Opinión
Cómo se gasta el dinero de la reconstrucción de México

La reconstrucción de México.
Con los desafortunados acontecimientos de las últimas semanas en México, me refiero a los terremotos, se ha generado una exigencia de la sociedad que parece evidenciar una disyuntiva, en su punto más claro, con la administración del dinero que actualmente tienen los partidos políticos como actores del gobierno.
A la par de esta exigencia que, por cierto, han capitalizado hábilmente los partidos políticos, desde el gobierno federal y el sector empresarial también se han materializado instrumentos que permitirán la reconstrucción de las zonas afectadas, a partir de fideicomisos, principalmente.
Ante estos dos procesos -reconfiguración del gasto de los partidos políticos y fideicomisos para la reconstrucción del país- prevalecen dos narrativas que en algunos sectores de la sociedad mexicana simplemente no se comunican y se plantean como caminos que, en sí mismos, se aíslan bajo la propia retórica de los actores que les promueven.
De la palabra a la realidad
Me explico. En la discusión sobre los recursos que tienen los partidos políticos se ha concentrado el análisis sobre el “tipo de gasto” ofrecido para la reconstrucción. En un extremo tenemos aquellos partidos que ofrecieron porcentajes de su gasto operativo y, por el otro, aquellos que efectivamente ofrecieron los recursos destinados a la campaña electoral de 2018, siendo estos últimos claramente superiores a los de su gasto operativo anual.
Otra parte de la discusión se ha concentrado también en corregirles la plana, al puntualizar que estos partidos no están haciendo “donaciones” de esos recursos, ya que les pertenecen a los mexicanos.
Una discusión adicional se concentra en la legalidad de modificar el destino de dichos recursos y una última, sobre los riesgos de permitir financiamiento privado en las campañas electorales -entiéndase también la preocupación por la narco política-.
Rendición de cuentas, señores
En esta discusión los propios actores, partidos políticos, INE, periodistas, juristas y sociedad civil están enfocados a comentar sobre la fuente de estos recursos, pues de manera general, se entiende que serán destinados para la reconstrucción del país y por ello no se profundiza en aquellos mecanismos que permitirán revisar cómo se gastarán adecuadamente.
Dicho de otra forma, a la sociedad y al ciudadano lo enfocan en el análisis del origen y la fuente de este financiamiento, más que en su proceso de rendir cuentas sobre cómo se va a gastar.
¿Qué tan distinto hubiera sido una propuesta entre los partidos políticos para asignar ese dinero a la reconstrucción del país, pidiendo también, un mecanismo que transparentara de forma efectiva los resultados de esta propuesta e incluso se involucrara en alguna medida?
Ese es otro enfoque que, desafortunadamente, los partidos políticos no pueden promover en la actualidad dada su tan desgastada autoridad moral en épocas recientes.

¿Qué criterios aplicarán para entregar dinero y contratos a empresas? Foto: Especial.
De fideicomisos
Desde la perspectiva del ¿para qué y cómo se gastarán estos recursos? tanto la clase empresarial como el gobierno federal han comentado la existencia de fideicomisos para la reconstrucción. Es decir, nos están indicando la forma técnica como se agruparán y ejecutarán estos recursos para beneficio de las zonas afectadas.
En esta visión también prevalece una narrativa que no permite al ciudadano comprender su máximo alcance. Básicamente, parte de la discusión se ha concentrado en el análisis de juntar recursos públicos con privados en estos fideicomisos, así como la necesidad de criterios mínimos para transparentar su uso.
No obstante, como ciudadanos no sólo queremos que se transparenten, sino que se gasten efectiva y eficientemente, y en caso contrario se ubique y sancione a los responsables. Es decir, que se establezca este proceso y estos instrumentos -fideicomisos- en un marco de rendición de cuentas donde se transparenten, se informe cómo se gastaron y en caso que haya alguna omisión, también se sancione a los responsables.
Por ejemplo, ¿qué criterios aplicarán para entregar dinero y contratos de reconstrucción a empresas constructoras que tienen casos recientes de corrupción en su historial? ¿Sabemos qué actor gubernamental tendrá el liderazgo moral para hacer estas valoraciones?
Información y acciones claras
En síntesis, el ciudadano y la sociedad resulta informada de estos procesos, pero tiene una comprensión acotada de un fenómeno: la adecuada rendición de cuentas sobre los recursos administrados por el gobierno y su reasignación para la reconstrucción del país.
Los actores políticos actualmente ubican al ciudadano en la disyuntiva de comprender qué es más importante, si conocer de donde vienen los recursos destinados a la reconstrucción, o bien, saber cómo se van a gastar.
Realmente, lo que deberíamos ver es un movimiento de rendición de cuentas que haga natural la toma de decisiones desde el gobierno y la sociedad, donde sea obvio que los recursos para las campañas son aquellos que deben aclararse en términos de su impacto, resultados y beneficios sociales, y por ello, son los primeros que se exigen para reconstruir a las zonas afectadas y, por otro lado, que la presencia de fideicomisos, principalmente aquéllos con carácter privado para beneficio público, deben entrar a una nueva dinámica donde es indispensable impulsar criterios mínimos sobre sus resultados, y dejar de lado aquellos mínimos que simplemente los permiten caracterizar como “transparentes”.
Mauricio Hernández estudió políticas públicas, ha trabajado en temas de rendición de cuentas, educación y democracia desde el gobierno. Actualmente está vinculado en proyectos del LID, relacionados con participación ciudadana y transparencia.

Opinión
Ojo, así se roban tus datos personales

Estimado lector, para mí es un privilegio volver a escribir estas líneas luego de una muy larga ausencia. Sin embargo volveremos a encontrarnos en esta columna cada quincena, analizando los temas de actualidad relacionados con la protección de nuestros datos personales y la privacidad que acontecen tanto en nuestro País como en el mundo.
Evidentemente no podemos dejar de comentar lo sucedido en días pasados en Guadalajara, donde existía -y seguramente siguen existiendo- un call center debidamente instalado para llevar a cabo extorsiones que se extendían no solo al resto de Jalisco, sino hasta a otros veinte estados más de nuestra República, afectando a más de 26 mil personas con llamadas fraudulentas y extorsiones.
Afortunadamente se desmanteló y según declaraciones oficiales se están realizando colaboraciones con instituciones de las demás entidades afectadas, para descubrir a todas las víctimas y por supuesto, invitarlas a denunciar, lo que resulta en una tarea titánica para las autoridades; pero al parecer no lo fue para aquellos cuyo modus vivendi consistía en realizar este tipo de nada honrosas actividades.
Datos personales de los afectados
En ese sentido caben muchas reflexiones, pero la primera es preguntarnos de dónde obtenían la materia prima, es decir, los datos personales de aquellos afectados. Aunque las respuestas pueden variar, quiero que centremos nuestra atención en dos fuentes principales.
La primera y la originaria por excelencia siempre seremos, desafortunadamente, Usted y yo, querido lector. Es decir, nosotros como titulares, dueños de esos datos personales que elegimos, muchas veces sin pararnos a reflexionar en ello, a quién, cómo y para qué le compartimos esta importantísima información.
Y digo que muchas veces sin reflexionarlo lo suficiente, porque participamos a otras personas de manera voluntaria, para poder obtener un bien o servicio; para pedir nuestros alimentos cuando no tenemos tiempo de prepararlos en casa; al inscribirnos a un curso o a nuestros hijos a la escuela, por citar ejemplos cotidianos. Pero también lo hacemos de manera involuntaria, por ejemplo cuando descargamos aplicaciones en nuestro teléfono inteligente o tableta y compartimos datos que no son necesarios; cuando somos poco discretos en una conversación o bien, ¿cuántas veces no hemos tirado a la basura documentación que contiene nuestro nombre u otros datos más sensibles, como nuestra CLABE interbancaria? Seguramente, muchas veces.
Ignoramos el valor de nuestros datos
La segunda causa de obtención de esta información es por medio de aquellos que manejan datos personales, es decir, los responsables si son particulares, o bien los sujetos obligados de orden público. Según me ha tocado atestiguar, parece que cuando la información no nos pertenece, dejamos de tener cuidado en su manejo. Se despersonaliza y solo vemos números, estadísticas, pero olvidamos que detrás de esas cifras, direcciones o palabras, se encuentra una persona que puede verse perjudicada por nuestro descuido de custodia de la información durante el ciclo de vida de los datos personales.
En fin, aunque difícilmente sabremos cómo se obtuvo esa información, es una realidad que decenas de miles de personas se vieron seriamente perjudicadas no solo en su patrimonio, sino muy seguramente hasta en su tranquilidad diaria, por este tipo de acciones ilegales. La invitación es a que le demos la importancia debida a esta información que es tan importante. La que nada más y nada menos, nos hace únicos y nos permite interactuar con el resto de quienes nos rodean. Si tenemos conciencia de la importancia de nuestros datos personales, seguramente nos daremos cuenta de la relevancia que también tiene la información relativa a otras personas.
La tarea primordial
En un entorno tan cambiante como el que vive nuestro mundo y especialmente, nuestro Estado de Derecho, la tarea primordial con la que contamos es velar porque nuestros derechos a la protección de datos personales y la privacidad no sean violentados y es más, que puedan ser garantizados, sobre todo ante la inminente desaparición de los Órganos Garantes en la materia, de lo que hablaremos en nuestra próxima entrega.
Sobre la autora
Ana Olvera es profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, con intereses en privacidad, bioética y neuroderechos.
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Opinión
La extinción de los institutos de transparencia: ¿falta de empatía o indiferencia?

A veces, hablar de datos personales, de su protección y nuestra privacidad, resulta sumamente abstracto. Aunque incluso trabajemos con ellos, pensemos en la recepcionista de un consultorio médico o el propio profesional de la salud. O en la persona a la que le pedimos la pizza o la comida que consumiremos en ese momento.
Ahora pensemos en las veces que entramos a ciertas redes sociales, como X, Facebook o LinkedIn y encontramos explicaciones acerca de lo importante que es proteger nuestros datos personales, o bien, explicaciones de las resoluciones (que a veces se adjuntan completas) y que más bien, parecen para un público un poco más especializado, que tal vez no seremos nosotros -que solo buscamos un momento de distracción-. En no pocas ocasiones, este tipo de situaciones pasan desapercibidas hasta que somos víctimas de robo de identidad, alguna extorsión o una estafa.
En este sentido cabe preguntarnos al menos dos cosas. La primera, la razón por la que optamos por la indiferencia ante la violación de la privacidad, que se arraiga en una compleja red de factores. La omnipresencia de la tecnología ha normalizado la vigilancia, desensibilizando a muchos ante la vulneración de sus datos personales. La complejidad de las políticas de privacidad y los algoritmos opacos genera una sensación de impotencia, alimentando la resignación. Además, la gratificación inmediata de los servicios digitales y la falta de consecuencias tangibles de la pérdida de privacidad fomentan una actitud apática e incluso, indolente. A esto se suma la polarización social, que fragmenta la empatía y dificulta la acción colectiva en defensa de un derecho fundamental.
La falta de involucramiento nos aísla de nuestra comunidad. Nos desconectamos de los problemas que nos afectan a todos, como la pobreza, la desigualdad, la violencia, la inseguridad y el cambio climático. Nos volvemos indiferentes al sufrimiento de los demás, perdiendo nuestra capacidad de empatía y solidaridad.
Pero la segunda es igualmente preocupante. ¿Qué pasó con el trabajo de los organismos garantes? ¿Fue acaso incapacidad de transmitir e incluso educar al pueblo mexicano? ¿De “conectar”, empatizar? Por que los festivales, las fotos, los congresos o simposios, salvo muy honrosas excepciones, siempre iban dirigidos a cualquier público distinto a lo que han dado por llamar “el ciudadano de a pie”. O como dirían los políticos en este momento histórico, “el pueblo bueno”, ese que difícilmente, con la pobre comunicación de los “expertos” y además con pocos recursos a la mano, comprendió la importancia de un andamiaje institucional como el que logró crearse en materia de transparencia y protección de datos personales. Tal vez eso explique la indiferencia en su defensa.
No cabe duda que asistimos y en gran mayoría, las y los mexicanos solo estamos meramente atestiguando los cambios estructurales que nuestro país esta viviendo. En ese sentido, claro que vivimos una transformación. No sé cuál. Pero bien haríamos en hacer a un lado esa indiferencia, para al menos intentar entender cómo afectarán al ejercicio y garantía de nuestros derechos fundamentales.
No involucrarse en la vida del país también tiene un costo personal. Cuando nos alejamos de los asuntos públicos, renunciamos a nuestro derecho a ser escuchados y a contribuir al bienestar de nuestra sociedad. Nos convertimos en meros espectadores de nuestro propio destino, sin voz ni voto. En un mundo cada vez más interconectado, los problemas que enfrentamos son complejos y requieren soluciones colectivas. La participación ciudadana es esencial para construir un futuro más justo, próspero y sostenible para todos. No podemos permitirnos el lujo de la indiferencia.
Es hora de despertar de la apatía y asumir nuestra responsabilidad como mexicanos. Involucrémonos en los asuntos públicos, hagamos oír nuestra voz, exijamos transparencia y rendición de cuentas. Solo así podremos construir el país que queremos y merecemos.
Sobre la autora
Ana Olvera es profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, con intereses en privacidad, bioética y neuroderechos.
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