Opinión
Independientes y partidistas: ¿qué candidaturas demandan los ciudadanos?
Candidaturas independientes y partidistas…
La figura de las candidaturas independientes tiene una corta historia en México, pero su uso por parte de los ciudadanos es cada vez más intenso. En el anterior proceso electoral (2014-2015) únicamente 22 de los 57 aspirantes a una diputación federal captaron el respaldo necesario para obtener la candidatura. En cambio en el proceso electoral en curso de los 155 aspirantes por la vía independiente, 77 lograron recabar la cantidad de firmas requeridas para obtener la postulación, y aunque todavía no ha concluido la validación por parte del Instituto Nacional Electoral (INE), se podría esperar que al menos 60 logren llegar a los comicios. Conviene tener presente que en el anterior proceso electoral sólo uno de aquellos 22 candidatos independientes resultó electo en las urnas (Manuel Clouthier, por el Distrito 5 en Sinaloa). En el caso de las nueve entidades federativas que tuvieron elección para gobernador en 2015, de los 13 aspirantes que buscaron una candidatura por la vía independiente, únicamente tres obtuvieron el respaldo ciudadano necesario, y con ello su registro para contender, pero sólo uno de ellos resultó vencedor (Jaime Rodríguez Calderón, en Nuevo León).
En el caso de la elección para el Senado que está en curso, el 21 de enero pasado venció plazo para que los aspirantes recabaran las firmas necesarias que les permitan obtener la candidatura, y entre los 45 aspirantes sólo 11 consiguieron las firmas requeridas. Sin embargo, tanto en la elección de senadores como en la presidencial, la legislación establece requisitos con relación a la dispersión de los apoyos captados, eso quiere decir que es necesario cumplir con un porcentaje mínimo de apoyos en una cantidad mínima de demarcaciones (distritos o entidades federativas, según sea el caso), por lo que se podría esperar que una cantidad menor de aspirantes obtengan la candidatura por la vía independiente.
En la elección presidencial, entre los 48 aspirantes a una candidatura independiente, hasta el 27 de enero pasado el INE reportaba que tres de ellos habían superado la cantidad de firmas necesarias, sin que todavía logren acreditar el requisito de la dispersión (es decir, un porcentaje mínimo de apoyos al menos en 17 entidades federativas), y sin que se hayan validado la totalidad de sus apoyos. Jaime Rodríguez Calderón ha logrado captar la mayor cantidad de firmas, aunque sólo cumple con el criterio de la dispersión en 12 entidades federativas. En cambio, Armando Ríos Piter que se ubica en el tercer lugar en cuanto apoyos captados, ha logrado cumplir con el apoyo mínimo (el requisito de la dispersión) en 15 entidades federativas, lo que demuestra un uso más eficiente de los esfuerzos para captar el respaldo ciudadano. Finalmente, Margarita Zavala que se ubica en el segundo lugar con relación a la cantidad de firmas recabadas, es quien se encuentra en la situación más desventajosa respecto de la dispersión, pues únicamente ha captado el apoyo mínimo en ocho entidades federativas. El plazo para la recolección de firmas vence el próximo 19 de febrero, y es altamente probable que al menos dos de estos aspirantes lograrán su registro como candidatos independientes.
En este escenario, los políticos independientes de partidos han tratado de captar el apoyo ciudadano a partir de la diferencia que dicen representar frente a los políticos partidistas. Sin embargo, el estatus de la competencia por el respaldo popular entre los aspirantes independientes a la presidencia de la república, parece demostrar que son precisamente los políticos ex partidistas los que han resultado más exitosos en esa carrera: Jaime Rodríguez Calderón, con una larga trayectoria en el PRI antes de su postulación a la gubernatura de Nuevo León; Margarita Zavala, con una larga carrera en el PAN; y, Armando Ríos Piter, con una trayectoria en el PRD. ¿Qué elementos pueden explicar este fenómeno?
Las razones se pueden encontrar en dos conjuntos de incentivos distintos; por un lado, en las reglas que prevalecen en el juego político electoral, tanto aquellas que se han planteado para obtener una postulación por la vía independiente, como aquellas que caracterizan al diseño institucional que permanece en aquellos espacios que están en juego en la disputa política; y, por otro lado, en la naturaleza de las demandas que los propios ciudadanos formulamos frente a políticos independientes y partidistas.
En primer lugar, las reglas definidas para que los aspirantes por la vía independiente logren colocarse en las boletas les imponen exigencias similares a las de conformar un partido político, e incluso algunos analistas consideran que pueden ser superiores a las que deben cumplir los propios partidos políticos. Por otro lado, el diseño institucional que predomina en el ejercicio de las funciones es adverso, por ejemplo: aquellos aspirantes a una diputación federal o a una senaduría que logren colocarse en las boletas, y que eventualmente resulten más votados en los comicios, se enfrentarán a asambleas de representantes dominadas por grupos partidistas, ya que además de las posiciones de mayoría relativa que ganen, los partidos podrán contar también con espacios de representación proporcional, que para los independientes simplemente resultan inalcanzables.
Estos factores representan incentivos para que los políticos independientes de partido recurran a estrategias de apoyo similares a las que recurriría cualquier político partidista: requieren de una base o red de respaldo social similar a la de los partidos políticos, e incluso requieren de una movilización de recursos similar a la que las estructuras partidistas emplean en la obtención del voto, y desde luego requieren de establecer negociaciones que podrían resultar similares a las que establecen los políticos partidistas. Ello podría explicar el exitoso desempeño de los políticos ex partidistas en la captación del apoyo ciudadano por la vía independiente, y al mismo explicar que aquellos políticos independientes de partido con un mejor manejo de las estrategias empleadas por los partidos políticos sean también los que logran ese mismo propósito. Resulta claro entonces que, no es precisamente la independencia de partidos lo que hace atractivos a algunos políticos independientes, ni que sea la asociación con un partido político lo que hace deleznables a algunos políticos partidistas.
Lo anterior conduce al segundo grupo de incentivos: la naturaleza de las demandas que los ciudadanos plantean a políticos partidistas e independientes. Como se ha dicho previamente, en el ámbito más nacional (la elección presidencial) son los políticos ex partidistas quienes han mostrado un mejor desempeño al buscar el respaldo ciudadano por la vía independiente; sin embargo, esa situación se reproduce casi sistemáticamente en el contexto más local, donde se podrían esperar más liderazgos políticos independientes de partidos. Por ejemplo, entre los aspirantes que transitan de forma más exitosa por la vía independiente para alcanzar una senaduría se encuentran ex gobernadores, ex diputados, ex presidentes de partidos, y empresarios emparentados con líderes partidistas; desde luego con algunas excepciones también se encuentran liderazgos más alejados de partidos (como Pedro Kumamoto en Jalisco). Por ello, la pertinencia de las candidaturas independientes como una alternativa para una mayor apertura democrática, pasa necesariamente por cuestionar y consolidar la calidad de la ciudadanía y con ello la naturaleza de las demandas que se plantean, tanto a políticos partidistas como independientes.
Estuardo Gómez es investigador del Laboratorio de Innovación Democrática (LID) y profesor de la Maestría en Políticas Públicas de la Universidad de Guadalajara.
Opinión
La lucha por dignificar el Congreso de Jalisco: Reflexiones sobre el libro de Mara Robles
El Libro Blanco titulado “Defender lo que se ama” es un documento que nace de la necesidad de dejar un registro claro y exhaustivo de lo que se hizo durante la legislatura de Mara Robles en el Congreso de Jalisco.
Pero es más que un informe técnico al final de una legislatura: es una invitación a que se explore una parte fundamental de la reciente historia política de Jalisco, en particular, los temas que marcaron la agenda de Mara Robles.
Entre sus páginas, se encuentran luchas tan importantes como la batalla por asegurar agua potable limpia para el área metropolitana de Guadalajara, la lucha constante por el equilibrio de poderes y otros temas esenciales para el fortalecimiento de la democracia jalisciense.
El capítulo que quiero destacar aquí, sobre la reingeniería administrativa del Congreso, es una pieza clave dentro de este relato más amplio.
No solo porque formé parte del equipo que lideró esta reforma bajo la dirección de Mara, sino porque refleja una de las mayores aspiraciones de nuestra legislatura: dignificar el poder legislativo en un contexto de desconfianza generalizada.
La lucha por reorganizar y reducir la nómina del Congreso, haciéndolo más eficiente y menos dependiente de los favores políticos, fue un desafío monumental en medio de una legislatura marcada por retos tanto internos como externos.
Este libro no solo documenta el arduo trabajo realizado, sino que lo convierte en una reflexión sobre la política en acción, sobre lo que significa hacer reformas estructurales en un entorno donde la percepción pública del Congreso está por los suelos.
Al igual que la batalla por el agua limpia o el equilibrio de poderes, la reingeniería administrativa fue un tema que tocaba los cimientos de nuestra democracia local, aunque quizás no recibiera la misma atención mediática.
La narrativa de este capítulo, titulada con la mordaz referencia “La fiesta de la insignificancia”, retoma el espíritu irónico de Milan Kundera para ilustrar las dificultades de intentar cambiar una estructura que parecía inamovible.
El Congreso de Jalisco, en ese momento, se encontraba en una situación crítica: una nómina abultada, un gasto desproporcionado en servicios personales, y una estructura organizativa desordenada que favorecía el influyentismo y el nepotismo. Nuestra misión era ponerle fin a ese caos y establecer un sistema más justo, eficiente y transparente.
La invitación a leer este capítulo es, en realidad, una invitación a conocer una parte de la historia política jalisciense que pocos quieren discutir: el desorden interno de nuestras instituciones públicas. A través de este esfuerzo, logramos realizar un diagnóstico exhaustivo con el apoyo del IMCO, que nos permitió entender la magnitud del problema.
El estudio reveló que el Congreso de Jalisco tenía una de las nóminas más caras y menos eficientes del país. Descubrimos, por ejemplo, que existía un exceso de auxiliares administrativos, que había disparidades salariales incomprensibles y que muchas adscripciones de personal no correspondían con la realidad.
A lo largo de este capítulo, se pueden encontrar detalles específicos sobre las soluciones que propusimos, desde la reducción del personal hasta la implementación de un servicio civil de carrera.
Estas propuestas, aunque encontraban resistencia, tenían como objetivo transformar una institución que, en lugar de servir al pueblo, se había convertido en una fuente de gasto innecesario.
Para mí, como parte del equipo responsable de esta reingeniería, fue un proceso de aprendizaje constante. Cada intento de reforma, cada mesa de trabajo y cada negociación nos enseñaba lo difícil que es implementar cambios estructurales en una institución que, en muchos sentidos, estaba diseñada para resistir esos mismos cambios.
Sin embargo, al leer este capítulo, no quiero que se vea solo la frustración de lo que no se logró, sino también la esperanza de lo que sí se sembró. Este libro blanco es un testimonio de las bases que dejamos para que las futuras legislaturas puedan continuar con la tarea de sanear el Congreso.
Al invitar al lector a sumergirse en este libro, también lo invito a reflexionar sobre lo que significa defender lo que se ama en el servicio público. No solo se trata de lograr victorias visibles, sino de persistir, de intentar transformar estructuras que a veces parecen impenetrables.
Así como la lucha por un agua potable limpia en Guadalajara o la búsqueda de un equilibrio de poderes son batallas fundamentales, la reingeniería administrativa del Congreso es otro frente en esa guerra por dignificar la política y hacerla realmente útil para la ciudadanía.
Es por esto que considero vital que este libro sea leído en su totalidad. No solo para entender algunos hitos políticos recientes de Jalisco, sino para valorar los esfuerzos que se han hecho, muchas veces desde la invisibilidad, para transformar las instituciones que deberían estar al servicio de todos.
Este capítulo, en particular, es una crónica de esa lucha silenciosa, y espero que, al leerlo, los ciudadanos puedan comprender mejor el trabajo que hicimos, los obstáculos que enfrentamos y, sobre todo, la importancia de no abandonar jamás la lucha por un gobierno más justo y eficiente.
Sobre el autor
Humberto Mendoza es un profesional comprometido en el campo del diseño y evaluación de políticas públicas en Jalisco. Es licenciado en Administración Gubernamental y Políticas Públicas Locales por la Universidad de Guadalajara con un Máster en Antropología en la Universitat Autònoma de Barcelona. Actualmente, lidera el Órgano Técnico de Administración y Planeación Legislativa en el Congreso de Jalisco.
Opinión
Sheinbaum: Entre la continuidad y la promesa de un nuevo rumbo
El 1 de octubre, Claudia Sheinbaum tomó protesta como la primera presidenta de México, un hecho histórico que marca un hito en la política del país. Su primer día en el cargo estuvo cargado de simbolismo, referencias al pasado inmediato y un claro mensaje de continuidad hacia el obradorismo, que definió los últimos seis años de la administración federal. Sin embargo, detrás de este telón de continuidad, Sheinbaum busca imprimir su propio sello con propuestas que, aunque enmarcadas en la narrativa de la transformación, muestran una orientación que podría significar un cambio de rumbo en algunos temas clave.
El evento de la toma de protesta estuvo dividido en dos actos principales. Primero, Sheinbaum asumió el poder en el Congreso, un momento solemne marcado por la entrega de la banda presidencial. Luego, en un evento frente a sus seguidores en el Zócalo de la Ciudad de México, delineó sus “100 compromisos” para los primeros 100 días de su gobierno. Esta lista no solo buscaba conectar con su base, sino también señalar el camino que pretende seguir en su mandato.
Pero, ¿cuál es el verdadero mensaje detrás de estos compromisos? La respuesta parece estar en la dualidad que Sheinbaum debe gestionar: mantener la herencia política de López Obrador mientras define su propio liderazgo.
Continuidad versus Cambio
Claudia Sheinbaum no rehuyó su filiación con el obradorismo. Los primeros minutos de su discurso ante el Congreso los dedicó a agradecer a su antecesor y mentor político. Sin embargo, en los detalles de sus propuestas y en la selección de los temas prioritarios, la nueva presidenta parece inclinarse hacia una agenda que busca diferenciarse. El énfasis en la igualdad sustantiva, el impulso a las energías renovables y un enfoque renovado en la primera infancia no son casualidades, sino una declaración de intenciones para reconfigurar las prioridades del gobierno.
Un aspecto que destacó en su discurso fue su compromiso con la equidad de género. Sheinbaum subrayó su condición de primera presidenta mujer, señalando que su gobierno buscará integrar la perspectiva de género en todas las políticas públicas. Hablar de feminicidios, de discriminación laboral y de políticas de apoyo a mujeres de la tercera edad no es solo una cuestión de retórica, sino un intento por diferenciarse de su predecesor, cuyo enfoque en los programas sociales para adultos mayores fue el pilar de su administración.
Por otro lado, Sheinbaum también introdujo ideas que se alejan de las prioridades tradicionales del obradorismo. Entre ellas, el impulso a la innovación tecnológica y a la creación de una infraestructura científica nacional, temas que López Obrador había dejado en un segundo plano. Con propuestas como el desarrollo de manufactura de alto valor y la creación de un satélite nacional, Sheinbaum sugiere una visión que combina el desarrollo social con el impulso al crecimiento económico.
Desafíos Financieros y Políticos
Uno de los principales retos que enfrenta la nueva presidenta es el margen financiero limitado para implementar su ambiciosa agenda. Con un presupuesto fuertemente comprometido y prioridades heredadas que consumirán gran parte del gasto público, Sheinbaum tendrá poco espacio para maniobrar en el corto plazo. Además, muchos de sus compromisos dependen de un aumento en el presupuesto destinado a áreas clave como educación e innovación, lo cual no será fácil de lograr sin enfrentar tensiones internas en su propio partido y oposición desde los sectores más conservadores.
Esta tensión se refleja en la cautela que mostró al presentar algunas de sus propuestas. Por ejemplo, al hablar de extender la pensión para mujeres a partir de los 60 años, Sheinbaum señaló que lo haría de manera progresiva, comenzando con las mujeres de 64 y bajando gradualmente la edad. Este enfoque refleja no solo una estrategia presupuestal, sino también una evaluación política de lo que será posible en los próximos meses.
Un nuevo rostro para la transformación
Sheinbaum hereda un país profundamente dividido, con retos estructurales que van más allá de la popularidad de su predecesor. La agenda ambiental, con un énfasis en energías renovables, representa una ruptura con la visión que mantuvo la administración pasada, que favoreció las energías fósiles y frenó la inversión en tecnología limpia. Si logra implementar su visión, Sheinbaum podría abrir un nuevo capítulo para México, uno en el que la sustentabilidad y el desarrollo económico no estén en conflicto.
Sin embargo, el camino no será sencillo. La continuidad con el obradorismo es un arma de doble filo: le proporciona una base leal de apoyo, pero al mismo tiempo limita su capacidad de distanciarse y de articular una nueva narrativa que capture a los sectores moderados y a la oposición. En última instancia, el éxito de Sheinbaum dependerá de su habilidad para combinar lo mejor de ambos mundos: la promesa de continuidad con la capacidad de adaptación a los nuevos desafíos.
La pregunta que queda en el aire es si, más allá de la retórica, Sheinbaum tendrá el tiempo y los recursos necesarios para redefinir la “transformación” sin romper con las expectativas del obradorismo. Solo el tiempo dirá si este equilibrio es sostenible o si, eventualmente, se verá obligada a elegir un camino distinto.
Sobre el autor
Humberto Mendoza es un profesional comprometido en el campo del diseño y evaluación de políticas públicas en Jalisco. Es licenciado en Administración Gubernamental y Políticas Públicas Locales por la Universidad de Guadalajara con un Máster en Antropología en la Universitat Autònoma de Barcelona. Actualmente, lidera el Órgano Técnico de Administración y Planeación Legislativa en el Congreso de Jalisco.
Opinión
México necesita mejores universidades públicas
El Foro sobre Evaluación en la Educación Superior, organizado por Mara Robles Villaseñor en Guadalajara, Jalisco, fue un espacio esencial para discutir uno de los temas más relevantes y menos abordados en el ámbito educativo: la evaluación en las universidades mexicanas. Este foro se vuelve particularmente importante en un contexto marcado por una serie de transformaciones institucionales.
A nivel federal, la creación de la nueva Secretaría de Educación Superior refleja un reconocimiento de la importancia estratégica de este nivel educativo, mientras que a nivel local, Jalisco se enfrenta a cambios importantes, como la renovación de la rectoría en la Universidad de Guadalajara (UdeG) y la inminente transición del gobierno estatal.
Mara Robles, en su papel como moderadora del foro, subrayó la falta de discusión sobre la evaluación en la educación superior, señalando que, a diferencia de la educación básica, donde este tema ha estado en el centro del debate público por años, las universidades han quedado relegadas a un segundo plano en términos de evaluación. Según Robles, este es el momento para que la educación superior sea evaluada desde una base técnica y académica rigurosa, elevando la calidad del debate y evitando discusiones infundadas.
La relevancia de esta discusión no puede ser subestimada, especialmente en un contexto donde las universidades y el sistema educativo en general enfrentan una serie de desafíos sociales y económicos. La evaluación, en este sentido, es una herramienta fundamental no solo para certificar la calidad académica, sino también para mejorar los procesos internos y garantizar que las universidades cumplan su rol en el desarrollo de la sociedad.
Durante el foro, se abordaron múltiples perspectivas sobre el papel de la evaluación en las universidades. Pedro Alejandro Flores Crespo propuso un enfoque centrado en el “bien común”, argumentando que la evaluación no debe reducirse a la certificación, sino que debe considerar las relaciones humanas y los procesos que ocurren dentro de la comunidad académica.
Esta visión, en medio de los cambios que enfrenta la UdeG y otras instituciones, es crucial para reorientar el sistema educativo hacia el desarrollo integral de estudiantes y docentes.
Otro de los ponentes, Felipe Martínez Rizo, destacó la importancia de evaluar el aprendizaje en el aula desde una perspectiva crítica y sofisticada. Subrayó que la evaluación no debe limitarse a los niveles más bajos del aprendizaje, como la memorización, sino que debe aspirar a medir la creación de conocimiento y el razonamiento crítico en los estudiantes .
Asimismo, Eduardo Backhoff Escudero, experto en evaluación educativa, introdujo un tema clave: la inteligencia artificial (IA) como herramienta para mejorar los procesos de evaluación. Backhoff señaló que la IA tiene el potencial de transformar la evaluación del aprendizaje al proporcionar retroalimentación en tiempo real y ofrecer una personalización más efectiva del proceso educativo. Sin embargo, también advirtió sobre la necesidad de normar su uso y formar a los docentes para evitar dependencias excesivas o malas prácticas .
Este foro no solo abrió el debate sobre la evaluación en la educación superior, sino que también dejó sobre la mesa incógnitas fundamentales que deben seguir siendo discutidas. ¿Cuál es la función esencial de las universidades en México? ¿Qué tipo de universidades públicas queremos y necesitamos para enfrentar los desafíos contemporáneos del país? Y, quizá lo más complejo, ¿cómo podemos conciliar la necesidad de una evaluación rigurosa y justa con el respeto a la autonomía universitaria? Estas preguntas son claves para entender el futuro de la educación superior en México.
El foro nos invita a reflexionar sobre cómo podemos construir un sistema educativo que no solo sea eficiente, sino que también promueva la libertad académica y sirva como motor de desarrollo social. En un contexto de cambios políticos e institucionales, estas cuestiones se vuelven aún más urgentes y, sin duda, merecen una atención constante en los debates que están por venir.
Sobre el autor
Humberto Mendoza es un profesional comprometido en el campo del diseño y evaluación de políticas públicas en Jalisco. Es licenciado en Administración Gubernamental y Políticas Públicas Locales por la Universidad de Guadalajara con un Máster en Antropología en la Universitat Autònoma de Barcelona. Actualmente, lidera el Órgano Técnico de Administración y Planeación Legislativa en el Congreso de Jalisco.