Tres desgracias contemporáneas de México

El viernes 18 de enero pasará a la historia como el día en que México fue testigo de tres desgracias, que describen en mucho la compleja situación de crisis que se vive en nuestro país, y ante la cual definitivamente no hay respuestas y soluciones que simplemente se puedan plantear en blanco y negro.
La primera
La primer desgracia comenzó a ocurrir con el irracional acto de rapiña de los pobladores de Tlahuelilpan, Hidalgo, quienes ignorando por completo su propia seguridad y la de sus hijos, se dispusieron a aprovechar la fuga de combustible en un ducto de Pemex. Naturalmente, este acto es tanto reprobable como incomprensible, pero que puede tener su explicación en tres posibles incentivos.
En primer lugar, la impunidad: es decir, la expectativa presumible de que el aprovechamiento no tendría consecuencias legales para ellos, puesto que es sabida la debilidad institucional para hacer valer el Estado de derecho. Ello explica que ahí hubiera una toma clandestina, y posiblemente integrantes del crimen organizado atizando a los pobladores para aprovecharse del chorro.
En segundo lugar, la ignorancia: que puede explicar la gran irracionalidad que implica el estar dispuesto a correr hacia el chorro poniendo en riesgo su propia vida, y que también puede explicar el alto grado de manipulación y vulnerabilidad al que están expuestos amplios sectores de la población, no solo ante estos eventos catastróficos, sino ante los intereses partidistas que periódicamente se disputan su apoyo en las urnas.
Y en tercer lugar, la miseria, pues sin duda es previsible que entre los aprovechados hubiera también quien solo buscara solucionar en alguna medida su precaria condición económica, y mitigar la situación de desabasto que se ha padecido durante las últimas semanas. Tres incentivos, impunidad, ignorancia y miseria, que han cobrado la vida ya más de 90 personas.
La segunda
La segunda desgracia fue la actuación del Estado ante el catastrófico evento. El gobierno del presidente López Obrador se ha embarcado en una loable cruzada contra el robo de combustible, delito cuyas pérdidas anuales se estiman alrededor de 60 mil millones de pesos anuales. Si bien, es innegable la importancia de hacer frente a este lastre, la estrategia emprendida por el Gobierno de México ha ocasionado también escasez de combustible en al menos siete estados del país.
En ese contexto, la actuación de las corporaciones militares, las policiales y las operativas de la paraestatal petrolera, ante el suicida acto de rapiña del viernes pasado, dejó por lo menos sembrada la duda sobre la capacidad estatal para lograr la protección, no solo de los ductos de Pemex, sino de las personas. El presidente de la república afirmó que su gobierno “mantendrá la política de respeto a los derechos humanos y la búsqueda de diálogo, partiendo de que en ningún momento se dará la orden de reprimir al pueblo”. Sin embargo, vale la pena preguntarse qué derecho humano se hubiera vulnerado con una actuación más decisiva. La intervención que los ciudadanos esperamos del Estado no es la de represión, ¿o es acaso la única forma de intervención que era posible en ese contexto?

Fotos: AFP.
¿Qué criterios justifican?
¿Qué criterios justifican que el dejar hacer y dejar pasar era la mejor alternativa? Sin embargo, como ya se ha dicho no hay respuestas que simplemente se puedan plantear en blanco y negro. Es posible que detrás de la actuación de cada funcionario, en diferentes momentos de esa crisis, hubiera habido negligencia, pero también ineficiencia, incapacidad o ignorancia, todas ellas acompañando a un puñado de buenas intenciones. El único resultado que se debió lograr era proteger la vida de las personas incluso contra su voluntad, y proteger la infraestructura pública y los bienes. Pero lo más probable es que no exista un protocolo que indique con una total certeza cómo lograr ambos resultados al mismo tiempo, en un contexto tan catastrófico como el del viernes pasado.
La tercera
Y finalmente, la tercer desgracia es la que se ha presentado en reacciones documentadas en las redes sociales a partir de lo ocurrido, que describen sin lugar a dudas el alto grado de polarización social que se ha acentuado durante los últimos años, y que se enfatizó todavía más durante la campaña presidencial de 2018. Muchas personas –incluso algunos periodistas- han expresado no solo su indolencia ante la muerte de quienes participaron del acto de rapiña, sino en cierta forma su beneplácito bajo el argumento de que “ellos se lo buscaron”, “lo debieron haber pensado antes”, o “se lo tienen bien merecido”.
Estas opiniones han estado acompañadas de las descarnadas imágenes que han circulado en todas las redes sociales. Detrás de estas expresiones se esconden la intolerancia y el fanatismo, de quienes convalidan el argumento simplón de la diferenciación ética entre el bueno, y el malo, el chairo y el fifí, el mesías y la mafia del poder. Y por otro lado están quienes, ya sea por un motivo o por otro, politizan y lucran con la desgracia enarbolando el reclamo de los familiares de las víctimas de una indemnización a causa de los terribles hechos.
Dolorosa lección
El presidente López Obrador afirma que esta es una dolorosa lección, y se ha comprometido a actuar en todo momento con la verdad ante esta tragedia. Esta es sin duda la primer catástrofe a la que se enfrenta este gobierno, ojalá todos capitalicemos en alguna forma esto como una lección de la cual se aprenda cómo combatir la impunidad, la ignorancia y la miseria, cómo mejorar la actuación de las fuerzas policiales para garantizar primero la vida de las personas, y cómo ser más tolerantes y comprensivos con el dolor humano.
*Estuardo Gómez es investigador del Laboratorio de Innovación Democrática (LID), y profesor de la Maestría en Políticas Públicas de la Universidad de Guadalajara.
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Huachicol fiscal es traición a la patria

Las recientes revelaciones que apuntan a una presunta defraudación fiscal masiva conocida como “huachicol fiscal” han puesto en el centro del debate público la integridad del erario mexicano.
De acuerdo con datos que ascienden a 600 mil millones de pesos, información que, desde la tribuna del Congreso, el diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Homero Niño de Rivera, advierte que la doctora Claudia Sheinbaum Pardo hizo del conocimiento público que el fraude señalado lo realizaron figuras políticas de alto nivel en el sexenio del líder moral del partido Morena, Andrés Manuel López Obrador.
El impacto patrimonial al Estado es tan grande que exige no sólo la restitución, sino una respuesta penal acorde con la magnitud del daño a la nación.
La cifra de 600 mil millones de pesos no es sólo un número; es un boquete fiscal que amenaza la capacidad de acción del Estado. Para entender su dimensión real, es imperativo situarla en el contexto de la economía mexicana.
Utilizando el Producto Interno Bruto (PIB) nominal de México de 2023, que ronda los 32.6 billones de pesos, se calcula que la pérdida atribuida al huachicol fiscal representa aproximadamente el 1.84 % del PIB total del País.
Esto significa que casi el dos por ciento de toda la riqueza que México genera en un año simplemente dejó de ingresar a las arcas nacionales.
En términos de inversión pública, esta cantidad podría haber servido para:
Duplicar o triplicar el presupuesto asignado a programas sociales federales esenciales.
Financiar una parte sustancial de los proyectos de infraestructura y desarrollo social del país.
Fortalecer de manera crucial los sistemas de salud y educación pública a nivel nacional.
La pérdida es, en esencia, un freno de mano al desarrollo nacional, negando a millones de mexicanos el acceso a servicios y oportunidades financiados por esos recursos.
Para medir el verdadero impacto del boquete fiscal, lo comparamos con la producción económica (PIB) de naciones enteras.
El monto de 600 mil millones de pesos (aproximadamente 33 mil millones de dólares, dependiendo del tipo de cambio) es comparable, en términos de PIB nominal, al tamaño total de las siguientes economías nacionales:
La pérdida estimada equivale al Producto Interno Bruto (PIB) total anual de países como Uruguay o Costa Rica. En términos comparativos, el boquete financiero es tan grande que podría equipararse incluso a la suma de la producción económica de naciones bálticas como Estonia o Letonia.
El hecho de que el desfalco sea del tamaño de la economía de un país entero subraya que no se trata de un simple acto de corrupción local, sino de un delito de alcance macroeconómico que afecta la posición financiera de México en el ámbito global.
La comparación más contundente a nivel nacional se hace con la producción de los estados que son verdaderos motores económicos.
El monto de los 600 mil millones de pesos es equiparable al PIB total anual de entidades federativas vitales para la economía, como Puebla o Guanajuato.
Guanajuato y Puebla son centros industriales clave, con economías dinámicas impulsadas por los sectores automotriz y manufacturero. Su pujanza es vital para el crecimiento del PIB nacional.
El desfalco, por lo tanto, es el equivalente a que uno de estos estados, los cuales son clave en la economía de México, dejara de producir riqueza por completo durante un año. Esto profundiza el argumento de que este acto atenta directamente contra la estabilidad económica de la República.
Dada la colosal afectación de 600 mil millones de pesos y el señalamiento de que este fraude fue orquestado desde las esferas del poder, el tratamiento legal del caso no puede limitarse a la simple defraudación fiscal.
La magnitud del desfalco exige que los responsables sean investigados por el delito de traición a la patria.
El concepto de traición a la patria en el Código Penal Federal se configura cuando un acto atenta gravemente contra los intereses fundamentales de la nación y su seguridad.
Afectación a la soberanía financiera: un boquete fiscal de esta magnitud debilita la capacidad del Estado mexicano para sostenerse y cumplir con sus obligaciones. Al minar la Hacienda Pública de esta manera, se está atentando contra la soberanía económica del País.
Abuso de la función pública para dañar a la nación: si se comprueba la participación de altos funcionarios, su acto implica utilizar el poder conferido por la nación para dañarla profundamente. Esto transforma el fraude en un acto hostil cometido desde dentro.
El perjuicio nacional: al impedir que esos 600 mil millones ingresaran a la nación, los responsables incurrieron en un daño directo al patrimonio de todos los mexicanos.
El artículo 123 del Código Penal Federal de México define la traición a la patria como un acto que atenta contra la seguridad de la nación con el propósito de someterla a un gobierno, grupo (cárteles narcoterroristas) o persona extranjera.
Este delito abarca acciones concretas y graves, como el espionaje, la colaboración militar con un país enemigo o la entrega de territorio nacional. Es un delito de resultado o de peligro que requiere una intención de someter a la nación y una acción material que atente contra su soberanía.
El huachicol fiscal es uno de los mayores desfalcos en la historia reciente de México. La presunta participación de altos funcionarios agrava el crimen, convirtiéndolo en un acto que mina la confianza social y la capacidad financiera del Estado.
La Fiscalía General de la República (FGR) debe llevar a cabo una investigación sin precedentes, sin importar los niveles jerárquicos de los involucrados. Es imperativo que se determine si la conducta encuadra en los supuestos del delito de traición a la patria.
De ser hallados responsables, los culpables deben ser sancionados con el máximo rigor del Código Penal Federal y vinculados a proceso con toda la rigidez del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP).
La justicia no puede ser selectiva; el mensaje debe ser que el robo masivo y organizado al erario público, equivalente a paralizar un estado pujante, es un crimen de traición a la patria que requiere la máxima pena.
La restitución de los 600 mil millones de pesos y el castigo ejemplar son la única vía para restaurar la legalidad y la seguridad económica de la nación.
Sobre el autor
Fernando Arango Ávila es jurista y académico. Doctor en Ciencias de lo Fiscal, y actualmente cursa un posdoctorado en Derecho. Actualmente, combina su experiencia práctica con su labor investigativa. Escribe: drarango83@gmail.com.
¿Por qué el PRI necesita al genio de Salinas de 1988?

En la narrativa política mexicana, Carlos Salinas de Gortari ha sido demonizado por décadas. Pero ¿y si esa historia fuera un mito? ¿Y si el PRI necesitara regresar a la frescura, la alegría y el pragmatismo tecnocrático de su sexenio para salir del coma político?
Durante más de treinta años, a los mexicanos se nos ha contado una historia de demonización que ha calado hondo en el inconsciente colectivo. Con 42 años actualmente, en 1994, yo era un niño de diez y, como la mayoría de los de mi generación, me fue imposible comprender la complejidad de lo que sucedía en el país.
Hoy, en la edad adulta, es evidente que a nuestra generación se le mintió de manera sistemática. Nos hicieron creer que Carlos Salinas de Gortari, su visión tecnocrática y la política neoliberal eran la fuente de todos los males, cuando en realidad, fueron el antídoto que salvó a México del estancamiento y nos preparó para un futuro globalizado.
La verdad, sin embargo, es que los verdaderos anacrónicos y acartonados son aquellos que han construido su carrera política sobre la base de esta mentira: Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, Porfirio Muñoz Ledo e Ifigenia Martínez (los dos últimos ya se extinguieron). Ellos son los verdaderos «dinosaurios» con los que Salinas, con su frescura y modernidad, quería terminar en 1988.
Su retórica, que demoniza al neoliberalismo, es una cortina de humo que esconde una falta de visión y preparación. Critican el modelo, pero al mismo tiempo se benefician de él con el ahora T-MEC, lo que demuestra la profunda contradicción y la falta de un proyecto de nación propio.
La figura de Salinas, lejos de ser un villano, emerge como un líder visionario que, a través de su preparación académica y su audacia política, logró lo que parecía imposible: modernizar a México y sacarlo de la crisis.
La demonización de su figura es el arma principal de una clase política que teme a la tecnocracia y a la preparación, y que prefiere perpetuar el anacronismo con fines electorales. Es hora de que los mexicanos, dejen de lado el rencor que fue infundado y reconozcamos que la visión de Salinas fue la que sentó las bases para el crecimiento económico de nuestro país.
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) se encuentra en una encrucijada, una situación que una reciente serie de ViX ha puesto de relieve. Enfrentando la urgente necesidad de una reconstrucción profunda y total, el partido ya no puede conformarse con una simple renovación de figuras, sino que requiere una auténtica refundación ideológica y estructural para dejar de ser una «reliquia del pasado» y convertirse en una fuerza política moderna y relevante.
En este contexto, la figura de Carlos Salinas de Gortari, a menudo demonizada, emerge como la clave para revitalizar al partido. Con una mente lúcida y una vasta experiencia, Salinas es visto como el «arquitecto» que podría devolverle a México el rumbo y la responsabilidad que la administración actual carece.
El sexenio de Salinas (1988-1994) representó una ruptura con el viejo estilo del PRI, caracterizado por el dogma político y las estructuras corporativistas. Contrario a la imagen acartonada de líderes como Cuauhtémoc Cárdenas (este último la mantiene) y Porfirio Muñoz Ledo(este otro ya se extinguió), Salinas, con un doctorado en Economía de Harvard, encarnó una figura política joven y fresca. Su visión tecnocrática priorizó la eficiencia y la racionalidad por encima de la lealtad política, buscando modernizar el país para enfrentar los desafíos de una economía globalizada.
La frescura de Salinas, con su carisma y alegría, siempre sonriente, transmitía felicidad, un gusto emanaba en su rostro al desempeñar el cargo de presidente de la República, contrastaba fuertemente con la rigidez de sus opositores. Mientras Cárdenas y Muñoz Ledo defendían un idealismo anacrónico, la figura de Salinas no era acartonada ni rígida, representando lo opuesto que él quería reconstruir en el PRI. Esta vitalidad era clave para renovar un partido que había caído en la obsolescencia.
La habilidad de Salinas para conectar con el público, con un estilo moderno, le permitió presentar su visión de un México diferente, alejado de la política dinosaurica que representaban los fundadores del PRD(ya se extinguió), que es una copia barata del PRI, pero con una visión de izquierda anacrónica, nunca ganaron.
La escisión de Cárdenas y Muñoz Ledo en 1988 se debió a que Salinas optó por este enfoque profesional, la tecnocracia. Mientras que Morena, como mutación del PRD, ha heredado este anacronismo y la carencia de preparación de sus líderes, la tecnocracia de Salinas se basó en el conocimiento técnico y la capacidad de gestión. Su visión se basó en que la clase política de México requería una preparación académica para enfrentar los desafíos de una economía globalizada. Por el contrario, los líderes de Morena, con perfiles más ideológicos que profesionales, demuestran que el verdadero «dinosaurio» no es el PRI renovado de Salinas, sino el viejo PRI del 88 que no pudo vencerlo y que ahora se ha convertido en Morena.
El sexenio de Salinas se distinguió por una notable bonanza económica, con un crecimiento promedio anual del 4%, un respiro después de la «década perdida» de los años 80. La firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) abrió las puertas a una prosperidad sin precedentes, atrayendo inversión extranjera y modernizando la industria nacional. Este proyecto de largo plazo, basado en el neoliberalismo y la tecnocracia, tenía un sucesor claro en Luis Donaldo Colosio. Colosio, considerado el mejor alumno de Salinas, estaba destinado a consolidar a México como una gran potencia económica.
La línea político-económica del neoliberalismo que Salinas defendió es lo que ha permitido que México siga a flote económicamente. Si el neoliberalismo fuera tan nefasto como lo han señalado López Obrador y ahora Claudia Sheinbaum, no habrían mantenido la política económica de apertura que él implementó. Su retórica, que demoniza al neoliberalismo, contrasta con su pragmatismo al no cancelar el TLCAN, un tratado que es el motor de la economía nacional y un legado indiscutible de Salinas. Esta contradicción expone el doble discurso de un partido que critica el modelo, pero se beneficia de sus resultados, una muestra del anacronismo que heredaron de sus fundadores.
La hipótesis de que los homicidios de Colosio y José Francisco Ruiz Massieu provinieron de un grupo del mismo partido que Salinas buscó eliminar sostiene que estos crímenes no solo terminaron con las vidas de dos grandes políticos, sino que también cortaron de tajo el proyecto de nación que buscaba restaurar al PRI y a México. La victoria de la oposición en el año 2000, liderada por el PAN, se vio como una consecuencia directa de este quiebre.
Hoy, el PRI está «en coma». Sin embargo, puede revivir si se nutre de las bases que Salinas sentó: la importancia del neoliberalismo, el perfil tecnocrático y la frescura política. La verdadera «revolución» para el partido no será la de la lucha armada del siglo XX, Salinas en el año de 1988 ya iba en contra de esa ideología ANACRONICA que tuvieron sus antecesores, sino una revolución de idealistas y gente preparada, tecnócratas mexicanos, con visión fresca y alegre.
El regreso de Salinas a la vida política del partido sería una estrategia audaz para sacudir su inercia, no con un afán de protagonismo personal, sino con el objetivo de ser un «arquitecto de líderes» que capacite a las nuevas generaciones.
Esto permitiría al PRI construir una alternativa sólida que, en un momento en que la oposición está fragmentada y carente de figuras carismáticas, podría ofrecer una esperanza a un país que anhela un rumbo distinto. El regreso de su frescura, alegría y preparación a la vida pública es clave. Su figura, por su peso histórico y su antagonismo con el oficialismo, es la única que tiene el potencial de obligar a la oposición a dejar de lado sus diferencias y unificarse en torno a un objetivo común: detener el anacronismo y falta de preparación de los líderes de Morena que es el viejo PRI del 88.
En un momento de profunda crisis y fragmentación para el Partido Revolucionario Institucional, el camino hacia la supervivencia no está en la búsqueda de nuevas fórmulas, sino en un regreso audaz a las raíces de la modernización que él mismo sembró. La figura de Carlos Salinas de Gortari, a sus 77 años, lejos de ser anacrónica, se mantiene lúcida y fresca, encarnando la visión tecnocrática que el partido y el país necesitan con urgencia. Su regreso como presidente nacional del PRI, aunque polémico, es la jugada más inteligente y estratégica que el partido podría hacer.
Salinas, con su doctorado en Harvard, es más que un político: es el arquitecto de la modernización de México y un estratega cuyo conocimiento técnico y experiencia son invaluables. Su liderazgo no se basa en el idealismo acartonado que ha demostrado ser infructuoso, sino en el pragmatismo que salvó a México de la crisis económica en los años 80 y lo posicionó como una potencia emergente.
La firma del TLCAN, su legado más tangible, no solo es una muestra de su visión de largo plazo, sino un motor económico que ha salvado a millones de mexicanos de la crisis durante más de tres décadas. La permanencia de este tratado bajo administraciones que lo han criticado es la prueba fehaciente de su éxito y de que la tecnocracia y el neoliberalismo, lejos de ser una ideología demoníaca, son la herramienta que ha permitido a México prosperar.
El PRI necesita despertar de su coma y la figura de Salinas es la única capaz de inyectarle la vitalidad, la frescura y la preparación que sus líderes actuales no tienen. Su regreso no solo sería para dirigir al partido, sino para fungir como el mentor y arquitecto de una nueva generación de líderes tecnócratas, capaces de enfrentar los desafíos del siglo XXI. La pregunta que debe resonar en la mente de todos los mexicanos es: ¿Cuántos mexicanos tienen un doctorado en Harvard? La respuesta pone en perspectiva el valor del conocimiento y la preparación, cualidades que hoy son más necesarias que nunca para guiar a México hacia un futuro de prosperidad y estabilidad, dejando atrás el anacronismo y la improvisación.
Sobre el autor
Fernando Arango Ávila es jurista y académico. Doctor en Ciencias de lo Fiscal, y actualmente cursa un posdoctorado en Derecho. Actualmente, combina su experiencia práctica con su labor investigativa. Escribe: drarango83@gmail.com.
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