La desigualdad urbana entre Shanghái y la Ciudad de México

Recién regresé a México después de pasar un mes de estancia de investigación en China. El objetivo de mi viaje era observar cómo es que lo que normalmente estudio en el contexto de la Ciudad de México -es decir, quiénes tienen acceso a las oportunidades económicas y la prosperidad de la ciudad, quiénes no, y por qué- se desarrolla en las ciudades chinas. Después de pasar dos semanas en Shanghái llegué a la conclusión de que ambas ciudades están produciendo grandes cantidades de desigualdad socioeconómica, pero lo están haciendo a través de diferentes mecanismos y el tipo de desigualdad que se está produciendo no es tan similar.
En el caso de la Ciudad de México, la desigualdad urbana parece que se está produciendo a partir de estratificación social relacionada con la clase y las características raciales. Además, el tipo de desigualdad que se está produciendo se asemeja más a la desigualdad durable teorizada por Charles Tilly (1998). En el caso de Shanghái, la desigualdad parece que se está produciendo a partir de estratificación social relacionada con el estatus ciudadano, pero el tipo de desigualdad que se está produciendo no se asemeja mucho a la que fue teorizada por Tilly. El tipo de desigualdad en Shanghái se parece más a lo que en este texto voy a llamar como desigualdad flotante, es decir, que las poblaciones experimentan por periodos de tiempo delimitados y debido a objetivos específicos.
A continuación, expondré la perspectiva teórica de la comparación, presentaré los casos y discutiré dos lecciones que pueden ser aprendidas a partir de la comparación.

Foto: Shanghái, China
Oportunidades económicas y prosperidad en las ciudades
Las ciudades pueden ser conceptualizadas como colosales fuerzas productivas que crean oportunidades económicas y prosperidad para sus habitantes (Garza, 2013). Esta característica puede explicar por qué tantas personas alrededor del mundo han emigrado hacia las ciudades en búsqueda de mejores perspectivas de vida (Glaeser, 2011). Ya sea a través de participar en el comercio, proveer algún tipo de servicio, vender la fuerza de trabajo en el mercado laboral, inclusive a través de participar en algún sector informal, o a través de cualquier otra actividad económica, todos nos ganamos la vida gracias a las aglomeraciones económicas que sólo son posibles gracias a la ciudad.
Sin embargo, no todos tienen el mismo acceso a las oportunidades económicas, riqueza y prosperidad generadas por las ciudades. Mientras que algunos tienen acceso a capital para iniciar un negocio, otros están marginados de los mercados de capitales. Algunas personas poseen mayores capitales humano y social, lo que les da varios pasos de ventaja sobre el resto de la población. Los mercados laborales están altamente segmentados y solo las personas con la mejor educación pueden aspirar a los empleos mejor pagados. Algunas personas viven cerca de los nodos de la actividad económica o están bien conectados a través de las infraestructuras urbanas, mientras que otras están localizadas muy lejos de la actividad económica o carecen de los medios para tener acceso. Estas y otras características hacen la diferencia en el grado en que las personas tienen acceso a las oportunidades económicas y la prosperidad producidas por las ciudades.
Importantes nodos económicos
Tanto Shanghái como la Ciudad de México son importantes nodos económicos que generan grandes oportunidades para sus habitantes. Desafortunadamente, durante las últimas dos décadas ambas ciudades también han visto un vertiginoso ascenso de los niveles de desigualdad socioeconómica*.
En ambos casos, amplios sectores de la población están siendo excluidos de los empleos mejor pagados y del Estado de bienestar. La interacción de estas dos áreas es importante para el estudio de la desigualdad y las posibilidades de movilidad social. Aquellas personas que carecen de acceso al Estado de bienestar tendrán que satisfacer sus necesidades como educación, salud y vivienda a través del mercado, lo que a su vez tendrá un impacto sobre sus ingresos. Si aunado a ello las personas son orilladas hacia los empleos peor pagados, estar excluidos del Estado de bienestar tendrá un gran impacto sobre sus ingresos reales, lo que a su vez tendrá un impacto negativo en sus posibilidades de movilidad social.
El resultado en ambas ciudades parece ser el mismo -crecientes niveles de desigualdad socioeconómica-. Sin embargo, una comparación más minuciosa nos permite observar que los procesos de exclusión de la ciudad como fuerza productiva en realidad se está llevando a cabo a través de diferentes mecanismos y los resultados no son tan similares.
*Da click en cada ciudad para conocer su caso: Shanghái Ciudad de México

Santa Fe, Ciudad de México. Foto por: Johnny Miller/Thomson Reuters Foundation.
El caso de la Ciudad de México
En la Ciudad de México tener acceso a los empleos mejor pagados y a la red de seguridad social parece depender del esfuerzo individual. Supuestamente, aquellas personas que inviertan en obtener una buena educación o en adquirir habilidades laborales podrán acceder a las credenciales necesarias para obtener cualquier empleo y subir en la escalera de la movilidad social. Cualquier persona, sin importar su lugar de origen en el país. El Estado de bienestar aplica a nivel nacional, así que cada ciudadano mexicano tiene derecho a la misma red de seguridad social sin importar el lugar en el que haya nacido. El único requerimiento para tener acceso a la red de seguridad social es el contar con un trabajo formal. Sin embargo, esta supuesta dinámica del esfuerzo individual en realidad está influenciada por una marcada desigualdad acumulativa, y por discriminación racial y de clase.
La desigualdad acumulativa surge porque los hogares con mayores recursos tienen ventaja sobre los hogares más pobres. Los mercados laborales -en especial aquellos con los trabajos de mayor productividad y mejor pagados- tienden a contratar a las personas con mayores niveles de educación. Y son precisamente los hogares que ya contaban con buenos recursos económicos los que pueden proveer una mejor educación a sus integrantes. El acceso al sistema de educación pública es gratuito y está garantizado a cada ciudadano mexicano, incluso hasta la educación terciaria. Sin embargo, el sistema de educación pública en México tiene una muy bien ganada reputación de brindar una educación de baja calidad. Aquellos hogares con suficientes recursos económicos optarán por enviar a sus integrantes a escuelas privadas, incluyendo universidades privadas. Esta dinámica produce una desventaja acumulativa para los hogares más pobres y una ventaja acumulativa para los hogares con mayores recursos económicos.
Foto: Gobierno CDMX.
Discriminación existente
La discriminación racial y de clase surge de un severo -y muchas veces negado- sesgo de los empleadores al momento de contratar. Aquellas personas con títulos de universidades privadas son favorecidas por encima de los egresados de las universidades públicas. El tener las conexiones adecuadas juega un papel fundamental para conseguir los mejores empleos, y aquellos que asistieron a universidades privadas están mejor conectados con las gerencias de las empresas. Un estudio reciente del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) ha visibilizado la terrible pigmentocracia que existe en México. El estudio del INEGI demuestra cómo es que las personas de tez más clara tienden a tener mayores niveles educativos y empleos mejor pagados, mientras que las personas de piel más morena tienden a tener menos educación y son peor pagados.
Como resultado, en el caso de la Ciudad de México los hogares con mayores recursos tienden a tener ventaja para acceder a los empleos formales y con ello a la cobertura de la red de seguridad social. Por el contrario, los hogares pobres enfrentan dificultades para acceder a los empleos formales y a la red de seguridad social.

Mercado callejero en la provincia de Yangpu, Shanghai. Foto por David López García.
El caso de Shanghái
En Shanghái tener acceso a los empleos mejor pagados y a la red de seguridad social parecen dos arenas completamente diferentes, pero están considerablemente interrelacionadas. Por un lado, el tener acceso a los empleos mejor pagados parece estar en función de tener una buena educación. Por otro lado, el tener acceso al estado de bienestar y la red de seguridad social depende de tener un hukou** local, es decir, de contar con el estatus ciudadano de residente de la ciudad. Estas dos dimensiones interactúan para otorgar una ventaja a los residentes con hukou local de Shanghái para obtener los empleos de mayor productividad y mejor pagados. Por el contrario, estos factores obligan a la gran mayoría de trabajadores migrantes -que carecen de un hukou local de Shanghái- a trabajar en los sectores de baja productividad y con los peores salarios.
El mercado laboral de Shanghái está ligeramente más abierto a los trabajadores migrantes que el sistema de seguridad social. Mientras que algunos empleadores reservan sus empleos para las personas con hukou local, otros están abiertos a contratar migrantes.
Combinación compleja
Esta combinación es muy compleja. Por ejemplo, aprendí que la empresa estatal que administra el sistema de metro de Shanghái está dispuesta para migrantes con altos niveles de educación en las posiciones de ingeniería o de mantenimiento, pero que reservan los trabajos que no requieren altos niveles de educación ni de habilidades -como ser vigilante o atender a los pasajeros en una estación- para personas con hukou local. Como resultado, los migrantes con altos niveles de educación tienen una oportunidad de obtener empleos formales bien pagados, mientras que los migrantes sin educación y sin habilidades laborales se ven forzados a tomar trabajos mal pagados que ningún residente local estaría dispuesto a hacer, e inclusive en el sector informal de la economía.

Foto: Wikimedia.
No se traduce en trabajo
Sin embargo, el tener acceso a un trabajo formal -como en el caso de la Ciudad de México- no se traduce en automático en tener acceso a la red de seguridad social de la ciudad. Esto es problemático porque la gran mayoría de los trabajadores migrantes no tienen derecho a recibir servicios de salud, seguro de desempleo, subsidio para vivienda, o un espacio para sus hijos en las escuelas públicas, y por lo tanto tienen que pagar por todos estos servicios en el mercado.
Como consecuencia, la gran mayoría de los trabajadores migrantes en Shanghái renta un pequeño cuarto en condiciones no optimas para vivir, envían a sus hijos de vuelta a sus lugares de origen para asistir a la escuela pública, y regresan a sus provincias de origen una vez que han alcanzado la edad para el retiro. Solo los migrantes con educación de alta calidad que consiguen un trabajo altamente remunerado en el sector formal tienen una oportunidad de cambiar su hukou para tener un registro local de la ciudad.
¿Educación de calidad?
Pero al mismo tiempo, el tener una educación de alta calidad también es un área de desventaja acumulativa para la población que carece de hukou local. Debido a que la única opción de los migrantes para mandar a sus hijos al liceo en la ciudad es inscribirlos en escuelas privadas, tienden a mandar a sus hijos a sus provincias de origen para que puedan asistir a la escuela pública. A estos niños en China se les conoce como “los dejados de lado” -en inglés se les conoce como los left behind-.
La brecha entre el desempeño académico de los niños dejados de lado y los niños de la ciudad es un tema que ha acaparado una considerable atención por parte de los académicos en China. Dada esta brecha en el desempeño educativo, los jóvenes de las grandes ciudades tienden a obtener mejores resultados en el gaokao -el examen nacional para entrar a las universidades- y obtienen los mejores espacios en las principales universidades. Este fenómeno refuerza los patrones de desigualdad socioeconómica a través de la siguiente lógica: si es cierto que los jóvenes con hukou local de Shanghái está obteniendo la mejor educación, y si es cierto que las personas con la mejor educación están obteniendo los empleos de mayor productividad y mejor pagados, entonces los jóvenes con hukou local de Shanghái están obteniendo los empleos de mayor productividad y mejor pagados.
**El hukou es el sistema de registro de viviendas chino.

Foto: Gobierno CDMX.
Pero hay una diferencia importante
Hay una diferencia entre Shanghái y la Ciudad de México que puede estar teniendo un rol importante en la definición de los resultados finales. En México, el régimen del Estado de bienestar aplica para todo el territorio nacional y sin hacer ninguna distinción entre el lugar de nacimiento de las personas. Así, aquellos que carecen de un empleo formal estarán siempre excluidos del sistema de sistema de seguridad social sin importar el lugar en el que hayan nacido ni su lugar de residencia. En el caso de China, dado que cada provincia tiene autonomía para diseñar su propio Estado de bienestar, y que las personas que son migrantes en una ciudad en realidad sí tienen una hukou local de algún lugar, los migrantes de todos modos conservan el derecho a ser parte del sistema de seguridad social en sus provincias de origen.
Esta característica parece estar teniendo una influencia sobre los patrones de migración en Shanghái e incluso en China. Los migrantes rurales tienden a moverse hacia las grandes ciudades durante su mejor edad para trabajar, e invierten lo que ganan en las ciudades en construir activos en sus lugares de origen. Una vez que alcanzan una edad en la que ya no pueden trabajar, los migrantes se regresan a las provincias en las que sí tienen el hukou local y disfrutan de un buen retiro porque cuentan con el ingreso que les proporcionan sus activos y reciben la red de seguridad social a la que sí tienen derecho.
Más migración
Los trabajadores migrantes dejarán Shanghái en algún momento, pero nuevas olas de trabajadores migrantes jóvenes se moverán a la ciudad. Eventualmente, algunos de estos nuevos migrantes lograrán cambiar su hukou a un registro local de Shanghái, pero sólo en algunos casos aislados. La gran mayoría mandará a sus hijos a vivir con sus abuelos en sus pueblos de origen para asistir a la escuela pública y se regresarán a sus lugares de origen una vez que alcancen una edad para retirarse. Este ciclo se repetirá por generaciones.

Foto: Tec Monterrey.
¿Qué podemos aprender de la comparación?
Hay por lo menos dos lecciones que se pueden aprender de esta comparación. La primera es que los mecanismos a través de los cuáles se está produciendo la desigualdad en ambas ciudades son bastante diferentes. La segunda es que los tipos de desigualdad que se están produciendo no son tan similares como uno podría pensar. Ambas ciudades están produciendo altos niveles de desigualdad. Sin embargo, en el caso de Shanghái la desigualdad parece ser un fenómeno que las personas viven de forma temporal, mientas que en el caso de la Ciudad de México la desigualdad que se está produciendo es más duradera.
En lo que respecta a los mecanismos, la desigualdad en la Ciudad de México parece estar más relacionada con desigualdad acumulativa debido a estratificación social de raza y clase. Aquellas personas con acceso a una educación en universidades privadas, conexiones sociales y un tono de piel más claro tienen a subir más alto en la escalera de la movilidad social.
En el caso de Shanghái, los mecanismos están más relacionados con desigualdad acumulativa debido a estratificación social por estatus ciudadano. Aunado a tener derecho a la red de seguridad social de la ciudad, las personas con una hukou local de Shanghái tienden a tener una educación de mejor calidad y por lo tanto obtienen los trabajos de mayor productividad y mejor pagados. En ambas ciudades, estos mecanismos trabajan para incluir a ciertos sectores de la población en la riqueza y prosperidad de la ciudad mientras excluyen a otros.

Foto: Wikimedia.
Más desigualdad
En lo que respecta al tipo de desigualdad que se está produciendo -y a pesar de que ambas ciudades están generando cada vez más desigualdad-, los efectos de esta desigualdad en la vida de una habitante de la Ciudad de México tienden a ser más permanente, mientras que los efectos en Shanghái parecen más temporales.
Por un lado, la desigualdad que se está produciendo en la Ciudad de México se parece más a lo que Charles Tilly (1998) llamó desigualdad duradera. Tilly se estaba refiriendo al tipo de desigualdad que se traspasa en un hogar de una generación a otra, por lo que tiende a permanecer a lo largo del tiempo. Con su efecto acumulativo, los hogares pobres en la Ciudad de México sufrirán los efectos de la desigualdad permanentemente, reproduciendo los mismos patrones de desventaja y pobreza por generaciones.
Por otro lado, la desigualdad que se está produciendo en Shanghái puede ser pensada como temporal. Esto debido a que las poblaciones migrantes sufren los efectos de la desigualdad mientras se encuentran trabajando en la ciudad sin contar con un hukou local, pero dejarán de sufrir sus efectos cuando regresen a sus provincias de origen.
Este tipo de desigualdad es diferente que la desigualdad duradera teorizada por Tilly. Así, la desigualdad urbana en Shanghái puede ser llamada desigualdad flotante. Se sabe que la brecha de desigualdad entre la China rural y la urbana está creciendo cada vez más. Pero también es probable que los niveles de desigualdad al interior de las zonas urbanas y de las zonas rurales sean más altos en el caso de las zonas urbanas. Esto significaría que, una vez que los trabajadores migrantes regresan a sus lugares de origen, puede ser que vivan en sociedades más equitativas.
Ambos tipos de desigualdad
Este análisis no quiere decir que estoy tomando una posición filosófica a favor de la desigualdad flotante. Hasta este momento tengo muy pocas piezas de este rompecabezas como para hacer un juicio sensato. Este análisis es solo para resaltar que ambos tipos de desigualdad son diferentes, y que a lo que aquí me estoy refiriendo como desigualdad flotante debe de ser estudiado con mayor cuidado.
*David López García es Coordinador del Laboratorio de Innovación Democrática (LID).
Llueve sobre mojado: Guadalajara se ahoga en 13 milímetros. Parte 2

En la primera entrega establecimos que llamar “atípica” a la lluvia que inunda Guadalajara cada temporal es, con perdón, una mentira con permiso oficial: el problema es de drenaje y suelo, no de cielo. Toca ahora la parte incómoda que los boletines de gobierno omiten: la ciudad no se inunda igual para todos, y no es casualidad meteorológica, es geografía social con nombre de colonia.
Guadalajara ya tiene clasismo en el transporte público y clasismo en el acceso efectivo al agua potable (efectivo porque tener un tubo conectado no alcanza para definir “acceso”); faltaba documentar el clasismo hídrico de las inundaciones; aquí los datos lo confirman con una nitidez incómoda:

Al revisar los veinte eventos de inundación más severos de la última década en el AMG, la distribución por estrato económico es así de desigual: apenas tres colonias de estrato alto resultaron afectadas, una de medio-alto, dos de medio, cinco de medio-bajo, cinco de bajo y cuatro más de bajo con vulnerabilidad “muy alta” —la categoría reservada para Ferrocarril, Miramar, Juan de la Barrera y Las Pintas, entre otras—. En números llanos: catorce de veinte colonias castigadas pertenecen a estratos bajo y medio-bajo. No es que llueva más sobre los pobres; es que el agua, cuando no tiene a dónde ir, busca siempre el camino de menor resistencia institucional.
El gráfico de severidad por estrato lo confirma con crudeza: en una escala de 1 a 4, el daño patrimonial —agua y lodo entrando a las casas, entre 30 y 80 centímetros de altura— se concentra en los estratos bajo y medio-bajo. Los vehículos arrastrados sí aparecen también en zonas de estrato alto como Plaza del Sol o Jardines de la Patria, pero ahí debemos considerar una importante trampa contable: para esos autos existen pólizas de seguro, además de deducibles de impuestos. Para el menaje empapado de una vivienda en Ferrocarril o El Mante, no existe tal cosa.

En este punto conviene separar finanzas de economía, una distinción que un analista económico no podría pasar por alto y que, en este caso, resulta reveladora: en pesos “nominales”, quien más pierde es el estrato medio-alto, con un costo total promedio estimado de 760 mil pesos por evento, frente a 422 mil del estrato bajo (Baró-Suárez et al., 2011; Milenio, 2024). Visto así, el relato cómodo sería: “los inundados ricos pierden más”. Es el tipo de dato que un funcionario promedio citaría para minimizar el problema. Sin embargo, esa lectura es, en el mejor de los casos, incompleta y, en el peor, deliberadamente engañosa.

Sucede que, cuando esa misma pérdida se mide como porcentaje del ingreso anual —la única forma honesta de medir el golpe real a un hogar—, el cuento se invierte por completo. El daño patrimonial promedio en el estrato bajo equivale al 352 % de su ingreso anual estimado; en el estrato medio-bajo, al 220 %; mientras que en el estrato alto la misma categoría de daño representa apenas el 40 % de su ingreso. Quien gana menos pierde, en términos relativos, hasta nueve veces más que quien gana más. Esta cifra, que los comunicados de prensa no suelen destacar, desmiente la épica de “la inundación no distingue clases” con la que algunos suelen lavarse las manos.

Sí, es cierto: el agua arrastra por igual vehículos en Jardines de la Patria que menaje en Las Pintas, pero la familia de Las Pintas no tiene seguro, no tiene ahorro, no tiene deducción fiscal y probablemente tampoco tenga un segundo vehículo para moverse mientras tanto. Pierde su patrimonio completo y, además, pierde el día de trabajo, el transporte público que se detuvo y, algunas veces, el empleo informal que tampoco perdona ausencias. Es la lógica de siempre en un país desigual: el desastre llega parejo, la factura no.
La inadecuada planeación urbana de Guadalajara —igual que ciertos megaeventos deportivos que pasan por encima de todos los estratos imponiendo sus intereses— arrastra a ricos y pobres por igual en el momento del impacto; pero la cuenta, como siempre sucede en México y América Latina, se paga distinto según el código postal. Mientras los Arcos del Milenio sigan sin terminarse y el drenaje profundo siga esperando su turno en una lista de obras a “ejecutar poco a poco”, cada temporal seguirá siendo el mismo examen: la ciudad reprueba, y los que menos tienen son, otra vez, quienes pagan la colegiatura más cara.
Sobre el autor
Sergio E. Gómez Partida es consultor en evaluación, gestión para resultados y planificación en sectores público y privado. Información de contacto: sgpartida@gmail.com; en X: @SergioGmezP.
Lemus y la crisis del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara

El segundo trimestre de 2026 representó para el gobierno de Pablo Lemus una etapa de alta tensión política y de fuerte presión sobre la narrativa de estabilidad que había intentado construir desde su primer año de gestión. Aunque el Ejecutivo estatal logró sostener niveles aceptables de operación institucional, particularmente en infraestructura, coordinación federal y preparación del Mundial 2026, el periodo estuvo marcado por tres factores estructurales que condicionaron la gobernabilidad: la crisis de seguridad derivada del operativo federal del 22 de febrero contra el CJNG, el deterioro financiero y operativo del Siapa y la persistencia de la crisis de desapariciones en Jalisco.
A diferencia del primer trimestre, donde predominaba todavía la expectativa política alrededor del gobierno, entre abril y junio comenzó a observarse un proceso más claro de desgaste gubernamental. El discurso de eficiencia y cercanía ciudadana empezó a enfrentar pruebas concretas de capacidad estatal, particularmente en materia de agua, seguridad y cohesión política.
Se hace aquí un balance de la gobernabilidad a partir de seis indicadores básicos: eficacia decisional, legitimidad, cohesión institucional, estabilidad política, conflictividad política y deterioro social y actos violentos.
Eficacia decisional. La eficacia decisional sigue siendo reactiva más que preventiva. La reestructuración del Siapa fue anunciada reiteradamente desde octubre de 2025 sin materializarse en un plan integral hasta bien entrado 2026, lo que generó señalamientos sobre la brecha entre el discurso de urgencia y los tiempos reales de ejecución. La cartera vencida del organismo y el déficit operativo evidencian que el rescate anunciado atiende síntomas de corto plazo (cambio de titular, presupuesto de emergencia) sin resolver el problema de fondo de financiamiento y gobernanza metropolitana del agua. El propio Gobernador reconoció públicamente un abandono institucional de años, lo que también desplaza la responsabilidad de su propia gestión, que ya lleva año y medio sin presentar una solución definitiva.
No obstante, el gran déficit de eficacia permaneció en seguridad. Después de los hechos violentos derivados del operativo contra el CJNG en febrero, el gobierno dedicó buena parte del trimestre aquí analizado a administrar las consecuencias mediáticas y políticas de la crisis, más que a demostrar recuperación plena del control territorial. La eficacia decisional fue, por tanto, parcialmente positiva en infraestructura y coordinación administrativa, pero limitada en capacidad estructural de contención de crisis.
Legitimidad. En materia de legitimidad, el trimestre reveló una contradicción central. Mientras el gobierno intentó posicionar a Jalisco como una entidad lista para el Mundial y atractiva internacionalmente, persistieron crisis locales que cuestionan la narrativa de normalidad. El caso más evidente fue el tema de las desapariciones y la violencia criminal. Aunque el gobierno permitió manifestaciones y visibilización de colectivos, la percepción pública comenzó a consolidar la idea de que el gobierno administra políticamente la crisis, pero aún no modifica sus causas estructurales.
La legitimidad también se vio erosionada por la crisis de la calidad del agua; cientos de denuncias ciudadanas por agua contaminada con metales pesados, ausencia de cloro y fallas bacteriológicas, documentadas por monitoreos se hicieron públicas en momentos en que la ciudad se preparaba para recibir a millones de visitantes mundialistas. Investigadores de la UdeG y activistas señalaron que, pese al discurso de apertura técnica del nuevo director del Siapa no fueron efectivamente invitados o incorporados al diseño de la reingeniería.
Cohesión institucional. A diferencia de la etapa final del sexenio de Enrique Alfaro Ramírez, marcada por confrontaciones recurrentes con actores federales, el gobierno de Lemus privilegió la coordinación política e institucional. La relación con el gabinete federal de seguridad fue particularmente estrecha después del operativo contra el CJNG. Lemus presumió comunicación directa con el secretario de Seguridad Federal y con las Fuerzas Armadas.
Por otra parte, el gabinete estatal continuó mostrando alta rotación. El gobierno acumula, para junio de 2026, más de una decena de cambios en secretarías y direcciones en apenas año y medio de gestión, incluidos ajustes en la Comisión Estatal del Agua y en el Siapa, lo que muestra un síntoma de inestabilidad administrativa más que de fortalecimiento institucional. Los múltiples ajustes en el gabinete estatal, incluyendo cambios en la CEA, Ipejal, salud y juventudes, muestran un gobierno en constante reacomodo. Aunque oficialmente se presentan como movimientos para fortalecer áreas estratégicas, la frecuencia de los cambios sugieretensiones internas y necesidad de corregir rumbo sobre la marcha. La gobernanza del Siapa (centralizada en el Ejecutivo estatal) sigue dejando a los municipios en un rol secundario, lo que reproduce tensiones de fondo sobre quién es el responsable último del organismo.
Asimismo, la cohesión institucional tuvo dos focos de vulnerabilidad. Primero, el Siapa evidenció que la gobernanza metropolitana sigue siendo débil y altamente fragmentada, y segundo, el gobierno continúa dependiendo excesivamente de coordinación federal en seguridad, lo cual limita la autonomía efectiva del estado. En términos generales, hubo cohesión operativa, pero todavía no hay una consolidación institucional profunda.
Estabilidad política. El trimestre cerró sin amenazas reales de ruptura política o ingobernabilidad abierta, pero sí con incremento de presión estructural sobre el gobierno. Lemus logró evitar conflictos mayores con empresarios, universidades, iglesias y élites metropolitanas. El Mundial funcionó como un factor temporal de alineamiento político y económico. Sin embargo, la estabilidad política descansó más en la ausencia de una oposición articulada que en la resolución de los problemas de fondo.
El operativo federal de febrero dejó un impacto psicológico y político considerable. Aunque el gobierno insistió en que los hechos violentos fueron excepcionales y posteriores al operativo no hubo eventos de igual magnitud, la percepción de vulnerabilidad estatal aumentó. Además, comenzó a aparecer un fenómeno políticamente delicado: la sobreexposición internacional de Jalisco. El Mundial colocó al estado bajo observación global y obligó al gobierno a sostener una narrativa permanente de control y seguridad. Eso generó una paradoja, mientras más intentaba proyectarse estabilidad internacional, más visibles se volvían las contradicciones locales, particularmente desapariciones, agua y violencia.
La estabilidad sigue siendo, en buena medida, una estabilidad gestionada bajo presión más que construida sobre certidumbre institucional.
Conflictividad política. La conflictividad política aumentó respecto al trimestre anterior, aunque sin alcanzar niveles críticos. El principal cambio fue discursivo. Comenzaron a crecer cuestionamientos públicos hacia la narrativa de un Jalisco seguro impulsada por el gobierno. Aquí aparece una contradicción entre el discurso de ciudad global preparada para el Mundial y la persistencia de crisis locales no resueltas.
La conflictividad más relevante no provino de partidos, sino de agendas sociales acumuladas como las de colectivos de búsqueda, usuarios afectados por el Siapa, críticas por seguridad, inconformidades metropolitanas y una percepción de desigualdad territorial.
Un aspecto poco observado es que el gobierno de Lemus enfrenta un tipo de conflictividad distinto al de Alfaro. Ya no predomina el choque frontal con actores políticos o mediáticos, ahora el desgaste surge de expectativas incumplidas de eficacia técnica. En otras palabras, el principal riesgo político para Lemus no es la confrontación abierta, sino la decepción gradual de sectores que esperaban un gobierno más eficiente y menos reactivo.
Deterioro social y episodios violentos. Este fue el indicador más negativo del trimestre. Aunque el gobierno destacó disminuciones estadísticas en homicidios e incidencia delictiva, el impacto de la violencia sigue condicionando la percepción pública. A ello se sumó la persistencia de la crisis de desapariciones, que continúa siendo el principal pasivo humanitario de Jalisco. El gobierno mostró apertura relativa hacia colectivos, pero todavía no logra modificar la percepción de insuficiencia institucional. El Mundial ayudó temporalmente a contener la percepción de deterioro mediante inversión urbana y narrativa internacional, pero no resolvió las causas estructurales.
En paralelo, la crisis del agua representa un deterioro social menos espectacular pero más profundo: agua de mala calidad, desconfianza en el servicio, sacrificio de obras en municipios con problemas de abastecimiento y contaminación (Autlán, Ciudad Guzmán, Puerto Vallarta). La combinación de violencia estructural (desigualdad en acceso a agua segura) y violencia criminal en proceso de contención configura un escenario donde la gobernabilidad se sostiene, pero el bienestar social sigue siendo frágil.
En conclusión, el segundo trimestre de 2026 deja una imagen dual del gobierno de Pablo Lemus. Por un lado, exhibió cierta eficacia decisional y una capacidad de coordinación interinstitucional notables para salir del paso y sacar adelante un evento de la magnitud del Mundial de Futbol, capitalizado políticamente como un éxito de gestión y reconocido (al menos en el discurso oficial) como la mejor sede del torneo. Por otro lado, persisten fallas estructurales que el trimestre no resolvió, sino que apenas administró: una crisis hídrica que combina colapso financiero, deterioro de infraestructura y riesgo sanitario; un patrón de toma de decisiones que privilegia el anuncio mediático sobre la planeación de fondo; y, sobre todo, una crisis de violencia y desapariciones que sitúa a Jalisco entre las entidades más afectadas del país, con episodios (hallazgos de fosas clandestinas) que contrastan de forma directa con la narrativa de normalidad y éxito proyectada durante el Mundial.
La principal tensión del trimestre es, en ese sentido, la que existe entre la gobernabilidad exhibida (eventos sin incidentes, obras entregadas, coordinación de seguridad visible) y la gobernabilidad de fondo (desapariciones, contaminación del agua, cartera vencida del Siapa, rotación constante de funcionarios), que sugiere una administración con capacidad operativa real, pero con una agenda de gestión todavía reactiva frente a los problemas estructurales más graves del estado.
El dato políticamente más relevante del trimestre analizado es que el gobierno todavía conserva control político, pero ya no controla completamente la narrativa pública. Eso, en clave de gobernabilidad significa que cuando un gobierno pierde el monopolio de la narrativa de eficacia, comienza la etapa más difícil de su administración.
Sobre el autor
José de Jesús Gómez Valle es analista político. Profesor Investigador en el CUCSH de la UdeG. Contacta: jose.gomezvalle@gmail.com y en X: @jgomezvalle.
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