Del servicio público al crimen de Estado

Publicada

8 septiembre 2025

Por

El panorama regulatorio en México acaba de experimentar una transformación significativa. El 16 de julio de 2025, el Diario Oficial de la Federación publicó un Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), conocida como Ley Antilavado. Estas modificaciones no solo refuerzan las capacidades del Estado para combatir el lavado de dinero, sino que también integran explícitamente la lucha contra el financiamiento al terrorismo.

Si bien estos cambios son cruciales y representan un avance, la reforma omite un punto fundamental: la falta de una regulación específica y estricta para el sector público. Este, por su naturaleza, se ha convertido en una de las principales vulnerabilidades en la lucha contra la corrupción y el lavado de dinero en el país.

1. La nueva Ley Antilavado: Alcances y avances

La reforma a la Ley Antilavado fortalece la capacidad del Estado mexicano para combatir ilícitos financieros. Uno de los cambios más relevantes es la ampliación del objeto de la ley para incluir la investigación y persecución del financiamiento al terrorismo. Además, se endurecen las reglas para identificar al Beneficiario Controlador (BC), reduciendo el umbral de control del 50% a más del 25% del capital social, lo que obliga a quienes realizan actividades vulnerables a recabar documentación exhaustiva y a identificar al BC incluso si el cliente es una persona física.

Asimismo, la reforma introduce ajustes cruciales en las Actividades Vulnerables y sus umbrales de reporte. El sector de los Activos Virtuales (criptomonedas) ha sido objeto de cambios significativos, con una reducción drástica en el umbral para presentar avisos y la obligación de reportar incluso el cobro de comisiones. Para todos los sectores, se extiende el plazo para conservar la información y documentación de 5 a 10 años. Se impone la obligación de presentar Informes en ceros y, en caso de sospecha, emitir Avisos de 24 Horas a la autoridad, una medida de agilización y contundencia. También se introduce una definición formal de Personas Políticamente Expuestas (PEP) y se exige un seguimiento intensificado de sus operaciones.

2. El sector público: Un vínculo débil en la cadena de prevención

A pesar de los importantes avances de la nueva ley, un eslabón clave en la cadena de prevención permanece débil. La reforma no cataloga al servicio público como una actividad vulnerable ni impone a los funcionarios las mismas obligaciones de transparencia que a los actores del sector privado. La Ley Antilavado debería establecer que los servidores públicos, por su acceso a recursos y su posición de poder, son inherentemente vulnerables a la corrupción y el enriquecimiento ilícito. El servicio público implica la gestión de recursos de la nación y el manejo de información sensible para la seguridad del Estado. Por lo tanto, las actividades de los funcionarios, desde el manejo de presupuestos hasta la adjudicación de contratos, deben ser objeto del más alto escrutinio.

La urgencia de esta medida se ve respaldada por una serie de casos que han generado un severo cuestionamiento público. El ejemplo más reciente es el de Francisco Javier Antonio Martínez, un exfuncionario de la 4T, cuya historia de «taquero a millonario» expone una riqueza inexplicable, evidenciada por una costosa colección de vehículos de lujo que contrasta con sus ingresos declarados por tanto es imperativo que obligue a los funcionarios a rendir cuentas en plazos perentorios, como las 24 horas que se exigen al sector privado.

La clase política como actividad vulnerable

La justificación para esta reforma se encuentra en una serie de casos que han generado un severo cuestionamiento público y han revelado la necesidad de un mayor escrutinio. Se ha señalado, por ejemplo, al ministro de la Corte, Arístides Guerrero, por presuntamente no dar a conocer información sobre sus bienes y tarjetas de crédito, lo que genera una patente falta de transparencia. Por otro lado, la ostentación de bienes inmuebles ha levantado suspicacias, como en el caso del legislador Gerardo Fernández Noroña, quien presumió una casa de 12 millones de pesos, un valor que se cuestiona si puede ser cubierto con el salario de un legislador. En la misma línea, se le atribuye al vocero de Morena, Arturo Ávila, la posesión de una casa de lujo en los Estados Unidos.

Estos señalamientos, así como las detenciones de altos mandos, como la de un vicealmirante de la Marina y un miembro del SAT en Matamoros por el delito de «huachicol fiscal», o el sonado caso del General Cienfuegos detenido en el aeropuerto de Los Ángeles, evidencian que los actos de corrupción no se limitan a un solo poder o institución, sino que permean en todos los niveles del gobierno y las fuerzas armadas. La falta de transparencia en sus declaraciones patrimoniales o la imposibilidad de justificar sus bienes solo refuerza la necesidad de una catalogación como actividad vulnerable en la Ley Antilavado.

La legislación actual reconoce a las personas políticamente expuestas (PEP), pero esta categorización resulta insuficiente. Es imperativo que se abra un capítulo exclusivo en las actividades vulnerables de dicha ley para toda la clase política y los servidores públicos, dada la altísima incidencia de corrupción en este sector. Desde el Presidente de la República y los miembros de su gabinete, hasta gobernadores, presidentes municipales, ministros de la corte, jueces, magistrados, y miembros del SAT, la Sedena y la Marina, miembros del congreso de la unión, a mayor abundamiento diputados, senadores, toda persona que desempeñe un cargo público debe ser catalogada como actividad vulnerable. Esto garantizaría una mayor transparencia en el ejercicio de sus funciones y al concluir sus cargos.

3. Propuesta de reforma al Código Penal Federal: Un nuevo capítulo sobre traición a la Patria

Para que estas medidas tengan un verdadero efecto disuasorio, es indispensable una reforma al Código Penal Federal que eleve la penalidad para los servidores públicos que quebranten la Ley Antilavado. Se propone que estos actos sean catalogados como traición a la patria, un delito que refleje la gravedad del daño causado al socavar los cimientos del Estado. La pena por este delito sería de 40 a 60 años de prisión, destitución e inhabilitación perpetua. Para que esta reforma sea realmente efectiva, debe ir acompañada de la eliminación del fuero constitucional en estos casos. El fuero fue creado para proteger a los legisladores de represalias políticas, no para blindarlos ante actos de corrupción.

Se propone una reforma al Código Penal en la cual el funcionario o servidor público que infrinja la ley antilavado sea sujeto a la comisión del delito de traición a la patria. El pueblo les da la confianza para que desempeñen estos cargos públicos, y al cometer delitos como el lavado de dinero o el «huachicol fiscal», están traicionando claramente a la nación. Por lo tanto, el funcionario que quebranta la ley antilavado comete, por consecuencia, el delito de traición a la patria, el cual será exclusivamente para el sector ya comentado.

Para el delito de traición a la patria por cuestión de quebranto a la ley antilavado, no deberá de haber fuero constitucional, debido a que el funcionario lastimó a la nación con actos de corrupción en el ejercicio de sus funciones. Esto busca garantizar que quienes cometen estos delitos sean juzgados sin la protección que otorga el fuero.

Propuesta de reforma al Código Penal Federal

Capítulo II Bis. De la traición a la Patria cometida por servidores públicos

Artículo 127. Comete el delito de traición a la patria el servidor público que, por acción u omisión, en el ejercicio de su encargo o con motivo de este, se beneficie directamente o a través de interpósitas personas, de recursos de procedencia ilícita o participe en operaciones de financiamiento al terrorismo, en contravención a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y demás disposiciones aplicables.

Artículo 128. Se considerará autor del delito de traición a la patria a todo miembro en activo o retirado de las Secretarías de la Defensa Nacional (Sedena), de Marina (Semar), a los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a magistrados, ministros, jueces locales y federales, a ministerios públicos, a gobernadores, a presidentes municipales, a regidores, a síndicos, a miembros del Servicio de Administración Tributaria (SAT), a miembros de la unidad de inteligencia financiera (UIF), a miembros de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), diputados, senadores, todos los miembros del Congreso de la Unión, y a cualquier otro servidor público de cualquier nivel de gobierno, que incurra en los supuestos previstos en el artículo anterior.

Artículo 129. La pena de prisión señalada en el Artículo 126 del Código Penal Federal se aplicará, en su máximo, a los servidores públicos mencionados en el presente capítulo, sin importar si han sido declarados como «personas políticamente expuestas» por la Unidad de Inteligencia Financiera.

Artículo 130. Para los fines de esta reforma, se entenderá que el enriquecimiento inexplicable de un servidor público, la posesión de bienes que no correspondan a sus ingresos declarados o la participación en transacciones financieras sospechosas son indicios suficientes para iniciar una investigación por traición a la patria. La carga de la prueba para demostrar la licitud de los recursos recae en el servidor público.

4. Propuesta de reforma a la Ley Antilavado: Un nuevo capítulo de obligaciones

Además, se propone la inclusión de un nuevo capítulo en la Ley Antilavado, que establecerá explícitamente al servicio público como una actividad vulnerable:

Capítulo V Bis. De las obligaciones del servicio público

Artículo 26. El ejercicio del servicio público se considerará una actividad vulnerable por naturaleza, por lo que los funcionarios públicos estarán sujetos a las obligaciones de esta Ley y a las regulaciones específicas que de ella emanen.

Artículo 27. Los funcionarios públicos deberán rendir un informe completo de su situación patrimonial en un plazo máximo de 24 horas en caso de indicios de enriquecimiento ilícito, incluso si la operación no se concretó.

Artículo 28. Las personas sujetas a este capítulo deberán presentar una declaración de intereses, así como la información de todas sus cuentas bancarias, tarjetas de crédito, fideicomisos y empresas, tanto propias como de sus cónyuges y dependientes económicos, sin excepciones.

Artículo 29. Las autoridades competentes, como la Unidad de Inteligencia Financiera y la Secretaría de la Función Pública, podrán solicitar la información necesaria y realizar las investigaciones pertinentes sin necesidad de una orden judicial, siempre que existan indicios de un posible quebranto a la ley.

Conclusión contundente

La carencia de una regulación específica para la clase política, militar y judicial en la Ley Antilavado ha sido, a todas luces, el gran punto ciego en el análisis del gremio de abogados en México. Mientras las élites de juristas se enfocaban en la complejidad de las transacciones privadas, se pasó por alto que la corrupción en el sector público es la verdadera fuente de la impunidad y un factor determinante en el debilitamiento de las instituciones. Este fin de semana, los actos de corrupción expuestos al público—que involucraron a un miembro del SAT y a un vicealmirante de la Marina—son una demostración palpable de que la vulnerabilidad más grave reside en quienes, por su cargo, tienen la obligación de proteger a la nación y no de traicionarla. La propuesta de catalogar al servicio público como una actividad vulnerable no es solo una medida administrativa, sino una cuestión de seguridad nacional y de sanidad moral para el país.

El pueblo les confiere a estos servidores un mandato sagrado: el de administrar los recursos y velar por el bienestar de todos. Por ello, cuando un funcionario transgrede la Ley Antilavado, no solo comete un delito financiero, sino que traiciona la confianza de la nación que lo invistió de poder. En este sentido, la tipificación del lavado de dinero por parte de un funcionario como delito de traición a la patria es una medida de justicia elemental. Al usar sus cargos para enriquecerse ilícitamente, estos individuos lastiman profundamente a la nación, traicionan la esencia de la democracia y minan los cimientos del Estado de derecho. Es un acto de felonía que debe ser castigado con la máxima severidad, sin la protección de privilegios como el fuero constitucional.

De manera destacada y lamentable, esta omisión en el análisis de la Ley Antilavado había sido una constante en los círculos legales del país. A la fecha, el único que ha tenido la visión de proponer esta reforma integral es el suscrito autor del presente artículo, ya que he señalado la necesidad de catalogar a los políticos como una actividad vulnerable y de sancionar sus actos ilícitos como traición a la patria, haciendo evidente que la verdadera lucha contra la corrupción debe comenzar por los que tienen el deber de servir. El futuro de México y la integridad de sus instituciones dependen de que esta visión sea adoptada con la urgencia que la situación demanda.

Sobre el autor

Fernando Arango Ávila es jurista y académico. Doctor en Ciencias de lo Fiscal, y actualmente cursa un posdoctorado en Derecho. Actualmente, combina su experiencia práctica con su labor investigativa. Escribe: drarango83@gmail.com.

Temas relacionados

El abogado mexicano, un litigante invencible en el escenario binacional

También puede interesarte

Cómo México redefine la identidad americana

Comenta

La ‘Gestapo del mundo’

Publicada

6 enero 2026

06/01/2026

Por

Fernando Arango Ávila

La ‘Gestapo del mundo’ escribe Fernando Arango

La "Gestapo del mundo" solo avanza cuando los pueblos olvidan el valor de su propia ley. Foto: Especial.

El escenario geopolítico de 2026 nos sitúa frente a una de las encrucijadas más peligrosas del siglo XXI. La retórica de la administración Trump respecto a la detención de Nicolás Maduro en Venezuela bajo la bandera de «limpieza» y «restauración del orden» no debe leerse como un acto de filantropía internacional, sino como la instauración formal de una Gestapo del mundo: una policía global que no reconoce fronteras, tratados ni la autodeterminación de los pueblos.

Estados Unidos intervino en Venezuela bajo el argumento de erradicar un régimen, estableciendo un precedente jurídico aterrador: la muerte del Estado Soberano. La soberanía no es una concesión graciosa de las potencias, sino la base del orden internacional.

Si el mundo acepta que Washington puede «limpiar» una casa ajena sin mandato de la ONU y por encima de las leyes locales, estamos regresando a una Doctrina Monroe 2.0. Venezuela es hoy el laboratorio de una fórmula que mañana, con cualquier pretexto, se aplicará en el resto del continente.

Para México, el espejo de Venezuela es una advertencia directa. El argumento del narcotráfico y el fentanilo se ha convertido en el «caballo de Troya» para justificar una intervención en nuestro territorio. Es tentador para muchos ciudadanos, agotados por la violencia, aplaudir la entrada de la «Gestapo del Mundo» para erradicar al crimen organizado.

El argumento es simple pero devastador: «Tu casa está en desorden y el humo me molesta, así que entraré, sacaré a tu familia y yo manejaré tus cuentas». Como juristas, sabemos que el principio de par in parem non habet imperium (entre iguales no hay imperio) es la base de la civilización moderna. Si Donald Trump señala que Estados Unidos se hará cargo de la administración de un país soberano, está borrando de un plumazo décadas de Derecho Internacional. ¿Dónde queda el derecho de un pueblo a equivocarse o a corregir su propio rumbo?

Esta es la pregunta que nos quema las manos: ¿Qué pasaría en México? Los problemas del narcotráfico en nuestro País son una hidra de mil cabezas, un cáncer que ha permeado las instituciones. La tentación de decir «que vengan ellos y nos salven» es el canto de las sirenas para una sociedad agotada por la impunidad.

Sin embargo, como jurista, sostengo que el orden sin soberanía no es paz, es ocupación. Entregar la facultad de ejercer la fuerza pública a una potencia extranjera es abdicar de nuestra identidad y de nuestras instituciones. Si permitimos que «ellos» resuelvan nuestro problema de seguridad, les estamos entregando también el derecho de decidir sobre nuestras leyes, nuestra economía y nuestro futuro. La “Gestapo” no sólo busca criminales; busca el control absoluto del territorio.

Si el orden internacional se reduce a la voluntad del más fuerte de extraer y procesar a líderes extranjeros en cortes domésticas, entonces el sistema de tratados y la propia ONU han quedado obsoletos.

Es imperativo cuestionar nuestra propia identidad. Tenemos 60 millones de mexicanos una nación entera viviendo en el corazón de los Estados Unidos. ¿Cuál es su papel en esta crisis de soberanía?

No podemos seguir siendo una nación de espectadores que solo se reconoce como tal cada 15 de septiembre gritando una independencia de oropel, o cada 12 de diciembre rezando por un milagro ante la Virgen de Guadalupe. El folclore y la fe son pilares de nuestra cultura, pero la soberanía se defiende con agencia política, no con símbolos. Si esa enorme diáspora mexicana no despierta como un sujeto político capaz de influir en las decisiones del imperio, seguirán siendo testigos mudos de la erosión de su patria de origen.

La historia no tendrá misericordia con la generación que, por miedo o comodidad, entregó las llaves de la nación. La «Gestapo del mundo» solo avanza cuando los pueblos olvidan el valor de su propia ley.

México no necesita tutelaje; necesita instituciones sólidas, un Estado de Derecho inquebrantable y una ciudadanía que entienda que la soberanía es el único escudo que nos separa de ser una simple colonia administrativa. La pregunta no es si Trump puede entrar; la pregunta es si nosotros, como mexicanos, estamos dispuestos a dejar de serlo.

Sobre el autor

Continúa leyendo

Opinión

Gavin Newsom y la ‘nación’ de los 60 millones de mexicanos

Publicada

12 noviembre 2025

12/11/2025

Por

Fernando Arango Ávila

Gavin Newsom y la 'nación' de los 60 millones de mexicanos

El anuncio de las intenciones del gobernador de California, Gavin Newsom, de contender en las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos, marca un punto de inflexión con profundas implicaciones para el electorado de origen mexicano y la redefinición del poder en el país.

Este movimiento no sólo abre un camino de esperanza para millones de personas y New Mexicans, sino que consolida el liderazgo de un frente político que busca darle voz a la “nación” demográfica y cultural que emerge en el suroeste del país.

Este movimiento se respalda en la masa demográfica de 60 millones de mexicanos en Estados Unidos, una fuerza que, sumada al apoyo de una gran cantidad de mexicanos en México, podría representar una base electoral sin precedentes para Newsom.

El concepto de “The New Mexicans States of America” no es una propuesta secesionista, sino una etiqueta conceptual para describir una realidad demográfica y cultural irreversible.

En los estados de Nuevo México, Arizona y California, el poder del soft power mexicano ha gestado una diáspora (comunidad) con millones de personas que, juntas, suman una fuerza monumental entre esos 60 millones de mexicanos en Estados Unidos.

Esta “nación” latente ha conquistado silenciosamente el tejido social, económico y cultural del país a través de su influencia en la música, la gastronomía, el deporte y el comercio. A pesar de las persecuciones y el trauma generado por el uso del ICE como herramienta de presión demográfica, la cultura se ha convertido en la armadura y el motor de resistencia de esta población.

La conexión geográfica y la herencia común han permitido que California, Nuevo México y Arizona funcionen como un corredor cultural y económico. Esta alianza natural de estados del suroeste se convierte en el epicentro de esta nueva fuerza política.

Es aquí, en la cuna histórica del territorio mexicano en Estados Unidos, donde la diáspora ha mantenido viva su identidad, demostrando que las fronteras políticas no han logrado contener la unificación cultural. La cristalización de este poder es la respuesta pacífica a cualquier intento de alienación.

El ascenso de líderes como Gavin Newsom y la potencial vicepresidencia de Alex Padilla, es la constatación de que la revolución demográfica ha reescrito el mapa político desde dentro. La “Nación de los New Mexicans” está pasando de ser un poder cultural latente a una fuerza política activa. Al convocar a gobernadores clave y utilizar el soft power mexicano como estrategia, este movimiento busca construir una “barrera azul” de resistencia, transformando la resiliencia cultural en una palanca de poder electoral decisiva para las próximas elecciones presidenciales.

Newsom, al frente de California la cuarta economía mundial, se posiciona como un líder con la experiencia y la frescura necesarias para dirigir a los Estados Unidos. Su gestión como gobernador de California no solo se define por su capacidad para manejar una economía masiva, sino por una serie de logros progresistas que lo proyectan como el principal líder de la oposición a las políticas de la administración Trump.

Logros Clave de Gavin Newsom en California:

Protección de derechos reproductivos y sociales: Newsom ha consagrado protecciones en la Constitución de California para el aborto y las libertades reproductivas. Ha utilizado la autoridad de California para adquirir medicamentos clave y responder a interrupciones del suministro por motivos políticos.

Impulso a la clase trabajadora: Su administración ha impulsado legislaciones históricas para fortalecer a los trabajadores independientes, buscando mejorar las condiciones de vida de los californianos. Su oposición a la abolición de los acuerdos de contratación colectiva lo ha posicionado como un firme defensor de los derechos laborales.

Inversiones sociales masivas: Ha liderado la implementación de programas ambiciosos como el Pre-kínder universal y el financiamiento completo de comidas escolares gratuitas para todos los niños en California. También ha impulsado la expansión de programas de alfabetización y cursos de verano.

Abordando la crisis humanitaria y económica: Pese a las críticas por el alto costo de vida, la administraciónNewsom ha impulsado un enfoque progresista en la lucha contra la falta de vivienda. Más allá de la inversión récord en vivienda, el gobernador ha defendido la implementación de programas sociales innovadores, como el Care Court (Tribunal de Atención), diseñado para brindar tratamiento de salud mental y adicciones a personas sin hogar. Este tipo de políticas sociales complejas y audaces demuestran su disposición a enfrentar los problemas más difíciles del país, lo cual contrasta con las soluciones simplistas y punitivas que a menudo ofrece la oposición.

Resistencia y defensa migratoria: Newsom se ha convertido en una voz influyente a favor de los derechos de los inmigrantes, desafiando públicamente al gobierno federal. Ha movilizado a la Guardia Nacional para asistir en bancos de comida en respuesta a recortes federales y ha criticado duramente el despliegue de militares para tareas migratorias, advirtiendo que los regímenes autoritarios “empiezan por atacar a las personas con menos capacidad de defensa”.

Defensa del comercio transfronterizo y advertencia anti-Aranceles: Ha alertado consistentemente que las promesas de Trump de imponer un arancel del 25% a las importaciones mexicanas infligirían un daño económico devastador a California y a los consumidores. Al defender el libre comercio con México, Newsom protege el sustento de millones de New Mexicans que trabajan en sectores dependientes de este comercio transfronterizo.

El histórico gesto de Newsom al declarar el Día de Fernando Valenzuela el 1 de noviembre, cobra un significado póstumo aún más profundo. Fue una jugada maestra, ya que el 2 de noviembre es el tradicional Día de Muertos, enlazando dos celebraciones con un profundo toque mexicano.

Este acto de poder político y celebración cultural contrasta directamente con la retórica anti-inmigrante. Al honrar a un ícono que unió a mexicanos a ambos lados de la frontera, Newsom solidifica su apoyo en un electorado mexicano crucial, utilizando este reconocimiento como un acto de diplomacia interna que fortalece los lazos con la comunidad.

La posible postulación de Newsom también catapulta al senador Alex Padilla hijo de padres, uno de Chihuahua y otro de Jalisco, a la posición de potencial vicepresidente de los Estados Unidos. Padilla, quien representa la herencia y la base demográfica de los New Mexicans, podría convertirse en el primer mexicano-estadounidense en ocupar dicho cargo.

Hipotéticamente, esto lo colocaría como el candidato natural para ser el primer presidente de los Estados Unidos de ascendencia mexicana, un símbolo de la cristalización del poder político de esta población, muy a pesar del trauma que genera la alienación demográfica del presidente Donald Trump.

La juventud y el voto del mañana: El senador Padilla no solo representa la herencia; también encarna la voz de una nueva generación de New Mexicans. Su perfil conecta directamente con el voto joven y la alta tasa de natalidad de la diáspora (comunidad), que garantiza que su influencia política seguirá creciendo. Su posible ascenso a la vicepresidencia enviaría el mensaje de que el futuro de la democracia estadounidense no se definirá en Washington, sino en la energía, la juventud y la demografía del Suroeste.

Para enfrentar la presión del gobierno federal y el uso de ICE como brazo de presión contra las comunidades mexicano-americanas, es indispensable un frente de resistencia o «barrera azul» con el apoyo de gobernadores demócratas clave: Gobernadora Katie Hobbs (Arizona), gobernadora Michelle Lujan Grisham (Nuevo México), gobernadora Tina Kotek (Oregón), gobernador J. B. Pritzker (Illinois), gobernadora Kathy Hochul (Nueva York) y gobernador Bob Ferguson (Washington).

El Pacífico Noroeste (PNW), que incluye a Washington y Oregón, es una región fundamental para el concepto de los New Mexicans, extendiendo su alcance más allá del suroeste tradicional. Contrario a la percepción popular, estados como Washington han experimentado un crecimiento exponencial de la población de origen mexicano, la cual se ha convertido en una fuerza laboral crítica en la agricultura, la tecnología y el comercio.

El gobernador de Washington, Bob Ferguson, ha demostrado su reconocimiento a esta diáspora (comunidad) al declarar la semana de la herencia mexicana, un gesto que resuena profundamente con el soft power de la comunidad.

Este frente en el PNW es estratégico, pues no solo suma votos, sino que le da a Newsom una base de apoyo que abarca toda la Costa Oeste, desde la frontera con México hasta Canadá. La diáspora (comunidad) mexicana en esta región es un testimonio de la expansión y la diversidad económica de los New Mexicans, que apoyarán a Newsom por sus políticas a favor de los derechos laborales, la protección de los inmigrantes y la defensa de la diversidad cultural.

El PNW solidifica la narrativa de que el apoyo a Newsom no es un fenómeno local de California, sino un movimiento de alcance nacional.

El Poder de la cultura como arma política: La fuerza de este frente radica en el uso estratégico del soft power mexicano. La resistencia no se limita a decretos. Se ejerce en cada plato de comida, en la música regional y en la popularidad de íconos deportivos.

El Mundial de 2026 y los juegos olímpicos de Los Ángeles 2028 no serán solo eventos deportivos, sino escaparates globales donde la cultura de los New Mexicans dictará la tendencia, demostrando que aquello que Trump intentó marginar es, de hecho, el capital cultural y económico más vibrante de la nación. Este soft power es la prueba de que, mientras ICE siembra miedo, la cultura siembra influencia y poder.

El ascenso de Gavin Newsom a la palestra presidencial no es simplemente la historia de un político ambicioso; es la manifestación política de una profunda revolución demográfica y cultural liderada por los New Mexicans.

Sobre el autor

Continúa leyendo