La libertad no pide permiso

La calle ha sido, desde siempre, uno de los espacios donde la democracia se mira al espejo. Ahí se celebran las victorias, se expresan los desacuerdos y se hacen visibles las inconformidades que no encuentran respuesta detrás de un escritorio.

La calle también incomoda. Interrumpe rutinas, modifica trayectos y obliga a escuchar voces que, de otro modo, podrían pasar inadvertidas. Pero esa incomodidad forma parte de la vida democrática.

La libertad de expresión no pide permiso. Y el derecho a la protesta pacífica tampoco debería depender de la simpatía de un gobierno por las causas que la convocan.

En las últimas semanas, distintas movilizaciones han puesto a prueba la relación entre ciudadanía y autoridad. Trabajadores del IMSS han salido a exigir mejores condiciones laborales. En la Ciudad de México, la conmemoración del 2 de octubre volvió a mostrar las tensiones entre manifestantes y cuerpos de seguridad, con denuncias sobre el uso de la fuerza y llamados a investigar posibles excesos.

Son episodios distintos, pero comparten una pregunta: ¿cómo debe responder el Estado cuando la inconformidad ocupa el espacio público?

En Jalisco, los acontecimientos del 11 de octubre abrieron una discusión que merece atención. Las denuncias por presuntas agresiones policiales durante las protestas exigen investigaciones exhaustivas, identificación de responsabilidades y reparación integral para las víctimas.

La indignación de quienes denuncian abusos es legítima. Ninguna persona debería enfrentar violencia arbitraria por ejercer sus derechos.

Lo ocurrido en Jalisco no es un caso aislado. Las manifestaciones en distintas partes del país han puesto a prueba la actuación de las autoridades y evidencian la necesidad de revisar los protocolos de seguridad. La experiencia deberá servir para perfeccionar la capacitación policial, establecer límites claros al uso de la fuerza y fortalecer los mecanismos de supervisión.

Pero tampoco debemos perder de vista el origen de la inconformidad: el acceso al agua limpia.

El artículo 27 constitucional establece el dominio de la nación sobre las aguas nacionales, cuya administración corresponde a la Federación, mientras que el artículo 115 asigna a los municipios la prestación del servicio de agua potable. La solución, por tanto, exige responsabilidades compartidas: proteger las fuentes de abastecimiento, vigilar las descargas contaminantes, modernizar la infraestructura y garantizar servicios de calidad.

Tan importante es proteger el derecho a manifestarse como atender las causas que llevan a la ciudadanía a salir a las calles.

De acuerdo con la información difundida por las autoridades estatales, 17 elementos de la Policía Estatal se encuentran bajo investigación por posibles actuaciones fuera de protocolo y uso indebido de la fuerza. También se ha solicitado la colaboración ciudadana para aportar videos y otros elementos de prueba.

Las investigaciones deben ofrecer garantías tanto a las personas afectadas como a los agentes señalados. Las responsabilidades requieren pruebas, procedimientos imparciales y decisiones fundadas.

El Gobernador Pablo Lemus ha ofrecido explicaciones sobre los hechos y anunciado la revisión de las actuaciones policiales. Corresponde ahora conocer los resultados de esas investigaciones y comprobar qué medidas institucionales se adoptan.

Porque escuchar no basta. Reconocer posibles errores tampoco. La responsabilidad pública se mide por la capacidad de corregirlos.

La policía tiene una tarea difícil: proteger a quienes protestan, a quienes no participan y a sus propios elementos. Para cumplirla necesita preparación, reglas claras y confianza ciudadana. Esa confianza no se exige; se construye con transparencia y rendición de cuentas.

La reparación integral de las víctimas debe ocupar un lugar central. No se trata únicamente de identificar a quien cometió una agresión, sino de atender sus consecuencias, garantizar el acceso a la justicia y reducir el riesgo de repetición.

La democracia no se demuestra solo cuando las plazas están llenas de personas que aplauden. También se pone a prueba cuando las calles se llenan de quienes reclaman, cuestionan y exigen respuestas.

El aprendizaje no debería agotarse en una investigación ni en una conferencia de prensa. Debe traducirse en mejores protocolos, instituciones capaces de rectificar y soluciones concretas a las demandas ciudadanas.

La libertad de expresión no pide permiso. El uso de la fuerza, en cambio, siempre debe tener límites, justificación y consecuencias cuando esos límites se rebasan.

Porque una democracia también se mide por la posibilidad de volver a las calles, tantas veces como sea necesario, sin temor a ejercer nuestros derechos.

Sobre la autora

Renata Hernández Flores es politóloga por la Universidad de Guadalajara y estratega en comunicación con más de diez años de experiencia en el diseño de contenidos, narrativas y estrategias de comunicación para gobiernos, instituciones públicas y proyectos con impacto social.