El agua no entiende de partidos ni fronteras políticas

En distintas colonias del Área Metropolitana de Guadalajara, abrir la llave se ha convertido en una incertidumbre. El agua llega turbia, con mal olor, y miles de familias se preguntan si pueden utilizarla para las tareas más elementales. La indignación salió de las casas y ocupó las calles. Entre protestas y reclamos, una pregunta persiste: ¿cómo llegamos hasta aquí?

El artículo cuarto constitucional reconoce el derecho humano al agua. Pero entre lo que establece la Constitución y lo que sale de nuestras tuberías existe una distancia que se mide en décadas de infraestructura envejecida, contaminación y decisiones postergadas.

El problema comienza mucho antes de llegar a nuestros hogares. El río Lerma recorre más de 700 kilómetros hasta desembocar en el lago de Chapala. Atraviesa estados, ciudades, zonas agrícolas e industriales. Su cuenca recuerda una verdad elemental: el agua no reconoce fronteras políticas ni administrativas.

Por eso, hablar del abastecimiento de Guadalajara también exige hablar de responsabilidades federales. ¿Quién vigila las descargas contaminantes? ¿Qué sanciones reciben quienes deterioran nuestros ríos? ¿Cómo se coordinan los estados que comparten la cuenca?

En su Segundo Informe, la presidenta Claudia Sheinbaum reportó acciones de saneamiento en la cuenca Lerma-Santiago. La Federación también ha anunciado inversiones, rehabilitación de plantas y obras de conducción. Pero los porcentajes de avance físico no equivalen necesariamente a ríos recuperados.

Si se habla de avances de saneamiento, resulta indispensable conocer su alcance: ¿qué tramos se han intervenido?, ¿cuánto disminuyeron los contaminantes?, ¿qué resultados muestran los monitoreos independientes? Para un río con décadas de deterioro, las cifras necesitan traducirse en mejoras ambientales verificables.

Jalisco requiere respuestas a la altura de esa emergencia.

La crisis metropolitana también tiene una historia propia. El sistema antiguo que conduce agua de Chapala hacia Las Pintas permanece expuesto a descargas irregulares. A ello se suma una infraestructura cuya modernización lleva décadas en discusión.

Cambian las legislaturas, las administraciones y los discursos. Las tuberías envejecen.

Hoy, el dilema es tan sencillo de formular como difícil de resolver: ¿menos agua de mejor calidad o mantener el suministro mediante un sistema que presenta problemas de contaminación?

Tras reunirse con autoridades metropolitanas y organismos operadores, el gobernador Pablo Lemus anunció la decisión de suspender el uso de la presa Las Pintas y del sistema antiguo de Chapala. La medida busca reducir el ingreso de agua contaminada, aunque implicará un esquema de distribución rotativa durante varios meses.

Es una decisión con consecuencias que exige información clara, atención a las colonias afectadas y pruebas públicas de que mejora la calidad del agua.

En paralelo, el Gobierno estatal reporta una inversión de cinco mil millones de pesos para el desvío de La Calera y la modernización de Miravalle. También propone un acueducto sustituto Chapala-Guadalajara, cuyo financiamiento deberá analizar el Congreso.

La Federación, por su parte, tiene pendiente completar las obras necesarias para aprovechar plenamente El Zapotillo, de acuerdo con los compromisos anunciados entre ambos gobiernos.

Aquí es donde la política necesita altura de miras, pero también soluciones palpables. El Congreso debe examinar costos, plazos y garantías. Las autoridades deben publicar resultados y rendir cuentas. Y quien cuestione una propuesta tiene el derecho de hacerlo, pero también la responsabilidad pública de explicar qué alternativa considera viable.

La indignación ciudadana merece respuestas y los acuerdos deben convertirse en agua limpia, infraestructura funcional y compromisos cumplidos.

Quizá sea momento de conceder a las soluciones propuestas el beneficio de una evaluación seria, sin extender cheques en blanco.

Porque el agua no tiene partido. Cuando falta o llega sucia, tampoco distingue entre quienes votaron de una forma u otra.

El verdadero acuerdo de Estado comenzará cuando el derecho al agua deje de ser una promesa constitucional y vuelva a ser una certeza al abrir la llave.

Sobre la autora

Renata Hernández Flores es politóloga por la Universidad de Guadalajara y estratega en comunicación con más de diez años de experiencia en el diseño de contenidos, narrativas y estrategias de comunicación para gobiernos, instituciones públicas y proyectos con impacto social.