La relación entre medios de comunicación y poder político suele revelarse con mayor nitidez en los momentos de tensión.

El reciente episodio entre el presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie, y la periodista Isaura López Villalobos, de Canal 44, es uno de esos momentos que funcionan como radiografía; no sólo muestra el talante de un funcionario frente al escrutinio, sino también los límites y riesgos que enfrenta el periodismo cuando interpela al poder. Los hechos están documentados.

Durante una entrevista colectiva, la reportera Isaura López cuestionó al alcalde de Zapopan sobre el alto costo de las rentas en Zapopan y la persistente llegada de agua sucia a los hogares. La reacción de Frangie fue de confrontación y de descalificación. Frases como “¡bájale, mijita!”, “puras preguntas que tienen jiribilla” o “déjame atender a los medios que sí preguntan algo que valga la pena” quedaron registradas en video y difundidas ampliamente.

El episodio no se limitó a un desplante. Organizaciones de defensa a los derechos de periodistas y del acceso a la información señalaron que el discurso del alcalde fue estigmatizante y sexista, subrayando que este tipo de expresiones, cuando provienen de una autoridad, normalizan la violencia contra periodistas y socavan la democracia.

También desde la academia y desde el gremio periodístico varias voces coincidieron en que la actitud del funcionario refleja una baja tolerancia al periodismo crítico y una concepción patrimonialista del poder. Frangie terminó ofreciendo una disculpa pública dos días después, reconociendo que su respuesta fue indebida. Pero la disculpa, aunque necesaria, no borra lo que el incidente revela sobre la relación entre medios y poder político.

El episodio muestra un patrón común en distintos niveles de gobierno: la incomodidad y la hostilidad ante preguntas que exponen fallas de gestión. En este caso, abordar temas como vivienda inaccesible y agua contaminada; problemas reales y documentados, detonaron una reacción defensiva que derivó en descalificación personal.

La hostilidad hacia la prensa no surge del contenido de la pregunta, sino del cuestionamiento mismo. Y cuando un funcionario sugiere que ciertos medios “sí valen la pena” y otros no, está trazando una directriz peligrosa: la de premiar la cobertura dócil y castigar la crítica. Decirle a una reportera “mijita”, acusarla de “golpeteo” o insinuar que actúa bajo consigna no sólo busca desacreditarla a ella, además envía un mensaje a todo el ecosistema mediático, un mensaje que es claro: cuestionar tiene costo.

Este tipo de estigmatización desde el poder no es una opinión, sino una forma de presión que expone a periodistas a mayores riesgos. La respuesta del gremio periodístico y de organizaciones civiles fue inmediata. Se condenó la prepotencia, la falta de respeto y la nula tolerancia al trabajo informativo. Esta reacción colectiva es fundamental. Sin este tipo de reacciones los episodios de agresión simbólica pueden normalizarse y repetirse.

La presión pública obligó al alcalde a rectificar. Pero más allá de la disculpa, el episodio deja claro que la relación entre medios y poder político depende, en buena medida, de la capacidad de la sociedad para defender el derecho a preguntar.

La relación entre medios y poder político se define en los momentos de tensión. Y en este caso, el mensaje es claro, cuando una autoridad reacciona con desdén, sexismo o estigmatización ante preguntas legítimas, no sólo agrede a una periodista, erosiona un pilar democrático.

La disculpa del alcalde es un paso, pero no resuelve el problema de fondo, la necesidad de que los funcionarios entiendan que la prensa no está para agradarles, sino para cuestionarlos. Y que el derecho a preguntar incómodo, insistente y crítico no es una concesión del poder, debe ser una constante en un Estado de Derecho, y es una obligación de los gobiernos garantizarlo.

Por otra parte, cuando una autoridad responde con desdén, molestia o descalificación a una pregunta periodística, especialmente en un entorno grabado y de alta exposición, se activan aristas críticas de riesgos reputacionales, institucionales y mediáticos.

Desde un punto de vista profesional un episodio como el comentado no es producto de un error de comunicación, sino de fallas de estrategias comunicacionales. Lo que pone al descubierto una ausencia total de protocolos, carencia de entrenamiento mediático y una cultura organizacional del gobierno que no comprende, o que no quiere comprender, el rol de los medios de comunicación en sociedades democráticas.

Cuando no existen protocolos, los funcionarios en su relación con los medios se vuelven reactivos y vulnerables a detonaciones emocionales. Existen técnicas profesionales de manejo de medios que permiten responder preguntas difíciles sin caer en hostilidad, estas herramientas reducen la tensión y evitan que la interacción se convierta en un conflicto personal.

Las crisis con la prensa se reducen cuando existe una relación institucional sólida. La prevención siempre será mejor y menos costosa, política y reputacionalmente, que la contención y el control de daños. Cuando una autoridad confronta a la prensa, no sólo genera un problema de comunicación, también genera un problema de legitimidad.

La solución no es comunicar mejor, sino institucionalizar la comunicación, profesionalizar a quienes se relacionan con los medios y comprender que el escrutinio no es una amenaza, sino una condición inherente a los cargos públicos.

Sobre el autor

José de Jesús Gómez Valle es analista político. Profesor Investigador en el CUCSH de la UdeG. Contacta: jose.gomezvalle@gmail.com y en X: @jgomezvalle.