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Rezago presupuestal de la UdeG: Una brecha de 8 mmdp en el subsidio federal

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Rezago Presupuestal de la UdeG: Una brecha de 8 mmd en el subsidio Federal
La UdeG recibe solo 21 mil 820 pesos por estudiante. Foto: Especial.

Primero hay que explicar cómo se conforma el financiamiento de la Universidad de Guadalajara (UdeG), un organismo público constitucional autónomo del estado de Jalisco. Tiene tres fuentes de financiamiento:

1. Inversión estatal.

2. Inversión federal.

3. Ingresos propios.

Desde 2016, existe un convenio que establece que el Gobierno de Jalisco proporcionará el 48 por ciento del subsidio total recibido por la Universidad, y que el 52 por ciento restante será otorgado por el Gobierno Federal.

Hay dos problemas relacionados con el presupuesto de la Universidad de Guadalajara.

El primer problema es que el convenio antes mencionado no se cumple por parte del Gobierno Federal. En 2024, el Gobierno del Estado otorgó a la Universidad siete mil 600 millones de pesos y el Gobierno Federal siete mil 300 millones de pesos, ya redondeados. Hagan sus cuentas: las proporciones no cuadran. El Gobierno del Estado está aportando más del 50 por ciento, es decir, las proporciones están invertidas. Este convenio no se ha cumplido al menos en los últimos seis años.

El segundo problema es el del rezago presupuestal. Incluso si se cumpliera el convenio que hasta ahora no ha respetado el Gobierno Federal, el rezago presupuestal de la Universidad de Guadalajara es enorme, por decir poco.

Pongamos en perspectiva: si dividimos el subsidio federal que recibe la UdeG entre su matrícula, es decir, para obtener la inversión federal por alumno. En 2023, la UdeG atendió a 335 mil 538 estudiantes, mientras que la UNAM tuvo 373 mil 340 estudiantes. A pesar de tener una matrícula casi equivalente, la UNAM recibió 47 mil 659 millones de pesos federales, mientras que la UdeG solo 7 mil 321 millones.

Este desequilibrio se refleja aún más claramente en la inversión federal por estudiante del año 2024. Mientras que la UNAM contó con 135 mil 46 pesos por estudiante, como debe ser, la UdeG apenas recibió 21 mil 820 pesos. Esta enorme disparidad en los criterios para la asignación de recursos públicos dificulta gravemente el esfuerzo de la UdeG para mantener a largo plazo la calidad educativa, especialmente en un contexto en que la matrícula sigue creciendo de manera sostenida.

Aún más desconcertante es que la UdeG también enfrenta una situación desfavorable en comparación con otras universidades estatales. Instituciones de educación superior como la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) y otras perciben una inversión federal por alumno significativamente mayor. Por ejemplo:

  • UANL: recibe $31,747 pesos por estudiante.
  • BUAP: recibe $43,357 pesos por estudiante.
  • UAS: recibe $36,320 pesos por estudiante.

La UdeG se encuentra en el lugar 34 de 35 universidades públicas estatales en cuanto a inversión federal por estudiante, lo que evidencia una profunda desigualdad en la distribución de los recursos.

Entonces, ¿de qué tamaño es el rezago presupuestal? La media nacional de inversión federal por alumno en universidades públicas estatales es de 46 mil 362 pesos. Si la UdeG recibe solo 21 mil 820 pesos por estudiante, para alcanzar la media nacional necesitaría 24 mil 542 pesos adicionales por alumno. Multiplicando esta cifra por su matrícula, el rezago presupuestal asciende a poco más de 8 mil millones de pesos. Es decir, la universidad tendría que recibir más del doble de lo que actualmente recibe para estar al mismo nivel que el promedio nacional.

¿Cuáles son los retos a los que se enfrentan el actual rector, Ricardo Villanueva, y sobre todo la rectora electa, Karla Planter, respecto al presupuesto de la universidad?

Desde mi perspectiva, lo primero es garantizar que se cumpla el convenio federal y estatal de financiamiento, lo cual, de lograrse, y considerando el incremento del presupuesto constitucional del Estado de Jalisco, le daría a la Universidad de Guadalajara aproximadamente dos mil millones de pesos federales adicionales. Aunque sería un logro extraordinario, esto no resuelve por completo el rezago presupuestal.

Una vez garantizado el cumplimiento del convenio, la Universidad no debería simplemente pedir un incremento en el presupuesto bajo las mismas condiciones. La clave está en cambiar los criterios que definen la distribución presupuestal federal, tanto para la Universidad de Guadalajara como para el resto de las universidades del país. 

Se deberían incluir indicadores como:

  • Inversión federal por alumno.
  • Indicadores de productividad.
  • Relevancia de las instituciones, entre otros.

Con un plan paulatino y gradual, se podría aspirar a reducir el rezago presupuestal de la universidad. Con la voluntad política necesaria, en un período de seis a diez años, la UdeG podría alcanzar al menos la media nacional de inversión por estudiante.

Aunque lo ideal sería que la UdeG, como la segunda universidad pública más importante del país después de la UNAM, recibiera el mismo trato que merecidamente tiene la UNAM, considero que es un escenario poco realista en el corto-mediano plazo. Por lo tanto, una vez alcanzada la inversión federal por alumno hasta la media nacional, esperar el mismo trato que la UNAM será una lucha que deberá plantearse para el futuro.

Sobre el autor

Humberto Mendoza es un profesional comprometido en el campo del diseño y evaluación de políticas públicas en Jalisco. Es licenciado en Administración Gubernamental y Políticas Públicas Locales por la Universidad de Guadalajara con un Máster en Antropología en la Universitat Autònoma de Barcelona. 

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Ojo, así se roban tus datos personales

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Columna de Ana Olvera sobre el robo de datos personales

Estimado lector, para mí es un privilegio volver a escribir estas líneas luego de una muy larga ausencia. Sin embargo volveremos a encontrarnos en esta columna cada quincena, analizando los temas de actualidad relacionados con la protección de nuestros datos personales y la privacidad que acontecen tanto en nuestro País como en el mundo.

Evidentemente no podemos dejar de comentar lo sucedido en días pasados en Guadalajara, donde existía -y seguramente siguen existiendo- un call center debidamente instalado para llevar a  cabo extorsiones que se extendían no solo al resto de Jalisco, sino hasta a otros veinte estados más de nuestra República, afectando a más de 26 mil personas con llamadas fraudulentas y extorsiones.

Afortunadamente se desmanteló y según declaraciones oficiales se están realizando colaboraciones con instituciones de las demás entidades afectadas, para descubrir a todas las víctimas y por supuesto, invitarlas a denunciar, lo que resulta en una tarea titánica para las autoridades; pero al parecer no lo fue para aquellos cuyo modus vivendi consistía en realizar este tipo de nada honrosas actividades.

Datos personales de los afectados

En ese sentido caben muchas reflexiones, pero la primera es preguntarnos de dónde obtenían la materia prima, es decir, los datos personales de aquellos afectados. Aunque las respuestas pueden variar, quiero que centremos nuestra atención en dos fuentes principales.

La primera y la originaria por excelencia siempre seremos, desafortunadamente, Usted y yo, querido lector. Es decir, nosotros como titulares, dueños de esos datos personales que elegimos, muchas veces sin pararnos a reflexionar en ello, a quién, cómo y para qué le compartimos esta importantísima información.

Y digo que muchas veces sin reflexionarlo lo suficiente, porque participamos a otras personas de manera voluntaria, para poder obtener un bien o servicio; para pedir nuestros alimentos cuando no tenemos tiempo de prepararlos en casa; al inscribirnos a un curso o a nuestros hijos a la escuela, por citar ejemplos cotidianos. Pero también lo hacemos de manera involuntaria, por ejemplo cuando descargamos aplicaciones en nuestro teléfono inteligente o tableta y compartimos datos que no son necesarios; cuando somos poco discretos en una conversación o bien, ¿cuántas veces no hemos tirado a la basura documentación que contiene nuestro nombre u otros datos más sensibles, como nuestra CLABE interbancaria? Seguramente, muchas veces.

Ignoramos el valor de nuestros datos

La segunda causa de obtención de esta información es por medio de aquellos que manejan datos personales, es decir, los responsables si son particulares, o bien los sujetos obligados de orden público. Según me ha tocado atestiguar, parece que cuando la información no nos pertenece, dejamos de tener cuidado en su manejo. Se despersonaliza y solo vemos números, estadísticas, pero olvidamos que detrás de esas cifras, direcciones o palabras, se encuentra una persona que puede verse perjudicada por nuestro descuido de custodia de la información durante el ciclo de vida de los datos personales.

En fin, aunque difícilmente sabremos cómo se obtuvo esa información, es una realidad que decenas de miles de personas se vieron seriamente perjudicadas no solo en su patrimonio, sino muy seguramente hasta en su tranquilidad diaria, por este tipo de acciones ilegales. La invitación es a que le demos la importancia debida a esta información que es tan importante. La que nada más y nada menos, nos hace únicos y nos permite interactuar con el resto de quienes nos rodean. Si tenemos conciencia de la importancia de nuestros datos personales, seguramente nos daremos cuenta de la relevancia que también tiene la información relativa a otras personas. 

La tarea primordial

En un entorno tan cambiante como el que vive nuestro mundo y especialmente, nuestro Estado de Derecho, la tarea primordial con la que contamos es velar porque nuestros derechos a la protección de datos personales y la privacidad no sean violentados y es más, que puedan ser garantizados, sobre todo ante la inminente desaparición de los Órganos Garantes en la materia, de lo que hablaremos en nuestra próxima entrega.

Sobre la autora

Ana Olvera es profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, con intereses en privacidad, bioética y neuroderechos.

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La extinción de los institutos de transparencia: ¿falta de empatía o indiferencia?

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A veces, hablar de datos personales, de su protección y nuestra privacidad, resulta sumamente abstracto. Aunque incluso trabajemos con ellos, pensemos en la recepcionista de un consultorio médico o el propio profesional de la salud. O en la persona a la que le pedimos la pizza o la comida que consumiremos en ese momento.

Ahora pensemos en las veces que entramos a ciertas redes sociales, como X, Facebook o LinkedIn y encontramos explicaciones acerca de lo importante que es proteger nuestros datos personales, o bien, explicaciones de las resoluciones (que a veces se adjuntan completas) y que más bien, parecen para un público un poco más especializado, que tal vez no seremos nosotros -que solo buscamos un momento de distracción-. En no pocas ocasiones, este tipo de situaciones pasan desapercibidas hasta que somos víctimas de robo de identidad, alguna extorsión o una estafa.

En este sentido cabe preguntarnos al menos dos cosas. La primera, la razón por la que optamos por la indiferencia ante la violación de la privacidad, que se arraiga en una compleja red de factores. La omnipresencia de la tecnología ha normalizado la vigilancia, desensibilizando a muchos ante la vulneración de sus datos personales. La complejidad de las políticas de privacidad y los algoritmos opacos genera una sensación de impotencia, alimentando la resignación. Además, la gratificación inmediata de los servicios digitales y la falta de consecuencias tangibles de la pérdida de privacidad fomentan una actitud apática e incluso, indolente. A esto se suma la polarización social, que fragmenta la empatía y dificulta la acción colectiva en defensa de un derecho fundamental.

La falta de involucramiento nos aísla de nuestra comunidad. Nos desconectamos de los problemas que nos afectan a todos, como la pobreza, la desigualdad, la violencia, la inseguridad y el cambio climático. Nos volvemos indiferentes al sufrimiento de los demás, perdiendo nuestra capacidad de empatía y solidaridad.

Pero la segunda es igualmente preocupante. ¿Qué pasó con el trabajo de los organismos garantes? ¿Fue acaso incapacidad de transmitir e incluso educar al pueblo mexicano? ¿De “conectar”, empatizar? Por que los festivales, las fotos, los congresos o simposios, salvo muy honrosas excepciones, siempre iban dirigidos a cualquier público distinto a lo que han dado por llamar “el ciudadano de a pie”. O como dirían los políticos en este momento histórico, “el pueblo bueno”, ese que difícilmente, con la pobre comunicación de los “expertos” y además con pocos recursos a la mano, comprendió la importancia de un andamiaje institucional como el que logró crearse en materia de transparencia y protección de datos personales. Tal vez eso explique la indiferencia en su defensa.

No cabe duda que asistimos y en gran mayoría, las y los mexicanos solo estamos meramente atestiguando los cambios estructurales que nuestro país esta viviendo. En ese sentido, claro que vivimos una transformación. No sé cuál. Pero bien haríamos en hacer a un lado esa indiferencia, para al menos intentar entender cómo afectarán al ejercicio y garantía de nuestros derechos fundamentales.

No involucrarse en la vida del país también tiene un costo personal. Cuando nos alejamos de los asuntos públicos, renunciamos a nuestro derecho a ser escuchados y a contribuir al bienestar de nuestra sociedad. Nos convertimos en meros espectadores de nuestro propio destino, sin voz ni voto. En un mundo cada vez más interconectado, los problemas que enfrentamos son complejos y requieren soluciones colectivas. La participación ciudadana es esencial para construir un futuro más justo, próspero y sostenible para todos. No podemos permitirnos el lujo de la indiferencia.

Es hora de despertar de la apatía y asumir nuestra responsabilidad como mexicanos. Involucrémonos en los asuntos públicos, hagamos oír nuestra voz, exijamos transparencia y rendición de cuentas. Solo así podremos construir el país que queremos y merecemos.

Sobre la autora

Ana Olvera es profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, con intereses en privacidad, bioética y neuroderechos.
 

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