Del servicio público al crimen de Estado

El panorama regulatorio en México acaba de experimentar una transformación significativa. El 16 de julio de 2025, el Diario Oficial de la Federación publicó un Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), conocida como Ley Antilavado. Estas modificaciones no solo refuerzan las capacidades del Estado para combatir el lavado de dinero, sino que también integran explícitamente la lucha contra el financiamiento al terrorismo.

Si bien estos cambios son cruciales y representan un avance, la reforma omite un punto fundamental: la falta de una regulación específica y estricta para el sector público. Este, por su naturaleza, se ha convertido en una de las principales vulnerabilidades en la lucha contra la corrupción y el lavado de dinero en el país.

1. La nueva Ley Antilavado: Alcances y avances

La reforma a la Ley Antilavado fortalece la capacidad del Estado mexicano para combatir ilícitos financieros. Uno de los cambios más relevantes es la ampliación del objeto de la ley para incluir la investigación y persecución del financiamiento al terrorismo. Además, se endurecen las reglas para identificar al Beneficiario Controlador (BC), reduciendo el umbral de control del 50% a más del 25% del capital social, lo que obliga a quienes realizan actividades vulnerables a recabar documentación exhaustiva y a identificar al BC incluso si el cliente es una persona física.

Asimismo, la reforma introduce ajustes cruciales en las Actividades Vulnerables y sus umbrales de reporte. El sector de los Activos Virtuales (criptomonedas) ha sido objeto de cambios significativos, con una reducción drástica en el umbral para presentar avisos y la obligación de reportar incluso el cobro de comisiones. Para todos los sectores, se extiende el plazo para conservar la información y documentación de 5 a 10 años. Se impone la obligación de presentar Informes en ceros y, en caso de sospecha, emitir Avisos de 24 Horas a la autoridad, una medida de agilización y contundencia. También se introduce una definición formal de Personas Políticamente Expuestas (PEP) y se exige un seguimiento intensificado de sus operaciones.

2. El sector público: Un vínculo débil en la cadena de prevención

A pesar de los importantes avances de la nueva ley, un eslabón clave en la cadena de prevención permanece débil. La reforma no cataloga al servicio público como una actividad vulnerable ni impone a los funcionarios las mismas obligaciones de transparencia que a los actores del sector privado. La Ley Antilavado debería establecer que los servidores públicos, por su acceso a recursos y su posición de poder, son inherentemente vulnerables a la corrupción y el enriquecimiento ilícito. El servicio público implica la gestión de recursos de la nación y el manejo de información sensible para la seguridad del Estado. Por lo tanto, las actividades de los funcionarios, desde el manejo de presupuestos hasta la adjudicación de contratos, deben ser objeto del más alto escrutinio.

La urgencia de esta medida se ve respaldada por una serie de casos que han generado un severo cuestionamiento público. El ejemplo más reciente es el de Francisco Javier Antonio Martínez, un exfuncionario de la 4T, cuya historia de «taquero a millonario» expone una riqueza inexplicable, evidenciada por una costosa colección de vehículos de lujo que contrasta con sus ingresos declarados por tanto es imperativo que obligue a los funcionarios a rendir cuentas en plazos perentorios, como las 24 horas que se exigen al sector privado. 

La clase política como actividad vulnerable

La justificación para esta reforma se encuentra en una serie de casos que han generado un severo cuestionamiento público y han revelado la necesidad de un mayor escrutinio. Se ha señalado, por ejemplo, al ministro de la Corte, Arístides Guerrero, por presuntamente no dar a conocer información sobre sus bienes y tarjetas de crédito, lo que genera una patente falta de transparencia. Por otro lado, la ostentación de bienes inmuebles ha levantado suspicacias, como en el caso del legislador Gerardo Fernández Noroña, quien presumió una casa de 12 millones de pesos, un valor que se cuestiona si puede ser cubierto con el salario de un legislador. En la misma línea, se le atribuye al vocero de Morena, Arturo Ávila, la posesión de una casa de lujo en los Estados Unidos.

Estos señalamientos, así como las detenciones de altos mandos, como la de un vicealmirante de la Marina y un miembro del SAT en Matamoros por el delito de «huachicol fiscal», o el sonado caso del General Cienfuegos detenido en el aeropuerto de Los Ángeles, evidencian que los actos de corrupción no se limitan a un solo poder o institución, sino que permean en todos los niveles del gobierno y las fuerzas armadas. La falta de transparencia en sus declaraciones patrimoniales o la imposibilidad de justificar sus bienes solo refuerza la necesidad de una catalogación como actividad vulnerable en la Ley Antilavado.

La legislación actual reconoce a las personas políticamente expuestas (PEP), pero esta categorización resulta insuficiente. Es imperativo que se abra un capítulo exclusivo en las actividades vulnerables de dicha ley para toda la clase política y los servidores públicos, dada la altísima incidencia de corrupción en este sector. Desde el Presidente de la República y los miembros de su gabinete, hasta gobernadores, presidentes municipales, ministros de la corte, jueces, magistrados, y miembros del SAT, la Sedena y la Marina, miembros del congreso de la unión, a mayor abundamiento diputados, senadores, toda persona que desempeñe un cargo público debe ser catalogada como actividad vulnerable. Esto garantizaría una mayor transparencia en el ejercicio de sus funciones y al concluir sus cargos.

3. Propuesta de reforma al Código Penal Federal: Un nuevo capítulo sobre traición a la Patria

Para que estas medidas tengan un verdadero efecto disuasorio, es indispensable una reforma al Código Penal Federal que eleve la penalidad para los servidores públicos que quebranten la Ley Antilavado. Se propone que estos actos sean catalogados como traición a la patria, un delito que refleje la gravedad del daño causado al socavar los cimientos del Estado. La pena por este delito sería de 40 a 60 años de prisión, destitución e inhabilitación perpetua. Para que esta reforma sea realmente efectiva, debe ir acompañada de la eliminación del fuero constitucional en estos casos. El fuero fue creado para proteger a los legisladores de represalias políticas, no para blindarlos ante actos de corrupción. 

Se propone una reforma al Código Penal en la cual el funcionario o servidor público que infrinja la ley antilavado sea sujeto a la comisión del delito de traición a la patria. El pueblo les da la confianza para que desempeñen estos cargos públicos, y al cometer delitos como el lavado de dinero o el «huachicol fiscal», están traicionando claramente a la nación. Por lo tanto, el funcionario que quebranta la ley antilavado comete, por consecuencia, el delito de traición a la patria, el cual será exclusivamente para el sector ya comentado.

Para el delito de traición a la patria por cuestión de quebranto a la ley antilavado, no deberá de haber fuero constitucional, debido a que el funcionario lastimó a la nación con actos de corrupción en el ejercicio de sus funciones. Esto busca garantizar que quienes cometen estos delitos sean juzgados sin la protección que otorga el fuero.

Propuesta de reforma al Código Penal Federal

Capítulo II Bis. De la traición a la Patria cometida por servidores públicos

Artículo 127. Comete el delito de traición a la patria el servidor público que, por acción u omisión, en el ejercicio de su encargo o con motivo de este, se beneficie directamente o a través de interpósitas personas, de recursos de procedencia ilícita o participe en operaciones de financiamiento al terrorismo, en contravención a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y demás disposiciones aplicables.

Artículo 128. Se considerará autor del delito de traición a la patria a todo miembro en activo o retirado de las Secretarías de la Defensa Nacional (Sedena), de Marina (Semar), a los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a magistrados, ministros, jueces locales y federales, a ministerios públicos, a gobernadores, a presidentes municipales, a regidores, a síndicos, a miembros del Servicio de Administración Tributaria (SAT), a miembros de la unidad de inteligencia financiera (UIF), a miembros de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), diputados, senadores, todos los miembros del Congreso de la Unión, y a cualquier otro servidor público de cualquier nivel de gobierno, que incurra en los supuestos previstos en el artículo anterior.

Artículo 129. La pena de prisión señalada en el Artículo 126 del Código Penal Federal se aplicará, en su máximo, a los servidores públicos mencionados en el presente capítulo, sin importar si han sido declarados como «personas políticamente expuestas» por la Unidad de Inteligencia Financiera.

Artículo 130. Para los fines de esta reforma, se entenderá que el enriquecimiento inexplicable de un servidor público, la posesión de bienes que no correspondan a sus ingresos declarados o la participación en transacciones financieras sospechosas son indicios suficientes para iniciar una investigación por traición a la patria. La carga de la prueba para demostrar la licitud de los recursos recae en el servidor público.

4. Propuesta de reforma a la Ley Antilavado: Un nuevo capítulo de obligaciones

Además, se propone la inclusión de un nuevo capítulo en la Ley Antilavado, que establecerá explícitamente al servicio público como una actividad vulnerable:

Capítulo V Bis. De las obligaciones del servicio público

Artículo 26. El ejercicio del servicio público se considerará una actividad vulnerable por naturaleza, por lo que los funcionarios públicos estarán sujetos a las obligaciones de esta Ley y a las regulaciones específicas que de ella emanen.

Artículo 27. Los funcionarios públicos deberán rendir un informe completo de su situación patrimonial en un plazo máximo de 24 horas en caso de indicios de enriquecimiento ilícito, incluso si la operación no se concretó.

Artículo 28. Las personas sujetas a este capítulo deberán presentar una declaración de intereses, así como la información de todas sus cuentas bancarias, tarjetas de crédito, fideicomisos y empresas, tanto propias como de sus cónyuges y dependientes económicos, sin excepciones.

Artículo 29. Las autoridades competentes, como la Unidad de Inteligencia Financiera y la Secretaría de la Función Pública, podrán solicitar la información necesaria y realizar las investigaciones pertinentes sin necesidad de una orden judicial, siempre que existan indicios de un posible quebranto a la ley.  

Conclusión contundente

La carencia de una regulación específica para la clase política, militar y judicial en la Ley Antilavado ha sido, a todas luces, el gran punto ciego en el análisis del gremio de abogados en México. Mientras las élites de juristas se enfocaban en la complejidad de las transacciones privadas, se pasó por alto que la corrupción en el sector público es la verdadera fuente de la impunidad y un factor determinante en el debilitamiento de las instituciones. Este fin de semana, los actos de corrupción expuestos al público—que involucraron a un miembro del SAT y a un vicealmirante de la Marina—son una demostración palpable de que la vulnerabilidad más grave reside en quienes, por su cargo, tienen la obligación de proteger a la nación y no de traicionarla. La propuesta de catalogar al servicio público como una actividad vulnerable no es solo una medida administrativa, sino una cuestión de seguridad nacional y de sanidad moral para el país.

El pueblo les confiere a estos servidores un mandato sagrado: el de administrar los recursos y velar por el bienestar de todos. Por ello, cuando un funcionario transgrede la Ley Antilavado, no solo comete un delito financiero, sino que traiciona la confianza de la nación que lo invistió de poder. En este sentido, la tipificación del lavado de dinero por parte de un funcionario como delito de traición a la patria es una medida de justicia elemental. Al usar sus cargos para enriquecerse ilícitamente, estos individuos lastiman profundamente a la nación, traicionan la esencia de la democracia y minan los cimientos del Estado de derecho. Es un acto de felonía que debe ser castigado con la máxima severidad, sin la protección de privilegios como el fuero constitucional.

De manera destacada y lamentable, esta omisión en el análisis de la Ley Antilavado había sido una constante en los círculos legales del país. A la fecha, el único que ha tenido la visión de proponer esta reforma integral es el suscrito autor del presente artículo, ya que he señalado la necesidad de catalogar a los políticos como una actividad vulnerable y de sancionar sus actos ilícitos como traición a la patria, haciendo evidente que la verdadera lucha contra la corrupción debe comenzar por los que tienen el deber de servir. El futuro de México y la integridad de sus instituciones dependen de que esta visión sea adoptada con la urgencia que la situación demanda.

Sobre el autor

Fernando Arango Ávila es jurista y académico. Doctor en Ciencias de lo Fiscal, y actualmente cursa un posdoctorado en Derecho. Actualmente, combina su experiencia práctica con su labor investigativa. Escribe: drarango83@gmail.com.