La bancada de Movimiento Ciudadano (MC) en el Senado de la República presentó este miércoles (16.10.24) una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en contra de la Reforma al Poder Judicial.

A través de un comunicado, los senadores naranjas lamentaron la falta de análisis y de conocimiento de sus pares morenistas quienes aprobaron una “mal llamada Reforma Judicial” llena de inconsistencias.

“La mal llamada Reforma Judicial (…) trae consigo diversos obstáculos que no fueron analizados ni con el detenimiento suficiente, ni con un conocimiento profundo de sus consecuencias”, se lee en el documento.

“La legitimidad (de la misma) se ha basado únicamente en la aprobación de una mayoría artificial del partido en el poder y sus aliados, tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados”.

Los legisladores emecistas, dice el comunicado, confían en la transformación de las reglas democráticas, siempre que sea el resultado de un proceso consciente, informado y enriquecido con las opiniones de la pluralidad política.

La acción de inconstitucionalidad presentada por MC está estructurada a partir de “cinco ejes de violaciones”, según se explica, que a su vez desarrollan más violaciones que deben ser analizadas por la SCJN.

“En ella (la acción de inconstitucionalidad) se plantean cinco ejes de violaciones: 1) por violaciones al principio de seguridad jurídica al existir vicios en el procedimiento legislativo; 2) por violaciones al principio de legalidad al faltar fundamentación y motivación; 3) por violaciones a los principios del buen gasto público; 4) por afectaciones generalizadas al orden democrático; 5) por inconvencionalidad de la reforma impugnada”, puede leerse.

“Como ejemplo de otras inconsistencias de la Reforma Judicial se encuentran diversas violaciones en el procedimiento parlamentario en la Cámara de Diputados, en el Senado de la República y en los congresos locales; por el incumplimiento de suspensiones judiciales; por no incluir a pueblos, barrios y comunidades indigenas y a personas con discapacidad  en una legislación que les afecta de forma inminente; por la indebida fundamentación y motivación en el dictamen legislativo en la Cámara de Diputados y el Senado de la República; por distorsionar los conceptos de democracia representativa del artículo 41 constitucional; por distorsionar la emisión del voto; por afectar de manera irreversible la justicia electoral y por afectar el régimen de derechos políticos y las obligaciones democráticas del estado mexicano, entre otras”.

En el boletín se sostiene que MC considera que el Poder Judicial de la Federación y la administración de justicia en el Estado Mexicano se encuentra en riesgo.

También denuncia el menoscabo de los derechos de las personas juzgadoras por lo que, a través de dicha acción de inconstitucionalidad, solicita que se suspendan los efectos y consecuencias de la Reforma Judicial aprobada.

El juez estadounidense Brian Cogan sentenció al ex secretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, a 38.8 años de prisión, de los cuales ya cursó casi cinco años desde que fue arrestado el 9 de diciembre de 2019. 

García Luna fue sentenciado a 466 meses en prisión y a pagar una multa de dos millones de dólares. 

Además, tras cumplir su sentencia, el ex secretario de Seguridad Pública deberá pasar cinco años de libertad supervisada. 

El ex funcionario que fue encontrado culpable por cinco cargos, entre ellos narcotráfico y crimen organizado. 

Medios internacionales señalaron que la defensa de Genaro García Luna solicitó que la condena se cumpla en una prisión federal de Washington.

Cargos por los que fue encontrado culpable García Luna

El jurado declaró culpable por los delitos de: Conspiración para la distribución internacional de cocaína, conspiración para la distribución y posesión de cocaína con intención de distribuirla, conspiración para la importación de cocaína a Estados Unidos, participar en la dirección de una empresa criminal continua y dar falso testimonio a las autoridades estadounidenses. 

Los más de 650 mil choferes y repartidores de plataformas digitales en México —como Uber, Didi y Rappi— tendrán seguridad social, anunció esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum.

La mandataria informó que será enviada una propuesta de reforma a la Ley General del Trabajo para que se reconozca la relación laboral entre repartidores y aplicaciones digitales.

“Son 658 mil trabajadores y trabajadoras (en el País) que están vinculadas con las plataformas digitales (…). Este trabajo (…) aumentó mucho en la pandemia (de Covid-19) (…)”, recordó Sheinbaum.

“La mayoría son empresas transnacionales (…), aunque hay algunas que están vinculadas a algunas tiendas (nacionales), (que) generaron una forma de incorporar a lo repartidores que no tiene nada que ver con la Ley del Trabajo”.

Con la finalidad de no reconocer sus obligaciones patronales, los empleadores contratan actualmente a los repartidores como “socios” con lo que evitan darles la seguridad social que les mandata la Ley, explicó Sheinbaum.

La propuesta de reforma reconoce la subordinación discontinua y acotada (horarios flexibles) al tiempo efectivamente trabajado, y no modifica el modelo de negocio de las plataformas digitales.

“Las personas trabajadoras seguirán escogiendo sus horarios de trabajo, así como la o las plataformas en las cuales van a trabajar (…)”, explicó Marath Baruch Bolaños López, secretario del Trabajo y Previsión Social.

“Se mantiene la libertad para las y los trabajadores, es decir, ellas y ellos son los que definen el tiempo donde van a estar conectados en las plataformas”.

A partir de esta reforma se busca que haya claridad en las reglas de trabajo, que exista un registro de contrato ante el Centro General de Conciliación y Registro Laboral, así como el otorgamiento de la protección social.

“Las personas trabajadoras que generen más de un salario mínimo tendrán derecho a los seguros y servicios del IMSS: riesgos de trabajo, enfermedades, incapacidad, maternidad, pensiones y guardería”, explicó Bolaños López.

“También tendrán derecho a créditos del Infonavit como cualquier otro trabajador formalmente registrado y tendrán seguro contra accidentes de trabajo todas las personas trabajadoras, independientemente de su monto de tiempo efectivamente trabajado”.

Tampoco se permitirá la desconexión de la plataforma sin previo aviso, es decir, el trabajador deberá estar enterado que ya no forma parte de la plantilla de la plataforma al menos con tres días de anticipación.

En todos los casos de desconexión deberá haber mecanismos de revisión gestionados por personas —y no por algoritmos o computadoras—, con perspectiva de género, incluyendo protocolos especializados para la atención de casos de acoso, hostigamiento o similares, así como pago de utilidades.

De acuerdo con las autoridades, al rededor de 272 mil empleados de estas plataformas logran ingresos equivalentes o superiores a un salario mínimo mensual, es decir, que esa podría ser su principal o única fuente de ingresos.