Siete meses que explican la crisis de agua en la ZMG

Hay crisis que comienzan mucho antes de aparecer en los titulares. La del agua en Guadalajara lleva décadas bajo tierra, entre tuberías envejecidas, obras postergadas y decisiones que nunca llegaron a tiempo. Pero este año dejó de ser un problema de infraestructura para convertirse en una exigencia ciudadana imposible de ignorar.

La historia reciente puede contarse en siete meses.

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En marzo, el Gobernador Pablo Lemus solicitó apoyo federal para financiar proyectos hídricos. En julio, las gestiones y diferencias sobre los recursos llegaron al debate público. En octubre, mientras miles de familias denunciaban agua turbia y maloliente, las manifestaciones ocuparon las calles de Guadalajara.

El 11 y el 18 de octubre, la ciudadanía hizo visible una demanda elemental: agua limpia. La segunda jornada también terminó con disturbios y daños materiales que deben investigarse, sin confundir la actuación de grupos violentos con el derecho de miles de personas a protestar pacíficamente.

En medio de la tensión apareció una pregunta inevitable: ¿a quién beneficia políticamente el deterioro de la confianza en las instituciones?

La proximidad del proceso electoral de 2027 añade una dimensión política al conflicto. Se renovarán ayuntamientos y congresos, y Jalisco es una de las entidades gobernadas por una fuerza distinta a Morena. Dicen que en política no hay coincidencias, y aunque hay una evidente cercanía entre una crisis y el calendario electoral, lo que sí puede examinarse son las decisiones, los recursos y los tiempos de respuesta.

Jalisco ocupa un lugar relevante en la economía nacional. Su industria electrónica, sus exportaciones y su producción agroalimentaria forman parte de cadenas de valor que trascienden sus fronteras. Como ocurre con todas las entidades, sus habitantes y empresas contribuyen a la recaudación nacional, mientras las necesidades de infraestructura requieren coordinación entre distintos órdenes de gobierno.

En una república federal, los recursos públicos no deberían depender de coincidencias partidistas. Tampoco la atención a las emergencias.

El 21 de octubre llegó un anuncio que modificó el escenario: la Presidenta Claudia Sheinbaum planteó una aportación federal para el acueducto sustituto Chapala-Guadalajara y obras complementarias de El Zapotillo. Por su parte, Lemus anunció una inversión estatal para modernizar Miravalle, construir el desvío de La Calera y mejorar los colectores.

En conjunto, se perfila un programa de entre 22 mil y 25 mil millones de pesos (mdp). Los montos, proyectos y mecanismos de ejecución todavía deberán concretarse.

De lo malo, algo que puede resultar bueno: la crisis abrió una ruta de cooperación que meses atrás parecía distante.

Sin embargo, un anuncio presupuestal no equivale a una obra concluida. Mucho menos a agua potable en los hogares. Harán falta calendarios públicos, contratos transparentes, vigilancia de las descargas contaminantes y mediciones independientes de calidad.

También corresponde reconocer el papel de la ciudadanía. Las manifestaciones colocaron una necesidad básica en el centro de la conversación pública.

El artículo cuarto constitucional no distingue colores partidistas: el acceso al agua suficiente, salubre, aceptable y asequible es un derecho humano. Su cumplimiento exige responsabilidades federales, estatales y municipales.

Queda entonces una lección para la política jalisciense: hay derechos que no reconocen fronteras.

Quizá esta crisis también deje una lección que trascienda el agua y las diferencias partidistas: es momento de resignificar el servicio público. Para todas las fuerzas políticas, gobernar y representar exige escuchar más, reconocer los problemas y entender que los acuerdos no son una renuncia a las convicciones, sino una responsabilidad frente a la ciudadanía.

Jalisco tiene una cultura política de participación, exigencia y debate que no debe subestimarse. La política no puede reducirse a la disputa por el poder; también debe ser la capacidad de construir acuerdos, asumir responsabilidades y tomar decisiones, incluso las difíciles. Al final, el servicio público recupera su sentido cuando las necesidades de la gente pesan más que las diferencias entre partidos.

Sobre la autora

Renata Hernández Flores es politóloga por la Universidad de Guadalajara y estratega en comunicación con más de diez años de experiencia en el diseño de contenidos, narrativas y estrategias de comunicación para gobiernos, instituciones públicas y proyectos con impacto social.