El gobierno de Estados Unidos perdió el rastro de 1500 niños más

Hay tan poco interés por los niños migrantes que ingresan sin acompañamiento de un adulto a los Estados Unidos que el gobierno de Donald Trump no tiene ni idea del paradero de 1500 menores que ingresaron a la Unión Americana en lo que va del año.
De acuerdo con una investigación legislativa hecha en abril sobre el Departamento de Salud y Servicios Humanos, las autoridades no pudieron determinar con certeza donde se encuentran mil 488 de los 11 mil 254 menores que la agencia puso en hogares temporales durante 2018.
Se trata de la institución sobre la que se desató el escándalo por haber perdido el rastro de otros mil 475 niños migrantes trasladados de albergues a otros sitios durante el año pasado.
Niños en malas manos
La preocupación de los integrantes del Senado que promovieron la investigación es que los pequeños, presuntamente se entregan a tutores, terminen en manos de traficantes de personas para realizar trabajos forzados por falsos familiares.
Desde 2016, funcionarios del Departamento de Salud y Servicios Humanos llaman a varios tutores temporales treinta días después de la liberación del niño. Pero el departamento dice que, legalmente, no es responsable por los menores después de que salen de la custodia de su oficina de reubicación de refugiados.
Caitlin Oakley, portavoz del departamento, dijo en respuesta a los hallazgos: “Como fue comunicado varias veces a los integrantes del Congreso, estos niños no están ‘perdidos’. Sus tutores —usualmente son los padres o familiares y siempre se revisan por posibles antecedentes criminales y su capacidad de proveer a los menores— sencillamente no respondieron o no pudieron ser contactados en el momento en que se hizo la llamada voluntaria”.
Además de los hallazgos, este martes, senadores republicanos y demócratas introdujeron una propuesta legislativa para que el departamento esclarezca su responsabilidad en garantizar la seguridad de los niños migrantes, incluso cuando ya no están bajo su custodia.

Revisiones
La legislación obligaría a los funcionarios de esa oficina a realizar las revisiones de antecedentes antes de liberar a los menores a sus custodios. También haría que el departamento se asegure de que esos tutores den el cuidado apropiado para los niños, como que acudan a todas las audiencias ante tribunales migratorios. Eso aumentaría, asimismo, la cantidad de jueces migratorios para que el Departamento de Justicia pueda procesar los casos con mayor eficacia y en menos tiempo.
La ley haría también que los funcionarios de la agencia les avisen a los gobiernos estatales donde viven los tutores antes de que los menores están bajo su custodia.
La medida “asegurará que mantengamos el resguardo de los menores no acompañados en el país, lo cual los protegerá del tráfico y del abuso, también fomentará que acudan a sus procesos ante las cortes”, dijo el senador Rob Portman, republicano de Ohio y director de la subcomisión de Seguridad Interior del Senado.

Más de 135.000 menores migrantes
El senador demócrata Richard Blumenthal, de Connecticut, agregó: “Los niños que ponen en riesgo sus vidas para hacer un trayecto peligroso; para buscar asilo no deberían tener que preocuparse de terminar en las manos de traficantes de personas o en adultos negligentes y abusivos; en Estados Unidos”.
En un reporte de hace dos años, por ejemplo, la misma subcomisión del Senado encontró que el Departamento de Salud y Servicios Humanos había dejado a ocho niños a cargo de traficantes que los forzaron a trabajar en una granja en Ohio. El estudio encontró fallas protocolarias, como una falta de revisiones de antecedentes y de seguimiento con los tutores y custodios.
Desde octubre de 2014, el departamento ha dejado a más de 135.000 menores migrantes no acompañados en custodia de adultos en Estados Unidos mientras esperan a acudir ante un juez migratorio.
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México suma 3 mil 716 piezas repatriadas en la administración de Sheinbaum

El Gobierno de México informó que durante el primer año y nueve meses de la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum se recuperaron 3 mil 716 bienes culturales que permanecían fuera del País.
Durante la Mañanera del Pueblo, la mandataria señaló que parte de las piezas repatriadas incluso se devolvieron a las comunidades de origen.
La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, explicó que la recuperación del patrimonio mexicano se realiza en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores y mediante acuerdos de colaboración con otros países.
La funcionaria señaló que la estrategia busca fortalecer las alianzas internacionales para facilitar la identificación y restitución de objetos arqueológicos e históricos pertenecientes a México.
De acuerdo con las cifras presentadas por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Estados Unidos encabeza la lista de países que más bienes culturales devolvió al País durante la actual administración federal.
Desde 2024 y hasta la fecha, Estados Unidos entregó 3 mil 369 piezas.
Italia regresó 174 bienes culturales, mientras que Canadá restituyó 133 objetos.
Francia devolvió 19 piezas y España otras siete.
El director general del INAH, Joel Omar Vázquez Herrera, informó que durante los gobiernos de la Cuarta Transformación se han recuperado en total 17 mil 878 bienes culturales.
De ese acumulado, 14 mil 162 corresponden al sexenio del ex presidente Andrés Manuel López Obrador y 3 mil 716 al actual gobierno federal.
El funcionario aseguró que el ritmo de recuperación registrado durante la administración de Sheinbaum supera al observado en gobiernos anteriores.
Como parte de la presentación sobre política cultural, el INAH también informó sobre la reapertura del Museo de la Grandeza Teotihuacana, cerrado durante dos décadas y reabierto al público en junio pasado.
El recinto exhibe 174 piezas arqueológicas, de las cuales 80 por ciento no se habían sido mostradas anteriormente.
Mery Pozos dice no a endeudamiento por crisis del agua en Jalisco

La presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, Merilyn Gómez Pozos (Mery Pozos), se pronunció en contra de un mayor endeudamiento a las finanzas del Siapa ante la crisis del agua contaminada que se registra en Jalisco.
La legisladora federal señaló que la problemática del agua contaminada ya rebasó la capacidad de respuesta del gobierno estatal y exigió soluciones inmediatas para las familias afectadas.
“Las soluciones que hoy plantean (las autoridades) son comprar agua de garrafón y contratar una deuda por 20 mil millones de pesos para realizar obras que tardarán al menos un año en concretarse”, criticó la morenista.
“Mientras más de 600 colonias continúan padeciendo una emergencia sanitaria que ya está afectando la salud de los jaliscienses”.
La morenista acusó al gobierno estatal de haber sido incapaz de resolver la crisis del agua que afecta a más de 600 colonias en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).
Mery Pozos denuncia subejercicio en Jalisco
La legisladora sostuvo que las medidas anunciadas por el Gobierno de Jalisco son insuficientes para atender la emergencia sanitaria que enfrentan miles y miles de familias cada día.
Cuestionó que pese a contar con un presupuesto histórico, el gobierno estatal haya registrado un subejercicio de mil 200 mdp destinados a infraestructura.
“Es una incongruencia que, teniendo recursos suficientes para atender obras prioritarias, se haya dejado de ejercer dinero que pudo destinarse a fortalecer la infraestructura hidráulica y prevenir una crisis de esta magnitud”, señaló.
Asimismo, Pozos consideró preocupante que el Gobierno de Guadalajara, mantenga un adeudo cercano a los mil mdp con el Siapa, lo que refleja, dijo, una deficiente administración de los recursos públicos.
“No es justo que las familias jaliscienses tengan que asumir el costo de comprar garrafones de agua para cubrir una necesidad básica y al mismo tiempo seguir pagando puntualmente sus recibos del servicio”, expresó.
“Estamos frente a una realidad innegable: la incompetencia de los gobiernos de Movimiento Ciudadano para resolver el grave problema del agua contaminada que afecta a miles de familias en Jalisco”.
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