Esta mañana, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, dio a conocer en sus redes sociales la muerte de su padre, Enrique Javier Alfaro Anguiano, ex rector de la Universidad de Guadalajara (UdeG).

El mandatario estatal anunció también que se encuentra fuera del país, esto luego de pedir 15 días de licencia, por lo que organiza su regreso para despedir a su padre. 

“Con mucho dolor les informo que durante la madrugada falleció mi padre, Enrique Javier Alfaro Anguiano. En este momento me encuentro fuera del país organizando mi regreso a Guadalajara”, publicó el gobernador.

Enrique Javier Alfaro Anguiano fue rector de la Universidad de Guadalajara del 1 de abril de 1983 hasta el 31 de marzo de 1989.

El padre del gobernador nació el 23 de junio de 1942 en Guadalajara y estudió Derecho en la UdeG. 

Luego de retirarse de las actividades académicas, Alfaro Anguiano fungió como notario público. 

Por su parte, la Universidad de Guadalajara lamentó el fallecimiento del ex rector y padre del gobernador.

A partir del próximo 1 de julio comenzará una serie de foros para debatir la reforma al Poder Judicial, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador y que llegará a la Camara de Diputados en los primeros días de septiembre. 

El senador electo por Morena, Carlos Lomelí Bolaños, detalló que durante julio se llevarán a cabo asambleas con la participación de legisladores y ediles morenistas, tanto actuales como electos.

En estos encuentros se explicarán los beneficios de esta reforma y la falta de independencia en la administración de justicia, dijo Lomelí.

“Nuestro objetivo es claro y ambicioso: reconfigurar el sistema judicial mexicano”, afirmó el senador electo, quien mencionó que existe una campaña de desinformación por parte de los opositores. 

Lomelí destacó que esta reforma tiene como fin la participación ciudadana en la elección de los titulares de los órganos jurisdiccionales, hecho que dará legitimidad al Poder Judicial. 

Además de que se asegurará que la justicia se imparta con una perspectiva de justicia social y bienestar, señaló. 

Otra ventaja de esta iniciativa de reforma constitucional, consideró, es que los recursos públicos del Poder Judicial de la Federación se administrarán bajo criterios de austeridad y responsabilidad, reduciéndose de 11 a 9 el número de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ajustando sus remuneraciones al tope máximo establecido para el presidente de la República.

El sueldo bruto mensual del ministro o ministra que preside la Suprema Corte es de 309 mil 126.03 pesos, mientras que el que percibe el presidente de México es de 186 mil 93 pesos.

Asimismo, se propone eliminar la pensión vitalicia para actuales y futuros ministros, y el periodo de su encargo se reducirá de 15 a 12 años.

“Estamos buscando una nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que garantice eficiencia, austeridad y transparencia en el máximo tribunal, con elecciones populares para ministros, magistrados y jueces, asegurando legitimidad democrática”, reiteró Lomelí.

Añadió que es fundamental sustituir el Consejo de la Judicatura Federal por órganos administrativos y disciplinarios independientes. 

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPCJ) confirmó a través de un comunicado su disposición para llevar a cabo el recuento total de los votos de la pasada elección del 2 de junio.

“Durante todo el proceso electoral 2023-24, el IEPCJ ha trabajado para dotar de la mayor transparencia y certeza a los comicios, y se declara con la mejor y mayor disposición para que se cuenten las boletas electorales donde ha quedado expresada la voluntad de las y los ciudadanos del estado”, publicó el órgano electoral.

Añadió que hasta el momento, se ha completado el recuento del 54% de los votos correspondientes a 17mil 746 paquetes electorales de las elecciones para gubernatura, diputaciones y munícipes.

“Esta autoridad ha ofrecido las garantías de legalidad y certeza en el proceso electoral, cuyas etapas han sido vigiladas por todos los partidos políticos y están siendo examinadas por los tribunales electorales”

El IEPC aseguró estar en condiciones de acatar cualquier decisión de los tribunales.

“Volver a contar los votos es una decisión que corresponde al Tribunal Electoral, para lo cual todo el personal del IEPC reitera, que estamos listos y listas para contar los votos que sean necesarios tantas veces como estimen las autoridades jurisdiccionales”.