Lemus: gobernabilidad bajo presión

En esta ocasión esta columna está dedicada a analizar la gobernabilidad durante el tercer trimestre (julio-septiembre) del año 2026 del gobierno encabezado por Pablo Lemus Navarro. En ocasiones anteriores he destinado este espacio para hacer el mismo ejercicio sobre el primer trimestre (enero-marzo) y sobre el segundo trimestre (abril-junio). Este análisis toma como base seis indicadores de la gobernabilidad: eficacia decisional, legitimidad gubernamental, coordinación y cohesión institucional, estabilidad política, conflictividad política, y deterioro social y episodios violentos.

Eficacia decisional. Capacidad de respuesta gubernamental, pero resultados insuficientes frente a los problemas prioritarios. ¿Qué decisiones relevantes tomó el gobierno estatal y en qué medida contribuyeron a resolver los problemas que pretendían atender? El gobierno estatal anunció medidas emergentes para atender la crisis de calidad del agua, impulsó negociaciones para financiar infraestructura hidráulica y reportó avances en materia de seguridad. Sin embargo, la persistencia de las protestas por el agua y las controversias sobre el financiamiento, la gestión del Siapa y los plazos de solución muestran una brecha entre la capacidad de anunciar decisiones y la de producir resultados verificables para la población. El Ejecutivo anunció medidas de emergencia, proyectos de infraestructura y presentó resultados de seguridad. La principal debilidad fue la dificultad para demostrar que las decisiones estaban produciendo soluciones suficientes y sostenibles en los problemas que más afectaban a la población. La crisis del agua fue el caso más representativo de la diferencia entre capacidad de decisión y eficacia de resultados.

Legitimidad gubernamental. El principal desafío fue la distancia entre la respuesta institucional y las demandas ciudadanas. ¿En qué medida el gobierno conservó la confianza social y el respaldo de los actores políticos, económicos e institucionales necesarios para gobernar? Las movilizaciones por el agua, las exigencias de transparencia sobre el Siapa y las protestas de familiares de personas desaparecidas expresaron cuestionamientos que rebasan la evaluación de servicios públicos particulares. Pusieron en discusión la capacidad del gobierno para garantizar derechos, ofrecer explicaciones convincentes y generar confianza en las instituciones. Puede sostenerse que la crisis del agua produjo expresiones públicas de desconfianza hacia la capacidad de las autoridades para garantizar un servicio esencial.

La acumulación de cuestionamientos sobre la capacidad de respuesta ante la crisis del agua y la transparencia de las contrataciones en el Siapa permite identificar riesgos de desgaste en la legitimidad de desempeño. La cuestión central fue la distancia entre las explicaciones institucionales y las exigencias ciudadanas de resultados, transparencia y rendición de cuentas.

Cohesión institucional. La coordinación intergubernamental estuvo condicionada por disputas financieras y políticas. ¿El Gobierno de Jalisco consiguió articular a sus dependencias y construir acuerdos funcionales con la Federación, los municipios y otros actores institucionales? Los desacuerdos con el Gobierno federal sobre recursos presupuestales y proyectos de infraestructura, así como las controversias con los ayuntamientos metropolitanos por los adeudos al Siapa, evidenciaron dificultades para construir acuerdos sostenibles. El problema no fue la ausencia absoluta de negociación, sino su dependencia de relaciones políticas y acuerdos todavía sujetos a controversia. Un dato que debe quedar bien claro es que la coordinación intergubernamental no debe medirse por la celebración de reuniones, sino por la formalización de compromisos, la asignación efectiva de recursos y el cumplimiento de los acuerdos.

El gobierno estatal mantuvo canales de interlocución con la Federación y con distintos municipios, pero enfrentó desacuerdos importantes sobre recursos, responsabilidades y prioridades. La principal debilidad fue la falta de una respuesta suficientemente articulada frente a un problema que exige coordinación metropolitana, estatal y federal. La cohesión institucional debe valorarse como parcial, ya que existieron mecanismos de negociación, pero no eliminaron las controversias que condicionaban la ejecución de las políticas públicas.

Estabilidad política. No se observa una crisis general del orden institucional, pero sí tensiones que elevaron los costos de gobernar. ¿El sistema político estatal mantuvo su continuidad institucional y capacidad para procesar las tensiones sin rupturas graves? La estabilidad no equivale a la ausencia de protestas o desacuerdos. Implica que los conflictos puedan procesarse mediante instituciones funcionales, negociación política y mecanismos de respuesta pública.

Durante el trimestre coexistieron la negociación con la Federación, los desacuerdos con la oposición local, las protestas ciudadanas y el comienzo de movimientos políticos y preparación de enroques o cambios en el gobierno relacionados con las elecciones de 2027. El sistema político mantuvo sus cauces institucionales, aunque aumentaron las presiones sobre la capacidad de conducción del Ejecutivo.

No se identifican rupturas institucionales de alcance general que permitan caracterizar al gobierno como inmerso en una crisis de estabilidad. Sí se observa una acumulación de tensiones como conflictos intergubernamentales, movilizaciones ciudadanas y anticipación de la competencia electoral. El riesgo principal es el desgaste progresivo de la capacidad de conducción política del Ejecutivo.

Conflictividad política. Las movilizaciones dejaron de ser episodios aislados y se convirtieron en mecanismos de presión pública. ¿Qué conflictos colectivos se expresaron durante el trimestre y qué revelan sobre la capacidad institucional para procesar demandas sociales? La crisis del agua concentró demandas de atención inmediata, transparencia y participación social. A ellas se sumaron las manifestaciones de familiares de personas desaparecidas y los reclamos sobre la gestión ambiental. Estos movimientos evidenciaron que determinados problemas no están encontrando canales institucionales suficientemente eficaces para procesar las demandas ciudadanas.

El agua concentró las protestas directamente relacionadas con la gestión gubernamental; las desapariciones mantuvieron una presión sostenida sobre las instituciones de seguridad y justicia, y la controversia de Huaxtla (grave crisis debido al derrame y escurrimiento de lixiviados que contaminan las cascadas de ese lugar, en Zapopan) añadió una dimensión ambiental. En conjunto, los episodios muestran una demanda social de resultados, transparencia y rendición de cuentas que el gobierno necesita procesar mediante mecanismos institucionales más eficaces.

Deterioro social y episodios violentos. Los avances reportados en homicidios no eliminan la gravedad de las desapariciones ni de los riesgos ambientales. ¿Qué problemas de seguridad, violencia y deterioro de las condiciones de vida limitaron la gobernabilidad durante el trimestre? El Gobierno de Jalisco informó una reducción de los homicidios dolosos durante agosto (es necesario resaltar que estas cifras cada que se presentan reciben críticas argumentadas desde la academia y desde un sector del ecosistema mediático), pero persistieron focos territoriales de violencia y movilizaciones relacionadas con personas desaparecidas. A esto se agregó la denuncia por contaminación asociada a lixiviados en la zona de Huaxtla, municipio de Zapopan. El balance exige distinguir entre indicadores de seguridad que supuestamente mejoraron y problemas estructurales que continuaron afectando la confianza pública. En ese sentido, persiste un deterioro social, con resultados mixtos en seguridad.

La reducción de homicidios reportada por el gobierno fue una señal positiva, pero coexistió con la presión social derivada de las desapariciones y con problemas de calidad del agua y riesgos ambientales. La gobernabilidad exige que las mejoras estadísticas se acompañen de respuestas efectivas a las víctimas, prevención del delito, protección de la salud y mecanismos confiables de supervisión ambiental.

Conclusiones

El tercer trimestre de 2026 mostró que el principal desafío de gobernabilidad del gobierno de Pablo Lemus Navarro fue la dificultad para convertir su capacidad de iniciativa política en resultados suficientemente verificables, oportunos y socialmente legítimos.

Los resultados deben contrastarse con las controversias y demandas que persistieron durante el trimestre. Las movilizaciones por el agua evidenciaron una brecha entre las respuestas anunciadas y las expectativas ciudadanas; los desacuerdos con municipios y legisladores mostraron dificultades para construir acuerdos estables; y las protestas por desapariciones y las denuncias ambientales recordaron que la gobernabilidad depende también de la capacidad de las instituciones para garantizar derechos y atender problemas que afectan directamente a la población. A ello se sumaron cuestionamientos sobre los convenios financieros del Siapa y la contratación pública. En ambos casos, la cuestión central no consiste en presumir irregularidades no acreditadas, sino en reconocer que la transparencia y la rendición de cuentas son condiciones necesarias para sostener la confianza pública, especialmente cuando se requieren inversiones extraordinarias para resolver problemas estructurales.

En términos de los seis indicadores, el gobierno conservó estabilidad institucional y capacidad de iniciativa, pero enfrentó limitaciones en la eficacia de sus respuestas, la cohesión intergubernamental y la legitimidad de desempeño en asuntos sensibles. El agua fue el problema que mejor sintetizó estas dificultades al combinarse deficiencias en un servicio esencial, exigencias de inversión, disputas entre instituciones, controversias sobre la participación privada y movilización ciudadana.

La conclusión central es que la gobernabilidad de Lemus Navarro se mantuvo operativa, pero sometida a una presión creciente por la distancia entre la capacidad de anunciar soluciones y la obligación de demostrar resultados. El reto consiste en transformar las decisiones políticas en mejoras comprobables, fortalecer la cooperación institucional y recuperar confianza mediante información pública, responsabilidades claras y respuestas sostenidas a las demandas sociales.

Posdata. Mientras terminaba el análisis de los datos y evidencias obtenidas sobre la gobernabilidad del tercer trimestre del presente año para escribir esta columna, se suscitó la manifestación del día 11 de octubre que concluyó con represión y detención de personas que reclamaban su legítimo derecho a recibir agua limpia. Sobre ese asunto escribiré en mi próxima colaboración.

Sobre el autor

José de Jesús Gómez Valle es analista político. Profesor Investigador en el CUCSH de la UdeG. Contacta: jose.gomezvalle@gmail.com y en X: @jgomezvalle.