En teoría, las ciudades fueron hechas para la convivencia; Guadalajara, llamada en los arcos de la antigua Garita de San Pedro “la de los de Jalisco”, parece empeñada en educar a sus habitantes en la paciencia forzada. Moverse de un punto a otro se ha vuelto una rutina extenuante. Una penitencia bastante democrática: castiga tanto al usuario del transporte público como al automovilista que creyó haber comprado una vía de escape. Aquí nadie se mueve bien; apenas se atasca con distinta tapicería.

El problema no consiste en enumerar las penurias del usuario “de a pie”. El verdadero “tema” (como le llaman hoy) es que Guadalajara no solo se mueve mal: está normalizando su inmovilidad. Lo revelador es que este desastre tiene método: este colapso no fue producto del azar. Fue planeado, financiado, diagnosticado y adornado con solemnidad institucional. Entre renders impecables, anuncios grandilocuentes y discursos sobre modernidad —más cercanos a un manual de coaching que a una política pública—, la Ciudad quedó atrapada en un esquema de movilidad que ya no da más de sí.

No hace tanto, la ciudad todavía podía presumir cierta fluidez. El quiebre llegó en la última década. El índice de motorización se disparó hasta rozar los 500 autos por cada mil habitantes y hoy la metrópoli carga con 823 vehículos por cada mil habitantes. El desenlace era previsible, aunque en esta Ciudad la sorpresa suele administrarse como si fuera política pública: la velocidad promedio cayó de 25 kilómetros por hora a apenas 12 o 14 en las horas pico. Una gran urbe con más de 5 millones de personas que avanza, paradójicamente, en reversa.

Mientras tanto, los institutos, observatorios y oficinas encargadas de la movilidad han producido durante años una respetable biblioteca de buenas intenciones: planes climáticos, ordenamientos territoriales, polígonos de resiliencia y otras piezas de liturgia burocrática, concebidas para vivir y morir en PDF. Mantener esa maquinaria nos cuesta cientos de millones de pesos, con un escandaloso 87% del presupuesto evaporado en nómina. Mucho diagnóstico, poca calle. Mucho experto en Canvas, poco ciudadano llegando a tiempo.

¿Hay salida? Sí, pero no en el catálogo habitual de simulaciones urbanas. Hace falta dejar de administrar el síntoma y empezar a tratar la enfermedad. Si el problema se atiende en sus causas, y no en sus efectos más vistosos, una agenda metropolitana seria tendrá que abrir varios frentes para integrar la movilidad al desarrollo urbano, con menos rollo y más racionalidad.

I. Transporte público efectivo, conectividad multimodal y una alternativa aérea

Toda ciudad delata sus prioridades en aquello que facilita. Guadalajara ha decidido favorecer al automóvil y convertir en obstáculo la vida de quienes no se mueven en él. Mientras el transporte público no sea la columna vertebral del sistema, todo lo demás será escenografía vial.

• La alternativa aérea (teleféricos metropolitanos): mientras se gastan millones en simuladores virtuales para ver cómo se atoran los camiones en el asfalto, experiencias como el cablebús en CDMX recuerdan que la movilidad masiva puede, literalmente, despegar del suelo.

El teleférico, en promedio, cuesta mucho menos por kilómetro que una línea del Tren Ligero y puede mover hasta 3 mil pasajeros por hora por sentido. Su ventaja en Guadalajara no necesita demasiada explicación: ocupa poco espacio en superficie y queda fuera del tráfico y de las inundaciones que cada temporal y el Siapa convierten en rutina. En una ciudad sofocada abajo, mirar arriba ya no es una extravagancia; es sentido común.

• Rediseñar el modelo de autobús: rutas trazadas según la demanda real, subsidios condicionados al desempeño y retiro inmediato de la concesión para quien incumpla de manera reiterada los estándares básicos de puntualidad, seguridad y trato al usuario.

• Control ciudadano en la palma de la mano: una app de uso obligatorio para concesionarios y operadores, que permita rastrear unidades, reportar saturación y evaluar en tiempo real la calidad del servicio y la conducta del chofer.

• Un nuevo modelo financiero: calcular el costo real del sistema para garantizar tarifas justas y descuentos sin condicionamientos. El transporte público debe ser un derecho urbano, no una franquicia política.

• Adiós a los camiones de carga: sustituir unidades pensadas para cargar ganado en terracería por autobuses con suspensión neumática, piso bajo y accesibilidad real.

• Extender la vida nocturna de las rutas: ampliar horarios de madrugada en corredores estratégicos, con seguridad específica para trayectos laborales y de esparcimiento.

II. Gestión vial inteligente y rendición de cuentas

La infraestructura vial no puede seguir funcionando como una coartada de concreto. Tiene que servir para mover personas, no para justificar presupuestos ni para administrar el caos con vocabulario técnico.

• Exigir cuentas a los planificadores del caos: si no mejoran la velocidad comercial ni reducen siniestros, los (ir)responsables deben irse. La impunidad administrativa también congestiona.

• Semaforización realmente inteligente: sensores y ajustes dinámicos según cargas vehiculares, no un sistema que presume inteligencia solo en la licitación.

• Velocidades razonables y auditoría a las fotomultas: ajustar límites según horario para que la seguridad no siga funcionando como una trampa fiscal con radar.

• Adecuación de los topes: auditarlos caso por caso; no todos calman el tránsito, muchos solo castigan la circulación.

• Pavimentos acordes con la realidad: apoyar a los municipios para adaptar mantenimiento y materiales al peso real que soportan sus vialidades.

• Regulación de nuevos vehículos ligeros: scooters y bicicletas eléctricas rápidas necesitan reglas claras; el camellón no es pista de pruebas.

III. Desincentivar el automóvil y reorganizar los horarios de la Ciudad

La Ciudad no puede seguir premiando el automóvil individual mientras simula combatir el colapso. No se puede declarar la guerra al congestionamiento y, al mismo tiempo, subsidiar cada una de sus causas.

• Gravar el uso efectivo del automóvil: una tenencia verde o descuentos a quien demuestre menor uso. Si contaminar y saturar sale barato, seguiremos comprando congestión vial.

• Parquímetros en sentido inverso: que estacionarse en vía pública deje de subsidiar el hábito de llevar auto para todo, mediante tarifas regresivas y no progresivas por tiempo de un auto en desuso.

• Servicios y distribución nocturnos: basura, mantenimiento y reparto de mercancías deberían operar de noche, con incentivos municipales para los negocios que se sumen.

• Cercanía laboral y horarios escalonados: estímulos a empresas que contraten cerca de sus centros de trabajo y flexibilicen entradas y salidas para despresurizar las horas pico.

• Limitar el acceso a vehículos pesados: evitar el ingreso de vehículos de carga al área urbana, con descuentos en libramientos y horarios de circulación restringidos a periodos de baja congestión.

IV. Micromovilidad, infraestructura verde y cambio cultural

Ninguna reforma sobrevivirá sin un cambio de hábitos y sin espacio digno para moverse de otra manera. Las ciudades no se transforman solo con obra pública; también con cultura pública, que suele ser bastante más escasa y mucho más difícil de promover.

• Educación vial desde la infancia: devolver a las aulas la formación cívica y vial que ayuda a producir ciudadanos, no solo conductores impacientes, a quienes nadie les explicó que usar la direccional no consume gasolina.

• Transporte escolar institucionalizado: reducir las filas interminables de autos particulares en zonas escolares, públicas y privadas.

• Ciclovías arboladas y seguras: priorizar vialidades secundarias, sombra urbana e iluminación continua para que pedalear no sea un acto de fe.

• Evolución de MiBici: asegurar disponibilidad y mantenimiento, con una tarifa que premie a quien más use la bicicleta pública.

• Corredores y parques lineales: rescatar trazos subutilizados para convertirlos en rutas seguras hacia la escuela y el trabajo.

La movilidad eficiente no es una cortesía gubernamental ni una dádiva que se agradece con docilidad: es un derecho. Seguir creyendo que el problema se resolverá con otro paso a desnivel, otra obra vistosa o la siguiente animación institucional es, a estas alturas, una superstición cara y bastante ordinaria.

Los problemas estructurales de una metrópoli de más de cinco millones de habitantes no se corrigen solos, ni por cortesía del mercado ni por iluminación repentina de la burocracia.

Mientras los ciudadanos sigamos confundiendo estatus con el tamaño del vehículo, Guadalajara seguirá perfeccionando su especialidad más costosa: ser una ciudad extraordinaria para vivir y cada vez más difícil para llegar.

Sobre el autor

Sergio E. Gómez Partida es consultor en evaluación, gestión para resultados y planificación en sectores público y privado. Información de contacto: sgpartida@gmail.com; en X: @SergioGmezP.

En un acto político para celebrar el triunfo que la llevó a la Presidencia de la República hace dos años, la Presidenta Claudia Sheinbaum pronunció un frontal discurso en contra de la “intromisión y en defensa de la soberanía”. Sheinbaum expresó que México no acepta injerencias y vinculó ese mensaje con la prohibición constitucional para que agentes extranjeros realicen funciones reservadas a autoridades mexicanas, en directa alusión al caso de los agentes de la CIA en Chihuahua. En clave de gobernabilidad, la acción es parte de la retórica de emergencia más que un episodio de política exterior articulada. Nuevamente se apela a la soberanía reactivamente ante una crisis diplomática puntual, más allá de actuar bajo un marco de relaciones internacionales consistente. 

Sostengo que se trató de un acto político porque no se enmarca dentro de parámetros institucionales o de una obligación constitucional. Fue un mensaje de continuidad ante los proyectos de su predecesor, lo que confirma que el acto fue más para consolidar la narrativa del movimiento que para rendir cuentas en sentido democrático. 

Sheinbaum enfatizó que al cierre de 2026 los programas de bienestar alcanzarán a 42 millones 560 mil derechohabientes, con una inversión de 1.3 billones de pesos canalizados a través del Banco del Pueblo. La magnitud es portentosa. No obstante, desde la teoría de gobernabilidad esto revela una tensión estructural. Si el vínculo Estado-ciudadano se construye principalmente vía transferencias directas, se erosiona la ciudadanía activa y se consolida una relación clientelar mediada por el partido en el poder. La Presidenta destacó una economía estable, pero sin abordar la paradoja de que la estabilidad macroeconómica coexiste con una débil diversificación productiva. Al no existir mecanismo institucional que lo estructure, el informe carece de indicadores verificables, auditoría independiente o posibilidad de interpelación.

El mensaje fue transmitido simultáneamente en plazas públicas de las 32 entidades del País. Ante su público, Sheinbaum convocó a movilizaciones en defensa de la patria. Esto es un indicador preocupante, si la jefa del Ejecutivo convoca directamente a la movilización ciudadana organizada desde arriba, se confunde participación popular con la activación de estructuras partidistas. Aquí el espacio para la deliberación crítica se disuelve y la convocatoria es a la defensa de un proyecto político, no a la deliberación argumentada. 

En su arenga, Sheinbaum atribuyó la transformación del País a quien llamó “el mejor presidente que ha tenido el País”, Andrés Manuel López Obrador, destacando los programas sociales y las obras de infraestructura. Dos años después de asumir la Presidencia, la reiterada subordinación simbólica al fundador del movimiento revela que Sheinbaum aún no ha querido o no ha podido construir una legitimidad propia. En términos de gobernabilidad, un gobierno que no puede narrar su singularidad tiene dificultades para gestionar disensos internos, negociar con actores externos en sus propios términos y proyectar continuidad más allá del ciclo electoral de 2027.

El eje central del discurso fue la defensa de la soberanía nacional y el rechazo a presuntas injerencias externas, particularmente de Estados Unidos. Esta narrativa tiene capacidad de movilización política y de cohesionar a la base social del gobierno, especialmente en momentos de presión externa. Sin embargo, desde la gobernabilidad, existe el riesgo de que problemas concretos —seguridad, crecimiento económico, salud o resultados institucionales— queden subordinados a una lógica de confrontación nacionalista.

Muchos medios cubrieron el informe del 31 de mayo, pero en lo que casi ninguno reparó fue en lo que ocurrió exactamente en la fecha aniversario. En su rueda de prensa matutina del 2 de junio, Sheinbaum evitó pronunciarse sobre las declaraciones de la jueza de Nueva York, Katherine Polk Failla, quien aseguró que existen evidencias abundantes en los casos contra funcionarios vinculados al crimen organizado, y derivó el asunto a la Fiscalía General de la República. Este contraste revela puntualmente que lo del 31 de mayo fue retórica soberanista maximalista a micrófono abierto; el 2 de junio, ante evidencia judicial concreta, fue mutismo institucional. En gobernabilidad esto no es prudencia, es una fractura entre el discurso de poder y la capacidad real de respuesta. La Presidenta construyó un andamiaje narrativo de dos años que hoy queda expuesto por una audiencia en Brooklyn.

El discurso soberanista del 31 de mayo no es un asunto de geopolítica, parece más gestión del riesgo político doméstico. La presidenta no está defendiendo al Estado mexicano de una injerencia abstracta, sino que está gestionando la amenaza de que el sistema judicial estadounidense produzca evidencia que fracture la cohesión interna de Morena antes del ciclo electoral de 2027. Casi ningún medio mexicano está nombrando esto con claridad.

Aunque no se trató de un informe constitucional, Sheinbaum explicó que el propósito fue rendir cuentas a la ciudadanía sobre los resultados de su administración. Aquí se sienta un precedente cuando el ejecutivo sustituye los mecanismos formales de rendición de cuentas por actos voluntarios de naturaleza político-partidista (transmitidos en red nacional, convocados por un partido político, consignas, gobernadores y magistrados en tarima), se está normalizando una forma de rendición de cuentas que colapsa la distinción entre Estado, gobierno y partido. La Presidenta pidió expresamente hacer asambleas informativas y repartir volantes para informar al pueblo que la patria se defiende. Esto no es rendición de cuentas democrática. Se trata de una activación de estructura partidaria pagada con recursos del Estado, un indicador del grado de erosión normativa que está ocurriendo sin debate público. 

El mensaje fue eficaz como ejercicio de reafirmación política y de cohesión del bloque gobernante, pero, desde la perspectiva de la gobernabilidad, deja abierta una pregunta fundamental: ¿el Segundo Piso de la 4T será recordado por su capacidad de movilizar apoyo popular o por su capacidad de construir instituciones más sólidas y resolver problemas públicos de manera efectiva?

La transición, en un lapso muy corto, del discurso maximalista del 31 de mayo al mutismo cuidadoso de la conferencia matutina del 2 de junio, revela la distancia entre la gobernabilidad aparente y la gobernabilidad real. Veamos a qué le da prioridad el gobierno de Sheinbaum, a gestionar la narrativa o a gestionar la crisis. México hoy está en ambos escenarios al mismo tiempo.

La principal prueba de gobernabilidad para la administración de Sheinbaum no será mantener altos niveles de apoyo popular, sino transformar ese capital político en instituciones más eficaces, transparentes y capaces de producir resultados sostenibles. Un movimiento puede ganar elecciones y llenar plazas públicas. Un Estado eficaz debe además reducir la violencia, fortalecer el Estado de derecho, elevar la productividad y generar confianza institucional. Ahí se encuentra la diferencia entre la continuidad política y la consolidación gubernamental.

Sobre el autor

José de Jesús Gómez Valle es analista político. Profesor Investigador en el CUCSH de la UdeG. Contacta: jose.gomezvalle@gmail.com y en X: @jgomezvalle.