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Opinión

El abogado mexicano, un litigante invencible en el escenario binacional

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Propuesta para la inclusión de la materia de Derecho de los Estados Unidos de América en la currícula jurídica mexicana

México y los Estados Unidos mantienen una de las relaciones comerciales más dinámicas del mundo, lo que ha generado una interdependencia económica y jurídica sin precedentes. No obstante, la formación de los abogados mexicanos no siempre ha evolucionado al mismo ritmo, lo que ha creado una brecha en la interpretación y aplicación de las legislaciones estadounidenses que impactan directamente en la soberanía y la economía mexicanas. Por ello, se propone formalmente a las más altas autoridades educativas y a los rectores de las facultades de Derecho de México la inclusión de una materia obligatoria o de una especialidad en Derecho de los Estados Unidos de América.

La falta de este conocimiento especializado representa una desventaja competitiva para los abogados mexicanos, quienes se ven obligados a trabajar en colaboración con despachos estadounidenses, cediendo una parte significativa del litigio y la asesoría a profesionales de ese país. Esta situación no solo implica una pérdida económica, sino también una merma en la soberanía jurídica de México al depender de terceros para la interpretación de leyes que afectan directamente a sus ciudadanos y empresas. La inclusión de esta materia permitiría a los abogados mexicanos asumir el liderazgo en los casos transfronterizos.

La integración de esta disciplina en la currícula no solo es una cuestión de competitividad, sino también de seguridad nacional. La comprensión de las leyes estadounidenses es crucial para la defensa de los intereses de México. Los abogados mexicanos deben estar preparados para enfrentar los desafíos que surgen de la aplicación extraterritorial de leyes como la Ley Kingpin, la Ley Patriota y las disposiciones sobre el fentanilo, entre otras. El conocimiento de estas legislaciones es esencial para proteger a las empresas y ciudadanos mexicanos de posibles sanciones, incautaciones y juicios en el extranjero.

La materia de Derecho de los Estados Unidos de América debe ser impartida por profesores altamente calificados que tengan un conocimiento profundo del sistema legal de ese país. La materia no debe ser una simple introducción a la ley estadounidense, sino un análisis profundo de la jurisprudencia, los precedentes y las normas que tienen un impacto directo en México. Esta formación de vanguardia preparará a los abogados mexicanos para competir en un mercado global y para defender los intereses de la nación en el escenario internacional.

La imperativa necesidad de una formación de vanguardia

La globalización y la integración económica han hecho que el conocimiento del derecho internacional público y privado ya no sea suficiente. El futuro litigante mexicano debe ir más allá para poder competir y defender los intereses de sus clientes en un contexto binacional. Es crucial que los estudiantes de Derecho tengan un conocimiento profundo de legislaciones como la Ley Kingpin, la Ley Patriota y las disposiciones sobre el fentanilo. Estas leyes, diseñadas por el gobierno estadounidense, tienen un impacto directo en la economía y el sistema legal mexicanos. Una interpretación superficial de estas legislaciones puede llevar a consecuencias graves, incluyendo sanciones económicas, extradiciones y juicios en el extranjero.

La inclusión de esta materia o especialidad preparará a los abogados mexicanos para identificar y prevenir riesgos legales derivados de las operaciones comerciales transfronterizas. Además, podrán asesorar a empresas y particulares sobre las implicaciones de las leyes extraterritoriales de Estados Unidos y litigar de manera efectiva en casos que involucren ambas jurisdicciones, como en temas de extradición y delitos transnacionales. La formación de vanguardia es la clave para la competitividad del abogado mexicano en el mercado global.

El Derecho de los Estados Unidos de América no es una simple materia, sino una herramienta para la defensa de los intereses de México. La comprensión de estas leyes es esencial para proteger a las empresas y ciudadanos mexicanos de posibles sanciones, incautaciones y juicios en el extranjero. La inclusión de esta materia o especialidad preparará a los abogados mexicanos para competir en un mercado global y para defender los intereses de la nación en el escenario internacional.

La formación de vanguardia no es un lujo, sino una necesidad. El futuro litigante mexicano debe estar preparado para enfrentar los desafíos que surgen de la aplicación extraterritorial de leyes como la Ley Kingpin, la Ley Patriota y las disposiciones sobre el fentanilo. El conocimiento de estas legislaciones es esencial para proteger a las empresas y ciudadanos mexicanos de posibles sanciones, incautaciones y juicios en el extranjero. La inclusión de esta materia permitirá a los abogados mexicanos asumir el liderazgo en los casos transfronterizos.

La superioridad del litigante mexicano: un factor de competitividad

A diferencia de los abogados en Estados Unidos, el litigante mexicano se enfrenta a un sistema legal lleno de desafíos que lo obligan a desarrollar una capacidad y una resiliencia excepcionales. La corrupción, el burocratismo y las deficiencias estructurales en el sistema judicial mexicano han forzado a los abogados a agudizar su ingenio y a perfeccionar sus habilidades de litigio.

Mientras que un abogado en Estados Unidos puede confiar en un sistema con procesos más establecidos y, en general, menos obstáculos, su contraparte mexicana tiene que navegar en un entorno más complejo. Esta realidad hace que el abogado mexicano, por necesidad, sea más capaz, adaptable y estratégico. Su experiencia en el campo de batalla de la justicia mexicana lo prepara para superar cualquier desafío en la arena internacional. Por lo tanto, con una sólida formación en derecho estadounidense, el litigante mexicano estaría en una posición de clara superioridad para competir en el mercado jurídico binacional.

La resiliencia y la capacidad de adaptación del abogado mexicano no tienen comparación. La lucha constante contra la corrupción y el burocratismo ha forjado una mentalidad de superación que es inigualable. El abogado mexicano se ha visto obligado a desarrollar habilidades de negociación, litigio y estrategia que no son comunes en otros sistemas judiciales. Esta experiencia en el campo de batalla de la justicia mexicana lo prepara para superar cualquier desafío en la arena internacional.

La superioridad del litigante mexicano es un factor de competitividad que no puede ser ignorado. Con una sólida formación en derecho estadounidense, el abogado mexicano estaría en una posición de clara superioridad para competir en el mercado jurídico binacional. Su capacidad para navegar en un sistema complejo, su resiliencia y su habilidad para resolver problemas son activos que no tienen precio. La inclusión de esta materia en la currícula jurídica mexicana es un paso importante para que el abogado mexicano asuma el liderazgo en los casos transfronterizos.

La formación de vanguardia y la experiencia en el campo de batalla de la justicia mexicana son la combinación perfecta para que el abogado mexicano compita y defienda los intereses de la nación en el escenario internacional. La inclusión de esta materia o especialidad preparará a los abogados mexicanos para ser líderes en el mercado jurídico binacional. La superioridad del litigante mexicano es un factor de competitividad que no puede ser ignorado.

Un llamado a la acción

Esta propuesta no es una simple sugerencia, sino un llamado a la acción para que las universidades y la Secretaría de Educación Pública asuman su responsabilidad de formar a la próxima generación de abogados con una visión de futuro. La implementación de una materia o especialidad en Derecho de los Estados Unidos es un paso crucial para garantizar que los abogados mexicanos estén a la vanguardia educativa y listos para defender los intereses de la nación en el escenario internacional.

La educación jurídica en México debe evolucionar al ritmo de la globalización. La inclusión de esta materia o especialidad es un paso importante para que los abogados mexicanos estén a la vanguardia educativa y listos para competir en un mercado global. Es un llamado a la acción para que las universidades y la Secretaría de Educación Pública asuman su responsabilidad de formar a la próxima generación de abogados con una visión de futuro.

El heroísmo del litigante mexicano: una ventaja competitiva única

El valor del abogado mexicano se forja en el día a día, en un entorno donde cada diligencia, cada audiencia y cada comparecencia puede ser un riesgo. A diferencia de sus contrapartes en Estados Unidos, que operan en un entorno judicial más seguro y predecible, el litigante mexicano a menudo se enfrenta a la corrupción, al burocratismo paralizante e incluso a la amenaza de la violencia. Cada vez que defiende a un cliente en una diligencia de embargo, en un juzgado laboral o en un ministerio público, está poniendo en juego su propia seguridad y, en ocasiones, hasta la vida.

Esta valentía no es un simple atributo personal; es una habilidad profesional. La pericia del abogado mexicano se demuestra en su capacidad para litigar bajo presión, para navegar en un sistema complejo y para proteger a sus clientes de los peligros que van más allá del simple litigio. Esta experiencia única en el campo de batalla judicial, combinada con un profundo conocimiento del derecho estadounidense, haría a los abogados mexicanos prácticamente invencibles en cualquier litigio o controversia internacional. Su valentía, su resiliencia y su habilidad para resolver problemas son un activo invaluable que no puede ser subestimado.

El riesgo extremo como parte de la profesión. La realidad del litigante mexicano es que el peligro es una constante. En diligencias de embargo o en conflictos de alto perfil, el abogado no solo enfrenta a la parte contraria, sino que también puede ser blanco de intimidación, amenazas o, en los casos más trágicos, de violencia física. A diferencia de Estados Unidos, donde los procedimientos legales suelen ser mucho más estructurados y seguros, en México la vida del abogado puede estar en juego. Este factor de riesgo extremo no solo forja un carácter indomable, sino que también dota al litigante de una pericia única para anticipar y manejar situaciones de alta tensión que un abogado estadounidense simplemente no está preparado para enfrentar.

Una mente y un espíritu invencibles. La valentía y la capacidad de resistencia que los abogados mexicanos desarrollan ante la adversidad les otorgan una ventaja psicológica y estratégica inmensa. Cuando un abogado estadounidense se encuentra con un sistema que no funciona de manera predecible, puede sentirse abrumado. Sin embargo, para el abogado mexicano, la imprevisibilidad y el riesgo son parte de su rutina. Su falta de miedo, forjada por la constante lucha contra el burocratismo y la corrupción, lo hace un oponente formidable. La combinación de esta resiliencia innata con un conocimiento formal del derecho estadounidense crearía un perfil de abogado prácticamente invencible en cualquier tipo de contienda legal.

A continuación, una dedicatoria para el gremio de abogados en México

A los litigantes invencibles de México: un homenaje a la valentía y la pasión por la justicia

Esta dedicatoria es para ustedes, los abogados mexicanos, cuyo heroísmo se forja en el día a día. Para aquellos que, con el sol apenas asomándose, ya van camino a una diligencia de embargo, y para quienes se abren paso en el metro, la combi, el camión e incluso en canoa, con la mente fija en el tribunal. Su valentía no es un simple rasgo personal; es una habilidad profesional que les permite litigar bajo una presión extrema, navegar un sistema complejo y proteger a sus clientes de peligros que van más allá del litigio.

Esta resiliencia, forjada por la lucha constante contra la corrupción, el burocratismo y la imprevisibilidad, es lo que los hace únicos. A diferencia de sus contrapartes en otras naciones, ustedes han tenido que agudizar su ingenio y perfeccionar sus habilidades para superar cualquier desafío en el campo de batalla de la justicia. Por necesidad, se han vuelto más capaces, adaptables y estratégicos, lo que les da una posición de clara superioridad en el mercado jurídico binacional.

También, esta dedicatoria es para quienes, desde un escritorio, hacen una labor trascendental preparando el camino para el futuro de los juicios en línea. Para los secretarios de acuerdos, los jueces y los proyectistas, que tienen la inmensa responsabilidad de impartir justicia. Para los actuarios, que llegan a los lugares más recónditos para hacer una notificación, en compañía del abogado que trazó la estrategia para encontrarlos.

Y en un llamado a la acción, esta es una dedicatoria para los integrantes de la nueva Corte, recordándoles la enorme responsabilidad que tienen de dignificar esta hermosa carrera, aplicando la justicia sin tintes partidistas. A los ministerios públicos, a quienes un entorno adverso y la falta de salarios dignos no los definen, sino que su preparación continua los hace mejores.

Finalmente, esta es una dedicatoria para los niños que sueñan con ser abogados y para los estudiantes que hoy se forman para ser los juristas del mañana. Su valentía, su resiliencia y su habilidad para resolver problemas no tienen precio. Con la combinación de esa resiliencia innata y una sólida formación en derecho, se convertirán en líderes en el mercado jurídico binacional y en defensores de la nación en el escenario internacional. La educación legal en México debe evolucionar al ritmo de la globalización, y la inclusión de materias como el Derecho de los Estados Unidos es un paso crucial para asegurar que los abogados estén a la vanguardia.

Esta propuesta no es sólo una sugerencia, sino un llamado a la acción para ustedes, porque la educación de vanguardia no es un lujo, sino una necesidad para la competitividad del abogado mexicano en el mercado global.

Sobre el autor

Fernando Arango Ávila es jurista y académico. Doctor en Ciencias de lo Fiscal, y actualmente cursa un posdoctorado en Derecho. Actualmente, combina su experiencia práctica con su labor investigativa. Escribe: drarango83@gmail.com.

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Opinión

De renuncias y crisis en el IEPC Jalisco

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La repentina salida de la consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC)

La repentina salida de la consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC), deja muchas más interrogantes que las que la cobertura mediática ha planteado hasta ahora. Más allá del relato de una «renuncia por motivos personales» y tras una gestión severamente cuestionada, hay otras lecturas que no han sido abordadas.

La consejera presidenta que se va construyó buena parte del capital político institucional de su gestión a partir de narrativas de paridad, inclusión de grupos históricamente discriminados y mecanismos de participación ciudadana; durante su gestión el impulso y promoción de esos temas era una divisa de uso común. No obstante, la realidad y algunas evidencias empíricas muestran lo contrario. Desde el año pasado circuló en algunos medios una denuncia por violencia política en razón de género de Bertha Rocío Reyes Reyes, funcionaria del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) del IEPC, quien fue removida y rotada arbitrariamente de su adscripción original por lo que denunció, a la consejera presidenta, a un consejero y a dos consejeras más, por acoso laboral y por violar el estatuto del SPEN. Aquí aparece una disonancia entre la «marca personal» externa de quienes integran el órgano máximo de dirección del IEPC y lo que habría ocurrido al interior del propio organismo. Esa brecha entre política pública de cara afuera y cultura organizacional hacia adentro es, probablemente, un dato muy relevante para entender una de las causas de la renuncia.

En México, la única autoridad facultada para remover a una consejera o un consejero electoral es el Instituto Nacional Electoral (INE) a través de un recurso de remoción, un proceso público, documentado y con efectos para sentar precedentes. Una renuncia «personal e irrevocable» negociada directamente con la presidenta del INE en una reunión en la Ciudad de México, permitiría evitar ese expediente público y estaríamos ante la consolidación de una ruta de salida que normaliza procesar y resolver crisis de gobernanza electoral sin escrutinio formal ni rendición de cuentas documentada, algo que sentará una peligrosa referencia para casos futuros en otros organismos electorales.

Otro problema de fondo es de tiempos, el inexorable calendario electoral sigue caminando. Una decisión de la magnitud de cubrir una vacante como la aquí comentada, tomada bajo presión de cronómetro y en plena preparación del proceso 2026-2027, es exactamente el tipo de ventana que un sistema de partidos confrontado y polarizado puede capturar mediante negociaciones cruzadas o vetos, no necesariamente por un plan maquiavélico ¿cómo creen?, sino por la lógica, que no por informal es menos utilizada, de reparto político ante un puesto vacante de mucha trascendencia.

En un momento en que los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) han enfrentado presiones derivadas de recortes presupuestales, cuestionamientos sobre sus funciones y propuestas de reforma que incluso han planteado reducir sus atribuciones o desaparecerlos es un contexto latente. Una salida turbulenta, con denuncias internas no resueltas y un vacío de liderazgo justo antes de un proceso electoral, es precisamente el tipo de episodio que se puede usar como evidencia anecdótica para argumentar que los OPLE son disfuncionales y que conviene centralizar sus funciones en el INE. El riesgo no es únicamente quién dirige el IEPC, sino si el episodio se convierte en un caso de estudio dentro del debate sobre la sobrevivencia del propio Instituto.

Por otro lado, la secuencia de los hechos de la renuncia reproduce exactamente el mismo patrón de manejo reactivo que ya había mostrado fallas durante el cómputo de 2024, cuando el IEPC comunicó, de manera improvisada y defectuosa, amenazas y denuncias de forma fragmentada y bajo presión mediática. Lo que no se ha señalado es que este patrón deja pasivos narrativos sin cerrar para quien tome la Presidencia; esos pasivos son la denuncia de violencia política de género sin resolución pública, la última controversia con la consulta ciudadana para decidir sobre el paso de las elecciones con partidos políticos a un sistema indígena de usos y costumbres, y la ausencia de explicación oficial sobre las causas reales de la salida. El próximo o la próxima presidenta del IEPC no únicamente heredará un proceso electoral 2026-2027 en arranque, sino un inventario de temas explosivos que la gestión saliente nunca cerró comunicacionalmente, y que en cualquier momento pueden reactivarse como antecedente directo.

Es preciso recordar que la mayoría de los análisis y críticas hacia el IEPC en la elección del 2024 se concentraron en los litigios poselectorales y las controversias derivadas de las elecciones del Ayuntamiento de Guadalajara y de la Gubernatura del Estado. Sin embargo, el problema más profundo es que el organismo electoral local perdió capacidad para construir confianza pública. En una democracia moderna, la legitimidad no depende únicamente de hacer bien los cómputos, sino de que los actores políticos y la ciudadanía crean que la autoridad actúa con imparcialidad. La defensa técnica de los procedimientos fue constante, no obstante, la construcción narrativa de la confianza fue deficiente. El instituto ganó varias discusiones jurídicas, no todas, pero perdió la batalla de la percepción pública.

Después de la jornada electoral del 2024, la Presidencia del IEPC actuó como una autoridad técnica explicando procedimientos, porcentajes y reglas, no siempre de manera oportuna y eficaz. El problema es que los actores políticos estaban demandando algo distinto, demandaban una figura capaz de contener tensiones, generar interlocución y transmitir certidumbre en un contexto altamente polarizado. La diferencia entre administrar una elección y liderar una institución electoral quedó expuesta. La comunicación se concentró en datos cuando la sociedad estaba demandando confianza.

La gran lección del 2024 es que en contextos de polarización ya no basta con organizar bien las elecciones. Las autoridades electorales deben ser capaces de administrar confianza, percepción pública y legitimidad democrática en tiempo real.

El verdadero examen para el IEPC será demostrar en los próximos meses que aprendió de esa experiencia y que puede llegar al 2027 como una institución más resiliente, menos dependiente de la discrecionalidad y personalización de una sola figura, con estrategias comunicacionales robustas para gestionar crisis y blindada contra dinámicas de presión partidistas. De no hacerlo, pende sobre el IEPC la posibilidad de que el INE ejerza la facultad de asunción para asumir directamente la organización del proceso electoral local. 


Sobre el autor

José de Jesús Gómez Valle es analista político. Profesor Investigador en el CUCSH de la UdeG. Contacta: jose.gomezvalle@gmail.com y en X: @jgomezvalle.

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Una sede mundialista con alta percepción de inseguridad

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Una sede mundialista con alta percepción de inseguridad

A tres días de la inauguración del Mundial 2026, tres de los municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) llegan a esta fiesta deportiva con una alta percepción de inseguridad.

El primer trimestre de 2026 (de enero a marzo) reportó incrementos de doble dígito en la percepción de inseguridad en los municipios de Guadalajara, Zapopan y Tonalá.

Tan sólo en la capital jalisciense el 90.2 por ciento de las personas asegura sentirse insegura, es decir que nueve de cada 10 tapatíos temen ser víctimas de la violencia o vivir algún tipo de delito.

En Zapopan, donde se encuentra el Estadio Guadalajara, sede de cuatro partidos del Mundial de Futbol 2026, la percepción de inseguridad subió 16.1 puntos de un trimestre a otro, al pasar de 54.7 a 70.8, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (Ensu), publicada el pasado 26 de abril.

En Tonalá, el indicador aumentó 11.6 puntos, al subir de 56.5 a 68.1 por ciento.

Este incremento entre el pasado trimestre (de octubre a diciembre de 2025) y el primer trimestre de 2026 parece responder a los hechos de violencia registrados el pasado 22 de febrero, cuando se logró la captura y abatimiento de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.   

En Guadalajara, el porcentaje de personas que se sienten inseguras pasó de 79.2 en diciembre de 2025 a 90.2 en marzo de 2026.

Los datos también muestran un aumento en Puerto Vallarta, principal destino de playa de la entidad, donde la percepción pasó de 32.0 a 59.9. Este municipio registró el mayor incremento del periodo en Jalisco, con un alza de 27.9 puntos porcentuales.

En contraste, la Ensu reporta una disminución en la percepción de inseguridad en municipios de Tlajomulco de Zúñiga y Tlaquepaque.

Tlajomulco de Zúñiga reportó una disminución en la percepción de inseguridad, al pasar de 73.9 a 70.1. En San Pedro Tlaquepaque, el indicador también bajó, de 65.8 a 62.5.

Aunque la disminución ronda los tres puntos, es relevante en uno de los trimestres más complejos registrados en Jalisco.

El Mundial de Futbol de 2026 está por comenzar y la seguridad es la prioridad para las autoridades, la meta es que la estancia de las y los visitantes sea tranquila y que los jaliscienses vivan esta fiesta sin percances.

En los centros de los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco se ofrecerán actividades para estos días de competencia deportiva, las autoridades locales aseguran que se desplegarán los operativos para garantizar la seguridad de los asistentes.

Como ciudadanas y ciudadanos confiemos en que la máxima fiesta deportiva se realizará en paz y con saldo blanco.

La próxima Ensu se publicará el 24 de julio, justo después de la final del Mundial, entonces veremos los resultados de las estrategias de seguridad implementadas previamente y durante la justa deportiva.


Mayra Torres de la O es maestra en Transparencia y Protección de Datos Personales. Ha escrito para medios como El Informador y Milenio.

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