En la vorágine de desapariciones que azota a Jalisco, el silencio de la actual administración retumba con una fuerza que ahoga la esperanza y el clamor por justicia. Las cifras son implacables y dejan poco espacio para eludir la realidad: 285 funcionarios públicos implicados en casos de desaparición forzada bajo la gestión del gobernador Enrique Alfaro. La pregunta es inevitable: ¿Es esta la “nueva política” prometida por Movimiento Ciudadano, o es el reflejo de un sistema que continúa fallando a sus ciudadanos más vulnerables?

El año 2020 se ha marcado como el más oscuro, con un número récord de funcionarios acusados de un delito que desgarra el tejido social. Más allá de las estadísticas, cada número representa un ser humano, una familia desgarrada, una comunidad en luto perpetuo. ¿Cómo es posible que aquellos encargados de proteger y servir sean partícipes de un crimen tan atroz?

Es preciso señalar que no basta con detenciones aisladas o discursos efímeros. La impunidad que parece permear en los rangos del poder es un cáncer que corroe la confianza pública y hace mella en la legitimidad de los gobernantes. El gobierno de Alfaro, proclive a vanagloriarse como el mejor vanguardista en políticas públicas y seguridad, enfrenta ahora la paradoja de justificar lo injustificable.

El Código Penal estatal es claro en su castigo hacia la desaparición forzada: penas que van de los 12 a los 40 años de prisión y multas económicas significativas. Pero, ¿qué son las leyes sin un sistema judicial que las aplique con celeridad y sin favoritismos? ¿Dónde queda la responsabilidad de un gobernador y de un partido que prometió una refundación política de Jalisco?

Los ciudadanos de Jalisco merecen más que un cambio de colores y slogans políticos. Merecen transparencia, acción decidida, y sobre todo, resultados tangibles que devuelvan la paz a sus calles y la seguridad a sus hogares. El voto popular no es un cheque en blanco; es un contrato social que exige rendición de cuentas.

Es momento de cuestionar si Movimiento Ciudadano puede realmente portar la bandera de la “nueva política” o si su legado será uno de retórica vacía y promesas incumplidas. El gobierno de Alfaro, y en extensión su partido, deben recordar que la confianza de los ciudadanos no es eterna y que cada desaparición forzada es una mancha que, con el tiempo, se convierte en una sombra que oscurece cualquier logro.

El silencio es cómplice y la inacción es una forma de violencia. La sociedad jalisciense no necesita más silencio; necesita respuestas, necesita justicia y, más importante aún, necesita encontrar a sus desaparecidos. No hay política pública que valga ante la ausencia de los que ya no están. No hay gestión exitosa que pueda maquillar la tristeza de un hogar vacío.

Por ende, este es un llamado no solo a la administración de Enrique Alfaro sino a cada ciudadano de Jalisco: alzar la voz, exigir justicia, y trabajar incansablemente para que ninguna desaparición quede impune. No olvidemos que el poder reside en el pueblo y que, unidos, nuestra voz es capaz de quebrar el más pesado de los silencios.

El pasado 22 de abril Guadalajara cumplió 32 años de vivir una de las peores tragedias en la historia de Jalisco: el exceso de hidrocarburos en el drenaje provocó más de 10 explosiones que despedazaron las calles del sector Reforma.

Y el único candidato a la gubernatura que refrendó su compromiso con las víctimas fue Pablo Lemus, abanderado de Movimiento Ciudadano (MC), mientras que Morena demostró una vez más su indiferencia al ignorar el llamado de los sobrevivientes.  

Las cifras oficiales arrojan que 212 personas perdieron la vida y mil 800 resultaron heridas, pero la gente que sobrevivió a la tragedia considera esos números como un insulto, pues las explosiones incesantes durante más de 4 horas destruyeron casi 10 kilómetros de vialidades.

Lo más doloroso es que todo se pudo haber evitado, pero la negligencia gubernamental estuvo por encima del sentir de los ciudadanos, quienes días antes reportaron alarmados el insoportable olor a gasolina. Las autoridades respondieron que no había ningún riesgo.

Más de tres décadas se han cumplido, pero las heridas siguen abiertas porque todavía no hay justicia. Las autoridades nunca asumieron su responsabilidad y dejaron desamparados a los sobrevivientes. 

Fue hasta el año 2015 cuando MC cambió esa historia, y de la mano de Enrique Alfaro como alcalde de Guadalajara, se incrementó la aportación al Fideicomiso de las víctimas y hubo una atención médica integral.

Y con la llegada de Pablo Lemus a la alcaldía tapatía en 2021, se refrendó el compromiso de no dejar solas a las víctimas, duplicando los recursos que aportaba el Ayuntamiento al Fideicomiso, y se hizo obligatorio entregar el apoyo de forma anual con una actualización inflacionaria.  

No es el primer caso donde vemos a Pablo Lemus dar un paso al frente para atender la tragedia. El candidato naranja siempre estuvo presente para que el mercado San Juan de Dios volviera a ponerse de pie, luego del terrible incendio que afectó al inmueble hace dos años. El entonces alcalde tapatío otorgó apoyos económicos a comerciantes afectados, subsidió la renta y reconstruyó locales.  

El pasado lunes que se conmemoró el trágico episodio que marcó para siempre la historia de Guadalajara, Pablo Lemus firmó los compromisos para garantizar el bienestar integral de las víctimas. Además, anunció que insistirá para que Pemex asuma su responsabilidad y emita una disculpa pública por la tragedia. 

Mientras tanto, la candidata de Morena, Claudia Delgadillo, prefirió hacer una gira de medios en la Ciudad de México, desatendiendo la invitación que hicieron los sobrevivientes a los tres candidatos a la gubernatura.

Pero ya no sorprende el desprecio y la indolencia de Morena con las víctimas. Recordemos la pésima respuesta y gestión de la tragedia que ocasionó el Huracán Otis, en Acapulco. El gobierno morenista no avisó sobre la inminente llegada del huracán, tampoco evacuaron y fallaron con la instalación inmediata de los refugios y centros de acopio.

Mientras Morena da la espalda y falla en el manejo de las crisis, Pablo Lemus siempre pone el ejemplo de cómo se debe proteger y salvaguardar a los jaliscienses.

La actitud de Morena daña la democracia de manera autoritaria y quebranta la responsabilidad colectiva.

Sobre el autor

Omar Enrique Cervantes Rivera es secretario técnico de la campaña de Pablo Lemus y ex secretario general del Ayuntamiento de Tlajomulco. Escribe a @OmarCervantes_R.

En las últimas encuestas, como la publicada por De las Heras Demotecnia, se ha notado el crecimiento que ha tenido la candidata de la alianza “Juntos Sigamos Haciendo Historia en Jalisco”, Claudia Delgadillo, en donde obtendría la victoria con un 37 por ciento, frente a un 31 por ciento del candidato Pablo Lemus, de Movimiento Ciudadano (MC), mientras que Laura Haro, de la alianza “Fuerza y Corazón por México” se quedaría con el 12 por ciento del voto jalisciense.

Esta percepción de triunfo, que comienzan a registrar otras encuestadoras, se viene permeando hace varias semanas entre las conversaciones y análisis especializados en política de los medios de comunicación de Jalisco. Esta misma idea se puede percibir en las baterías de comentarios en las publicaciones de los candidatos, en donde la mayoría de negativos se le registran a la campaña naranja.

Los emecistas han recrudecido sus ataques de manera dura contra Claudia Delgadillo, su agenda ha sido atacar el patrimonio de la candidata, decir que tiene un pasado priista, cuando en realidad desde el 2018 se sumó a Morena en la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador.

Quedará un mes y si las tendencias se mantienen, los números estarán a favor de la que, según las encuestas, ha ido ganando terreno, pues la morenista ha mantenido esa intención del voto en crecimiento aguantando la cargada de guerra sucia que ha pagado el equipo naranja para impedir ese crecimiento registrado de los guindas.

Son más de 500 mil pesos semanales que se tienen registrados en las plataformas pertenecientes a Meta, además de otra cantidad similar en otras plataformas alternas operadas por sus mismos equipos digitales por parte de MC.

Pese a ello, y a esas inversiones rastreables, no han logrado la percepción de triunfo que comienza a capitalizar Claudia Delgadillo.

Sobre el autor

Rodolfo Madrigal Castro es comunicador y periodista. Actualmente trabaja como consultor político en la campaña de Claudia Delgadillo, candidata a la gubernatura de Jalisco por la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, conformada por los partidos PT, PVEM, Hagamos y Futuro. Escribe a rmadrigalcastro@gmail.com.