Crisis del agua: gobernabilidad y responsabilidades

La crisis hídrica de la Zona Metropolitana de Guadalajara ha entrado en una nueva fase. La movilización del domingo 18 de octubre de 2026 incorporó un factor adicional de inestabilidad con los destrozos y los incendios provocados por un grupo de encapuchados en edificios públicos del Centro Histórico, entre ellos el Palacio de Gobierno, el Congreso del Estado de Jalisco e instalaciones del Poder Judicial.

Este episodio se da una semana después de la manifestación del 11 de octubre, en la que la intervención policial derivó en detenciones y denuncias por uso excesivo de la fuerza. Al 15 de octubre, el Gobierno del Estado había confirmado investigaciones contra 17 policías; el 16 de octubre, cuatro manifestantes fueron vinculados a proceso, aunque enfrentarán el juicio en libertad.

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La interpretación central es que tenemos ahora una crisis con varias aristas: hídrica, sanitaria, de confianza institucional, de derechos humanos y de seguridad pública. Los daños a edificios gubernamentales son hechos que deben investigarse y sancionarse, pero no eliminan ni resuelven las demandas ciudadanas que originaron las movilizaciones.

En este punto, resulta más que necesario distinguir tres actores: quienes protestan pacíficamente por agua de calidad y segura, quienes cometieron actos violentos o daños patrimoniales, y las autoridades responsables de garantizar el servicio del agua, proteger los derechos y preservar el orden público dentro de la ley. Confundirlos puede distorsionar el conflicto.

Lo primero que debemos preguntarnos es: ¿cuáles son las causas estructurales de la crisis del agua que estamos padeciendo? En un intento por encontrar posibles respuestas, ubico, por lo menos, cinco causas estructurales que enumero enseguida:

1. Un sistema de abastecimiento envejecido y vulnerable. La planta potabilizadora de Miravalle comenzó a operar en 1956 y fue ampliada posteriormente. Parte de la infraestructura de conducción, almacenamiento y distribución ha envejecido sin una renovación integral acorde con las exigencias actuales. La llegada de agua con una carga contaminante elevada somete a mayor presión a un sistema que no fue diseñado para las condiciones actuales.
2. Contaminación de las fuentes y de los sistemas de conducción. La contaminación de la cuenca Lerma-Santiago, las descargas residuales y los problemas del sistema antiguo de Chapala constituyen factores documentados de la crisis. La investigación académica identifica, desde hace décadas, los problemas de distribución, contaminación, ineficiencia y deterioro ambiental de la cuenca.
3. Crecimiento urbano y planeación hídrica insuficiente. El crecimiento de la metrópoli aumentó, de manera lógica, la presión sobre las fuentes y las redes. La demanda urbana, el desarrollo inmobiliario y la expansión territorial requieren inversiones y controles que deben planearse con décadas de anticipación.
4. Rezago de mantenimiento y debilidades de gestión. Los problemas de mantenimiento, las deficiencias de supervisión y las dudas sobre la suficiencia de los controles de calidad muestran que la crisis también es administrativa. Diagnósticos publicados documentan fallas en infraestructura, potabilización y monitoreo.
5. Déficit de confianza y respuesta institucional tardía. La falta de información suficientemente clara sobre la calidad del agua, la incertidumbre sobre las soluciones y el impacto de los cortes del suministro contribuyeron a que una demanda de servicios públicos se convirtiera en movilización social. Un clavado a diversos medios de comunicación nos muestra la indignación ciudadana y la combinación de contaminación, infraestructura deficiente y problemas históricos de gestión.

Obviamente, la crisis no tiene un solo origen ni puede atribuirse exclusivamente a una sola administración. Desde Guillermo Cosío y Carlos Rivera Aceves hasta Pablo Lemus, pasando por Alberto Cárdenas Jiménez, Francisco Ramírez Acuña, Emilio González Márquez, Jorge Aristóteles Sandoval y Enrique Alfaro, debieron hacer algo al respecto, pero por alguna causa postergaron las medidas necesarias ante los riesgos advertidos.

Es necesario distinguir entre el crecimiento y desarrollo de la vulnerabilidad, las oportunidades de corregirla y la responsabilidad por la gestión de los problemas actuales. La prevención debió comenzar décadas atrás. La crisis de Chapala entre 1989 y 2004 fue una advertencia estructural, mientras que la prolongada postergación del acueducto sustituto demuestra que la renovación del sistema no fue una prioridad resuelta de manera continua. El problema de gestión pasó por varias administraciones antes de volver a plantearse como una necesidad urgente en la actualidad.

En administraciones anteriores, las acciones que se llegaron a implementar no fueron suficientes ni evitaron que la metrópoli llegara a una situación de deterioro de la calidad del agua y necesidad de racionamiento. Para asignar responsabilidades por administración con rigor, habría que comparar presupuestos, proyectos, auditorías, alertas y decisiones de cada una de ellas. Algo que escapa a las intenciones de esta columna.

El problema actual nos muestra que la evolución de la crisis durante octubre es relevante porque cada episodio modificó la naturaleza del conflicto. La manifestación del 11 de octubre por agua limpia terminó con detenciones, lesiones y denuncias por uso excesivo de la fuerza. El Gobierno estatal reconoció posteriormente la necesidad de investigar a agentes que presuntamente se apartaron de los protocolos.

Posteriormente, el Gobierno informó de investigaciones contra 17 policías. Además, cuatro manifestantes fueron vinculados a proceso, aunque enfrentarán su litigio en libertad. Estos hechos abrieron dos líneas de rendición de cuentas distintas: por un lado, la controvertida conducta policial y, por el otro, las responsabilidades individuales de los manifestantes. La protesta del 18 de octubre mantuvo las demandas de agua segura y esclarecimiento de los abusos. Durante la jornada, un grupo de encapuchados provocó daños e incendios en accesos a edificios públicos del Centro Histórico y comercios.

Con lo anterior, estamos ante una nueva dimensión de la crisis. La discusión pública ya comprende el derecho al agua, la actuación de las fuerzas de seguridad, la protección de edificios públicos, la investigación de los actos violentos y las garantías para que la ciudadanía pueda seguir manifestándose pacíficamente. Los hechos del 18 de octubre no deben utilizarse para atribuir responsabilidad colectiva a todos los participantes de la marcha.

Los actos violentos añaden tres riesgos políticos. Primero, el desplazamiento de la agenda. Los daños a edificios públicos pueden concentrar la atención en el orden público y relegar temporalmente el problema sanitario que originó las protestas. Segundo, presión sobre la estrategia de seguridad. El Gobierno deberá explicar cómo protegió los edificios, qué medidas preventivas adoptó y por qué la intervención policial fue o no suficiente, según la evidencia disponible. Tercero, la polarización del conflicto. Pueden aumentar las presiones para endurecer la respuesta policial, mientras organizaciones civiles y manifestantes pacíficos exigen garantías contra nuevos abusos. La respuesta institucional debe mantener dos principios simultáneos: investigar y sancionar los daños acreditados, y proteger el derecho de manifestación pacífica. Ni los actos vandálicos justifican una represión indiscriminada ni las denuncias de abuso policial justifican ignorar los delitos que puedan acreditarse.

En este momento, el Gobernador Pablo Lemus enfrenta una doble exigencia de resultados y legalidad. La ciudadanía no solo evalúa si recibe agua limpia, además evalúa si las autoridades responden con transparencia, proporcionalidad y capacidad para garantizar la seguridad pública. Los destrozos del 18 de octubre no eliminan la responsabilidad del Gobierno de esclarecer la actuación policial del día 11. Tampoco demuestran, por sí mismos, que los daños fueran ordenados por el Gobierno o que los responsables pertenecieran a una organización determinada. Esas afirmaciones requieren pruebas.

La legitimidad del Gobernador podría deteriorarse más si la administración intenta resolver la crisis exclusivamente mediante una narrativa de seguridad, sin corregir el servicio y sin dar resultados sobre las investigaciones. También podría recuperar margen de acción si diferencia claramente a los manifestantes pacíficos de quienes cometieron actos violentos y atiende las demandas de fondo.

A continuación, planteo de manera prospectiva tres posibles escenarios de la gobernabilidad en Jalisco.

1. Reconducción negociada y reforma de la gobernanza hídrica (escenario optimista)

El gobierno reconoce públicamente errores en la gestión del agua y en la represión, establece una mesa de diálogo vinculante con organizaciones ciudadanas, el sector académico y la Federación; se anuncia un plan integral con plazos, inversión y mecanismos de transparencia para renovar potabilizadoras, reducir descargas contaminantes y redefinir el uso de Chapala y El Zapotillo; se revisan protocolos de uso de la fuerza y se garantiza no criminalizar la protesta pacífica.

Lo anterior traería como repercusiones la recuperación parcial de la legitimidad del gobernador como líder capaz de corregir el rumbo; la disminución de la conflictividad en las calles y la canalización del descontento hacia procesos institucionales, así como el fortalecimiento de la gobernabilidad metropolitana mediante nuevas reglas y órganos de coordinación.

2. Tratamiento del conflicto como asunto de seguridad pública y deriva autoritaria (escenario pesimista)

El gobierno enfatiza y fortalece la narrativa de encapuchados y desmanes, endurece la respuesta policial y judicial, amplía investigaciones y detenciones, y minimiza la discusión sobre la calidad del agua; se impulsa la privatización parcial del servicio como solución técnica rápida, sin participación social ni transparencia. Se mantiene la opacidad sobre diagnósticos sanitarios y avances de obras.

En este escenario, el Gobierno puede enfrentar una dinámica de retroalimentación negativa: nuevos episodios de violencia justifican mayores medidas de seguridad; estas generan nuevas denuncias o restricciones, y el conflicto original por el agua permanece sin solución suficiente.

Lo que traería como consecuencias una escalada de confrontaciones, aparición de más grupos radicales y posible extensión del conflicto a otros temas (seguridad, transporte, corrupción); pérdida profunda de legitimidad y aumento de la intervención de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos; riesgo de una crisis política mayor, como parálisis legislativa, renuncias, intentos de destitución y fuerte intervención federal.

3. Estancamiento prolongado y desgaste institucional (escenario intermedio)

Se anuncian medidas parciales (racionamiento, obras puntuales) sin un plan integral ni reconocimiento pleno de responsabilidades; las protestas continúan, pero con menor intensidad y mayor fragmentación; el tema del agua se mantiene como herida abierta; la represión se vuelve selectiva, sin grandes operativos, pero con vigilancia y procesos judiciales que generan incertidumbre.

Aumentarían los costos de negociación, la presión sobre las instituciones y la dificultad para construir acuerdos. La legitimidad gubernamental podría deteriorarse en las dimensiones de resultados, legalidad y confianza social. El conflicto podría trasladarse al Congreso, a los organismos de derechos humanos y a la agenda nacional.

Esto conllevaría una gobernabilidad de baja intensidad: el sistema sigue funcionando, pero con alta desconfianza y baja cooperación ciudadana; el gobernador conserva el cargo y no remueve a integrantes de su gabinete, pero con legitimidad erosionada y capacidad limitada para impulsar reformas estructurales; la crisis del agua se convierte en símbolo de la incapacidad estatal, afectando la credibilidad de futuras políticas públicas.

Conclusiones

La crisis hídrica de la Zona Metropolitana de Guadalajara constituye el resultado de vulnerabilidades acumuladas durante décadas: dependencia de fuentes expuestas a contaminación, infraestructura envejecida, rezagos de mantenimiento, crecimiento urbano y dificultades de coordinación institucional. La responsabilidad histórica debe distribuirse conforme a las decisiones, recursos y omisiones acreditables de cada administración, sin ignorar que el Gobierno actual tiene la responsabilidad inmediata de atender la emergencia.

Los acontecimientos del 11 y del 18 de octubre modificaron el problema político. La actuación policial puso bajo escrutinio el ejercicio de la fuerza pública; los destrozos posteriores añadieron una exigencia de protección de los edificios públicos y de investigación de los actos violentos. Ninguno de esos episodios resuelve la causa original de la protesta.

La administración de Pablo Lemus enfrenta, por tanto, una prueba simultánea de eficacia, legalidad y legitimidad. Su capacidad para recuperar margen de gobernabilidad dependerá de demostrar que puede garantizar agua segura, investigar los abusos que se acrediten, sancionar los daños comprobados y preservar el derecho a manifestarse pacíficamente.

También será necesario cambiar la narrativa del Gobierno del Estado sustentada en mencionar que los causantes son «encapuchados… provocadores profesionales que no son de aquí… desmanes causados por grupos con intereses aviesos», etc. El Gobierno de Lemus debe transitar hacia una narrativa de responsabilidad compartida y solución estructural para reconocer la legitimidad del reclamo por agua, así como diferenciar claramente entre protesta pacífica y actos de vandalismo o infiltración; debe involucrar liderazgos sociales y académicos como mediadores para reconstruir puentes de confianza, darles lugar en anuncios de política hídrica y en la supervisión de obras, y algo muy urgente: diseñar un protocolo específico para manifestaciones en sedes de poder (Palacio de Gobierno, Legislativo y de Justicia) que combine protección de edificios con garantías de expresión, evitando que el conflicto se convierta en un juego de fuerza simbólica sobre el espacio público.

La crisis dejó de ser únicamente un problema de agua porque la ciudadanía ahora percibe y alimenta una crisis de confianza en las instituciones. La salida sostenible consiste en garantizar seguridad pública y derecho a la protesta social, ambas dentro del Estado de derecho, mientras se corrige el problema hídrico que originó el conflicto.

Sobre el autor

José de Jesús Gómez Valle es analista político. Profesor Investigador en el CUCSH de la UdeG. Contacta: jose.gomezvalle@gmail.com y en X: @jgomezvalle.