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Opinión

La desigualdad urbana entre Shanghái y la Ciudad de México

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Recién regresé a México después de pasar un mes de estancia de investigación en China. El objetivo de mi viaje era observar cómo es que lo que normalmente estudio en el contexto de la Ciudad de México -es decir, quiénes tienen acceso a las oportunidades económicas y la prosperidad de la ciudad, quiénes no, y por qué- se desarrolla en las ciudades chinas. Después de pasar dos semanas en Shanghái llegué a la conclusión de que ambas ciudades están produciendo grandes cantidades de desigualdad socioeconómica, pero lo están haciendo a través de diferentes mecanismos y el tipo de desigualdad que se está produciendo no es tan similar.

En el caso de la Ciudad de México, la desigualdad urbana parece que se está produciendo a partir de estratificación social relacionada con la clase y las características raciales. Además, el tipo de desigualdad que se está produciendo se asemeja más a la desigualdad durable teorizada por Charles Tilly (1998). En el caso de Shanghái, la desigualdad parece que se está produciendo a partir de estratificación social relacionada con el estatus ciudadano, pero el tipo de desigualdad que se está produciendo no se asemeja mucho a la que fue teorizada por Tilly. El tipo de desigualdad en Shanghái se parece más a lo que en este texto voy a llamar como desigualdad flotante, es decir, que las poblaciones experimentan por periodos de tiempo delimitados y debido a objetivos específicos.

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A continuación, expondré la perspectiva teórica de la comparación, presentaré los casos y discutiré dos lecciones que pueden ser aprendidas a partir de la comparación.

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Foto: Shanghái, China

Oportunidades económicas y prosperidad en las ciudades

Las ciudades pueden ser conceptualizadas como colosales fuerzas productivas que crean oportunidades económicas y prosperidad para sus habitantes (Garza, 2013). Esta característica puede explicar por qué tantas personas alrededor del mundo han emigrado hacia las ciudades en búsqueda de mejores perspectivas de vida (Glaeser, 2011). Ya sea a través de participar en el comercio, proveer algún tipo de servicio, vender la fuerza de trabajo en el mercado laboral, inclusive a través de participar en algún sector informal, o a través de cualquier otra actividad económica, todos nos ganamos la vida gracias a las aglomeraciones económicas que sólo son posibles gracias a la ciudad.

Sin embargo, no todos tienen el mismo acceso a las oportunidades económicas, riqueza y prosperidad generadas por las ciudades. Mientras que algunos tienen acceso a capital para iniciar un negocio, otros están marginados de los mercados de capitales. Algunas personas poseen mayores capitales humano y social, lo que les da varios pasos de ventaja sobre el resto de la población. Los mercados laborales están altamente segmentados y solo las personas con la mejor educación pueden aspirar a los empleos mejor pagados. Algunas personas viven cerca de los nodos de la actividad económica o están bien conectados a través de las infraestructuras urbanas, mientras que otras están localizadas muy lejos de la actividad económica o carecen de los medios para tener acceso. Estas y otras características hacen la diferencia en el grado en que las personas tienen acceso a las oportunidades económicas y la prosperidad producidas por las ciudades.

Importantes nodos económicos

Tanto Shanghái como la Ciudad de México son importantes nodos económicos que generan grandes oportunidades para sus habitantes. Desafortunadamente, durante las últimas dos décadas ambas ciudades también han visto un vertiginoso ascenso de los niveles de desigualdad socioeconómica*.

En ambos casos, amplios sectores de la población están siendo excluidos de los empleos mejor pagados y del Estado de bienestar. La interacción de estas dos áreas es importante para el estudio de la desigualdad y las posibilidades de movilidad social. Aquellas personas que carecen de acceso al Estado de bienestar tendrán que satisfacer sus necesidades como educación, salud y vivienda a través del mercado, lo que a su vez tendrá un impacto sobre sus ingresos. Si aunado a ello las personas son orilladas hacia los empleos peor pagados, estar excluidos del Estado de bienestar tendrá un gran impacto sobre sus ingresos reales, lo que a su vez tendrá un impacto negativo en sus posibilidades de movilidad social.

El resultado en ambas ciudades parece ser el mismo -crecientes niveles de desigualdad socioeconómica-. Sin embargo, una comparación más minuciosa nos permite observar que los procesos de exclusión de la ciudad como fuerza productiva en realidad se está llevando a cabo a través de diferentes mecanismos y los resultados no son tan similares.

*Da click en cada ciudad para conocer su caso: Shanghái Ciudad de México 

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Santa Fe, Ciudad de México. Foto por: Johnny Miller/Thomson Reuters Foundation.

El caso de la Ciudad de México

En la Ciudad de México tener acceso a los empleos mejor pagados y a la red de seguridad social parece depender del esfuerzo individual. Supuestamente, aquellas personas que inviertan en obtener una buena educación o en adquirir habilidades laborales podrán acceder a las credenciales necesarias para obtener cualquier empleo y subir en la escalera de la movilidad social. Cualquier persona, sin importar su lugar de origen en el país. El Estado de bienestar aplica a nivel nacional, así que cada ciudadano mexicano tiene derecho a la misma red de seguridad social sin importar el lugar en el que haya nacido. El único requerimiento para tener acceso a la red de seguridad social es el contar con un trabajo formal. Sin embargo, esta supuesta dinámica del esfuerzo individual en realidad está influenciada por una marcada desigualdad acumulativa, y por discriminación racial y de clase.

La desigualdad acumulativa surge porque los hogares con mayores recursos tienen ventaja sobre los hogares más pobres. Los mercados laborales -en especial aquellos con los trabajos de mayor productividad y mejor pagados- tienden a contratar a las personas con mayores niveles de educación. Y son precisamente los hogares que ya contaban con buenos recursos económicos los que pueden proveer una mejor educación a sus integrantes. El acceso al sistema de educación pública es gratuito y está garantizado a cada ciudadano mexicano, incluso hasta la educación terciaria. Sin embargo, el sistema de educación pública en México tiene una muy bien ganada reputación de brindar una educación de baja calidad. Aquellos hogares con suficientes recursos económicos optarán por enviar a sus integrantes a escuelas privadas, incluyendo universidades privadas. Esta dinámica produce una desventaja acumulativa para los hogares más pobres y una ventaja acumulativa para los hogares con mayores recursos económicos.

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Foto: Gobierno CDMX.

Discriminación existente

La discriminación racial y de clase surge de un severo -y muchas veces negado- sesgo de los empleadores al momento de contratar. Aquellas personas con títulos de universidades privadas son favorecidas por encima de los egresados de las universidades públicas. El tener las conexiones adecuadas juega un papel fundamental para conseguir los mejores empleos, y aquellos que asistieron a universidades privadas están mejor conectados con las gerencias de las empresas. Un estudio reciente del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) ha visibilizado la terrible pigmentocracia que existe en México. El estudio del INEGI demuestra cómo es que las personas de tez más clara tienden a tener mayores niveles educativos y empleos mejor pagados, mientras que las personas de piel más morena tienden a tener menos educación y son peor pagados.

Como resultado, en el caso de la Ciudad de México los hogares con mayores recursos tienden a tener ventaja para acceder a los empleos formales y con ello a la cobertura de la red de seguridad social. Por el contrario, los hogares pobres enfrentan dificultades para acceder a los empleos formales y a la red de seguridad social.

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Mercado callejero en la provincia de Yangpu, Shanghai. Foto por David López García.

El caso de Shanghái

En Shanghái tener acceso a los empleos mejor pagados y a la red de seguridad social parecen dos arenas completamente diferentes, pero están considerablemente interrelacionadas. Por un lado, el tener acceso a los empleos mejor pagados parece estar en función de tener una buena educación. Por otro lado, el tener acceso al estado de bienestar y la red de seguridad social depende de tener un hukou** local, es decir, de contar con el estatus ciudadano de residente de la ciudad. Estas dos dimensiones interactúan para otorgar una ventaja a los residentes con hukou local de Shanghái para obtener los empleos de mayor productividad y mejor pagados. Por el contrario, estos factores obligan a la gran mayoría de trabajadores migrantes -que carecen de un hukou local de Shanghái- a trabajar en los sectores de baja productividad y con los peores salarios.

El mercado laboral de Shanghái está ligeramente más abierto a los trabajadores migrantes que el sistema de seguridad social. Mientras que algunos empleadores reservan sus empleos para las personas con hukou local, otros están abiertos a contratar migrantes.

Combinación compleja 

Esta combinación es muy compleja. Por ejemplo, aprendí que la empresa estatal que administra el sistema de metro de Shanghái está dispuesta para migrantes con altos niveles de educación en las posiciones de ingeniería o de mantenimiento, pero que reservan los trabajos que no requieren altos niveles de educación ni de habilidades -como ser vigilante o atender a los pasajeros en una estación- para personas con hukou local. Como resultado, los migrantes con altos niveles de educación tienen una oportunidad de obtener empleos formales bien pagados, mientras que los migrantes sin educación y sin habilidades laborales se ven forzados a tomar trabajos mal pagados que ningún residente local estaría dispuesto a hacer, e inclusive en el sector informal de la economía.

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Foto: Wikimedia.

No se traduce en trabajo

Sin embargo, el tener acceso a un trabajo formal -como en el caso de la Ciudad de México- no se traduce en automático en tener acceso a la red de seguridad social de la ciudad. Esto es problemático porque la gran mayoría de los trabajadores migrantes no tienen derecho a recibir servicios de salud, seguro de desempleo, subsidio para vivienda, o un espacio para sus hijos en las escuelas públicas, y por lo tanto tienen que pagar por todos estos servicios en el mercado.

Como consecuencia, la gran mayoría de los trabajadores migrantes en Shanghái renta un pequeño cuarto en condiciones no optimas para vivir, envían a sus hijos de vuelta a sus lugares de origen para asistir a la escuela pública, y regresan a sus provincias de origen una vez que han alcanzado la edad para el retiro. Solo los migrantes con educación de alta calidad que consiguen un trabajo altamente remunerado en el sector formal tienen una oportunidad de cambiar su hukou para tener un registro local de la ciudad.

¿Educación de calidad?

Pero al mismo tiempo, el tener una educación de alta calidad también es un área de desventaja acumulativa para la población que carece de hukou local. Debido a que la única opción de los migrantes para mandar a sus hijos al liceo en la ciudad es inscribirlos en escuelas privadas, tienden a mandar a sus hijos a sus provincias de origen para que puedan asistir a la escuela pública. A estos niños en China se les conoce como “los dejados de lado” -en inglés se les conoce como los left behind-.

La brecha entre el desempeño académico de los niños dejados de lado y los niños de la ciudad es un tema que ha acaparado una considerable atención por parte de los académicos en China. Dada esta brecha en el desempeño educativo, los jóvenes de las grandes ciudades tienden a obtener mejores resultados en el gaokao -el examen nacional para entrar a las universidades- y obtienen los mejores espacios en las principales universidades. Este fenómeno refuerza los patrones de desigualdad socioeconómica a través de la siguiente lógica: si es cierto que los jóvenes con hukou local de Shanghái está obteniendo la mejor educación, y si es cierto que las personas con la mejor educación están obteniendo los empleos de mayor productividad y mejor pagados, entonces los jóvenes con hukou local de Shanghái están obteniendo los empleos de mayor productividad y mejor pagados.

**El hukou es el sistema de registro de viviendas chino. 

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Foto: Gobierno CDMX.

Pero hay una diferencia importante

Hay una diferencia entre Shanghái y la Ciudad de México que puede estar teniendo un rol importante en la definición de los resultados finales. En México, el régimen del Estado de bienestar aplica para todo el territorio nacional y sin hacer ninguna distinción entre el lugar de nacimiento de las personas. Así, aquellos que carecen de un empleo formal estarán siempre excluidos del sistema de sistema de seguridad social sin importar el lugar en el que hayan nacido ni su lugar de residencia. En el caso de China, dado que cada provincia tiene autonomía para diseñar su propio Estado de bienestar, y que las personas que son migrantes en una ciudad en realidad sí tienen una hukou local de algún lugar, los migrantes de todos modos conservan el derecho a ser parte del sistema de seguridad social en sus provincias de origen.

Esta característica parece estar teniendo una influencia sobre los patrones de migración en Shanghái e incluso en China. Los migrantes rurales tienden a moverse hacia las grandes ciudades durante su mejor edad para trabajar, e invierten lo que ganan en las ciudades en construir activos en sus lugares de origen. Una vez que alcanzan una edad en la que ya no pueden trabajar, los migrantes se regresan a las provincias en las que sí tienen el hukou local y disfrutan de un buen retiro porque cuentan con el ingreso que les proporcionan sus activos y reciben la red de seguridad social a la que sí tienen derecho.

Más migración 

Los trabajadores migrantes dejarán Shanghái en algún momento, pero nuevas olas de trabajadores migrantes jóvenes se moverán a la ciudad. Eventualmente, algunos de estos nuevos migrantes lograrán cambiar su hukou a un registro local de Shanghái, pero sólo en algunos casos aislados. La gran mayoría mandará a sus hijos a vivir con sus abuelos en sus pueblos de origen para asistir a la escuela pública y se regresarán a sus lugares de origen una vez que alcancen una edad para retirarse. Este ciclo se repetirá por generaciones.

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Foto: Tec Monterrey.

¿Qué podemos aprender de la comparación?

Hay por lo menos dos lecciones que se pueden aprender de esta comparación. La primera es que los mecanismos a través de los cuáles se está produciendo la desigualdad en ambas ciudades son bastante diferentes. La segunda es que los tipos de desigualdad que se están produciendo no son tan similares como uno podría pensar. Ambas ciudades están produciendo altos niveles de desigualdad. Sin embargo, en el caso de Shanghái la desigualdad parece ser un fenómeno que las personas viven de forma temporal, mientas que en el caso de la Ciudad de México la desigualdad que se está produciendo es más duradera.

En lo que respecta a los mecanismos, la desigualdad en la Ciudad de México parece estar más relacionada con desigualdad acumulativa debido a estratificación social de raza y clase. Aquellas personas con acceso a una educación en universidades privadas, conexiones sociales y un tono de piel más claro tienen a subir más alto en la escalera de la movilidad social.

En el caso de Shanghái, los mecanismos están más relacionados con desigualdad acumulativa debido a estratificación social por estatus ciudadano. Aunado a tener derecho a la red de seguridad social de la ciudad, las personas con una hukou local de Shanghái tienden a tener una educación de mejor calidad y por lo tanto obtienen los trabajos de mayor productividad y mejor pagados. En ambas ciudades, estos mecanismos trabajan para incluir a ciertos sectores de la población en la riqueza y prosperidad de la ciudad mientras excluyen a otros.

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Foto: Wikimedia.

Más desigualdad

En lo que respecta al tipo de desigualdad que se está produciendo -y a pesar de que ambas ciudades están generando cada vez más desigualdad-, los efectos de esta desigualdad en la vida de una habitante de la Ciudad de México tienden a ser más permanente, mientras que los efectos en Shanghái parecen más temporales.

Por un lado, la desigualdad que se está produciendo en la Ciudad de México se parece más a lo que Charles Tilly (1998) llamó desigualdad duradera. Tilly se estaba refiriendo al tipo de desigualdad que se traspasa en un hogar de una generación a otra, por lo que tiende a permanecer a lo largo del tiempo. Con su efecto acumulativo, los hogares pobres en la Ciudad de México sufrirán los efectos de la desigualdad permanentemente, reproduciendo los mismos patrones de desventaja y pobreza por generaciones.

Por otro lado, la desigualdad que se está produciendo en Shanghái puede ser pensada como temporal. Esto debido a que las poblaciones migrantes sufren los efectos de la desigualdad mientras se encuentran trabajando en la ciudad sin contar con un hukou local, pero dejarán de sufrir sus efectos cuando regresen a sus provincias de origen.

Este tipo de desigualdad es diferente que la desigualdad duradera teorizada por Tilly. Así, la desigualdad urbana en Shanghái puede ser llamada desigualdad flotante. Se sabe que la brecha de desigualdad entre la China rural y la urbana está creciendo cada vez más. Pero también es probable que los niveles de desigualdad al interior de las zonas urbanas y de las zonas rurales sean más altos en el caso de las zonas urbanas. Esto significaría que, una vez que los trabajadores migrantes regresan a sus lugares de origen, puede ser que vivan en sociedades más equitativas.

Ambos tipos de desigualdad 

Este análisis no quiere decir que estoy tomando una posición filosófica a favor de la desigualdad flotante. Hasta este momento tengo muy pocas piezas de este rompecabezas como para hacer un juicio sensato. Este análisis es solo para resaltar que ambos tipos de desigualdad son diferentes, y que a lo que aquí me estoy refiriendo como desigualdad flotante debe de ser estudiado con mayor cuidado.

 


*David López García es Coordinador del Laboratorio de  Innovación Democrática (LID). 

 

 

Laboratorio de Innovación Democrática       Bolígrafo 

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Opinión

Guadalajara y su caótico transporte público. Parte 3

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Guadalajara y su caótico transporte. Parte 3, escribe Sergio E. Gómez Partida

En Jalisco, durante años, los gobiernos de todos los colores han repetido la misma liturgia burocrática: más rutas, más unidades, más inversión, más modernización.
Cambian los logotipos, las campañas y las promesas, pero el viacrucis del usuario permanece intacto. El caos ya no es una falla del sistema. El caos es el sistema.

La burocracia mexicana posee una habilidad admirable para medir aquello que menos importa. Nos dicen cuántos millones se invirtieron, cuántos camiones se compraron o cuántos kilómetros se “modernizaron”. Pero evitan cuidadosamente responder las preguntas incómodas: ¿cuántas horas pierde una persona cada semana esperando un camión que nunca pasó?, ¿cuántas mujeres sienten miedo al regresar de noche en transporte público?, ¿cuántos usuarios terminan viajando hacinados como mercancía de traslado y no como ciudadanos?, ¿cuántas personas renunciaron al transporte público por su pésimo servicio?

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Una política pública que mide únicamente el gasto o el esfuerzo, pero ignora el resultado, termina confundiendo movimiento con progreso. Guadalajara lleva años moviéndose en círculos.

El transporte público es, por naturaleza, un monopolio natural. El usuario no puede “cambiar de proveedor” cuando la ruta falla. Si el camión no pasa, pasa lleno o simplemente ignora la parada, el ciudadano queda atrapado. Esa asimetría obliga al Estado a regular con firmeza. El problema es que aquí la regulación parece haberse diseñado con la delicadeza del pétalo de una rosa en la mano pública de quien no quiere incomodar a nadie, especialmente a los concesionarios.
Es una de las grandes contradicciones del modelo tapatío: los subsidios multimillonarios entregados a empresas privadas que operan el servicio sin que existan mecanismos serios y transparentes de evaluación del desempeño-resultados se convierten en incentivos perversos. La lógica termina siendo tan absurda como predecible: si el concesionario sabe que el dinero llegará de cualquier manera, ¿para qué mejorar el servicio?, ¿para qué invertir en mantenimiento?, ¿para qué capacitar operadores?, ¿para qué reducir tiempos de espera o evitar sobrecupos? El subsidio deja de ser una herramienta de equilibrio social y se convierte en premio institucional a la mediocridad.

Bajo este esquema, se socializan las pérdidas y se privatizan las ganancias. El ciudadano financia el sistema mediante impuestos o tarifa, soporta el mal servicio y todavía debe agradecer que el camión aparezca. Una obra maestra de la administración pública latinoamericana: convertir al usuario en rehén financiero de su propio deterioro.

Mientras tanto, la autoridad presume convenios “innovadores”. Hace apenas unos días, la Secretaría de Transporte de Jalisco anunció un acuerdo con Uber para otorgar traslados gratuitos a mujeres en situación de violencia. La medida fue presentada como un avance humanitario. Y en el caso individual, ciertamente puede representar ayuda urgente para muchas mujeres. El problema no está en la víctima. El problema es el mensaje político detrás de la solución. El Estado acaba admitiendo, sin decirlo abiertamente, que el propio sistema público que regula no puede garantizar seguridad mínima a las personas.
La solución no consistió en mejorar paraderos, iluminar zonas inseguras, aumentar frecuencias nocturnas o profesionalizar operadores. No. La salida rápida fue delegar la responsabilidad a una aplicación privada que cobra tarifas elevadas, se apropia de 1/3 del valor del negocio sin asumir riesgo ni inversión y llena el vacío dejado por el desastre institucional.
La ironía es clara: después de décadas hablando de fortalecer el transporte público, la solución oficial parece resumirse en una frase vergonzosa y simple: “si el camión no sirve, tome Uber”. Hablamos de una versión gubernamental de poner cubetas cuando el techo lleva veinte años colapsándose.

La violencia en el transporte no comienza cuando aparece un delito. Comienza mucho antes, como lo señalaba Galtung: la violencia estructural empieza cuando el Estado falla y una persona debe esperar cuarenta minutos en una parada oscura. Empieza cuando una unidad va tan saturada que el cuerpo deja de tener espacio propio y, si logra entrar, asume las condiciones de un cuadrúpedo en traslado al matadero. Por eso resulta tan revelador que los funcionarios presuman reuniones, adquisiciones o videos estéticamente editados en sus redes sociales; el secuestro comunicacional cosmético es parte del mismo caos y pasa en todos los sectores de la vida pública. Sucede que medir resultados obliga a rendir cuentas. Y rendir cuentas arruina muchas narrativas oficiales.

La tragedia de Guadalajara no es solamente técnica. Es moral. Una ciudad revela sus verdaderas prioridades en la manera en que mueve a quienes la sostienen todos los días. No en los renders futuristas, no en los discursos sobre innovación, no en las conferencias llenas de Canvas y adjetivos motivacionales. Una ciudad se define por el respeto que tiene hacia el tiempo, la seguridad y el agotamiento de su gente.
La pregunta ya no es si el sistema necesita cambios. Eso resulta evidente incluso para quienes jamás se han subido a un camión… que casualmente suelen ser quienes diseñan buena parte de estas políticas públicas. La verdadera pregunta es cuánto tiempo más seguiremos confundiendo subsidios con soluciones, ocurrencias mediáticas con transformación y movilidad con simple capacidad de sobrevivir al trayecto diario. Cuando una ciudad normaliza que trasladarse sea una forma cotidiana de desgaste, termina erosionando algo más profundo que la eficiencia urbana: erosiona la confianza pública.


Sobre el autor

Sergio E. Gómez Partida es consultor en evaluación, gestión para resultados y planificación en sectores público y privado. Información de contacto: sgpartida@gmail.com; en X: @SergioGmezP.

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México: Un Estado capturado y erosionado

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México, un estado capturado y erosionado

El Estado surgió entre los siglos 16 y 18 como solución a la violencia feudal, a las guerras incitadas por la religión y a la excesiva dispersión del poder. Cuando los individuos se reunieron para constituir una entidad soberana, en la cual delegaron un poder absoluto sobre ellos, lo hicieron para protegerse y poder vivir con seguridad en sus bienes y en su persona.

Surgió así el Estado con la promesa fundacional de centralizar autoridad, monopolizar la violencia legítima y producir previsibilidad para enfrentar entornos inestables e inciertos. La teoría política lo concibe como un aparato racional diseñado para limitar y regular conductas, contener el caos y garantizar seguridad, impuestos y justicia.

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El Estado moderno en México, y el que sentó las bases para lo que tenemos en la actualidad, surgió después de la Revolución iniciada en 1910, de ahí surgió un régimen para controlar el proceso de distribución del poder político y las instituciones que buscaban materializar los preceptos del proceso revolucionario. Conocidos estos antecedentes, ¿cómo podemos clasificar en la actualidad al Estado mexicano? De un tiempo a esta parte se han suscitado debates en torno a la eficacia y funcionalidad del Estado en nuestro país. Algunos consideran que estamos en un Estado fallido. Yo no soy de los que piensan así. 

Un Estado fallido se materializa cuando se ha perdido por completo la capacidad de ejercer control efectivo sobre el territorio, garantizar seguridad básica, monopolizar el uso legítimo de la fuerza y sostener instituciones funcionales. En el caso de México, aplicar esa categoría exige mesura en el análisis, porque el país todavía mantiene capacidades firmes en materia fiscal, diplomática, financiera y administrativa. Lo que no se puede negar es que existen ciertos episodios que muestran zonas de fragilidad institucional, captura criminal y erosión de la potestad operativa que alimentan ese debate.

¿Qué es lo que estimula esa narrativa? Dos casos recientes han sido utilizados para estimularla.  Las versiones sobre una presunta participación de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) en operaciones vinculadas con Chihuahua y las acusaciones políticas y judiciales contra Rubén Rocha Moya en el contexto de investigaciones criminales impulsadas desde Estados Unidos (sobre lo cual escribí en mi colaboración anterior). Ambos episodios permiten analizar qué dimensiones de la gobernabilidad muestran deterioro. 

El problema aparece en la desigualdad territorial del poder del Estado. Hay regiones donde grupos criminales ejercen funciones propias del Estado tales como control social, seguridad, movilidad, tributaciones, economía local y coerción. Esa fragmentación parcial del monopolio de la fuerza genera percepciones de que el Estado no mantiene con éxito ciertas atribuciones que le son propias. Por ello, una categoría más precisa para México sería la de un Estado con capacidades erosionadas en ciertas regiones. 

Hasta el momento, no existe todavía evidencia pública concluyente que pruebe una intervención unilateral abierta de la CIA en Chihuahua fuera de los mecanismos de cooperación bilateral en seguridad. Sin embargo, el simple hecho de que esas versiones resulten creíbles para amplios sectores sociales revela una pérdida de confianza en la autonomía operativa del Estado mexicano, y ahí habita un punto nodal de la gobernabilidad, porque cuando un Estado no logra convencer plenamente de que controla su seguridad interior, se abre espacio para narrativas de tutela externa. Si bien es cierto que la cooperación entre México y Estados Unidos en inteligencia no es nueva y que existe desde hace décadas en temas de narcotráfico, terrorismo, lavado de dinero y tráfico de armas, el problema surge cuando la cooperación no es del todo transparente y alimenta posibilidades de opacidad, las autoridades mexicanas se perciben como subordinadas y las agencias extranjeras parecen tener más capacidad de investigación que las instituciones locales.

Por otro lado, las acusaciones y señalamientos en contra de Rubén Rocha Moya deben analizarse bajo las ópticas jurídicas y políticas. Hasta ahora, muchas versiones han circulado en medios, columnas y rumores vinculados a investigaciones estadounidenses sobre narcotráfico y redes de protección política. No obstante, todavía no existe una sentencia judicial firme que pruebe responsabilidad penal directa del gobernador, pero el daño político no depende exclusivamente de una condena judicial. En materia de gobernabilidad, la percepción pública importa, y mucho, porque impacta la legitimidad institucional.

En el caso Rocha Moya se perciben, por lo menos, tres aristas. La dificultad para separar poder político y estructuras criminales en regiones históricamente penetradas por el narcotráfico; la dependencia creciente de información e investigaciones provenientes de Estados Unidos, y la debilidad de las capacidades mexicanas para cerrar rápidamente controversias mediante investigaciones transparentes y creíbles. Cuando las acusaciones más graves sobre actores políticos mexicanos parecen investigarse más enérgicamente fuera del país que dentro del mismo, surge una percepción de vacío institucional o de encubrimiento, ambos igual de graves. Eso fortalece la narrativa de fragilidad estatal.

Estos dos botones de muestra nos revelan que un grave riesgo para la gobernabilidad mexicana es la normalización gradual de esquemas excepcionales como la dependencia de inteligencia extranjera; la existencia de gobiernos subnacionales colonizados y condicionados por grupos del crimen organizado, así como la normalización y aceptación social de que existen zonas en donde la ley opera parcialmente. Todo ello conlleva una erosión gradual de la legitimidad institucional del Estado.

En términos prospectivos, el desafío para el Estado mexicano no es sólo combatir al crimen organizado, sino reconstruir capacidad institucional civil, credibilidad judicial y soberanía operativa. Si esos elementos no se fortalecen, la discusión sobre un Estado fallido seguirá apareciendo cada vez que surjan casos donde el poder criminal, la presión estadounidense y la fragilidad política parezcan cruzarse.

Siguiendo los criterios clásicos, México no es un Estado fallido, pero exhibe con progresiva claridad los síntomas de un Estado disfuncional, capturado y erosionado con regiones en donde el crimen organizado cogobierna y el gobierno no puede o no quiere ejercer su potestad y atribuciones. 


Sobre el autor

José de Jesús Gómez Valle es analista político. Profesor Investigador en el CUCSH de la UdeG. Contacta: jose.gomezvalle@gmail.com y en X: @jgomezvalle.

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