El desenlace de esta iniciativa aún está por definirse, y dependerá en gran medida de cómo se aborden las preocupaciones y se presenten soluciones claras para garantizar que, de llevarse a cabo, la eliminación de estos organismos no signifique un retroceso en la calidad de la gobernanza y en los derechos de los ciudadanos. En este sentido, es crucial que el debate se mantenga abierto, informado y centrado en el interés público.
Sobre el autor
Humberto Mendoza es un profesional comprometido en el campo del diseño y evaluación de políticas públicas en Jalisco. Es licenciado en Administración Gubernamental y Políticas Públicas Locales por la Universidad de Guadalajara con un Máster en Antropología en la Universitat Autònoma de Barcelona. Actualmente, lidera el Órgano Técnico de Administración y Planeación Legislativa en el Congreso de Jalisco.
Opinión
Ojo, así se roban tus datos personales

Estimado lector, para mí es un privilegio volver a escribir estas líneas luego de una muy larga ausencia. Sin embargo volveremos a encontrarnos en esta columna cada quincena, analizando los temas de actualidad relacionados con la protección de nuestros datos personales y la privacidad que acontecen tanto en nuestro País como en el mundo.
Evidentemente no podemos dejar de comentar lo sucedido en días pasados en Guadalajara, donde existía -y seguramente siguen existiendo- un call center debidamente instalado para llevar a cabo extorsiones que se extendían no solo al resto de Jalisco, sino hasta a otros veinte estados más de nuestra República, afectando a más de 26 mil personas con llamadas fraudulentas y extorsiones.
Afortunadamente se desmanteló y según declaraciones oficiales se están realizando colaboraciones con instituciones de las demás entidades afectadas, para descubrir a todas las víctimas y por supuesto, invitarlas a denunciar, lo que resulta en una tarea titánica para las autoridades; pero al parecer no lo fue para aquellos cuyo modus vivendi consistía en realizar este tipo de nada honrosas actividades.
Datos personales de los afectados
En ese sentido caben muchas reflexiones, pero la primera es preguntarnos de dónde obtenían la materia prima, es decir, los datos personales de aquellos afectados. Aunque las respuestas pueden variar, quiero que centremos nuestra atención en dos fuentes principales.
La primera y la originaria por excelencia siempre seremos, desafortunadamente, Usted y yo, querido lector. Es decir, nosotros como titulares, dueños de esos datos personales que elegimos, muchas veces sin pararnos a reflexionar en ello, a quién, cómo y para qué le compartimos esta importantísima información.
Y digo que muchas veces sin reflexionarlo lo suficiente, porque participamos a otras personas de manera voluntaria, para poder obtener un bien o servicio; para pedir nuestros alimentos cuando no tenemos tiempo de prepararlos en casa; al inscribirnos a un curso o a nuestros hijos a la escuela, por citar ejemplos cotidianos. Pero también lo hacemos de manera involuntaria, por ejemplo cuando descargamos aplicaciones en nuestro teléfono inteligente o tableta y compartimos datos que no son necesarios; cuando somos poco discretos en una conversación o bien, ¿cuántas veces no hemos tirado a la basura documentación que contiene nuestro nombre u otros datos más sensibles, como nuestra CLABE interbancaria? Seguramente, muchas veces.
Ignoramos el valor de nuestros datos
La segunda causa de obtención de esta información es por medio de aquellos que manejan datos personales, es decir, los responsables si son particulares, o bien los sujetos obligados de orden público. Según me ha tocado atestiguar, parece que cuando la información no nos pertenece, dejamos de tener cuidado en su manejo. Se despersonaliza y solo vemos números, estadísticas, pero olvidamos que detrás de esas cifras, direcciones o palabras, se encuentra una persona que puede verse perjudicada por nuestro descuido de custodia de la información durante el ciclo de vida de los datos personales.
En fin, aunque difícilmente sabremos cómo se obtuvo esa información, es una realidad que decenas de miles de personas se vieron seriamente perjudicadas no solo en su patrimonio, sino muy seguramente hasta en su tranquilidad diaria, por este tipo de acciones ilegales. La invitación es a que le demos la importancia debida a esta información que es tan importante. La que nada más y nada menos, nos hace únicos y nos permite interactuar con el resto de quienes nos rodean. Si tenemos conciencia de la importancia de nuestros datos personales, seguramente nos daremos cuenta de la relevancia que también tiene la información relativa a otras personas.
La tarea primordial
En un entorno tan cambiante como el que vive nuestro mundo y especialmente, nuestro Estado de Derecho, la tarea primordial con la que contamos es velar porque nuestros derechos a la protección de datos personales y la privacidad no sean violentados y es más, que puedan ser garantizados, sobre todo ante la inminente desaparición de los Órganos Garantes en la materia, de lo que hablaremos en nuestra próxima entrega.
Sobre la autora
Ana Olvera es profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, con intereses en privacidad, bioética y neuroderechos.
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Opinión
La extinción de los institutos de transparencia: ¿falta de empatía o indiferencia?

A veces, hablar de datos personales, de su protección y nuestra privacidad, resulta sumamente abstracto. Aunque incluso trabajemos con ellos, pensemos en la recepcionista de un consultorio médico o el propio profesional de la salud. O en la persona a la que le pedimos la pizza o la comida que consumiremos en ese momento.
Ahora pensemos en las veces que entramos a ciertas redes sociales, como X, Facebook o LinkedIn y encontramos explicaciones acerca de lo importante que es proteger nuestros datos personales, o bien, explicaciones de las resoluciones (que a veces se adjuntan completas) y que más bien, parecen para un público un poco más especializado, que tal vez no seremos nosotros -que solo buscamos un momento de distracción-. En no pocas ocasiones, este tipo de situaciones pasan desapercibidas hasta que somos víctimas de robo de identidad, alguna extorsión o una estafa.
En este sentido cabe preguntarnos al menos dos cosas. La primera, la razón por la que optamos por la indiferencia ante la violación de la privacidad, que se arraiga en una compleja red de factores. La omnipresencia de la tecnología ha normalizado la vigilancia, desensibilizando a muchos ante la vulneración de sus datos personales. La complejidad de las políticas de privacidad y los algoritmos opacos genera una sensación de impotencia, alimentando la resignación. Además, la gratificación inmediata de los servicios digitales y la falta de consecuencias tangibles de la pérdida de privacidad fomentan una actitud apática e incluso, indolente. A esto se suma la polarización social, que fragmenta la empatía y dificulta la acción colectiva en defensa de un derecho fundamental.
La falta de involucramiento nos aísla de nuestra comunidad. Nos desconectamos de los problemas que nos afectan a todos, como la pobreza, la desigualdad, la violencia, la inseguridad y el cambio climático. Nos volvemos indiferentes al sufrimiento de los demás, perdiendo nuestra capacidad de empatía y solidaridad.
Pero la segunda es igualmente preocupante. ¿Qué pasó con el trabajo de los organismos garantes? ¿Fue acaso incapacidad de transmitir e incluso educar al pueblo mexicano? ¿De “conectar”, empatizar? Por que los festivales, las fotos, los congresos o simposios, salvo muy honrosas excepciones, siempre iban dirigidos a cualquier público distinto a lo que han dado por llamar “el ciudadano de a pie”. O como dirían los políticos en este momento histórico, “el pueblo bueno”, ese que difícilmente, con la pobre comunicación de los “expertos” y además con pocos recursos a la mano, comprendió la importancia de un andamiaje institucional como el que logró crearse en materia de transparencia y protección de datos personales. Tal vez eso explique la indiferencia en su defensa.
No cabe duda que asistimos y en gran mayoría, las y los mexicanos solo estamos meramente atestiguando los cambios estructurales que nuestro país esta viviendo. En ese sentido, claro que vivimos una transformación. No sé cuál. Pero bien haríamos en hacer a un lado esa indiferencia, para al menos intentar entender cómo afectarán al ejercicio y garantía de nuestros derechos fundamentales.
No involucrarse en la vida del país también tiene un costo personal. Cuando nos alejamos de los asuntos públicos, renunciamos a nuestro derecho a ser escuchados y a contribuir al bienestar de nuestra sociedad. Nos convertimos en meros espectadores de nuestro propio destino, sin voz ni voto. En un mundo cada vez más interconectado, los problemas que enfrentamos son complejos y requieren soluciones colectivas. La participación ciudadana es esencial para construir un futuro más justo, próspero y sostenible para todos. No podemos permitirnos el lujo de la indiferencia.
Es hora de despertar de la apatía y asumir nuestra responsabilidad como mexicanos. Involucrémonos en los asuntos públicos, hagamos oír nuestra voz, exijamos transparencia y rendición de cuentas. Solo así podremos construir el país que queremos y merecemos.
Sobre la autora
Ana Olvera es profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, con intereses en privacidad, bioética y neuroderechos.
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