Cómo se gasta el dinero de la reconstrucción de México

La reconstrucción de México.
Con los desafortunados acontecimientos de las últimas semanas en México, me refiero a los terremotos, se ha generado una exigencia de la sociedad que parece evidenciar una disyuntiva, en su punto más claro, con la administración del dinero que actualmente tienen los partidos políticos como actores del gobierno.
A la par de esta exigencia que, por cierto, han capitalizado hábilmente los partidos políticos, desde el gobierno federal y el sector empresarial también se han materializado instrumentos que permitirán la reconstrucción de las zonas afectadas, a partir de fideicomisos, principalmente.
Ante estos dos procesos -reconfiguración del gasto de los partidos políticos y fideicomisos para la reconstrucción del país- prevalecen dos narrativas que en algunos sectores de la sociedad mexicana simplemente no se comunican y se plantean como caminos que, en sí mismos, se aíslan bajo la propia retórica de los actores que les promueven.
De la palabra a la realidad
Me explico. En la discusión sobre los recursos que tienen los partidos políticos se ha concentrado el análisis sobre el “tipo de gasto” ofrecido para la reconstrucción. En un extremo tenemos aquellos partidos que ofrecieron porcentajes de su gasto operativo y, por el otro, aquellos que efectivamente ofrecieron los recursos destinados a la campaña electoral de 2018, siendo estos últimos claramente superiores a los de su gasto operativo anual.
Otra parte de la discusión se ha concentrado también en corregirles la plana, al puntualizar que estos partidos no están haciendo “donaciones” de esos recursos, ya que les pertenecen a los mexicanos.
Una discusión adicional se concentra en la legalidad de modificar el destino de dichos recursos y una última, sobre los riesgos de permitir financiamiento privado en las campañas electorales -entiéndase también la preocupación por la narco política-.
Rendición de cuentas, señores
En esta discusión los propios actores, partidos políticos, INE, periodistas, juristas y sociedad civil están enfocados a comentar sobre la fuente de estos recursos, pues de manera general, se entiende que serán destinados para la reconstrucción del país y por ello no se profundiza en aquellos mecanismos que permitirán revisar cómo se gastarán adecuadamente.
Dicho de otra forma, a la sociedad y al ciudadano lo enfocan en el análisis del origen y la fuente de este financiamiento, más que en su proceso de rendir cuentas sobre cómo se va a gastar.
¿Qué tan distinto hubiera sido una propuesta entre los partidos políticos para asignar ese dinero a la reconstrucción del país, pidiendo también, un mecanismo que transparentara de forma efectiva los resultados de esta propuesta e incluso se involucrara en alguna medida?
Ese es otro enfoque que, desafortunadamente, los partidos políticos no pueden promover en la actualidad dada su tan desgastada autoridad moral en épocas recientes.

¿Qué criterios aplicarán para entregar dinero y contratos a empresas? Foto: Especial.
De fideicomisos
Desde la perspectiva del ¿para qué y cómo se gastarán estos recursos? tanto la clase empresarial como el gobierno federal han comentado la existencia de fideicomisos para la reconstrucción. Es decir, nos están indicando la forma técnica como se agruparán y ejecutarán estos recursos para beneficio de las zonas afectadas.
En esta visión también prevalece una narrativa que no permite al ciudadano comprender su máximo alcance. Básicamente, parte de la discusión se ha concentrado en el análisis de juntar recursos públicos con privados en estos fideicomisos, así como la necesidad de criterios mínimos para transparentar su uso.
No obstante, como ciudadanos no sólo queremos que se transparenten, sino que se gasten efectiva y eficientemente, y en caso contrario se ubique y sancione a los responsables. Es decir, que se establezca este proceso y estos instrumentos -fideicomisos- en un marco de rendición de cuentas donde se transparenten, se informe cómo se gastaron y en caso que haya alguna omisión, también se sancione a los responsables.
Por ejemplo, ¿qué criterios aplicarán para entregar dinero y contratos de reconstrucción a empresas constructoras que tienen casos recientes de corrupción en su historial? ¿Sabemos qué actor gubernamental tendrá el liderazgo moral para hacer estas valoraciones?
Información y acciones claras
En síntesis, el ciudadano y la sociedad resulta informada de estos procesos, pero tiene una comprensión acotada de un fenómeno: la adecuada rendición de cuentas sobre los recursos administrados por el gobierno y su reasignación para la reconstrucción del país.
Los actores políticos actualmente ubican al ciudadano en la disyuntiva de comprender qué es más importante, si conocer de donde vienen los recursos destinados a la reconstrucción, o bien, saber cómo se van a gastar.
Realmente, lo que deberíamos ver es un movimiento de rendición de cuentas que haga natural la toma de decisiones desde el gobierno y la sociedad, donde sea obvio que los recursos para las campañas son aquellos que deben aclararse en términos de su impacto, resultados y beneficios sociales, y por ello, son los primeros que se exigen para reconstruir a las zonas afectadas y, por otro lado, que la presencia de fideicomisos, principalmente aquéllos con carácter privado para beneficio público, deben entrar a una nueva dinámica donde es indispensable impulsar criterios mínimos sobre sus resultados, y dejar de lado aquellos mínimos que simplemente los permiten caracterizar como “transparentes”.
Mauricio Hernández estudió políticas públicas, ha trabajado en temas de rendición de cuentas, educación y democracia desde el gobierno. Actualmente está vinculado en proyectos del LID, relacionados con participación ciudadana y transparencia.
La ‘Gestapo del mundo’

El escenario geopolítico de 2026 nos sitúa frente a una de las encrucijadas más peligrosas del siglo XXI. La retórica de la administración Trump respecto a la detención de Nicolás Maduro en Venezuela bajo la bandera de «limpieza» y «restauración del orden» no debe leerse como un acto de filantropía internacional, sino como la instauración formal de una Gestapo del mundo: una policía global que no reconoce fronteras, tratados ni la autodeterminación de los pueblos.
Estados Unidos intervino en Venezuela bajo el argumento de erradicar un régimen, estableciendo un precedente jurídico aterrador: la muerte del Estado Soberano. La soberanía no es una concesión graciosa de las potencias, sino la base del orden internacional.
Si el mundo acepta que Washington puede «limpiar» una casa ajena sin mandato de la ONU y por encima de las leyes locales, estamos regresando a una Doctrina Monroe 2.0. Venezuela es hoy el laboratorio de una fórmula que mañana, con cualquier pretexto, se aplicará en el resto del continente.
Para México, el espejo de Venezuela es una advertencia directa. El argumento del narcotráfico y el fentanilo se ha convertido en el «caballo de Troya» para justificar una intervención en nuestro territorio. Es tentador para muchos ciudadanos, agotados por la violencia, aplaudir la entrada de la «Gestapo del Mundo» para erradicar al crimen organizado.
El argumento es simple pero devastador: «Tu casa está en desorden y el humo me molesta, así que entraré, sacaré a tu familia y yo manejaré tus cuentas». Como juristas, sabemos que el principio de par in parem non habet imperium (entre iguales no hay imperio) es la base de la civilización moderna. Si Donald Trump señala que Estados Unidos se hará cargo de la administración de un país soberano, está borrando de un plumazo décadas de Derecho Internacional. ¿Dónde queda el derecho de un pueblo a equivocarse o a corregir su propio rumbo?
Esta es la pregunta que nos quema las manos: ¿Qué pasaría en México? Los problemas del narcotráfico en nuestro País son una hidra de mil cabezas, un cáncer que ha permeado las instituciones. La tentación de decir «que vengan ellos y nos salven» es el canto de las sirenas para una sociedad agotada por la impunidad.
Sin embargo, como jurista, sostengo que el orden sin soberanía no es paz, es ocupación. Entregar la facultad de ejercer la fuerza pública a una potencia extranjera es abdicar de nuestra identidad y de nuestras instituciones. Si permitimos que «ellos» resuelvan nuestro problema de seguridad, les estamos entregando también el derecho de decidir sobre nuestras leyes, nuestra economía y nuestro futuro. La “Gestapo” no sólo busca criminales; busca el control absoluto del territorio.
Si el orden internacional se reduce a la voluntad del más fuerte de extraer y procesar a líderes extranjeros en cortes domésticas, entonces el sistema de tratados y la propia ONU han quedado obsoletos.
Es imperativo cuestionar nuestra propia identidad. Tenemos 60 millones de mexicanos una nación entera viviendo en el corazón de los Estados Unidos. ¿Cuál es su papel en esta crisis de soberanía?
No podemos seguir siendo una nación de espectadores que solo se reconoce como tal cada 15 de septiembre gritando una independencia de oropel, o cada 12 de diciembre rezando por un milagro ante la Virgen de Guadalupe. El folclore y la fe son pilares de nuestra cultura, pero la soberanía se defiende con agencia política, no con símbolos. Si esa enorme diáspora mexicana no despierta como un sujeto político capaz de influir en las decisiones del imperio, seguirán siendo testigos mudos de la erosión de su patria de origen.
La historia no tendrá misericordia con la generación que, por miedo o comodidad, entregó las llaves de la nación. La «Gestapo del mundo» solo avanza cuando los pueblos olvidan el valor de su propia ley.
México no necesita tutelaje; necesita instituciones sólidas, un Estado de Derecho inquebrantable y una ciudadanía que entienda que la soberanía es el único escudo que nos separa de ser una simple colonia administrativa. La pregunta no es si Trump puede entrar; la pregunta es si nosotros, como mexicanos, estamos dispuestos a dejar de serlo.
Sobre el autor
Fernando Arango Ávila es jurista y académico. Doctor en Ciencias de lo Fiscal, y actualmente cursa un posdoctorado en Derecho. Actualmente, combina su experiencia práctica con su labor investigativa. Escribe: drarango83@gmail.com.
Gavin Newsom y la ‘nación’ de los 60 millones de mexicanos

El anuncio de las intenciones del gobernador de California, Gavin Newsom, de contender en las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos, marca un punto de inflexión con profundas implicaciones para el electorado de origen mexicano y la redefinición del poder en el país.
Este movimiento no sólo abre un camino de esperanza para millones de personas y New Mexicans, sino que consolida el liderazgo de un frente político que busca darle voz a la “nación” demográfica y cultural que emerge en el suroeste del país.
Este movimiento se respalda en la masa demográfica de 60 millones de mexicanos en Estados Unidos, una fuerza que, sumada al apoyo de una gran cantidad de mexicanos en México, podría representar una base electoral sin precedentes para Newsom.
El concepto de “The New Mexicans States of America” no es una propuesta secesionista, sino una etiqueta conceptual para describir una realidad demográfica y cultural irreversible.
En los estados de Nuevo México, Arizona y California, el poder del soft power mexicano ha gestado una diáspora (comunidad) con millones de personas que, juntas, suman una fuerza monumental entre esos 60 millones de mexicanos en Estados Unidos.
Esta “nación” latente ha conquistado silenciosamente el tejido social, económico y cultural del país a través de su influencia en la música, la gastronomía, el deporte y el comercio. A pesar de las persecuciones y el trauma generado por el uso del ICE como herramienta de presión demográfica, la cultura se ha convertido en la armadura y el motor de resistencia de esta población.
La conexión geográfica y la herencia común han permitido que California, Nuevo México y Arizona funcionen como un corredor cultural y económico. Esta alianza natural de estados del suroeste se convierte en el epicentro de esta nueva fuerza política.
Es aquí, en la cuna histórica del territorio mexicano en Estados Unidos, donde la diáspora ha mantenido viva su identidad, demostrando que las fronteras políticas no han logrado contener la unificación cultural. La cristalización de este poder es la respuesta pacífica a cualquier intento de alienación.
El ascenso de líderes como Gavin Newsom y la potencial vicepresidencia de Alex Padilla, es la constatación de que la revolución demográfica ha reescrito el mapa político desde dentro. La “Nación de los New Mexicans” está pasando de ser un poder cultural latente a una fuerza política activa. Al convocar a gobernadores clave y utilizar el soft power mexicano como estrategia, este movimiento busca construir una “barrera azul” de resistencia, transformando la resiliencia cultural en una palanca de poder electoral decisiva para las próximas elecciones presidenciales.
Newsom, al frente de California la cuarta economía mundial, se posiciona como un líder con la experiencia y la frescura necesarias para dirigir a los Estados Unidos. Su gestión como gobernador de California no solo se define por su capacidad para manejar una economía masiva, sino por una serie de logros progresistas que lo proyectan como el principal líder de la oposición a las políticas de la administración Trump.
Logros Clave de Gavin Newsom en California:
Protección de derechos reproductivos y sociales: Newsom ha consagrado protecciones en la Constitución de California para el aborto y las libertades reproductivas. Ha utilizado la autoridad de California para adquirir medicamentos clave y responder a interrupciones del suministro por motivos políticos.
Impulso a la clase trabajadora: Su administración ha impulsado legislaciones históricas para fortalecer a los trabajadores independientes, buscando mejorar las condiciones de vida de los californianos. Su oposición a la abolición de los acuerdos de contratación colectiva lo ha posicionado como un firme defensor de los derechos laborales.
Inversiones sociales masivas: Ha liderado la implementación de programas ambiciosos como el Pre-kínder universal y el financiamiento completo de comidas escolares gratuitas para todos los niños en California. También ha impulsado la expansión de programas de alfabetización y cursos de verano.
Abordando la crisis humanitaria y económica: Pese a las críticas por el alto costo de vida, la administraciónNewsom ha impulsado un enfoque progresista en la lucha contra la falta de vivienda. Más allá de la inversión récord en vivienda, el gobernador ha defendido la implementación de programas sociales innovadores, como el Care Court (Tribunal de Atención), diseñado para brindar tratamiento de salud mental y adicciones a personas sin hogar. Este tipo de políticas sociales complejas y audaces demuestran su disposición a enfrentar los problemas más difíciles del país, lo cual contrasta con las soluciones simplistas y punitivas que a menudo ofrece la oposición.
Resistencia y defensa migratoria: Newsom se ha convertido en una voz influyente a favor de los derechos de los inmigrantes, desafiando públicamente al gobierno federal. Ha movilizado a la Guardia Nacional para asistir en bancos de comida en respuesta a recortes federales y ha criticado duramente el despliegue de militares para tareas migratorias, advirtiendo que los regímenes autoritarios “empiezan por atacar a las personas con menos capacidad de defensa”.
Defensa del comercio transfronterizo y advertencia anti-Aranceles: Ha alertado consistentemente que las promesas de Trump de imponer un arancel del 25% a las importaciones mexicanas infligirían un daño económico devastador a California y a los consumidores. Al defender el libre comercio con México, Newsom protege el sustento de millones de New Mexicans que trabajan en sectores dependientes de este comercio transfronterizo.
El histórico gesto de Newsom al declarar el Día de Fernando Valenzuela el 1 de noviembre, cobra un significado póstumo aún más profundo. Fue una jugada maestra, ya que el 2 de noviembre es el tradicional Día de Muertos, enlazando dos celebraciones con un profundo toque mexicano.
Este acto de poder político y celebración cultural contrasta directamente con la retórica anti-inmigrante. Al honrar a un ícono que unió a mexicanos a ambos lados de la frontera, Newsom solidifica su apoyo en un electorado mexicano crucial, utilizando este reconocimiento como un acto de diplomacia interna que fortalece los lazos con la comunidad.
La posible postulación de Newsom también catapulta al senador Alex Padilla hijo de padres, uno de Chihuahua y otro de Jalisco, a la posición de potencial vicepresidente de los Estados Unidos. Padilla, quien representa la herencia y la base demográfica de los New Mexicans, podría convertirse en el primer mexicano-estadounidense en ocupar dicho cargo.
Hipotéticamente, esto lo colocaría como el candidato natural para ser el primer presidente de los Estados Unidos de ascendencia mexicana, un símbolo de la cristalización del poder político de esta población, muy a pesar del trauma que genera la alienación demográfica del presidente Donald Trump.
La juventud y el voto del mañana: El senador Padilla no solo representa la herencia; también encarna la voz de una nueva generación de New Mexicans. Su perfil conecta directamente con el voto joven y la alta tasa de natalidad de la diáspora (comunidad), que garantiza que su influencia política seguirá creciendo. Su posible ascenso a la vicepresidencia enviaría el mensaje de que el futuro de la democracia estadounidense no se definirá en Washington, sino en la energía, la juventud y la demografía del Suroeste.
Para enfrentar la presión del gobierno federal y el uso de ICE como brazo de presión contra las comunidades mexicano-americanas, es indispensable un frente de resistencia o «barrera azul» con el apoyo de gobernadores demócratas clave: Gobernadora Katie Hobbs (Arizona), gobernadora Michelle Lujan Grisham (Nuevo México), gobernadora Tina Kotek (Oregón), gobernador J. B. Pritzker (Illinois), gobernadora Kathy Hochul (Nueva York) y gobernador Bob Ferguson (Washington).
El Pacífico Noroeste (PNW), que incluye a Washington y Oregón, es una región fundamental para el concepto de los New Mexicans, extendiendo su alcance más allá del suroeste tradicional. Contrario a la percepción popular, estados como Washington han experimentado un crecimiento exponencial de la población de origen mexicano, la cual se ha convertido en una fuerza laboral crítica en la agricultura, la tecnología y el comercio.
El gobernador de Washington, Bob Ferguson, ha demostrado su reconocimiento a esta diáspora (comunidad) al declarar la semana de la herencia mexicana, un gesto que resuena profundamente con el soft power de la comunidad.
Este frente en el PNW es estratégico, pues no solo suma votos, sino que le da a Newsom una base de apoyo que abarca toda la Costa Oeste, desde la frontera con México hasta Canadá. La diáspora (comunidad) mexicana en esta región es un testimonio de la expansión y la diversidad económica de los New Mexicans, que apoyarán a Newsom por sus políticas a favor de los derechos laborales, la protección de los inmigrantes y la defensa de la diversidad cultural.
El PNW solidifica la narrativa de que el apoyo a Newsom no es un fenómeno local de California, sino un movimiento de alcance nacional.
El Poder de la cultura como arma política: La fuerza de este frente radica en el uso estratégico del soft power mexicano. La resistencia no se limita a decretos. Se ejerce en cada plato de comida, en la música regional y en la popularidad de íconos deportivos.
El Mundial de 2026 y los juegos olímpicos de Los Ángeles 2028 no serán solo eventos deportivos, sino escaparates globales donde la cultura de los New Mexicans dictará la tendencia, demostrando que aquello que Trump intentó marginar es, de hecho, el capital cultural y económico más vibrante de la nación. Este soft power es la prueba de que, mientras ICE siembra miedo, la cultura siembra influencia y poder.
El ascenso de Gavin Newsom a la palestra presidencial no es simplemente la historia de un político ambicioso; es la manifestación política de una profunda revolución demográfica y cultural liderada por los New Mexicans.
Sobre el autor
Fernando Arango Ávila es jurista y académico. Doctor en Ciencias de lo Fiscal, y actualmente cursa un posdoctorado en Derecho. Actualmente, combina su experiencia práctica con su labor investigativa. Escribe: drarango83@gmail.com.
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