Del servicio público al crimen de Estado

El panorama regulatorio en México acaba de experimentar una transformación significativa. El 16 de julio de 2025, el Diario Oficial de la Federación publicó un Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), conocida como Ley Antilavado. Estas modificaciones no solo refuerzan las capacidades del Estado para combatir el lavado de dinero, sino que también integran explícitamente la lucha contra el financiamiento al terrorismo.
Si bien estos cambios son cruciales y representan un avance, la reforma omite un punto fundamental: la falta de una regulación específica y estricta para el sector público. Este, por su naturaleza, se ha convertido en una de las principales vulnerabilidades en la lucha contra la corrupción y el lavado de dinero en el país.
1. La nueva Ley Antilavado: Alcances y avances
La reforma a la Ley Antilavado fortalece la capacidad del Estado mexicano para combatir ilícitos financieros. Uno de los cambios más relevantes es la ampliación del objeto de la ley para incluir la investigación y persecución del financiamiento al terrorismo. Además, se endurecen las reglas para identificar al Beneficiario Controlador (BC), reduciendo el umbral de control del 50% a más del 25% del capital social, lo que obliga a quienes realizan actividades vulnerables a recabar documentación exhaustiva y a identificar al BC incluso si el cliente es una persona física.
Asimismo, la reforma introduce ajustes cruciales en las Actividades Vulnerables y sus umbrales de reporte. El sector de los Activos Virtuales (criptomonedas) ha sido objeto de cambios significativos, con una reducción drástica en el umbral para presentar avisos y la obligación de reportar incluso el cobro de comisiones. Para todos los sectores, se extiende el plazo para conservar la información y documentación de 5 a 10 años. Se impone la obligación de presentar Informes en ceros y, en caso de sospecha, emitir Avisos de 24 Horas a la autoridad, una medida de agilización y contundencia. También se introduce una definición formal de Personas Políticamente Expuestas (PEP) y se exige un seguimiento intensificado de sus operaciones.
2. El sector público: Un vínculo débil en la cadena de prevención
A pesar de los importantes avances de la nueva ley, un eslabón clave en la cadena de prevención permanece débil. La reforma no cataloga al servicio público como una actividad vulnerable ni impone a los funcionarios las mismas obligaciones de transparencia que a los actores del sector privado. La Ley Antilavado debería establecer que los servidores públicos, por su acceso a recursos y su posición de poder, son inherentemente vulnerables a la corrupción y el enriquecimiento ilícito. El servicio público implica la gestión de recursos de la nación y el manejo de información sensible para la seguridad del Estado. Por lo tanto, las actividades de los funcionarios, desde el manejo de presupuestos hasta la adjudicación de contratos, deben ser objeto del más alto escrutinio.
La urgencia de esta medida se ve respaldada por una serie de casos que han generado un severo cuestionamiento público. El ejemplo más reciente es el de Francisco Javier Antonio Martínez, un exfuncionario de la 4T, cuya historia de «taquero a millonario» expone una riqueza inexplicable, evidenciada por una costosa colección de vehículos de lujo que contrasta con sus ingresos declarados por tanto es imperativo que obligue a los funcionarios a rendir cuentas en plazos perentorios, como las 24 horas que se exigen al sector privado.
La clase política como actividad vulnerable
La justificación para esta reforma se encuentra en una serie de casos que han generado un severo cuestionamiento público y han revelado la necesidad de un mayor escrutinio. Se ha señalado, por ejemplo, al ministro de la Corte, Arístides Guerrero, por presuntamente no dar a conocer información sobre sus bienes y tarjetas de crédito, lo que genera una patente falta de transparencia. Por otro lado, la ostentación de bienes inmuebles ha levantado suspicacias, como en el caso del legislador Gerardo Fernández Noroña, quien presumió una casa de 12 millones de pesos, un valor que se cuestiona si puede ser cubierto con el salario de un legislador. En la misma línea, se le atribuye al vocero de Morena, Arturo Ávila, la posesión de una casa de lujo en los Estados Unidos.
Estos señalamientos, así como las detenciones de altos mandos, como la de un vicealmirante de la Marina y un miembro del SAT en Matamoros por el delito de «huachicol fiscal», o el sonado caso del General Cienfuegos detenido en el aeropuerto de Los Ángeles, evidencian que los actos de corrupción no se limitan a un solo poder o institución, sino que permean en todos los niveles del gobierno y las fuerzas armadas. La falta de transparencia en sus declaraciones patrimoniales o la imposibilidad de justificar sus bienes solo refuerza la necesidad de una catalogación como actividad vulnerable en la Ley Antilavado.
La legislación actual reconoce a las personas políticamente expuestas (PEP), pero esta categorización resulta insuficiente. Es imperativo que se abra un capítulo exclusivo en las actividades vulnerables de dicha ley para toda la clase política y los servidores públicos, dada la altísima incidencia de corrupción en este sector. Desde el Presidente de la República y los miembros de su gabinete, hasta gobernadores, presidentes municipales, ministros de la corte, jueces, magistrados, y miembros del SAT, la Sedena y la Marina, miembros del congreso de la unión, a mayor abundamiento diputados, senadores, toda persona que desempeñe un cargo público debe ser catalogada como actividad vulnerable. Esto garantizaría una mayor transparencia en el ejercicio de sus funciones y al concluir sus cargos.
3. Propuesta de reforma al Código Penal Federal: Un nuevo capítulo sobre traición a la Patria
Para que estas medidas tengan un verdadero efecto disuasorio, es indispensable una reforma al Código Penal Federal que eleve la penalidad para los servidores públicos que quebranten la Ley Antilavado. Se propone que estos actos sean catalogados como traición a la patria, un delito que refleje la gravedad del daño causado al socavar los cimientos del Estado. La pena por este delito sería de 40 a 60 años de prisión, destitución e inhabilitación perpetua. Para que esta reforma sea realmente efectiva, debe ir acompañada de la eliminación del fuero constitucional en estos casos. El fuero fue creado para proteger a los legisladores de represalias políticas, no para blindarlos ante actos de corrupción.
Se propone una reforma al Código Penal en la cual el funcionario o servidor público que infrinja la ley antilavado sea sujeto a la comisión del delito de traición a la patria. El pueblo les da la confianza para que desempeñen estos cargos públicos, y al cometer delitos como el lavado de dinero o el «huachicol fiscal», están traicionando claramente a la nación. Por lo tanto, el funcionario que quebranta la ley antilavado comete, por consecuencia, el delito de traición a la patria, el cual será exclusivamente para el sector ya comentado.
Para el delito de traición a la patria por cuestión de quebranto a la ley antilavado, no deberá de haber fuero constitucional, debido a que el funcionario lastimó a la nación con actos de corrupción en el ejercicio de sus funciones. Esto busca garantizar que quienes cometen estos delitos sean juzgados sin la protección que otorga el fuero.
Propuesta de reforma al Código Penal Federal
Capítulo II Bis. De la traición a la Patria cometida por servidores públicos
Artículo 127. Comete el delito de traición a la patria el servidor público que, por acción u omisión, en el ejercicio de su encargo o con motivo de este, se beneficie directamente o a través de interpósitas personas, de recursos de procedencia ilícita o participe en operaciones de financiamiento al terrorismo, en contravención a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y demás disposiciones aplicables.
Artículo 128. Se considerará autor del delito de traición a la patria a todo miembro en activo o retirado de las Secretarías de la Defensa Nacional (Sedena), de Marina (Semar), a los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a magistrados, ministros, jueces locales y federales, a ministerios públicos, a gobernadores, a presidentes municipales, a regidores, a síndicos, a miembros del Servicio de Administración Tributaria (SAT), a miembros de la unidad de inteligencia financiera (UIF), a miembros de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), diputados, senadores, todos los miembros del Congreso de la Unión, y a cualquier otro servidor público de cualquier nivel de gobierno, que incurra en los supuestos previstos en el artículo anterior.
Artículo 129. La pena de prisión señalada en el Artículo 126 del Código Penal Federal se aplicará, en su máximo, a los servidores públicos mencionados en el presente capítulo, sin importar si han sido declarados como «personas políticamente expuestas» por la Unidad de Inteligencia Financiera.
Artículo 130. Para los fines de esta reforma, se entenderá que el enriquecimiento inexplicable de un servidor público, la posesión de bienes que no correspondan a sus ingresos declarados o la participación en transacciones financieras sospechosas son indicios suficientes para iniciar una investigación por traición a la patria. La carga de la prueba para demostrar la licitud de los recursos recae en el servidor público.
4. Propuesta de reforma a la Ley Antilavado: Un nuevo capítulo de obligaciones
Además, se propone la inclusión de un nuevo capítulo en la Ley Antilavado, que establecerá explícitamente al servicio público como una actividad vulnerable:
Capítulo V Bis. De las obligaciones del servicio público
Artículo 26. El ejercicio del servicio público se considerará una actividad vulnerable por naturaleza, por lo que los funcionarios públicos estarán sujetos a las obligaciones de esta Ley y a las regulaciones específicas que de ella emanen.
Artículo 27. Los funcionarios públicos deberán rendir un informe completo de su situación patrimonial en un plazo máximo de 24 horas en caso de indicios de enriquecimiento ilícito, incluso si la operación no se concretó.
Artículo 28. Las personas sujetas a este capítulo deberán presentar una declaración de intereses, así como la información de todas sus cuentas bancarias, tarjetas de crédito, fideicomisos y empresas, tanto propias como de sus cónyuges y dependientes económicos, sin excepciones.
Artículo 29. Las autoridades competentes, como la Unidad de Inteligencia Financiera y la Secretaría de la Función Pública, podrán solicitar la información necesaria y realizar las investigaciones pertinentes sin necesidad de una orden judicial, siempre que existan indicios de un posible quebranto a la ley.
Conclusión contundente
La carencia de una regulación específica para la clase política, militar y judicial en la Ley Antilavado ha sido, a todas luces, el gran punto ciego en el análisis del gremio de abogados en México. Mientras las élites de juristas se enfocaban en la complejidad de las transacciones privadas, se pasó por alto que la corrupción en el sector público es la verdadera fuente de la impunidad y un factor determinante en el debilitamiento de las instituciones. Este fin de semana, los actos de corrupción expuestos al público—que involucraron a un miembro del SAT y a un vicealmirante de la Marina—son una demostración palpable de que la vulnerabilidad más grave reside en quienes, por su cargo, tienen la obligación de proteger a la nación y no de traicionarla. La propuesta de catalogar al servicio público como una actividad vulnerable no es solo una medida administrativa, sino una cuestión de seguridad nacional y de sanidad moral para el país.
El pueblo les confiere a estos servidores un mandato sagrado: el de administrar los recursos y velar por el bienestar de todos. Por ello, cuando un funcionario transgrede la Ley Antilavado, no solo comete un delito financiero, sino que traiciona la confianza de la nación que lo invistió de poder. En este sentido, la tipificación del lavado de dinero por parte de un funcionario como delito de traición a la patria es una medida de justicia elemental. Al usar sus cargos para enriquecerse ilícitamente, estos individuos lastiman profundamente a la nación, traicionan la esencia de la democracia y minan los cimientos del Estado de derecho. Es un acto de felonía que debe ser castigado con la máxima severidad, sin la protección de privilegios como el fuero constitucional.
De manera destacada y lamentable, esta omisión en el análisis de la Ley Antilavado había sido una constante en los círculos legales del país. A la fecha, el único que ha tenido la visión de proponer esta reforma integral es el suscrito autor del presente artículo, ya que he señalado la necesidad de catalogar a los políticos como una actividad vulnerable y de sancionar sus actos ilícitos como traición a la patria, haciendo evidente que la verdadera lucha contra la corrupción debe comenzar por los que tienen el deber de servir. El futuro de México y la integridad de sus instituciones dependen de que esta visión sea adoptada con la urgencia que la situación demanda.
Sobre el autor
Fernando Arango Ávila es jurista y académico. Doctor en Ciencias de lo Fiscal, y actualmente cursa un posdoctorado en Derecho. Actualmente, combina su experiencia práctica con su labor investigativa. Escribe: drarango83@gmail.com.
Por la justicia y la libertad de México

¡Ciudadanos de México! ¡Colegas profesionistas!
Hoy, en este momento crucial para nuestra nación, ya no basta con la indignación pasiva. Es imperativo que el pueblo de México salga a las calles. Nuestros profesionistas están abandonando el País, nuestros empresarios viven en la zozobra, y el pueblo vive con miedo.
Estamos envueltos en una espiral de narco-gobierno. Nos deslizamos por un tobogán sin salida, atrapados en un túnel sin fondo donde no se ve la luz.
Y en esa oscuridad, al que alza la voz, al que resulta incómodo, le quitan la vida.
Hablamos de ‘gobernabilidad’ como si fuera un concepto abstracto, ¡pero tiene un rostro! Tiene el rostro de las madres buscadoras, el rostro del empresario extorsionado, el rostro del joven reclutado a la fuerza. ¡El régimen le ha fallado a las víctimas! Ha reemplazado la balanza de la justicia por el silencio de la complicidad.
¡Por eso hoy nos tenemos que levantar en honor a Carlos Manzo! Él fue aquel David que perdió la vida enfrentando a Goliat, por la falta de apoyo que imploró a gritos a una presidencia que lo ignoró.
¡Esta Presidencia es una analogía de Díaz Ordaz en pleno siglo XXI! ¡Qué terrible ironía! Cuando eran oposición, marchaban cada 2 de octubre recordando la masacre. Sin embargo, ahora que están en el poder, han salido peores que Díaz Ordaz y que todos los gobiernos priistas juntos.
Este movimiento trasciende partidos y colores. Es imperativo llamar a todos los miembros de la oposición, a todos los partidos sin distinción, a los ex integrantes del Poder Judicial, a los ex ministros de la Corte, a los médicos, a los agricultores, a los emprendedores, y a todos los disidentes del actual régimen que no están de acuerdo con la forma de gobierno. Hacemos un llamado a los militares que, en silencio, tampoco están de acuerdo con este régimen.
Esta lucha afecta a todos, desde el señor que vende fruta en la esquina hasta el dueño de las grandes empresas. Las compañías mexicanas, y las transnacionales con presencia en nuestro País, también se ven afectadas. La falta de certeza jurídica pone en riesgo las inversiones, los empleos y la estabilidad económica. La unión de todas estas voces y la fuerza de la sociedad civil es la única vía para enfrentar el totalitarismo y defender los pilares de la República.
Hago un llamado urgente a los colegios de abogados, de contadores, de ingenieros, de arquitectos y de médicos.
¡Deben despertar! Deben dejar atrás sus cómodos estatutos de «no intervención en cuestiones políticas». Les pregunto: ¿De qué sirve todo su conocimiento? ¿De qué sirven sus investigaciones, sus congresos y sus ponencias académicas, si la Nación se desmorona ante sus ojos?
Todo ese conocimiento se vuelve en vano si no lo comparten, si no lo usan para defender a la sociedad. Ese velo de supuesta neutralidad que cubre a las barras y colegios es, a todas luces, un acto de cobardía. Se vuelven profesionales que venden humo.
Son muy cómodos al estar «investigando» o «dando asesorías», pero no asesoran al pueblo. Y lo más grave: le fallan a la Generación Z, que tanto necesita de nosotros. Esos jóvenes, olvidados por el gobierno, son el futuro de México y necesitan nuestra guía, no nuestra omisión.
¿Y dónde están los intelectuales? ¿Dónde están los académicos que escriben sobre la democracia desde la comodidad de sus cubículos? ¿Dónde están las voces que antes eran críticas y hoy callan por privilegio o por miedo?
¡Su silencio es una traición! El conocimiento que no se usa para defender al pueblo es un lujo inútil. ¡La pluma que no se atreve a señalar al tirano es una pluma muerta!
El régimen actual presume eventos internacionales mientras el País se desangra. Por ello, ante la flagrante falta de gobernabilidad en México, hacemos un llamado a la comunidad internacional y a la FIFA.
Es imperativo exigir la cancelación del Mundial de Fútbol.
La lógica es simple y brutal: si el gobierno de México no puede proteger a sus propios habitantes, ¡mucho menos podrá proteger a sus visitantes!
El cambio de rumbo en México es una responsabilidad de todos. La marcha de este 15 de noviembre tiene que ser el parteaguas que nos permita, por fin, ver la luz al final del túnel.
No podemos permitir que, de cara al 2030, nuestro país siga secuestrado por los pensamientos comunistas fallidos del siglo XX. Eso ya debe quedar atrás.
Hablamos de la Generación Z como nuestra esperanza. ¡Y lo son! Pero seamos claros: no podemos pedirles a ellos que arreglen el desastre que nuestra generación está permitiendo. Antes de pedirles que tomen la estafeta, debemos preguntarles: ¿Qué país les estamos heredando? ¿Un país de fosas o un país de oportunidades?
¡La lucha de hoy no es solo por nosotros, es para poder mirarlos a los ojos mañana y decirles que no fuimos cobardes!
Es el momento de que, de la mano de esta nueva generación, tomemos con rumbo y con responsabilidad el cambio que México necesita.
¡Pero que la marcha no sea el fin, que sea el principio! Que sea el nacimiento de un nuevo pacto social, donde los profesionistas, los jóvenes y los ciudadanos de bien nos unamos para proponer el México que sí queremos. ¡Basta de resistir, es hora de construir!
¡Por la justicia, por la libertad y por el futuro de México!
Sobre el autor
Fernando Arango Ávila es jurista y académico. Doctor en Ciencias de lo Fiscal, y actualmente cursa un posdoctorado en Derecho. Actualmente, combina su experiencia práctica con su labor investigativa. Escribe: drarango83@gmail.com.
Gavin Newsom y la ‘nación’ de los 60 millones de mexicanos

El anuncio de las intenciones del gobernador de California, Gavin Newsom, de contender en las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos, marca un punto de inflexión con profundas implicaciones para el electorado de origen mexicano y la redefinición del poder en el país.
Este movimiento no sólo abre un camino de esperanza para millones de personas y New Mexicans, sino que consolida el liderazgo de un frente político que busca darle voz a la “nación” demográfica y cultural que emerge en el suroeste del país.
Este movimiento se respalda en la masa demográfica de 60 millones de mexicanos en Estados Unidos, una fuerza que, sumada al apoyo de una gran cantidad de mexicanos en México, podría representar una base electoral sin precedentes para Newsom.
El concepto de “The New Mexicans States of America” no es una propuesta secesionista, sino una etiqueta conceptual para describir una realidad demográfica y cultural irreversible.
En los estados de Nuevo México, Arizona y California, el poder del soft power mexicano ha gestado una diáspora (comunidad) con millones de personas que, juntas, suman una fuerza monumental entre esos 60 millones de mexicanos en Estados Unidos.
Esta “nación” latente ha conquistado silenciosamente el tejido social, económico y cultural del país a través de su influencia en la música, la gastronomía, el deporte y el comercio. A pesar de las persecuciones y el trauma generado por el uso del ICE como herramienta de presión demográfica, la cultura se ha convertido en la armadura y el motor de resistencia de esta población.
La conexión geográfica y la herencia común han permitido que California, Nuevo México y Arizona funcionen como un corredor cultural y económico. Esta alianza natural de estados del suroeste se convierte en el epicentro de esta nueva fuerza política.
Es aquí, en la cuna histórica del territorio mexicano en Estados Unidos, donde la diáspora ha mantenido viva su identidad, demostrando que las fronteras políticas no han logrado contener la unificación cultural. La cristalización de este poder es la respuesta pacífica a cualquier intento de alienación.
El ascenso de líderes como Gavin Newsom y la potencial vicepresidencia de Alex Padilla, es la constatación de que la revolución demográfica ha reescrito el mapa político desde dentro. La “Nación de los New Mexicans” está pasando de ser un poder cultural latente a una fuerza política activa. Al convocar a gobernadores clave y utilizar el soft power mexicano como estrategia, este movimiento busca construir una “barrera azul” de resistencia, transformando la resiliencia cultural en una palanca de poder electoral decisiva para las próximas elecciones presidenciales.
Newsom, al frente de California la cuarta economía mundial, se posiciona como un líder con la experiencia y la frescura necesarias para dirigir a los Estados Unidos. Su gestión como gobernador de California no solo se define por su capacidad para manejar una economía masiva, sino por una serie de logros progresistas que lo proyectan como el principal líder de la oposición a las políticas de la administración Trump.
Logros Clave de Gavin Newsom en California:
Protección de derechos reproductivos y sociales: Newsom ha consagrado protecciones en la Constitución de California para el aborto y las libertades reproductivas. Ha utilizado la autoridad de California para adquirir medicamentos clave y responder a interrupciones del suministro por motivos políticos.
Impulso a la clase trabajadora: Su administración ha impulsado legislaciones históricas para fortalecer a los trabajadores independientes, buscando mejorar las condiciones de vida de los californianos. Su oposición a la abolición de los acuerdos de contratación colectiva lo ha posicionado como un firme defensor de los derechos laborales.
Inversiones sociales masivas: Ha liderado la implementación de programas ambiciosos como el Pre-kínder universal y el financiamiento completo de comidas escolares gratuitas para todos los niños en California. También ha impulsado la expansión de programas de alfabetización y cursos de verano.
Abordando la crisis humanitaria y económica: Pese a las críticas por el alto costo de vida, la administraciónNewsom ha impulsado un enfoque progresista en la lucha contra la falta de vivienda. Más allá de la inversión récord en vivienda, el gobernador ha defendido la implementación de programas sociales innovadores, como el Care Court (Tribunal de Atención), diseñado para brindar tratamiento de salud mental y adicciones a personas sin hogar. Este tipo de políticas sociales complejas y audaces demuestran su disposición a enfrentar los problemas más difíciles del país, lo cual contrasta con las soluciones simplistas y punitivas que a menudo ofrece la oposición.
Resistencia y defensa migratoria: Newsom se ha convertido en una voz influyente a favor de los derechos de los inmigrantes, desafiando públicamente al gobierno federal. Ha movilizado a la Guardia Nacional para asistir en bancos de comida en respuesta a recortes federales y ha criticado duramente el despliegue de militares para tareas migratorias, advirtiendo que los regímenes autoritarios “empiezan por atacar a las personas con menos capacidad de defensa”.
Defensa del comercio transfronterizo y advertencia anti-Aranceles: Ha alertado consistentemente que las promesas de Trump de imponer un arancel del 25% a las importaciones mexicanas infligirían un daño económico devastador a California y a los consumidores. Al defender el libre comercio con México, Newsom protege el sustento de millones de New Mexicans que trabajan en sectores dependientes de este comercio transfronterizo.
El histórico gesto de Newsom al declarar el Día de Fernando Valenzuela el 1 de noviembre, cobra un significado póstumo aún más profundo. Fue una jugada maestra, ya que el 2 de noviembre es el tradicional Día de Muertos, enlazando dos celebraciones con un profundo toque mexicano.
Este acto de poder político y celebración cultural contrasta directamente con la retórica anti-inmigrante. Al honrar a un ícono que unió a mexicanos a ambos lados de la frontera, Newsom solidifica su apoyo en un electorado mexicano crucial, utilizando este reconocimiento como un acto de diplomacia interna que fortalece los lazos con la comunidad.
La posible postulación de Newsom también catapulta al senador Alex Padilla hijo de padres, uno de Chihuahua y otro de Jalisco, a la posición de potencial vicepresidente de los Estados Unidos. Padilla, quien representa la herencia y la base demográfica de los New Mexicans, podría convertirse en el primer mexicano-estadounidense en ocupar dicho cargo.
Hipotéticamente, esto lo colocaría como el candidato natural para ser el primer presidente de los Estados Unidos de ascendencia mexicana, un símbolo de la cristalización del poder político de esta población, muy a pesar del trauma que genera la alienación demográfica del presidente Donald Trump.
La juventud y el voto del mañana: El senador Padilla no solo representa la herencia; también encarna la voz de una nueva generación de New Mexicans. Su perfil conecta directamente con el voto joven y la alta tasa de natalidad de la diáspora (comunidad), que garantiza que su influencia política seguirá creciendo. Su posible ascenso a la vicepresidencia enviaría el mensaje de que el futuro de la democracia estadounidense no se definirá en Washington, sino en la energía, la juventud y la demografía del Suroeste.
Para enfrentar la presión del gobierno federal y el uso de ICE como brazo de presión contra las comunidades mexicano-americanas, es indispensable un frente de resistencia o «barrera azul» con el apoyo de gobernadores demócratas clave: Gobernadora Katie Hobbs (Arizona), gobernadora Michelle Lujan Grisham (Nuevo México), gobernadora Tina Kotek (Oregón), gobernador J. B. Pritzker (Illinois), gobernadora Kathy Hochul (Nueva York) y gobernador Bob Ferguson (Washington).
El Pacífico Noroeste (PNW), que incluye a Washington y Oregón, es una región fundamental para el concepto de los New Mexicans, extendiendo su alcance más allá del suroeste tradicional. Contrario a la percepción popular, estados como Washington han experimentado un crecimiento exponencial de la población de origen mexicano, la cual se ha convertido en una fuerza laboral crítica en la agricultura, la tecnología y el comercio.
El gobernador de Washington, Bob Ferguson, ha demostrado su reconocimiento a esta diáspora (comunidad) al declarar la semana de la herencia mexicana, un gesto que resuena profundamente con el soft power de la comunidad.
Este frente en el PNW es estratégico, pues no solo suma votos, sino que le da a Newsom una base de apoyo que abarca toda la Costa Oeste, desde la frontera con México hasta Canadá. La diáspora (comunidad) mexicana en esta región es un testimonio de la expansión y la diversidad económica de los New Mexicans, que apoyarán a Newsom por sus políticas a favor de los derechos laborales, la protección de los inmigrantes y la defensa de la diversidad cultural.
El PNW solidifica la narrativa de que el apoyo a Newsom no es un fenómeno local de California, sino un movimiento de alcance nacional.
El Poder de la cultura como arma política: La fuerza de este frente radica en el uso estratégico del soft power mexicano. La resistencia no se limita a decretos. Se ejerce en cada plato de comida, en la música regional y en la popularidad de íconos deportivos.
El Mundial de 2026 y los juegos olímpicos de Los Ángeles 2028 no serán solo eventos deportivos, sino escaparates globales donde la cultura de los New Mexicans dictará la tendencia, demostrando que aquello que Trump intentó marginar es, de hecho, el capital cultural y económico más vibrante de la nación. Este soft power es la prueba de que, mientras ICE siembra miedo, la cultura siembra influencia y poder.
El ascenso de Gavin Newsom a la palestra presidencial no es simplemente la historia de un político ambicioso; es la manifestación política de una profunda revolución demográfica y cultural liderada por los New Mexicans.
Sobre el autor
Fernando Arango Ávila es jurista y académico. Doctor en Ciencias de lo Fiscal, y actualmente cursa un posdoctorado en Derecho. Actualmente, combina su experiencia práctica con su labor investigativa. Escribe: drarango83@gmail.com.
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