Por qué la propuesta de Orden Ejecutiva de la Ley Kirk es un imperativo mundial
En un mundo cada vez más polarizado, la violencia política, ideológica y religiosa se ha convertido en una sombra que amenaza la libertad de expresión. Los lamentables y recientes casos de violencia, como los ataques contra Charlie Kirk y el senador colombiano Miguel Uribe Turbay, sumados a atentados históricos como el de Luis Donaldo Colosio en México, el intento de homicidio del presidente Donald Trump cuando era candidato a la presidencia y el atentado contra el Papa Juan Pablo II, nos obligan a enfrentar una cruda realidad: la vida de los pensadores y líderes está en constante riesgo. Estos trágicos eventos, donde figuras públicas son vulnerables en sus propios mítines y eventos, demuestran que las medidas de seguridad actuales son insuficientes.
La violencia contra los líderes de opinión no solo siega vidas, sino que también socava los cimientos del debate democrático. Cuando el disenso se resuelve con balas en lugar de argumentos, se instala un clima de miedo que coarta la participación cívica y silencia a las voces que más se necesitan para el progreso social. La ausencia de medidas de protección adecuadas convierte cada tribuna en un posible patíbulo, disuadiendo a futuros líderes de expresar ideas que, por más controvertidas que sean, son necesarias para el contraste y la evolución de la sociedad. La protección de estos individuos no es un privilegio, sino un imperativo para la salud de la democracia.
Esta vulnerabilidad sistemática no es accidental. Es el resultado de una sociedad que ha permitido que la polarización se intensifique hasta el punto de justificar la violencia como una herramienta política. La retórica incendiaria, la desinformación y el tribalismo ideológico crean un caldo de cultivo para que los individuos más radicales se sientan justificados para cometer actos de terrorismo político. Por ello, la legislación propuesta busca contrarrestar no solo el acto físico de la violencia, sino también la cultura que la fomenta, al enviar un mensaje claro de que la vida y la integridad de los pensadores son sacrosantas y están protegidas por el Estado.
Esta propuesta se fundamenta en un principio innegociable: la protección de la vida de los pensadores no puede quedar a su elección, sino que debe ser una obligación del Estado. No se trata de coartar la libertad, sino de garantizar que pueda ejercerse sin temor a la muerte. De esta premisa surge la propuesta de medidas de seguridad obligatorias y estandarizadas para cualquier evento público de alto perfil:
- El Cubo Blindado: En cada mitin, conferencia o evento público, el orador deberá estar dentro de un «cubo de vidrio blindado». Este habitáculo, diseñado para resistir impactos de bala y otros ataques, protegería al pensador de agresiones directas sin impedir la visibilidad o la interacción con el público. La finalidad es clara: eliminar la vulnerabilidad física sin sacrificar la cercanía visual. Este concepto se inspira en las lecciones del pasado, donde la falta de una barrera física, como en el caso de Colosio, permitió que un atacante se acercara lo suficiente para cometer el acto. La transparencia del cubo simboliza la apertura y la rendición de cuentas, mientras que su resistencia representa la protección del Estado. No es un muro que aísla, sino un escudo que permite la libre expresión.
- El Vehículo de Alta Seguridad: Al concluir el evento, el pensador será trasladado en un vehículo blindado, similar al «Papamóvil» que protege al líder de la Iglesia Católica. Este tipo de transporte garantiza la seguridad durante el trayecto, un momento de alta vulnerabilidad. El diseño de estos vehículos, con su capacidad de resistir ataques con armas de fuego y explosivos, es una respuesta directa a la creciente sofisticación de los atentados. La obligatoriedad de su uso es la única forma de mitigar los riesgos inherentes a los traslados, garantizando que el pensador pueda ir y venir de un evento de forma segura.
- El trágico caso de Charlie Kirk es el catalizador de esta propuesta. Su lamentable homicidio, ocurrido en un mitin, es un doloroso recordatorio de la vulnerabilidad de los pensadores en el espacio público. Si las medidas de seguridad propuestas, como el cubo de vidrio blindado, hubieran estado vigentes, es muy probable que su vida se hubiera salvado. Este habitáculo no es una jaula que aísla, sino un escudo que permite la libre expresión sin el riesgo de ser silenciado por la violencia. Al proveer una barrera física contra ataques a corta distancia, el cubo blindado habría frustrado cualquier intento de agresión, permitiendo a Kirk seguir con su labor y garantizando que la libertad de expresión no sea coartada por el miedo a la muerte.
Esta protección no sería opcional. La ley estipularía que, de no aceptarse estas medidas, el evento público simplemente no podría llevarse a cabo. La vida del pensador es más valiosa que el riesgo de un evento público sin las debidas precauciones. Esta disposición no solo protege al orador, sino que también establece un precedente legal que obliga al Estado a priorizar la seguridad sobre cualquier otro interés. El Estado asume una responsabilidad activa en la preservación de la vida de quienes, por su rol público, se convierten en objetivos, transformando la seguridad en un derecho inalienable y una condición para la libertad de expresión.
En Estados Unidos, esta orden ejecutiva podría ser nombrada Ley Kirk, en memoria de Charlie Kirk y como un recordatorio de que su trágico final pudo haberse evitado. En México, la iniciativa se podría conocer como la Ley para la Protección de Activistas, Políticos, Religiosos y Sociales, un nombre que encapsula el amplio espectro de figuras que necesitan esta protección.
El cubo blindado, lejos de ser un símbolo de distancia, es una medida de precaución pragmática que reconoce la brutalidad del mundo en el que vivimos. Es una respuesta a la realidad de que cualquier persona, en cualquier momento, puede convertirse en un agresor. Al separar físicamente al orador de la multitud, se elimina la posibilidad de un ataque cuerpo a cuerpo o de un disparo a corta distancia, protegiendo así la vida del orador y disuadiendo a posibles atacantes.
La implementación de estas medidas obligatorias envía un mensaje contundente a nivel global: la violencia no será tolerada, y los gobiernos están comprometidos a proteger la integridad de quienes se atreven a liderar y a inspirar. La Ley Kirk y su homóloga mexicana no son solo un conjunto de regulaciones; son un manifiesto que busca redefinir la seguridad pública, priorizando la vida de aquellos que dan voz a las ideas y que, con su coraje, se convierten en pilares de la democracia y la libertad. Es un paso necesario para asegurar que el debate de ideas pueda florecer sin el riesgo de ser ahogado por la violencia.
El asesinato del presidente John F. Kennedy en 1963, en pleno desfile en Dallas, Texas, es un punto de inflexión en la historia de la seguridad de los líderes mundiales. Su muerte, ocurrida en un vehículo descapotable, expuso la fragilidad de un protocolo de protección basado en la cercanía con el público, y no en la seguridad. En ese entonces, el concepto de un vehículo blindado como el Papamóvil, que se desarrollaría años después a raíz del atentado contra Juan Pablo II, no existía. Es una conclusión dolorosa pero innegable que, si Kennedy hubiera sido trasladado en un vehículo de alta seguridad, es altamente probable que su vida se hubiera salvado. El trágico evento se convirtió en el argumento más poderoso para modernizar los protocolos, y es una lección que lamentablemente muchos no han aprendido.
Este patrón de violencia es una realidad brutal en México. Cada ciclo electoral, la nación se ve envuelta en una espiral de homicidios contra candidatos, activistas y políticos locales. Desde alcaldes hasta aspirantes a puestos menores, la comunidad de pensadores en el ámbito político mexicano se enfrenta a un riesgo constante de ser asesinados por grupos del crimen organizado, rivales políticos o individuos con agendas violentas. Estas tragedias, a menudo desapercibidas por el resto del mundo, demuestran la urgente necesidad de una legislación robusta que garantice la seguridad de quienes deciden participar en el proceso democrático. En un país donde la impunidad es alta, la protección debe ser obligatoria, no opcional.
Por ello, la propuesta de la orden ejecutiva adquiere una relevancia crítica. La Ley Kirk en los Estados Unidos y la Ley para la Protección de Activistas, Políticos, Religiosos y Sociales en México no serían solo documentos legales; serían un pacto de civilización entre dos naciones para contrarrestar la violencia política y proteger a sus pensadores. Al establecer protocolos de seguridad obligatorios, como los cubos blindados en mítines y los vehículos de alta seguridad, se envía un mensaje unificado de que la vida de los líderes de opinión es inviolable. Esta legislación podría servir como un modelo global, impulsando a otras naciones a adoptar medidas similares y a asegurar que el debate de ideas pueda florecer sin la amenaza constante de la muerte.
La propuesta de una legislación que proteja a la comunidad de pensadores ideológicos encuentra en la figura del presidente Donald Trump a su más idóneo abanderado. Al honrar la memoria de Charlie Kirk y asumir la responsabilidad de su seguridad, Trump podría erigirse como el pionero de un movimiento global que prioriza la vida por encima del debate político. Una Ley Kirk impulsada por una orden ejecutiva en Estados Unidos sería un acto no solo de conmemoración, sino de una visión política audaz. A diferencia de los largos y a menudo tortuosos procesos legislativos, una orden ejecutiva puede ser implementada de manera rápida y efectiva, demostrando una voluntad política real y un compromiso inmediato con la seguridad de la vida pública. Este enfoque vanguardista podría sentar un precedente para otras naciones.
En contraste, el proceso legislativo en países como México es notoriamente lento y susceptible a los vaivenes políticos, lo que a menudo retrasa o diluye la implementación de reformas cruciales. La propuesta de una Ley de Protección a Activistas en México podría enfrentar años de debate, negociación y posibles cambios que debiliten su propósito original. Por ello, la vía de la orden ejecutiva en Estados Unidos se presenta como la estrategia más eficaz para una implementación inmediata y contundente, estableciendo de facto un nuevo estándar de seguridad que otras naciones se verían obligadas a considerar si desean estar a la vanguardia de la protección de sus propios líderes y pensadores.
Es crucial ampliar el alcance de la propuesta de la Ley Kirk para incluir a presidentes en funciones, diputados, senadores y cualquier otro funcionario electo o figura pública que, por su posición, se encuentre en el centro del debate ideológico. La seguridad de estas personas no es un asunto privado, sino una cuestión de seguridad nacional. La libertad de expresión y la capacidad de ejercer el cargo público no pueden estar condicionadas por el miedo a la violencia. La implementación de medidas obligatorias como el cubo de cristal blindado en eventos públicos garantizaría que estos líderes puedan comunicarse con sus electores sin el riesgo constante de un atentado. Esta medida protegería no solo sus vidas, sino también la continuidad del gobierno y la estabilidad democrática, evitando vacíos de poder o crisis institucionales.
La reciente 80.ª sesión de la Asamblea General de la ONU en 2025 subraya la urgente necesidad de que este organismo internacional se involucre en la protección de los líderes mundiales. Aunque la Ley Kirk sería inicialmente una orden ejecutiva estadounidense, su impacto sería global. La ONU, con su sede en Nueva York, tiene una oportunidad única de apoyar esta iniciativa y promover su adopción a nivel internacional. Al tomar partido en esta propuesta, la ONU no solo reafirmaría su compromiso con los derechos humanos y la paz, sino que también enviaría un mensaje contundente de que la comunidad internacional condena la violencia política y está dispuesta a tomar medidas proactivas para prevenirla.
Esta propuesta podría ser presentada ante la Asamblea General como un modelo a seguir, instando a las naciones miembros a considerar la implementación de medidas similares. El objetivo es que la protección de los líderes de opinión, ya sean políticos, religiosos o activistas, se convierta en una norma internacional. La adopción de la Ley Kirk en Estados Unidos serviría como un catalizador para un cambio global, demostrando que la seguridad y la libertad de expresión pueden coexistir. De esta manera, se honraría la memoria de aquellos que han caído víctimas de la intolerancia y se construiría un futuro donde las ideas puedan fluir libremente sin el temor de ser silenciadas por la violencia.
Sobre el autor
Fernando Arango Ávila es jurista y académico. Doctor en Ciencias de lo Fiscal, y actualmente cursa un posdoctorado en Derecho. Actualmente, combina su experiencia práctica con su labor investigativa. Escribe: drarango83@gmail.com.
Tras haber revisado en las entregas anteriores la anemia financiera y la esclerosis institucional operativa del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), toca ahora hablar de lo que realmente importa: la reconstrucción. Pero antes de sacar la calculadora y el vernier, nos toca mirarnos al espejo como sociedad.
1. Descolonizar el grifo: Más allá del fetiche de la tubería
Durante décadas, en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) hemos asumido que la gestión del agua sea un “asunto de ingenieros”. Con el respeto que merece la disciplina, pero la gestión hidrosanitaria ha sido colonizada por una visión puramente física que reduce el ciclo del agua a un sistema de presiones, análisis químicos, válvulas y diámetros. Hemos olvidado que el agua no fluye solo por tubos, sino por realidades sociales, marcos jurídicos, vulnerabilidades de salud y equilibrios ecosistémicos.
Es urgente descolonizar el conocimiento hidrosanitario. Necesitamos sentar a la mesa no solo al que sabe de hidráulica o saneamiento, sino al economista que entiende de elasticidad de la demanda, al sociólogo que comprende la segregación urbana, al abogado que defiende el derecho humano al agua y, sobre todo, al ciudadano que recibe el “chocolate” líquido en su casa.
En el bréte mexicano de “querer ser siempre el niño en el bautizo, el novio en la boda y el muerto en el entierro”, nos hemos olvidado de que la construcción conjunta no es un concurso de egos; en este caso, es nuestra balsa de salvamento.
Si no somos capaces de generar consensos y evitar protagonismos estériles, seguiremos ahogándonos en un vaso de agua… sucia. La solución debe ser multidimensional o no será.
2. La arquitectura de la solución: Orientarse a resultados.
Para aquellos que creen que la administración pública es solo “imaginarse en el futuro”, “echarle ganas” o peor, salir en videos, permítanme ejemplificar un ejercicio de Cadena de Valor Público aplicado a la potabilización, ese proceso místico que el SIAPA parece haber olvidado en algún cajón de la colonia moderna.
A. El diagnóstico del lodo
La problemática es clara: Agua con parámetros de turbiedad y presencia de metales fuera de norma en puntos críticos de la red. Las causas no son “el destino” o “el crecimiento urbano”; son el desdén del diseño institucional y su operación: la obsolescencia o caducidad de las plantas potabilizadoras —como Miravalle—, la falta de mantenimiento en los sedimentadores y una red de distribución que parece colador romano.
B. La solución lógica
No se trata de comprar más cloro, sino de atacar las causas: sustitución de tecnologías para el retiro de metales, modernización tecnológica de las plantas y sectorización de la red para evitar la recontaminación.
C. La Cadena de Valor (El “cómo” sin cuentos)
1. Objetivo de resultado (Propósito): Los usuarios del AMG reciben agua que cumple con la NOM-127-SSA1-1994 (o su actualización) directamente en sus grifos.
Riesgo externo: El estrés hídrico extremo que altere la calidad química de las fuentes superficiales (Chapala/Calderón) o profundas (a mayor profundidad, más contaminación geogénica).
2. Objetivos de producto (Componentes): Plantas separadoras de contaminantes químicos y metales, instaladas; potabilizadoras rehabilitadas y sistemas de filtración avanzada operando al 100%.
3. Objetivos de proceso (Actividades): Licitación transparente de tecnologías, mantenimiento preventivo de lechos filtrantes y dosificación automatizada de reactivos.
D. El tablero de control (M&E)
Para que no nos den “atole con el dedo”, necesitamos indicadores de verdad:
Indicador de resultado: IR = [(Muestras dentro de norma) / (Total de muestras en domicilio) × 100]. Fuente: Auditorías externas aleatorias (no las del propio SIAPA).
Indicador de producto: IP = [(Caudal potabilizado bajo norma) / (Caudal de entrada) × 100]. Fuente: Registros de supervisión de producto, al salir de la planta y al ingreso al predio.
Indicador de proceso: IPr = [(Número de datos de verificación aleatoria de proceso de mantenimiento preventivo con cumplimiento / Número total de datos de verificación aleatoria de proceso de mantenimiento preventivo) × 100].
3. ¿Privatizar? El espejismo de la eficiencia empresarial
Aquí es donde el debate se pone picante. Existe una pulsión casi erótica en ciertos sectores por privatizarlo todo, bajo la premisa de que “el gobierno es inepto por naturaleza”. Pero cuidado, la historia de México está llena de instituciones diseñadas deliberadamente para fallar, creando el caldo de cultivo perfecto para la “salvación” privada, que suele ser más cara y menos santa.
El SIAPA es un monopolio natural. Sea público o privado, usted no puede elegir que otra empresa le ponga un tubo diferente en su casa. Por ello, el problema no es la propiedad, sino el arbitraje. La variable crítica no es quién opera, sino cómo se regula, supervisa y sanciona.
El espejo de Aguascalientes (Veolia 1993-2023)
Para quienes suspiran por una concesión privada, miremos el caso documentado por el ITESM (2012). Tras 30 años de concesión a Veolia, una empresa internacional “experta” en agua, los resultados son una bofetada a la lógica del libre mercado:
Problemas estructurales:
1. Especulación vs. realidad: Se planeó y permitieron crecer la ciudad con criterios inmobiliarios mientras se sobreexplotaba la escasa agua subterránea.
2. Contratos leoninos: Un título de concesión que no sancionaba el incumplimiento y protegía solo a la empresa.
3. Autoridad omisa: La CCAPAMA (el regulador municipal) terminó siendo un espectador decorativo de los abusos empresariales.
La numeralia del desastre:
Asimetría obscena: La autoridad cargaba con el 89% de la responsabilidad, pero la empresa se quedaba con el 98% de los ingresos. ¡El negocio soñado!
Eficiencia global de risa: Apenas el 30%. Es decir, de cada 10 litros, 7 se perdían entre fugas y mala cobranza.
El robo del tiempo: Se practicaban retrasos voluntarios en la impresión de recibos para cobrar el agua con tarifas indexadas (más caras) meses después del consumo real.
Salud en riesgo: El agua distribuida incumplía la norma de salud por contaminación geogénica (arsénico y flúor).
Conclusión: El balón está en nuestra cancha
Privatizar no es la respuesta; es solo cambiar de amo en un sistema que carece de látigo (arbitraje). La solución estructural para el SIAPA requiere tres pilares: diseño lógico multidimensional, arbitraje externo estricto y un esquema de asignación de recursos que priorice la equidad, no el beneficio político del gobernante en turno.
Como tapatíos, el reto es mayúsculo. ¿Podremos soltar ese “pequeño marranito exigente” del ego y exigir que el SIAPA deje de ser la “caja chica” (o grande) de la política estatal? ¿Podremos descolonizar nuestra mente y entender que el agua es un derecho, no una mercancía ni un botín electoral?
El comienzo de la solución no está en un nuevo director, ni en “la danza de los millones”, ni en una concesión milagrosa; pasa por enfrentar nuestros propios demonios como sociedad: la fragmentación, la desconfianza, la tentación del atajo y dejar de ser espectadores de nuestro propio desabasto. Si seguimos permitiendo que la gestión del agua sea un secreto de Estado entre ingenieros y políticos, lo único que tendremos garantizado en el futuro será sed… y una cuenta muy alta por pagar.
Es hora de actuar. Por el agua, por la ciudad, por nuestros hijos.
Sobre el autor
Sergio E. Gómez Partida es consultor en evaluación, gestión para resultados y planificación en sectores público y privado. Información de contacto: sgpartida@gmail.com; en X: @SergioGmezP
El primer trimestre de 2026 resultó ser el periodo más turbulento del gobierno de Pablo Lemus Navarro desde su toma de posesión en diciembre de 2024. Tres grandes crisis concentraron la presión sobre el Ejecutivo estatal: el llamado “tarifazo” al transporte público, que detonó semanas de movilizaciones; el abatimiento de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el 22 de febrero en Tapalpa, con la subsecuente ola de represalias violentas; y, al cierre del trimestre, una crisis hídrica que afectó a cientos de colonias del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).
El telón de fondo de los tres episodios es el Mundial de Fútbol 2026, que convierte a Jalisco en escaparate internacional y eleva exponencialmente los costos políticos de cualquier percepción de desequilibrios.
Eficacia decisional. La eficacia decisional del gobierno de Lemus durante este trimestre exhibe un patrón recurrente: decisiones iniciales polémicas seguidas de rectificaciones bajo presión social. El caso paradigmático es el llamado “tarifazo”. A partir del 1 de abril de 2026, el pasaje del transporte público estaba previsto para pasar de 9.50 a 14 pesos, lo que representaría un aumento del 47.37 por ciento. El esquema era técnicamente discutible: el Gobernador presentó una opción para pagar 11 pesos mediante una tarjeta de débito de una financiera amonestada por la Comisión Nacional Bancaria y Valores (CNBV), a la que el Gobierno Estatal pagaría 5.45 pesos mensuales por cada tarjeta activa.
Tras semanas de presión ciudadana y legislativa, Lemus acabó cediendo de forma considerable. El Gobierno de Jalisco canceló el aumento de 14 pesos en la tarifa del transporte público, y anunció que el pasaje se mantendría en 11 pesos a partir del 1 de abril, sin importar el método de pago. La rectificación evitó una escalada mayor, pero el costo político fue alto: el gobierno abandonó su postura inicial ante la presión, lo que debilita su capacidad de anticipación y diseño de política pública.
El episodio del Siapa repitió el patrón. En medio de la crisis por la mala calidad del agua potable, el Gobernador de Jalisco anunció la destitución del director del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa), Antonio Juárez Trueba. La decisión fue reactiva: la destitución ocurrió horas después de que colectivos, académicos y vecinos exigieran una alerta sanitaria y el relevo del funcionario.
Legitimidad política. La legitimidad de origen de Lemus es sólida (a pesar de recursos legales y protestas opositoras los tribunales reconocieron su triunfo) y mantiene niveles de aprobación razonables según lo reportan diversos medios de comunicación. Sin embargo, la legitimidad del ejercicio de gobierno durante este trimestre sufrió erosión en al menos tres frentes.
En el flanco del transporte, la movilización popular fue sostenida e intensa. Las protestas contra el aumento de la tarifa del transporte público y la obligatoriedad de usar una tarjeta de débito de una financiera privada, continuaron con la séptima marcha en enero con consignas como en contra de la decisión gubernamental.
La legitimidad del esquema fue cuestionada adicionalmente por los tribunales. El Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa otorgó una suspensión provisional a 35 estudiantes, determinando que el subsidio al transporte no puede condicionarse a la entrega obligatoria de datos personales a una empresa privada.
En el terreno legislativo, el conflicto con bancadas de oposición generó fricciones de legitimidad. Los grupos parlamentarios de Morena, Hagamos y Futuro acusaron al Gobernador Pablo Lemus de desinformación, al señalar que el dictamen sobre identidad de género aprobado por el Congreso no autorizaba ni promovía cambios de sexo, y que ni el Congreso ni el Gobernador tienen facultades para cuestionar la vigencia de derechos humanos reconocidos por México en tratados internacionales.
Un episodio adicional que dañó su imagen fue la detención de estudiantes manifestantes, a quienes Lemus acabó liberando. El Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, liberó a los cuatro estudiantes detenidos por realizar pintas en Palacio de Gobierno y la Catedral durante una manifestación contra la tarifa del transporte público, acusando que los jóvenes fueron “azuzados” por actores políticos de la oposición. La justificación fue percibida por organizaciones civiles como politización de un hecho represivo: más de 50 colectivos y organismos defensores de derechos humanos, entre ellos Amnistía Internacional, calificaron la actuación policial como una grave violación a las garantías individuales.
Cohesión institucional. La relación entre el Ejecutivo y el Legislativo estatal es el punto más frágil de la gobernabilidad de Lemus. El Gobernador gobierna sin mayoría propia: Movimiento Ciudadano sólo logró ganar en cuatro distritos concentrados en el AMG, mientras que la coalición de los partidos PRI, PAN y PRD ganó tres escaños en el Poder Legislativo. Esta situación de no contar con una bancada legislativa robusta se ha traducido en fricciones sistemáticas. El propio Lemus ha descrito el escenario en términos de confrontación.
Un episodio que ilustra la ruptura Ejecutivo-Legislativo es el conflicto en Bolaños. En el municipio de Bolaños existe una situación de conflicto entre mestizos y miembros de la etnia wixárika, a raíz de que se aprobó en el Congreso de Jalisco un cambio de régimen de gobierno por uno de usos y costumbres. Esto provocó el cierre de carreteras y el derribo de una escultura icónica, lo que mantiene el clima de confrontación, que a decir del Gobernador Lemus, les fue advertido a los legisladores, pero lo ignoraron.
La relación con el Gobierno Federal es ambivalente: cordial en lo personal con la presidenta Sheinbaum, pero tensa en lo presupuestal. Lemus ha denunciado en entrevistas que dependencias federales castigan a Jalisco por ser un estado de oposición. Por otro lado, el nombramiento del nuevo director del Siapa por criterios de lealtad personal generó cuestionamientos sobre el criterio técnico frente al político en las designaciones del gabinete.
Estabilidad política. Este es el indicador que registró la mayor caída en el trimestre. El abatimiento de “El Mencho” el 22 de febrero de 2026 fue el acontecimiento más disruptivo para la estabilidad política y el orden público en Jalisco en años recientes. El epicentro fue Jalisco. En Guadalajara, hubo más de 30 puntos de bloqueos y enfrentamientos en toda el AMG. La reacción violenta del CJNG incluyó bloqueos, incendios y tiroteos.
En materia electoral, el Partido del Trabajo lanzó amenazas de impulsar una revocación de mandato contra Lemus a raíz del tarifazo, aunque sin concreción formal durante el trimestre. El trimestre estuvo marcado por un nivel de conflictividad sociopolítica inusualmente alto para Jalisco, con múltiples frentes abiertos de forma simultánea.
El conflicto por el incremento a las tarifas del transporte público fue el más sostenido. Desde principios de enero se registraron protestas prácticamente cada semana, La conflictividad fue multifactorial: partidos de oposición, colectivos estudiantiles, estudiantes mediante amparos, y el propio Congreso del Estado mediante exhortos formales al Ejecutivo. A este conflicto se sumó en enero el choque legislativo en torno a la ley de identidad de género, con acusaciones de desinformación cruzadas entre el Gobernador y las bancadas parlamentarias opositoras.
El episodio de Bolaños al cierre del trimestre añadió una dimensión étnica y territorial a la conflictividad. El municipio de Bolaños registra una situación de conflicto entre mestizos y miembros de la etnia wixárika, con cierre de carreteras. El Gobernador, visiblemente irritado, responsabilizó a los legisladores: “Si ellos tomaron esa decisión, que vayan a dialogar entre las partes también, a explicarle a la ciudadanía de Bolaños por qué tomaron esa decisión. Los quiero ver allá, no encerraditos en el Poder Legislativo”.
Desde un análisis de gobernabilidad, la simultaneidad de estos frentes conflictivos —transporte, seguridad, agua, identidad de género, conflicto étnico— indica una capacidad de gestión institucional desbordada, incapaz de contener la conflictividad dentro de los canales institucionales ordinarios.
Deterioro social y episodios violentos. Este indicador registra la lectura más preocupante del trimestre, determinada por la convergencia de tres crisis de naturaleza distinta.
Violencia organizada. Antes del 22 de febrero, el trimestre mostraba avances genuinos en seguridad. El promedio diario de homicidio doloso, según cifras oficiales, en la entidad se redujo 47% entre septiembre de 2024 y enero de 2026, al pasar de 4.80 a 2.55 casos diarios, siendo enero de 2026 el mes con la incidencia más baja de homicidios en los últimos 11 años. Sin embargo, el abatimiento de “El Mencho” trastocó este panorama. En marzo, Jalisco registró 59 homicidios, aunque dentro de la media regional.
Crisis del agua. El deterioro en la calidad del agua durante marzo representó una crisis sanitaria de gran impacto. En diversas zonas de Guadalajara y Zapopan, el agua que llegaba a los hogares presentó coloración, mal olor y presencia de sedimentos. Al menos 176 colonias fueron reconocidas como afectadas, aunque registros independientes elevaban la cifra a más de 450.
Crisis de personas desaparecidas. Jalisco mantiene una de las crisis humanitarias más agudas del país en materia de personas desaparecidas. Jalisco está entre los que registran el mayor número de personas desaparecidas, con 12,500 casos documentados. Esta crisis adquirió una dimensión política específica en el trimestre, cuando familias de desaparecidos denunciaron intentos de retirar carteles de búsqueda de cara al Mundial. Las familias que colocan los volantes para buscar a sus seres queridos dicen que enfrentan intentos del gobierno por borrar esos rostros de cara al Mundial.
Conclusiones
El primer trimestre de 2026 deja a Pablo Lemus Navarro en una posición de equilibrio precario: no hay síntomas de ingobernabilidad aguda, pero sí un patrón de gobierno reactivo que responde a las crisis cuando ya están desbordadas, en lugar de anticiparlas. La rectificación del tarifazo fue políticamente necesaria, pero reflejó una decisión inicial mal calibrada. La destitución del director del Siapa fue oportuna, pero ocurrió tras semanas de protestas.
El rasgo más preocupante desde una perspectiva de gobernabilidad no es ninguna crisis en particular, sino su simultaneidad y su naturaleza estructural: el transporte, el agua y los desaparecidos son problemas sistémicos que no se resuelven con cambios de director ni con decretos tarifarios corregidos. El Mundial de Fútbol 2026, que inicia en junio, opera como catalizador dual: obliga a acelerar soluciones de fachada al tiempo que expone ante el mundo las fisuras del modelo de gobierno “al estilo Jalisco”.
Sobre el autor
José de Jesús Gómez Valle es analista político. Profesor Investigador en el CUCSH de la UdeG. Contacta: jose.gomezvalle@gmail.com y en X: @jgomezvalle.
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