Del servicio público al crimen de Estado

Publicada

8 septiembre 2025

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El panorama regulatorio en México acaba de experimentar una transformación significativa. El 16 de julio de 2025, el Diario Oficial de la Federación publicó un Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), conocida como Ley Antilavado. Estas modificaciones no solo refuerzan las capacidades del Estado para combatir el lavado de dinero, sino que también integran explícitamente la lucha contra el financiamiento al terrorismo.

Si bien estos cambios son cruciales y representan un avance, la reforma omite un punto fundamental: la falta de una regulación específica y estricta para el sector público. Este, por su naturaleza, se ha convertido en una de las principales vulnerabilidades en la lucha contra la corrupción y el lavado de dinero en el país.

1. La nueva Ley Antilavado: Alcances y avances

La reforma a la Ley Antilavado fortalece la capacidad del Estado mexicano para combatir ilícitos financieros. Uno de los cambios más relevantes es la ampliación del objeto de la ley para incluir la investigación y persecución del financiamiento al terrorismo. Además, se endurecen las reglas para identificar al Beneficiario Controlador (BC), reduciendo el umbral de control del 50% a más del 25% del capital social, lo que obliga a quienes realizan actividades vulnerables a recabar documentación exhaustiva y a identificar al BC incluso si el cliente es una persona física.

Asimismo, la reforma introduce ajustes cruciales en las Actividades Vulnerables y sus umbrales de reporte. El sector de los Activos Virtuales (criptomonedas) ha sido objeto de cambios significativos, con una reducción drástica en el umbral para presentar avisos y la obligación de reportar incluso el cobro de comisiones. Para todos los sectores, se extiende el plazo para conservar la información y documentación de 5 a 10 años. Se impone la obligación de presentar Informes en ceros y, en caso de sospecha, emitir Avisos de 24 Horas a la autoridad, una medida de agilización y contundencia. También se introduce una definición formal de Personas Políticamente Expuestas (PEP) y se exige un seguimiento intensificado de sus operaciones.

2. El sector público: Un vínculo débil en la cadena de prevención

A pesar de los importantes avances de la nueva ley, un eslabón clave en la cadena de prevención permanece débil. La reforma no cataloga al servicio público como una actividad vulnerable ni impone a los funcionarios las mismas obligaciones de transparencia que a los actores del sector privado. La Ley Antilavado debería establecer que los servidores públicos, por su acceso a recursos y su posición de poder, son inherentemente vulnerables a la corrupción y el enriquecimiento ilícito. El servicio público implica la gestión de recursos de la nación y el manejo de información sensible para la seguridad del Estado. Por lo tanto, las actividades de los funcionarios, desde el manejo de presupuestos hasta la adjudicación de contratos, deben ser objeto del más alto escrutinio.

La urgencia de esta medida se ve respaldada por una serie de casos que han generado un severo cuestionamiento público. El ejemplo más reciente es el de Francisco Javier Antonio Martínez, un exfuncionario de la 4T, cuya historia de «taquero a millonario» expone una riqueza inexplicable, evidenciada por una costosa colección de vehículos de lujo que contrasta con sus ingresos declarados por tanto es imperativo que obligue a los funcionarios a rendir cuentas en plazos perentorios, como las 24 horas que se exigen al sector privado.

La clase política como actividad vulnerable

La justificación para esta reforma se encuentra en una serie de casos que han generado un severo cuestionamiento público y han revelado la necesidad de un mayor escrutinio. Se ha señalado, por ejemplo, al ministro de la Corte, Arístides Guerrero, por presuntamente no dar a conocer información sobre sus bienes y tarjetas de crédito, lo que genera una patente falta de transparencia. Por otro lado, la ostentación de bienes inmuebles ha levantado suspicacias, como en el caso del legislador Gerardo Fernández Noroña, quien presumió una casa de 12 millones de pesos, un valor que se cuestiona si puede ser cubierto con el salario de un legislador. En la misma línea, se le atribuye al vocero de Morena, Arturo Ávila, la posesión de una casa de lujo en los Estados Unidos.

Estos señalamientos, así como las detenciones de altos mandos, como la de un vicealmirante de la Marina y un miembro del SAT en Matamoros por el delito de «huachicol fiscal», o el sonado caso del General Cienfuegos detenido en el aeropuerto de Los Ángeles, evidencian que los actos de corrupción no se limitan a un solo poder o institución, sino que permean en todos los niveles del gobierno y las fuerzas armadas. La falta de transparencia en sus declaraciones patrimoniales o la imposibilidad de justificar sus bienes solo refuerza la necesidad de una catalogación como actividad vulnerable en la Ley Antilavado.

La legislación actual reconoce a las personas políticamente expuestas (PEP), pero esta categorización resulta insuficiente. Es imperativo que se abra un capítulo exclusivo en las actividades vulnerables de dicha ley para toda la clase política y los servidores públicos, dada la altísima incidencia de corrupción en este sector. Desde el Presidente de la República y los miembros de su gabinete, hasta gobernadores, presidentes municipales, ministros de la corte, jueces, magistrados, y miembros del SAT, la Sedena y la Marina, miembros del congreso de la unión, a mayor abundamiento diputados, senadores, toda persona que desempeñe un cargo público debe ser catalogada como actividad vulnerable. Esto garantizaría una mayor transparencia en el ejercicio de sus funciones y al concluir sus cargos.

3. Propuesta de reforma al Código Penal Federal: Un nuevo capítulo sobre traición a la Patria

Para que estas medidas tengan un verdadero efecto disuasorio, es indispensable una reforma al Código Penal Federal que eleve la penalidad para los servidores públicos que quebranten la Ley Antilavado. Se propone que estos actos sean catalogados como traición a la patria, un delito que refleje la gravedad del daño causado al socavar los cimientos del Estado. La pena por este delito sería de 40 a 60 años de prisión, destitución e inhabilitación perpetua. Para que esta reforma sea realmente efectiva, debe ir acompañada de la eliminación del fuero constitucional en estos casos. El fuero fue creado para proteger a los legisladores de represalias políticas, no para blindarlos ante actos de corrupción.

Se propone una reforma al Código Penal en la cual el funcionario o servidor público que infrinja la ley antilavado sea sujeto a la comisión del delito de traición a la patria. El pueblo les da la confianza para que desempeñen estos cargos públicos, y al cometer delitos como el lavado de dinero o el «huachicol fiscal», están traicionando claramente a la nación. Por lo tanto, el funcionario que quebranta la ley antilavado comete, por consecuencia, el delito de traición a la patria, el cual será exclusivamente para el sector ya comentado.

Para el delito de traición a la patria por cuestión de quebranto a la ley antilavado, no deberá de haber fuero constitucional, debido a que el funcionario lastimó a la nación con actos de corrupción en el ejercicio de sus funciones. Esto busca garantizar que quienes cometen estos delitos sean juzgados sin la protección que otorga el fuero.

Propuesta de reforma al Código Penal Federal

Capítulo II Bis. De la traición a la Patria cometida por servidores públicos

Artículo 127. Comete el delito de traición a la patria el servidor público que, por acción u omisión, en el ejercicio de su encargo o con motivo de este, se beneficie directamente o a través de interpósitas personas, de recursos de procedencia ilícita o participe en operaciones de financiamiento al terrorismo, en contravención a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y demás disposiciones aplicables.

Artículo 128. Se considerará autor del delito de traición a la patria a todo miembro en activo o retirado de las Secretarías de la Defensa Nacional (Sedena), de Marina (Semar), a los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a magistrados, ministros, jueces locales y federales, a ministerios públicos, a gobernadores, a presidentes municipales, a regidores, a síndicos, a miembros del Servicio de Administración Tributaria (SAT), a miembros de la unidad de inteligencia financiera (UIF), a miembros de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), diputados, senadores, todos los miembros del Congreso de la Unión, y a cualquier otro servidor público de cualquier nivel de gobierno, que incurra en los supuestos previstos en el artículo anterior.

Artículo 129. La pena de prisión señalada en el Artículo 126 del Código Penal Federal se aplicará, en su máximo, a los servidores públicos mencionados en el presente capítulo, sin importar si han sido declarados como «personas políticamente expuestas» por la Unidad de Inteligencia Financiera.

Artículo 130. Para los fines de esta reforma, se entenderá que el enriquecimiento inexplicable de un servidor público, la posesión de bienes que no correspondan a sus ingresos declarados o la participación en transacciones financieras sospechosas son indicios suficientes para iniciar una investigación por traición a la patria. La carga de la prueba para demostrar la licitud de los recursos recae en el servidor público.

4. Propuesta de reforma a la Ley Antilavado: Un nuevo capítulo de obligaciones

Además, se propone la inclusión de un nuevo capítulo en la Ley Antilavado, que establecerá explícitamente al servicio público como una actividad vulnerable:

Capítulo V Bis. De las obligaciones del servicio público

Artículo 26. El ejercicio del servicio público se considerará una actividad vulnerable por naturaleza, por lo que los funcionarios públicos estarán sujetos a las obligaciones de esta Ley y a las regulaciones específicas que de ella emanen.

Artículo 27. Los funcionarios públicos deberán rendir un informe completo de su situación patrimonial en un plazo máximo de 24 horas en caso de indicios de enriquecimiento ilícito, incluso si la operación no se concretó.

Artículo 28. Las personas sujetas a este capítulo deberán presentar una declaración de intereses, así como la información de todas sus cuentas bancarias, tarjetas de crédito, fideicomisos y empresas, tanto propias como de sus cónyuges y dependientes económicos, sin excepciones.

Artículo 29. Las autoridades competentes, como la Unidad de Inteligencia Financiera y la Secretaría de la Función Pública, podrán solicitar la información necesaria y realizar las investigaciones pertinentes sin necesidad de una orden judicial, siempre que existan indicios de un posible quebranto a la ley.

Conclusión contundente

La carencia de una regulación específica para la clase política, militar y judicial en la Ley Antilavado ha sido, a todas luces, el gran punto ciego en el análisis del gremio de abogados en México. Mientras las élites de juristas se enfocaban en la complejidad de las transacciones privadas, se pasó por alto que la corrupción en el sector público es la verdadera fuente de la impunidad y un factor determinante en el debilitamiento de las instituciones. Este fin de semana, los actos de corrupción expuestos al público—que involucraron a un miembro del SAT y a un vicealmirante de la Marina—son una demostración palpable de que la vulnerabilidad más grave reside en quienes, por su cargo, tienen la obligación de proteger a la nación y no de traicionarla. La propuesta de catalogar al servicio público como una actividad vulnerable no es solo una medida administrativa, sino una cuestión de seguridad nacional y de sanidad moral para el país.

El pueblo les confiere a estos servidores un mandato sagrado: el de administrar los recursos y velar por el bienestar de todos. Por ello, cuando un funcionario transgrede la Ley Antilavado, no solo comete un delito financiero, sino que traiciona la confianza de la nación que lo invistió de poder. En este sentido, la tipificación del lavado de dinero por parte de un funcionario como delito de traición a la patria es una medida de justicia elemental. Al usar sus cargos para enriquecerse ilícitamente, estos individuos lastiman profundamente a la nación, traicionan la esencia de la democracia y minan los cimientos del Estado de derecho. Es un acto de felonía que debe ser castigado con la máxima severidad, sin la protección de privilegios como el fuero constitucional.

De manera destacada y lamentable, esta omisión en el análisis de la Ley Antilavado había sido una constante en los círculos legales del país. A la fecha, el único que ha tenido la visión de proponer esta reforma integral es el suscrito autor del presente artículo, ya que he señalado la necesidad de catalogar a los políticos como una actividad vulnerable y de sancionar sus actos ilícitos como traición a la patria, haciendo evidente que la verdadera lucha contra la corrupción debe comenzar por los que tienen el deber de servir. El futuro de México y la integridad de sus instituciones dependen de que esta visión sea adoptada con la urgencia que la situación demanda.

Sobre el autor

Fernando Arango Ávila es jurista y académico. Doctor en Ciencias de lo Fiscal, y actualmente cursa un posdoctorado en Derecho. Actualmente, combina su experiencia práctica con su labor investigativa. Escribe: drarango83@gmail.com.

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La muerte de ‘El Mencho’ y el sismo que viene

Publicada

23 febrero 2026

23/02/2026

Por

José de Jesús Gómez Valle

El abatimiento del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG),
Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, ocurrido el domingo 22 de febrero de 2026 durante un operativo militar en Tapalpa, Jalisco representa un hito mayor en la estrategia de seguridad del Estado mexicano, comparable a golpes pasados contra otros capos históricos. Sin embargo, también inaugura una etapa de alto riesgo e incertidumbre tanto en términos de violencia como de gobernabilidad local y regional.

Posterior al dispositivo de seguridad que buscaba detener al líder delictivo, grupos delincuenciales respondieron con reacciones violentas en la Zona Metropolitana de Guadalajara y otras regiones de Jalisco, así como en otras entidades: bloqueos de carreteras, quema de vehículos, enfrentamientos armados y otras acciones contra servicios públicos. Esto obligó a autoridades estatales a activar códigos de emergencia y reforzar coordinación con fuerzas federales.

Es prudente mencionar que la muerte del líder no disminuye automáticamente la violencia; por el contrario, puede intensificarla en el corto plazo debido a la necesidad del grupo criminal de demostrar que sigue operando y no está debilitado.

Organizaciones como el CJNG no dependen de un solo individuo para sobrevivir. Aunque Nemesio Oseguera Cervantes era una figura central, la estructura del cártel es relativamente descentralizada y multifacética, con varios ejecutores regionales, grupos escindidos y brazos operativos. Los bloqueos y quemas de vehículos muestran una estructura con sus engranajes y resortes lubricados, una nómina bien organizada dispuesta a actuar a la luz pública y una correa de transmisión de mando bien entrenada.

En ese sentido, el deceso del líder criminal puede generar al menos tres escenarios de sucesión interna:

1. Un liderazgo fuerte emerge rápidamente. Alguno de sus subordinados o un lugarteniente toma el control y mantiene la disciplina y la red operativa.

2. Fragmentación interna. Tensiones internas, celos, rivalidades o luchas por el poder dan paso a divisiones, generando enfrentamientos entre células del mismo cártel

3. Alianzas temporales con otros grupos criminales. Formar alianzas o coaliciones para mantener rutas, territorios o, simplemente, influencia frente a organizaciones rivales.

La muerte del líder formal del grupo delictivo podría producir efectos inmediatos de violencia y reacciones tácticas, seguidos por dinámicas de reacomodo interno y externo que definirán la gobernabilidad en Jalisco. Las líneas de acción posibles van desde una contención rápida hasta la competencia entre cárteles o la captura institucional. Los primeros días y semanas son críticos para contener la violencia y evitar que el vacío de poder se traduzca en fragmentación o en la entrada de nuevos actores. La experiencia reciente en Jalisco muestra reacciones violentas inmediatas tras golpes a liderazgos criminales, con bloqueos y quema de vehículos que afectan movilidad y percepción de seguridad. El escenario más probable es que estaremos ante una fase de competencia interna, con potencial incremento de violencia y debilitamiento de la cohesión criminal en el mediano plazo.

No está de más decir que el aniquilamiento de un capo de esta magnitud fortalece la imagen del Estado mexicano como actor capaz de confrontar a grupos criminales y recuperar espacios de autoridad. No obstante, los episodios violentos como forma de represalia demuestran que las instituciones aún enfrentan límites y retos superlativos para garantizar el orden inmediato. La gobernabilidad local puede verse tensionada si no se acompaña de estrategias integrales más allá de la acción militar.

Para ello será clave promover una coordinación amplia entre ámbitos de gobierno, fortalecimiento de inteligencia y presencia civil —no sólo seguridad— para prevenir cualquier eventualidad producto de los vacíos de poder temporal.

En concreto, estamos ante la posibilidad de una reconfiguración interna del CJNG, con la consiguiente fragmentación violenta localizada. Por ello, se requiere el fortalecimiento de programas sociales y de prevención para contrarrestar el reclutamiento criminal, además de estrategias más amplias de inteligencia y de cooperación internacional.

Si la fragmentación criminal persiste sin control institucional, podría erosionarse aún más la gobernabilidad y la seguridad local. Si las instituciones consolidan su presencia civil y de seguridad, podría abrirse una ventana para reducciones sostenibles de violencia en zonas clave.

Un suceso de la magnitud y resonancia como el abatimiento del líder delictivo abre ventanas de riesgo y de oportunidad. La diferencia entre contención y desorden prolongado dependerá de la coordinación interinstitucional, la capacidad de inteligencia y la respuesta socioeconómica que acompañe las medidas de seguridad. Actuar rápido para proteger a la población y, simultáneamente, fortalecer instituciones y programas de prevención es la vía más sólida para preservar la gobernabilidad en Jalisco.

La liquidación de Oseguera Cervantes puede representar un punto de inflexión en la lucha contra el crimen organizado en México y especialmente en Jalisco. Sin embargo, no garantiza estabilidad automática. En el mejor de los casos, este evento puede catalizar esfuerzos institucionales y sociales hacia una gobernabilidad más robusta; en el peor, podría desatar nuevas dinámicas de violencia y fragmentación criminal. La clave estará en cómo el Estado combine seguridad con políticas sociales y de desarrollo que reduzcan la lógica de poder detrás del crimen organizado a largo plazo.

Sobre el autor

José de Jesús Gómez Valle es analista político. Profesor Investigador en el CUCSH de la UdeG. Contacta: jose.gomezvalle@gmail.com y en X: @jgomezvalle.

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Opinión

Los riesgos para la gobernabilidad de Jalisco en 2026

Publicada

10 febrero 2026

10/02/2026

Por

José de Jesús Gómez Valle

Los riesgos para la gobernabilidad de Jalisco en 2026

La gobernabilidad se refiere a las formas y procesos en que una autoridad gubernamental toma decisiones de manera eficaz y la medida en que dichas decisiones se traducen en legitimidad. En un ejercicio prospectivo para imaginar los escenarios posibles que impactarían la gobernabilidad de Jalisco en 2026, se torna necesario dejar de mirar “el árbol” del presente y mirar “el bosque” de lo que resta del año.

Estamos en un año pivote: la antesala de la sucesión de 2027 y el escaparate global del Mundial de Fútbol.

Para profundizar en la prospectiva de Jalisco 2026 es necesario pasar del diagnóstico a la evaluación de riesgos específicos. En este análisis, se evalúa la probabilidad de ocurrencia y el impacto de las variables críticas en los indicadores que definen la gobernabilidad y la salud democrática de Jalisco.

A continuación, se presentan los 10 riesgos críticos para la gobernabilidad de Jalisco en 2026, analizados prospectivamente.

Parálisis por “Federalismo punitivo”

Con un presupuesto donde el 80 por ciento de los ingresos dependen de la Federación, la soberanía política de Jalisco es, en realidad, una negociación contable constante. Probabilidades de que exista tensión entre el Gobierno de Jalisco, emanado del partido Movimiento Ciudadano (MC) y el Gobierno Federal, emanado del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), podrían generar una relación que pase del retórico intercambio de declaraciones a la asfixia operativa.

El riesgo es que la Federación retrase deliberadamente flujos financieros o permisos federales (agua, energía, medio ambiente) críticos para obras estatales, buscando debilitar la marca política local rumbo al 2027. La posibilidad de esta tensión impactaría en obras inconclusas y servicios públicos deficientes que la ciudadanía cobraría al gobierno local.

Fragmentación de la Mesa Metropolitana

El Siapa y la gestión de la basura en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) son focos rojos de deterioro social. La ineficacia en estos servicios básicos es el camino más rápido al descontento ciudadano masivo.

Existe el riesgo de una ruptura en la coordinación técnica entre Guadalajara, Zapopan, Tonalá, Tlajomulco y Tlaquepaque. Al acercarse el año electoral, los alcaldes podrían priorizar agendas políticas individuales sobre la gestión técnica conjunta (seguridad, basura, vialidad), rompiendo el modelo de gobernanza metropolitana. Esto conllevaría crisis operativas en servicios municipales que colapsen la ciudad por sectores.

Obstrucción judicial interna

Con la reforma judicial federal en marcha, Jalisco enfrenta el desafío de reformar su propio Poder Judicial sin perder autonomía ni caer en la parálisis. Existe un foco de conflictividad política latente entre el Ejecutivo y las fuerzas de oposición en el Congreso. Se debe evitar la “copia acrítica” con el modelo federal y buscar un modelo híbrido que garantice la carrera judicial local para mantener la eficacia decisional.

Podría generarse una resistencia pasiva o “huelga de brazos caídos” dentro del Poder Judicial local ante la implementación de las reformas judiciales. Si los jueces y magistrados locales sienten amenazada su estabilidad por la elección popular de cargos, podrían ralentizar la impartición de justicia. Esto podría acarrear un aumento de la impunidad y parálisis en la resolución de conflictos comerciales y penales.

El “fuego amigo” prematuro

No deberá descartarse que la carrera por las candidaturas de 2027 se adelante incontrolablemente dentro del partido gobernante. Las facciones internas podrían comenzar a operar unas contra otras, filtrando información dañina o saboteando programas de sus rivales internos dentro del mismo gabinete. Lo cual repercutiría en un gobierno estatal que pierde el foco de gobernar para centrarse en la “grilla” interna, generando vacío de poder.

El factor más peligroso —y el menos visible— suele ser la erosión silenciosa de los “mecanismos de compensación” internos, esos acuerdos informales que permiten que algunas corrientes internas acepten que otra corriente controle las candidaturas sin romper el pacto. Cuando esos mecanismos dejan de funcionar, el conflicto ya no es sólo político, se torna también existencial.

Radicalización de la oposición en el Congreso

El Congreso del Estado se convertirá en un campo de batalla conforme se acerque 2027. La capacidad del gobernador para construir mayorías será puesta a prueba. Una mayoría opositora podría bloquear el presupuesto de 2027, afectando la estabilidad política. Se corre el riesgo de que la oposición (Morena y aliados) utilice su fuerza legislativa para bloquear sistemáticamente iniciativas clave o el presupuesto de 2027, no por razones técnicas, sino como estrategia de desgaste.

Eso conduciría a una gobernabilidad por decreto o reconducción presupuestal, lo que genera incertidumbre jurídica para proveedores y contratistas, pero principalmente a zonas y sectores que requieren respuestas a problemáticas ingentes.

Politización de la gestión del agua

A pesar de las inversiones, el Río Santiago sigue siendo una herida abierta. La presión internacional y de derechos humanos aumentará en 2026. Una buena gestión del agua sería un indicador clave de la eficacia de las políticas públicas a largo plazo.

Existe el riesgo de que la escasez de agua en el estiaje de 2026 sea utilizada como arma política. Si falla el suministro en colonias populares, la movilización social puede ser instigada por actores políticos para generar caos y culpar a la administración estatal. Posibles protestas masivas y cortes de vialidades principales afectarían la gobernabilidad urbana.

El “efecto escaparate” del crimen organizado

El Mundial es una oportunidad de oro, pero también un riesgo logístico. Cualquier episodio de violencia o falla en el transporte durante el evento tendría impacto global. Un éxito en el Mundial refuerza la legitimidad, un fallo la hunde internacionalmente. No se debe descartar el riesgo de que los grupos del crimen organizado aprovechen la visibilidad internacional del Mundial 2026 para enviar mensajes de poder. No necesariamente violencia contra turistas, sino bloqueos, mantas o eventos de alto impacto en la periferia como demostración de control territorial, aludiendo a un poder que ya no es únicamente simbólico.

Hechos de esta índole podrían generar una crisis reputacional global que destruya las narrativas de “Jalisco es México” y “Al estilo Jalisco” y afectar de manera ostensible la inversión extranjera.

El “segundo piso” de la crisis forense y de desaparecidos

Jalisco llega a 2026 liderando las estadísticas nacionales de desapariciones. El reto no es sólo estadístico, sino de legitimidad gubernamental. Existe una brecha de confianza profunda entre las cifras oficiales y la realidad de los colectivos de búsqueda. La gobernabilidad se erosiona cuando el Estado no puede garantizar el derecho a ser buscado.

El hallazgo de nuevas fosas masivas o la saturación visible del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) en pleno 2026 es un riesgo que no se puede descartar. Si la narrativa oficial choca frontalmente con una realidad inocultable, la legitimidad moral del gobierno se desploma. Un escenario como este puede provocar la radicalización de los colectivos de búsqueda y pérdida total de confianza en las instituciones de seguridad.

Gentrificación y desplazamiento violento

La Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) vive una crisis de asequibilidad. El desplazamiento de la población local hacia la periferia genera tensiones sociales y problemas de movilidad. El supuesto éxito económico del estado no se está traduciendo en bienestar habitacional para la clase media y para los jóvenes.

Hay un riesgo latente de que el aumento del costo de vida y vivienda en la ZMG, exacerbado por el turismo del Mundial, provoque un estallido social de las clases trabajadoras desplazadas a las periferias sin servicios. Lo que repercutiría en un aumento de delitos patrimoniales en zonas residenciales y polarización de clases (ricos vs. pobres) en el espacio urbano.

Infiltración criminal en policías municipales del interior

El dominio de grupos del crimen organizado en zonas limítrofes (Altos, Norte y límites con Michoacán/Zacatecas) desafía la soberanía del Estado. Existe el riesgo de una “gobernanza criminal” paralela que sustituya al Estado en la resolución de conflictos locales. Mientras se blinda la Zona Metropolitana para el Mundial, se corre el riesgo de que el crimen organizado consolide su control absoluto sobre las policías municipales de las regiones Altos, Norte y Sureste, creando “zonas de silencio” donde el Estado no existe.

La detención y vinculación del alcalde —y otros funcionarios del Ayuntamiento— del municipio de Tequila por presuntos delitos de violencia organizada y extorsión en días recientes son una muestra fehaciente de una institucionalidad vulnerada y corrompida. El riesgo de que esas conductas se repitan en otros municipios, está latente.

Conclusiones

El riesgo para Jalisco en 2026 es que la eficacia decisional y la estabilidad se vean sacrificadas en el altar de la conflictividad política. El Mundial actúa como un catalizador: puede ser la plataforma para demostrar una gobernanza de clase mundial o el escenario donde las fracturas sociales y de seguridad se expongan globalmente.

El gobierno deberá priorizar la cohesión institucional (blindar el Gabinete de la fiebre electoral) y la legitimidad (resolver de fondo casos emblemáticos de desaparición) para construir un colchón de confianza que le permita navegar las crisis que inevitablemente surgirán en los otros indicadores.

El mayor riesgo para la gobernabilidad de Jalisco en 2026 no es un colapso súbito, sino una erosión gradual y simultánea. El peligro es que el gobierno estatal sea tan eficiente en la administración de la imagen (mercadotecnia política para el Mundial) que descuide la administración de la realidad (seguridad y servicios en la periferia), creando una olla de presión que podría estallar justo antes de las elecciones de 2027.

En resumen, la gobernabilidad en Jalisco para este 2026 no se jugará en los discursos, sino en la capacidad técnica para resolver crisis humanitarias como la de las personas desaparecidas y la inseguridad, así como las operativas (servicios públicos: transporte, agua, basura), mientras se navega en un mar de polarización política nacional.

Sobre el autor

José de Jesús Gómez Valle es analista político. Profesor Investigador en el CUCSH de la UdeG. Contacta: jose.gomezvalle@gmail.com y en X: @jgomezvalle.

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