El primer trimestre de 2026 resultó ser el periodo más turbulento del gobierno de Pablo Lemus Navarro desde su toma de posesión en diciembre de 2024. Tres grandes crisis concentraron la presión sobre el Ejecutivo estatal: el llamado “tarifazo” al transporte público, que detonó semanas de movilizaciones; el abatimiento de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el 22 de febrero en Tapalpa, con la subsecuente ola de represalias violentas; y, al cierre del trimestre, una crisis hídrica que afectó a cientos de colonias del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG). 

El telón de fondo de los tres episodios es el Mundial de Fútbol 2026, que convierte a Jalisco en escaparate internacional y eleva exponencialmente los costos políticos de cualquier percepción de desequilibrios.

Eficacia decisional. La eficacia decisional del gobierno de Lemus durante este trimestre exhibe un patrón recurrente: decisiones iniciales polémicas seguidas de rectificaciones bajo presión social. El caso paradigmático es el llamado “tarifazo”. A partir del 1 de abril de 2026, el pasaje del transporte público estaba previsto para pasar de 9.50 a 14 pesos, lo que representaría un aumento del 47.37 por ciento. El esquema era técnicamente discutible: el Gobernador presentó una opción para pagar 11 pesos mediante una tarjeta de débito de una financiera amonestada por la Comisión Nacional Bancaria y Valores (CNBV), a la que el Gobierno Estatal pagaría 5.45 pesos mensuales por cada tarjeta activa. 

Tras semanas de presión ciudadana y legislativa, Lemus acabó cediendo de forma considerable. El Gobierno de Jalisco canceló el aumento de 14 pesos en la tarifa del transporte público, y anunció que el pasaje se mantendría en 11 pesos a partir del 1 de abril, sin importar el método de pago. La rectificación evitó una escalada mayor, pero el costo político fue alto: el gobierno abandonó su postura inicial ante la presión, lo que debilita su capacidad de anticipación y diseño de política pública. 

El episodio del Siapa repitió el patrón. En medio de la crisis por la mala calidad del agua potable, el Gobernador de Jalisco anunció la destitución del director del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa), Antonio Juárez Trueba. La decisión fue reactiva: la destitución ocurrió horas después de que colectivos, académicos y vecinos exigieran una alerta sanitaria y el relevo del funcionario. 

Legitimidad política. La legitimidad de origen de Lemus es sólida (a pesar de recursos legales y protestas opositoras los tribunales reconocieron su triunfo) y mantiene niveles de aprobación razonables según lo reportan diversos medios de comunicación. Sin embargo, la legitimidad del ejercicio de gobierno durante este trimestre sufrió erosión en al menos tres frentes.

En el flanco del transporte, la movilización popular fue sostenida e intensa. Las protestas contra el aumento de la tarifa del transporte público y la obligatoriedad de usar una tarjeta de débito de una financiera privada, continuaron con la séptima marcha en enero con consignas como en contra de la decisión gubernamental.

La legitimidad del esquema fue cuestionada adicionalmente por los tribunales. El Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa otorgó una suspensión provisional a 35 estudiantes, determinando que el subsidio al transporte no puede condicionarse a la entrega obligatoria de datos personales a una empresa privada. 

En el terreno legislativo, el conflicto con bancadas de oposición generó fricciones de legitimidad. Los grupos parlamentarios de Morena, Hagamos y Futuro acusaron al Gobernador Pablo Lemus de desinformación, al señalar que el dictamen sobre identidad de género aprobado por el Congreso no autorizaba ni promovía cambios de sexo, y que ni el Congreso ni el Gobernador tienen facultades para cuestionar la vigencia de derechos humanos reconocidos por México en tratados internacionales. 

Un episodio adicional que dañó su imagen fue la detención de estudiantes manifestantes, a quienes Lemus acabó liberando. El Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, liberó a los cuatro estudiantes detenidos por realizar pintas en Palacio de Gobierno y la Catedral durante una manifestación contra la tarifa del transporte público, acusando que los jóvenes fueron “azuzados” por actores políticos de la oposición. La justificación fue percibida por organizaciones civiles como politización de un hecho represivo: más de 50 colectivos y organismos defensores de derechos humanos, entre ellos Amnistía Internacional, calificaron la actuación policial como una grave violación a las garantías individuales.

Cohesión institucional. La relación entre el Ejecutivo y el Legislativo estatal es el punto más frágil de la gobernabilidad de Lemus. El Gobernador gobierna sin mayoría propia: Movimiento Ciudadano sólo logró ganar en cuatro distritos concentrados en el AMG, mientras que la coalición de los partidos PRI, PAN y PRD ganó tres escaños en el Poder Legislativo. Esta situación de no contar con una bancada legislativa robusta se ha traducido en fricciones sistemáticas. El propio Lemus ha descrito el escenario en términos de confrontación. 

Un episodio que ilustra la ruptura Ejecutivo-Legislativo es el conflicto en Bolaños. En el municipio de Bolaños existe una situación de conflicto entre mestizos y miembros de la etnia wixárika, a raíz de que se aprobó en el Congreso de Jalisco un cambio de régimen de gobierno por uno de usos y costumbres. Esto provocó el cierre de carreteras y el derribo de una escultura icónica, lo que mantiene el clima de confrontación, que a decir del Gobernador Lemus, les fue advertido a los legisladores, pero lo ignoraron. 

La relación con el Gobierno Federal es ambivalente: cordial en lo personal con la presidenta Sheinbaum, pero tensa en lo presupuestal. Lemus ha denunciado en entrevistas que dependencias federales castigan a Jalisco por ser un estado de oposición. Por otro lado, el nombramiento del nuevo director del Siapa por criterios de lealtad personal generó cuestionamientos sobre el criterio técnico frente al político en las designaciones del gabinete.

Estabilidad política. Este es el indicador que registró la mayor caída en el trimestre. El abatimiento de “El Mencho” el 22 de febrero de 2026 fue el acontecimiento más disruptivo para la estabilidad política y el orden público en Jalisco en años recientes. El epicentro fue Jalisco. En Guadalajara, hubo más de 30 puntos de bloqueos y enfrentamientos en toda el AMG. La reacción violenta del CJNG incluyó bloqueos, incendios y tiroteos. 

En materia electoral, el Partido del Trabajo lanzó amenazas de impulsar una revocación de mandato contra Lemus a raíz del tarifazo, aunque sin concreción formal durante el trimestre. El trimestre estuvo marcado por un nivel de conflictividad sociopolítica inusualmente alto para Jalisco, con múltiples frentes abiertos de forma simultánea.

El conflicto por el incremento a las tarifas del transporte público fue el más sostenido. Desde principios de enero se registraron protestas prácticamente cada semana, La conflictividad fue multifactorial: partidos de oposición, colectivos estudiantiles, estudiantes mediante amparos, y el propio Congreso del Estado mediante exhortos formales al Ejecutivo. A este conflicto se sumó en enero el choque legislativo en torno a la ley de identidad de género, con acusaciones de desinformación cruzadas entre el Gobernador y las bancadas parlamentarias opositoras.

El episodio de Bolaños al cierre del trimestre añadió una dimensión étnica y territorial a la conflictividad. El municipio de Bolaños registra una situación de conflicto entre mestizos y miembros de la etnia wixárika, con cierre de carreteras. El Gobernador, visiblemente irritado, responsabilizó a los legisladores: “Si ellos tomaron esa decisión, que vayan a dialogar entre las partes también, a explicarle a la ciudadanía de Bolaños por qué tomaron esa decisión. Los quiero ver allá, no encerraditos en el Poder Legislativo”.  

Desde un análisis de gobernabilidad, la simultaneidad de estos frentes conflictivos —transporte, seguridad, agua, identidad de género, conflicto étnico— indica una capacidad de gestión institucional desbordada, incapaz de contener la conflictividad dentro de los canales institucionales ordinarios.

Deterioro social y episodios violentos. Este indicador registra la lectura más preocupante del trimestre, determinada por la convergencia de tres crisis de naturaleza distinta.

Violencia organizada. Antes del 22 de febrero, el trimestre mostraba avances genuinos en seguridad. El promedio diario de homicidio doloso, según cifras oficiales, en la entidad se redujo 47% entre septiembre de 2024 y enero de 2026, al pasar de 4.80 a 2.55 casos diarios, siendo enero de 2026 el mes con la incidencia más baja de homicidios en los últimos 11 años. Sin embargo, el abatimiento de “El Mencho” trastocó este panorama. En marzo, Jalisco registró 59 homicidios, aunque dentro de la media regional.

Crisis del agua. El deterioro en la calidad del agua durante marzo representó una crisis sanitaria de gran impacto. En diversas zonas de Guadalajara y Zapopan, el agua que llegaba a los hogares presentó coloración, mal olor y presencia de sedimentos. Al menos 176 colonias fueron reconocidas como afectadas, aunque registros independientes elevaban la cifra a más de 450. 

Crisis de personas desaparecidas. Jalisco mantiene una de las crisis humanitarias más agudas del país en materia de personas desaparecidas. Jalisco está entre los que registran el mayor número de personas desaparecidas, con 12,500 casos documentados. Esta crisis adquirió una dimensión política específica en el trimestre, cuando familias de desaparecidos denunciaron intentos de retirar carteles de búsqueda de cara al Mundial. Las familias que colocan los volantes para buscar a sus seres queridos dicen que enfrentan intentos del gobierno por borrar esos rostros de cara al Mundial.

Conclusiones

El primer trimestre de 2026 deja a Pablo Lemus Navarro en una posición de equilibrio precario: no hay síntomas de ingobernabilidad aguda, pero sí un patrón de gobierno reactivo que responde a las crisis cuando ya están desbordadas, en lugar de anticiparlas. La rectificación del tarifazo fue políticamente necesaria, pero reflejó una decisión inicial mal calibrada. La destitución del director del Siapa fue oportuna, pero ocurrió tras semanas de protestas. 

El rasgo más preocupante desde una perspectiva de gobernabilidad no es ninguna crisis en particular, sino su simultaneidad y su naturaleza estructural: el transporte, el agua y los desaparecidos son problemas sistémicos que no se resuelven con cambios de director ni con decretos tarifarios corregidos. El Mundial de Fútbol 2026, que inicia en junio, opera como catalizador dual: obliga a acelerar soluciones de fachada al tiempo que expone ante el mundo las fisuras del modelo de gobierno “al estilo Jalisco”.

Sobre el autor

José de Jesús Gómez Valle es analista político. Profesor Investigador en el CUCSH de la UdeG. Contacta: jose.gomezvalle@gmail.com y en X: @jgomezvalle.

En la entrega anterior, descubrimos que el Siapa padece una ceguera crónica de resultados, como un médico que diagnostica sin saber qué es la salud. Pero no nos equivoquemos: el agua apestosa color tamarindo que sale de su grifo no es el problema raíz, es apenas el síntoma. El Siapa es un caso de estudio fascinante de lo que llamamos “entropía institucional”. Mientras los funcionarios en turno se rasgan las vestiduras prometiendo «mejoras inmediatas», la realidad es que el organismo opera como un barco sin brújula en medio de una tormenta perfecta. Y no lo digo yo; lo dicen los números fríos de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ) y lo refrescan las denuncias recientes del municipio de San Pedro Tlaquepaque.

Para entender el desastre, hay que diseccionar la Cadena de Valor Público y dejar de confundir resultados con desempeño. El resultado es lo que usted vive: salud, calidad de vida, un vaso de agua limpia. El desempeño es lo que ocurre dentro de las oficinas del Siapa: procesos, productos y gestión interna… En teoría, el desempeño (procesos + productos) debería conducir a resultados e impactos. 

En el Siapa, los procesos son laberintos burocráticos, los productos (el agua) son de dudosa calidad, y el impacto se nota en las recetas médicas de los ciudadanos que desarrollan dermatitis o infecciones renales… pero eso al organismo no parece importarle demasiado; al menos, no tanto como los cuidados en sus (impresentables) procesos de selección de personal.

La ‘caja negra’ del desempeño: Entre la ineficacia y el cinismo

Si usted revisa el Informe de Desempeño de la Cuenta Pública 2023 de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ), encontrará un festival de “recomendaciones en proceso”. El organismo parece un estudiante que reprueba todas las materias pero promete que “para el próximo examen extraordinario sí estudia”. 

La ASEJ señala deficiencias críticas en la potabilización y el suministro; básicamente, el SIAPA es ese cocinero que no sabe si los ingredientes están podridos, pero igual sirve el plato y le cobra la cuenta completa.

Los datos no mienten. En la potabilización, se identificó un aumento promedio anual del 38 por ciento en el costo real por metro cúbico de agua procesada entre 2021 y 2023. Es decir, mientras el agua de las fuentes superficiales se encarecía, la calidad se desplomaba. El porcentaje de parámetros que cumplían con la norma de calidad (NOM-127) disminuyó, llegando a tener arsénico o coliformes fecales en niveles que harían palidecer a cualquier experto en salud pública. ¿La cereza del pastel? La información estaba fragmentada, sin datos de la planta potabilizadora de Toluquilla (operada por FYPASA), una omisión que parece diseñada para ocultar los costos reales de un contrato que ya hemos denunciado como lesivo.

En la atención a usuarios, el diagnóstico es lapidario: el porcentaje de reportes atendidos a tiempo cayó un -13.91 por ciento en el periodo, mientras que el promedio de días para atenderlos se disparó un 11.05 por ciento. ¿La razón? Un sistema de indicadores tan inconsistente que, al observarlo, los auditores encontraron que ni los mismos trabajadores sabían cómo usarlo correctamente.

El escándalo de ‘Lady Siapa’: el rostro de la impunidad

Pero si la Auditoría nos muestra el qué, un escándalo reciente nos revela el quién y el por qué de este desastre institucional. Cuando los reflectores apuntaron a Elizabeth Castro, la funcionaria del Siapa que rápidamente fue bautizada por la opinión pública como “Lady Siapa”, la institución nos mostraba con toda claridad, la realidad de los niveles de corrupción existentes. 

Eso debemos celebrarlo por la “transparencia” con que se mostró algo que no era tan evidente; y deberíamos preguntarnos, ¿cuántas “Lady Siapa” habrá en el organismo? ¿Cuántas plazas ocupadas sin perfil técnico, cobrando decenas de miles de pesos mensuales seguirán existiendo? La cereza del pastel no era solo su salario, sino los desplantes públicos que la llevaron a la fama viral: insultos a ciudadanos, declaraciones ofensivas y una actitud que evidenciaba con creces la desconexión entre la burocracia dorada del organismo y la realidad de quienes recibimos agua café en los hogares. 

La complejidad: No son solo tubos, es un sistema vivo

Para rediseñar este Frankenstein institucional, debemos entender que el Siapa es una entidad multidimensional. Quien crea que esto se arregla “cambiando tuberías” tiene la profundidad intelectual de un charco. El problema del Siapa no es solo físico (usualmente nombrado como “técnico”), es sistémico. Reducir la discusión a “tubos y bombas” es una trampa que nos llevará a un nuevo ciclo de fracaso. Necesitamos una nueva arquitectura institucional que atienda, al menos, estas cinco dimensiones y todas ellas son igualmente técnicas:

Ambiental y de Salud Pública (DAMB): No es solo clorar el agua. Es asegurar que los acuíferos no se sobreexploten, que las descargas industriales cumplan con la NOM-002-SEMARNAT y que las plantas de tratamiento no sean simples vitrinas de concreto. La académica de la UDG, Dra. Aida Guerrero, acaba de alertar sobre la presencia de microcistinas (toxinas hepáticas) y parásitos como Giardia lamblia en el agua, con niveles de turbiedad hasta 13 veces por encima de la norma. Si no protegemos las cuencas, estamos cavando nuestra propia tumba hídrica.

Física (DFÍS): Es la gestión del ciclo de vida de los activos. ¿Cuánta agua se pierde por fugas? Los académicos de la UDG señalan que cerca del 50% del agua potabilizada se pierde en fugas debido a una red fragmentada y rota. Es como intentar llenar un colador. La ASEJ reportó que el mantenimiento correctivo supera al preventivo en plantas de tratamiento, una receta clásica para el colapso.

Social (DSOC): El agua es un derecho humano, no un privilegio de colonias ricas. La «justicia hídrica» brilla por su ausencia cuando en las zonas pudientes el agua fluye y en las colonias populares llega —cuando llega— con sedimentos que harían dudar a un geólogo.

Económica (DECO): No se trata de hacer flujos de caja a como dé lugar. Bajo la óptica de la economía del sector público, el Siapa es un agujero negro fiscal. Los costos de desinfección se dispararon un 38.12% en fuentes superficiales. ¿Quién paga eso? Usted y yo, mediante tarifas que suben más que la inflación mientras el servicio se deteriora. Y si no paga, ahí está el «tarifazo» que el Congreso intentó colar y que el Gobernador simuló frenar. El organismo requiere una estructura clara que plantee la recuperación de costos de inversión, operación y mantenimiento, asegurando el derecho humano al agua, especialmente a los más pobres; el esquema de subsidios cruzados existe hace décadas: ciertos estratos tienen mayor disposición a pagar por la dotación del agua.

Institucional (DINS): La gobernanza es el gran elefante en la habitación. Un organismo que no rinde cuentas bajo estándares de “Gobierno Abierto”, que esconde sus informes de laboratorio y que permite que existan “Lady Siapa” cobrando 73 mil pesos, es, por definición, un organismo que tiene mucho que ocultar: “para muestra, un botón”.

La nueva arquitectura: Preguntas que requieren respuestas

Por eso, replantear el Siapa desde su arquitectura institucional implica ir a lo básico. No es un rediseño cosmético, es un cambio de paradigma. Nos obliga a preguntarnos, con datos, cómo estamos en cada eslabón de la Cadena de Valor y como habrá de incidir la estructura interna en los resultados a nivel territorial, con efectos en las personas. Les comparto algunas de las interrogantes que deberían guiar este proceso, y que la reciente denuncia del municipio de Tlaquepaque ha puesto sobre la mesa:

Abasto y Potabilización (DAMB, DFÍS): ¿Con qué químicos —si es que usan alguno de grado humano— se están eliminando metales? ¿Cómo se vigila la extracción ilegal, el “huachicol” de agua que tanto daño hace? ¿Dónde están los informes de laboratorio en formato abierto? La transparencia no es una opción, es una obligación suscrita por México (2012) en la Alianza por el Gobierno Abierto que el Siapa parece ignorar.

Distribución (DFÍS, DSOC): ¿Por qué no garantizamos los 1.5 kg/cm² de presión mínima durante 24 horas diariamente? Entregar agua por goteo no es dar servicio, es dar limosna. ¿Se cumple la NOM-127 en el grifo de tu casa o solo en la salida de la planta? ¿Por qué seguimos sin un mapa público de presión y continuidad por colonia?

Factibilidades (DINS, DAMB): ¿Cómo es que se sigue autorizando el crecimiento vertical en zonas donde el agua subterránea está sobreexplotada? ¿Qué criterios técnicos —y no de “compadrazgo»— dictan estas conexiones?

Saneamiento y Reúso (DAMB, DECO): ¿Las plantas de tratamiento funcionan o son solo un adorno? ¿Cuánto le cuesta realmente al organismo el mantenimiento de las PTAR respecto a lo que dicen los contratos? ¿Por qué el reúso de agua tratada es una anécdota y no una unidad de negocio robusta que genere ingresos?

Y, sobre todo, la pregunta que debería hacerse el Gobernador Lemus: ¿Por qué, un año después de los cuestionamientos planteados para su reestructuración, el SIAPA sigue sin un sistema de regulación, sin transparencia y con un desempeño deficiente? ¿Por qué tenemos que enterarnos por filtraciones de que existen “aviadores” como Lady Siapa que se embolsan 73 mil pesos mientras la infraestructura se cae a pedazos?

El Siapa actual es un monopolio natural que se comporta con la arrogancia de un soberano y la eficiencia de una tortuga. Replantear su arquitectura no es un ejercicio académico; es una urgencia de supervivencia urbana. No se trata solo de válvulas y potabilizadoras; se trata de una estructura sistémica, no basada en (“buenas”) personas, que garantice que el desempeño interno se traduzca en que usted pueda bañarse sin miedo a salir más sucio de lo que entró.

En la próxima (y última) entrega, delinearemos los pasos concretos para construir esa nueva arquitectura y los riesgos del “canto de las sirenas” que ya se debe escuchar en los pasillos de instituciones públicas dirigidas por empresarios, venidos a políticos: privatizar el organismo. La solución no está en la privatización. 

La pregunta ya no es si debemos reconstruir la institución, sino cómo vamos a sacar al Siapa del abismo en el que lo han sumido décadas de malas decisiones. Por ahora, mantengamos los ojos abiertos con el nombramiento del nuevo director, que el agua sigue saliendo turbia y la cuenta sigue llegando puntual.

Sobre el autor

Sergio E. Gómez Partida es consultor en evaluación, gestión para resultados y planificación en sectores público y privado.  Información de contacto: sgpartida@gmail.com; en X: @SergioGmezP.