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Opinión

Turbulento despegue del mandato de AMLO

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El primero de diciembre pasado se inició un periodo sin precedentes en la historia de México; por primera vez un partido distinto al PRI tiene las condiciones de concentración de poder que algunas tuvo aquel, con una mayoría en ambas cámaras legislativas, y con la titularidad del Poder Ejecutivo. Con la notoria diferencia histórica de contar con un amplio respaldo popular en las urnas, y con ello con un gran bono democrático. El Presidente Andrés Manuel López Obrador inició su mandato con un mensaje digno de los mejores momentos de una campaña presidencial, en el cual mostró en reiteradas ocasiones los mismos argumentos que lo llevaron a capitalizar el descontento social; pero ahora, investido con la banda presidencial.

El escenario en el que ha arrancado el nuevo gobierno ha sido, por decir lo menos, de amplios contrastes. Por un lado, las expresiones de júbilo de miles de mexicanos reunidos en el Zócalo, que describen un entusiasmo eufórico todavía mayor al vivido en el año 2000 con el primer gobierno de alternancia que encabezara Vicente Fox, dejan ver lo que ya fue demostrado en el resultado electoral: un amplio respaldo social para el Presidente. Y por otro lado, la incertidumbre derivada de las seis semanas previas a la toma de protesta, con la primer decisión que sin estar todavía al mando del Ejecutivo, tuvo severas repercusiones en la confianza de los inversionistas: la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).

Desaparece Seguro Popular,

Fotos: AFP.

Las reformas 

Sin embargo, no sólo ha sido la decisión de cancelar el NAIM lo que ha generado incertidumbre en el ámbito financiero; también han tenido efectos adversos las iniciativas de Morena y el Partido del Trabajo (uno de los partidos con los que se estableció la coalición que llevó a López Obrador a la Presidencia) en el Senado y en la Cámara de Diputados, respectivamente; en el sentido de eliminar las comisiones bancarias, y de reformar el sistema de pensiones. Ambas decisiones, que posteriormente han tenido que ser sorteadas por el equipo económico del Presidente (erigido ahora en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público), para recuperar en algo las condiciones de estabilidad que en su momento se distorsionaron, gracias a esos desatinos.

Pero no ha sido sólo en ámbito financiero que se ha iniciado un despegue turbulento en la nueva administración. El anuncio del Plan Nacional de Seguridad y Paz, cuya punta de lanza es la creación de una Guardia Nacional conformada por integrantes de las Policías naval, militar y federal, contrasta notoriamente con el argumento expuesto en campaña, en el sentido de retirar al Ejército de las calles y de las funciones policiales; y por ello ha sido motivo de severos cuestionamientos, principalmente de organizaciones de la sociedad civil que abogan por una política de seguridad desmilitarizada. En ese sentido, habrá que esperar a conocer las reformas legales que ya se han anunciado para materializar la propuesta de una Guardia Nacional, y de las cuales hasta ahora sólo se ha avanzado en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

La insconstitucionalidad 

Precisamente, la reforma orgánica del Ejecutivo ha sido otro motivo de conflicto, pero ahora con los titulares de los Ejecutivos Estatales emanados de gobiernos opuestos a Morena. El 30 de noviembre pasado se publicó la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que dispone entre otras cosas, la creación de una Coordinación General de Programas para el Desarrollo bajo el mando directo del Presidente de la República (artículo 17 Ter), que tendrá funciones de coordinación, implementación y supervisión de los programas sociales de las dependencias y entidades del gobierno federal en las entidades federativas.

A este respecto, las fracciones de oposición en el Senado (PRI, PAN, PRD y MC), ya estudian la posibilidad de interponer una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por considerar que la figura de las Delegaciones de Programas de Desarrollo es contraria a la estructura federal del Estado Mexicano.

Y por último, ha sido precisamente frente a la SCJN que se ha abierto otro frente de batalla para el nuevo gobierno, pues la decisión tomada a penas la semana pasada por el máximo tribunal en México, respecto de suspender provisionalmente la aplicación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos ante la acción de inconstitucionalidad promovida precisamente por las fracciones de oposición en el Senado, representa un punto conflicto todavía mayor, durante la preparación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, que tendrá que presentarse este 15 de diciembre ante la Cámara de Diputados.

Confrontación de frentes 

Ante este escenario de confrontación en diferentes frentes, resulta claro que ninguna postura radical es favorable para el debate: es notorio que el diagnóstico del Presidente, es a todas luces acierta cuando afirma que la corrupción es completamente indeseable y que le cuesta mucho al país; que violencia y la criminalidad han aumentado y que representan una severa amenaza para la convivencia y la paz; que existen ineficiencias en las remuneraciones de los servidores públicos.

Pero valdría la pena que también nos cuestiones colectivamente, si las medidas austeridad son suficientes para garantizar la efectividad de la acción gubernamental; si la conformación de una corporación policial basada en las fuerzas castrenses es la mejor manera de combatir la criminalidad; o si la reducción salarial de los servidores públicos y el financiamiento de los programas sociales y su estructura operativa en las Delegaciones de Programas, es la medida más efectiva para abatir la desigualdad.

 

 

Foto de portada: Notimex.


Estuardo Gómez es investigador del Laboratorio de Innovación Democrática (LID), y profesor de la Maestría en Políticas Públicas de la Universidad de Guadalajara.

 

 

Etiquetas: Bolígrafo    Laboratorio de Innovación Democrática 

 

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Opinión

Ojo, así se roban tus datos personales

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Columna de Ana Olvera sobre el robo de datos personales

Estimado lector, para mí es un privilegio volver a escribir estas líneas luego de una muy larga ausencia. Sin embargo volveremos a encontrarnos en esta columna cada quincena, analizando los temas de actualidad relacionados con la protección de nuestros datos personales y la privacidad que acontecen tanto en nuestro País como en el mundo.

Evidentemente no podemos dejar de comentar lo sucedido en días pasados en Guadalajara, donde existía -y seguramente siguen existiendo- un call center debidamente instalado para llevar a  cabo extorsiones que se extendían no solo al resto de Jalisco, sino hasta a otros veinte estados más de nuestra República, afectando a más de 26 mil personas con llamadas fraudulentas y extorsiones.

Afortunadamente se desmanteló y según declaraciones oficiales se están realizando colaboraciones con instituciones de las demás entidades afectadas, para descubrir a todas las víctimas y por supuesto, invitarlas a denunciar, lo que resulta en una tarea titánica para las autoridades; pero al parecer no lo fue para aquellos cuyo modus vivendi consistía en realizar este tipo de nada honrosas actividades.

Datos personales de los afectados

En ese sentido caben muchas reflexiones, pero la primera es preguntarnos de dónde obtenían la materia prima, es decir, los datos personales de aquellos afectados. Aunque las respuestas pueden variar, quiero que centremos nuestra atención en dos fuentes principales.

La primera y la originaria por excelencia siempre seremos, desafortunadamente, Usted y yo, querido lector. Es decir, nosotros como titulares, dueños de esos datos personales que elegimos, muchas veces sin pararnos a reflexionar en ello, a quién, cómo y para qué le compartimos esta importantísima información.

Y digo que muchas veces sin reflexionarlo lo suficiente, porque participamos a otras personas de manera voluntaria, para poder obtener un bien o servicio; para pedir nuestros alimentos cuando no tenemos tiempo de prepararlos en casa; al inscribirnos a un curso o a nuestros hijos a la escuela, por citar ejemplos cotidianos. Pero también lo hacemos de manera involuntaria, por ejemplo cuando descargamos aplicaciones en nuestro teléfono inteligente o tableta y compartimos datos que no son necesarios; cuando somos poco discretos en una conversación o bien, ¿cuántas veces no hemos tirado a la basura documentación que contiene nuestro nombre u otros datos más sensibles, como nuestra CLABE interbancaria? Seguramente, muchas veces.

Ignoramos el valor de nuestros datos

La segunda causa de obtención de esta información es por medio de aquellos que manejan datos personales, es decir, los responsables si son particulares, o bien los sujetos obligados de orden público. Según me ha tocado atestiguar, parece que cuando la información no nos pertenece, dejamos de tener cuidado en su manejo. Se despersonaliza y solo vemos números, estadísticas, pero olvidamos que detrás de esas cifras, direcciones o palabras, se encuentra una persona que puede verse perjudicada por nuestro descuido de custodia de la información durante el ciclo de vida de los datos personales.

En fin, aunque difícilmente sabremos cómo se obtuvo esa información, es una realidad que decenas de miles de personas se vieron seriamente perjudicadas no solo en su patrimonio, sino muy seguramente hasta en su tranquilidad diaria, por este tipo de acciones ilegales. La invitación es a que le demos la importancia debida a esta información que es tan importante. La que nada más y nada menos, nos hace únicos y nos permite interactuar con el resto de quienes nos rodean. Si tenemos conciencia de la importancia de nuestros datos personales, seguramente nos daremos cuenta de la relevancia que también tiene la información relativa a otras personas. 

La tarea primordial

En un entorno tan cambiante como el que vive nuestro mundo y especialmente, nuestro Estado de Derecho, la tarea primordial con la que contamos es velar porque nuestros derechos a la protección de datos personales y la privacidad no sean violentados y es más, que puedan ser garantizados, sobre todo ante la inminente desaparición de los Órganos Garantes en la materia, de lo que hablaremos en nuestra próxima entrega.

Sobre la autora

Ana Olvera es profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, con intereses en privacidad, bioética y neuroderechos.

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La extinción de los institutos de transparencia: ¿falta de empatía o indiferencia?

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A veces, hablar de datos personales, de su protección y nuestra privacidad, resulta sumamente abstracto. Aunque incluso trabajemos con ellos, pensemos en la recepcionista de un consultorio médico o el propio profesional de la salud. O en la persona a la que le pedimos la pizza o la comida que consumiremos en ese momento.

Ahora pensemos en las veces que entramos a ciertas redes sociales, como X, Facebook o LinkedIn y encontramos explicaciones acerca de lo importante que es proteger nuestros datos personales, o bien, explicaciones de las resoluciones (que a veces se adjuntan completas) y que más bien, parecen para un público un poco más especializado, que tal vez no seremos nosotros -que solo buscamos un momento de distracción-. En no pocas ocasiones, este tipo de situaciones pasan desapercibidas hasta que somos víctimas de robo de identidad, alguna extorsión o una estafa.

En este sentido cabe preguntarnos al menos dos cosas. La primera, la razón por la que optamos por la indiferencia ante la violación de la privacidad, que se arraiga en una compleja red de factores. La omnipresencia de la tecnología ha normalizado la vigilancia, desensibilizando a muchos ante la vulneración de sus datos personales. La complejidad de las políticas de privacidad y los algoritmos opacos genera una sensación de impotencia, alimentando la resignación. Además, la gratificación inmediata de los servicios digitales y la falta de consecuencias tangibles de la pérdida de privacidad fomentan una actitud apática e incluso, indolente. A esto se suma la polarización social, que fragmenta la empatía y dificulta la acción colectiva en defensa de un derecho fundamental.

La falta de involucramiento nos aísla de nuestra comunidad. Nos desconectamos de los problemas que nos afectan a todos, como la pobreza, la desigualdad, la violencia, la inseguridad y el cambio climático. Nos volvemos indiferentes al sufrimiento de los demás, perdiendo nuestra capacidad de empatía y solidaridad.

Pero la segunda es igualmente preocupante. ¿Qué pasó con el trabajo de los organismos garantes? ¿Fue acaso incapacidad de transmitir e incluso educar al pueblo mexicano? ¿De “conectar”, empatizar? Por que los festivales, las fotos, los congresos o simposios, salvo muy honrosas excepciones, siempre iban dirigidos a cualquier público distinto a lo que han dado por llamar “el ciudadano de a pie”. O como dirían los políticos en este momento histórico, “el pueblo bueno”, ese que difícilmente, con la pobre comunicación de los “expertos” y además con pocos recursos a la mano, comprendió la importancia de un andamiaje institucional como el que logró crearse en materia de transparencia y protección de datos personales. Tal vez eso explique la indiferencia en su defensa.

No cabe duda que asistimos y en gran mayoría, las y los mexicanos solo estamos meramente atestiguando los cambios estructurales que nuestro país esta viviendo. En ese sentido, claro que vivimos una transformación. No sé cuál. Pero bien haríamos en hacer a un lado esa indiferencia, para al menos intentar entender cómo afectarán al ejercicio y garantía de nuestros derechos fundamentales.

No involucrarse en la vida del país también tiene un costo personal. Cuando nos alejamos de los asuntos públicos, renunciamos a nuestro derecho a ser escuchados y a contribuir al bienestar de nuestra sociedad. Nos convertimos en meros espectadores de nuestro propio destino, sin voz ni voto. En un mundo cada vez más interconectado, los problemas que enfrentamos son complejos y requieren soluciones colectivas. La participación ciudadana es esencial para construir un futuro más justo, próspero y sostenible para todos. No podemos permitirnos el lujo de la indiferencia.

Es hora de despertar de la apatía y asumir nuestra responsabilidad como mexicanos. Involucrémonos en los asuntos públicos, hagamos oír nuestra voz, exijamos transparencia y rendición de cuentas. Solo así podremos construir el país que queremos y merecemos.

Sobre la autora

Ana Olvera es profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, con intereses en privacidad, bioética y neuroderechos.
 

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