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¿Qué proyecta Filma Jalisco?

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Apreciable lector/a, le comparto que disfruto mucho ir al cine. La magia que se produce dentro de una sala es una suerte de experiencia inmersiva que provoca que uno se sienta dentro de la película. Cuando no hay una oferta atractiva en cartelera, a veces me quedo en casa y utilizo una de las plataformas de streaming para elegir una película o serie. El punto es que me complace que me cuenten una buena historia. Sin embargo, le confieso que cuando ofertan material mexicano, ya sea en el cine o en casa, sinceramente, casi en automático, lo descarto. No se trata de malinchismo, sino que, desde hace tiempo, percibo que el cine mexicano está sustraído por un sector que se beneficia del recurso público.

Déjeme explicarme. Regularmente, vemos a los mismos actores, directores, productores, entre otros, en la pantalla grande o en la que está en la sala de su casa; a pesar de ello, lo verdaderamente problemático es el tipo de historias que nos quieren contar, depositan un mensaje peligroso a la sociedad que, de por sí, solo busca entretenimiento sin detenerse a reflexionar si este producto cultural, llámese película o serie, le produce algún bien cultural. Ojo, no me malentienda, estoy seguro de que hay producciones de calidad que conjuntan la forma y el fondo, no obstante, son estos agentes que acaparan los reflectores y, por desgracia, no generan el impacto esperado, puesto que no hay un efectivo ejercicio de promoción y distribución, lo cual lleva a preguntarme: ¿Para quiénes se produce el cine mexicano? ¿Quién rinde cuentas de cómo se invierte el recurso público en la industria cinematográfica? ¿Nosotros, los consumidores, sacamos algo bueno de lo que nos enjaretan en las salas de cine o en nuestras propias casas? ¿Por qué no tienen más luz aquellas películas que pasan desapercibidas?

Sé que el consumo cultural y las experiencias estéticas son subjetivas, esto quiere decir que cuando el sujeto se encuentra íntimamente con una obra de arte u otra manifestación cultural, este le dota de un significado particular, puesto que lo relaciona con algún aspecto específico de su vida y contexto, ya sea con un sentimiento o una sensación, le despierta una emoción, estimula la memoria sobre algo o alguien especial, es decir, se siente identificado por múltiples motivos. Lo anterior pretende justificar el hecho de que cada persona ve y escucha lo que le plazca, pero es importante subrayar algunas cuestiones, entre ellas, nosotros, como público consumidor de productos y servicios culturales, merecemos un trato digno; no me parece justo que nos quieran ver la cara, mucho menos cuando se trata de recursos públicos que se (mal)invierten en la producción de películas que quedan en el olvido, algunos (la minoría) salen beneficiados sin importar en qué termina el material cinematográfico y que, encima de ello, difunden un mensaje que perpetúa las estructuras que mantienen las desigualdades sociales, no solo en materia económica, sino que caen en un tratamiento banal y estereotípico de diversos temas, o sea, caen en lugares comunes que aluden al clasismo, al racismo, la homofobia, la misoginia, la xenofobia, la gordofobia, entre otras. Si me permite la analogía, ver películas del cine mexicano actual es casi equivalente a comer comida chatarra, y, por lo menos para su servidor, me frustra saber que el dinero público se desperdicia en tener a los Derbez, los Omar Chaparro, los Mauricio Ochmann, los Michel Franco, las Martha Higareda y a todo ese séquito en cada filme cuya historia es inverosímil. Mi intención no es ponerme exquisito con mis gustos cinematográficos, se trata de contar buenas historias y que los recursos públicos tengan ese destino.

Le cuento todo lo anterior por dos razones: la primera es que en la columna anterior le decía que las industrias culturales y creativas, siendo la cinematográfica y audiovisual parte de ellas, traen beneficios al desarrollo y crecimiento económico porque incide directamente al PIB, pero que en México, las instituciones débiles y las políticas públicas ineficientes han impedido que haya un verdadero progreso del sector cultural, casi siempre son las grandes empresas y ciertas figuras públicas, como en el caso del cine mexicano, salen victoriosos en una carrera que empiezan con ventajas claras por su estatus privilegiado; la segunda razón, vinculada con la anterior, se debe a que recientemente se lanzó el programa Filma Jalisco, con el cual se pretende fortalecer la cadena de valor de la industria cinematográfica de Jalisco y se convierta en el hub del séptimo arte más importante de México y Latinoamérica. Tomamos dicho programa y lo colocamos dentro de un marco que muestra una industria dominada por algunos, es decir que llegará el momento de evaluar si las y los productores, directores, guionistas, actores y actrices, y demás, encuentran en esta iniciativa política una verdadera oportunidad de desarrollo y profesionalización.

¿En qué contexto (nacional) sale dicho programa? Según los datos del Anuario Estadístico de Cine Mexicano 2021, la versión más reciente lanzada por IMCINE el año pasado, en voz de María Novaro, Directora General del Instituto, nos dice a grandes rasgos que “da cuenta cabal (el anuario) de una reactivación económica de la producción cinematográfica en el 2021 (…), después del desplome económico de la producción y exhibición en salas en el 2020”, añade también que “Damos cuenta también de que el 56% del cine mexicano del 2021 pudo ser realizado con apoyos públicos, y de ahí la importancia de no detener los apoyos al cine”. Adicionalmente, el anuario expone la producción de 259 largometrajes, lo cual denota un aumento significativo en comparación con el 2020, año de la pandemia, con un total de 111 películas producidas. Es decir, Filma Jalisco aparece en la escena de una supuesta recuperación de la industria fílmica al ver un incremento en el porcentaje de producciones cinematográficas nacionales y que, aunado a ello, se usa el recurso público para la realización de las películas. Eso puede pintar un panorama alentador porque, desde lo cuantitativo, es evidente cómo la industria retoma un buen camino, pero, desde lo cualitativo, me surgen varias dudas.

Las estadísticas arrojan datos que pueden interpretarse a conveniencia, o simplemente “dejar que hablen por sí solos”, pero no podemos realizar un análisis dejando a un lado la experiencia y su significación, o sea, ¿esta “esperanzadora” y productiva alza representa un verdadero bien cultural o solo es un instrumento de entretenimiento popular que beneficia a unos cuantos? Considero que México es uno de los países donde más se consume cine. Según el anuario, se registraron 341 millones de personas en salas de cine en el último año, sin considerar las plataformas de streaming, aunque solo 35.2 millones fueron a ver filmes mexicanos. De modo que se producen relativamente muchas películas mexicanas, pero no todas han sido redituables en taquilla, aunado a que gran parte de esas producciones no llegan siquiera a estrenarse, a pesar de haber contado con el apoyo de programas y políticas culturales del Estado. Justo aquí es donde coloco en la óptica el programa Filma Jalisco. ¿Cuál es el destino de esas películas? ¿Qué pasa con esas inversiones? ¿Quién da seguimiento al desarrollo de las carreras profesionales de quienes forman parte del ámbito cinematográfico? ¿Qué refleja el escaso consumo de cine nacional? Y de lo que se produce y consume, ¿con qué calidad están haciendo esas películas?

Se mencionó que la producción fílmica en México aumentó, eso no se cuestiona porque es un dato reflejado en el anuario, pero subrayo otro aspecto llamativo; son las películas del género “comedia romántica” las que han tenido ese aparente éxito comercial y no es una cuestión aislada porque se vincula con las y los artistas referidos en párrafos anteriores, quienes, a su vez, pertenecen a las dos cadenas de televisión dominantes en nuestro país. Esto nos dirige a deducir que los fideicomisos y recursos destinados a la producción cinematográfica estén en manos de esos personajes. Si no, explíqueme cómo es que constantemente vemos a Mauricio Ochmann o la dinastía Derbez, por mencionar algunos, aparecer en tres o hasta cuatro películas en un mismo año. El director Ulises Castillo declaró no hace mucho que obtener recursos para la producción de una película en México no es tarea sencilla. Él, así como muchos otros, constantemente se encuentran participando en las diferentes convocatorias de IMCINE, por ejemplo, con el propósito de realizar su proyecto fílmico. Quizás esta sea la razón por la cual hemos dicho que esta es la industria creativa, es decir, la mayoría de directores y productores deben buscar alternativas creativas para procurar fondos como donaciones, patrocinios, fondeadoras y demás para conseguir los recursos suficientes, aunado a que deben contar con un aparato mercadológico y publicitario efectivo para estar en las salas de cine y tratar de recuperar lo invertido y, con algo de suerte, generar ganancias.

Filma Jalisco se posiciona ante esta situación, obviamente, priorizando a quienes viven en el estado, pero no cierra las puertas a creativos de otras partes del país. Este programa, según el Congreso del Estado de Jalisco, tiene el objetivo de promover las producción, distribución, comercialización y exhibición de cine mexicano (jalisciense en lo particular), así como su rescate y preservación, procurando el estudio y atención de los asuntos relativos a la integración, fomento y desarrollo de la industria cinematográfica de Jalisco. Con base en las recientes reformas a la Ley de Filmaciones del Estado de Jalisco y a la Ley Orgánica de la Agencia Estatal de Entretenimiento de Jalisco, ahora se deben garantizar recursos para el fondo Filma Jalisco, cuyos servicios son: Apoyo Económico por medio de convocatoria, Gestión de locaciones, Trámite de permisos, Información y asesoría, Vinculación con prestadores de servicios o instituciones gubernamentales y Directorio de profesionales de la industria.

A partir de lo establecido por estas reformas, se instaura el catálogo de instrumentos y mecanismos de planeación, fomento y promoción para el desarrollo de obras cinematográficas, audiovisuales y otras que pertenezcan a distintas manifestaciones de las industrias culturales y creativas, con capacidad de impulsarlas y fortalecerlas, asimismo, se pretende simplificar procedimientos y trámites administrativos necesarios en coordinación con autoridades de los tres niveles de gobierno. La visión en este programa es que Jalisco se consolide como una entidad atractiva para la industria local, regional, nacional e internacionalmente. Incluso, Gustavo Staufert, Director de la Oficina de Visitantes y Convenciones de Guadalajara, refiere que Jalisco ocupa el segundo lugar a nivel nacional en producción audiovisual y cinematográfica, y el segundo más buscado en Latinoamérica, también el Anuario Estadístico de IMCINE muestra que la diversidad que posee este estado, permite que haya un desarrollo importante y que se espera un efecto similar al que tuvo la industria tecnológica.

En el papel, todo se orienta a que el apoyo a la industria cinematográfica conllevará estímulos en el desarrollo económico y generará empleos formales directos e indirectos. De acuerdo con la Agencia Estatal de Entretenimiento de Jalisco, se proyecta que, para el presente año, haya un incremento en la cantidad de producciones que posicionarán a la entidad como sede de trabajo, acentuando que, a diferencia del año pasado, cuando se proyectó el desarrollo de 10 filmaciones, ahora estén en puerta 8 realizaciones de largometrajes, 2 series y alrededor de 40 trámites de 40 producciones diversas.

Bien se dice que “del dicho al hecho, hay mucho trecho”, pues el planteamiento de Filma Jalisco luce esperanzador para los productores y directores independientes, para aquellos y aquellas estudiantes de cine, artes audiovisuales y ciencias de la comunicación, entre otras carreras creativas, puede abrirse una oportunidad única en sus carreras profesionales y materializar sus sueños, no obstante, no hay que perder de vista las otras realidades, es decir, hacer cine en México es poco rentable, salvo para una minoría que comienza esta carrera con ventajas. No se ha consolidado una industria cinematográfica autosustentable, que tenga retorno de inversión y genere ganancias, así como un bien cultural en el público consumidor. Aproximadamente, el 3% de lo que a través de IMCINE se produce logra recaudar en taquillas el 1 o máximo 2 % sobre lo invertido, un panorama complejo, pero que, Dios mediante, Filma Jalisco sea un programa que ayude a las personas que pertenecen a la industria, y no solo refiriéndome a directores, guionistas, actores, fotógrafos y demás, sino a todas las personas que pueden salir beneficiadas en la filmación de una película.

En conclusión, el cine mexicano no vive una época de oro, como aquella del siglo XX. Es innegable que hay buen cine nacional, y ni hablar de los más importantes que hoy, de cierto modo, nos abanderan como el caso de Guillermo del Toro, Alejandro González Iñárritu y Alfonso Cuarón, pero la realidad es que actualmente no hay un panorama alentador para quienes quieren desarrollarse en el mundo del cine. Reconozco que las películas banales de los Derbez y los Chaparro mantienen con vida (agonizante) la industria, pero no me parece justo ni digno ese contenido que nos enjaretan. Ojalá que Filma Jalisco se consolide y sea un programa ejemplar, que lo que indica la ley, se lleve a cabo y muchos artistas y creativos tengan la oportunidad de materializar sus sueños y de paso, nos cuenten buenas historias.

 

 

Sobre el autor
Eduardo Daniel Ramírez Silva es licenciado en Gestión Cultural por la Universidad de Guadalajara y maestro en Ciencias Humanas por la Universidad Antropológica de Guadalajara. Su labor profesional está dedicada a la educación, la investigación y divulgación de la cultura, así como a la promoción de la lectura.

 

 

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La muerte de ‘El Mencho’ y el sismo que viene

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El abatimiento del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, ocurrido el domingo 22 de febrero de 2026 durante un operativo militar en Tapalpa, Jalisco representa un hito mayor en la estrategia de seguridad

El abatimiento del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG),
Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, ocurrido el domingo 22 de febrero de 2026 durante un operativo militar en Tapalpa, Jalisco representa un hito mayor en la estrategia de seguridad del Estado mexicano, comparable a golpes pasados contra otros capos históricos. Sin embargo, también inaugura una etapa de alto riesgo e incertidumbre tanto en términos de violencia como de gobernabilidad local y regional. 

Posterior al dispositivo de seguridad que buscaba detener al líder delictivo, grupos delincuenciales respondieron con reacciones violentas en la Zona Metropolitana de Guadalajara y otras regiones de Jalisco, así como en otras entidades: bloqueos de carreteras, quema de vehículos, enfrentamientos armados y otras acciones contra servicios públicos. Esto obligó a autoridades estatales a activar códigos de emergencia y reforzar coordinación con fuerzas federales. 

Es prudente mencionar que la muerte del líder no disminuye automáticamente la violencia; por el contrario, puede intensificarla en el corto plazo debido a la necesidad del grupo criminal de demostrar que sigue operando y no está debilitado.

Organizaciones como el CJNG no dependen de un solo individuo para sobrevivir. Aunque Nemesio Oseguera Cervantes era una figura central, la estructura del cártel es relativamente descentralizada y multifacética, con varios ejecutores regionales, grupos escindidos y brazos operativos. Los bloqueos y quemas de vehículos muestran una estructura con sus engranajes y resortes lubricados, una nómina bien organizada dispuesta a actuar a la luz pública y una correa de transmisión de mando bien entrenada.

En ese sentido, el deceso del líder criminal puede generar al menos tres escenarios de sucesión interna:

1. Un liderazgo fuerte emerge rápidamente. Alguno de sus subordinados o un lugarteniente toma el control y mantiene la disciplina y la red operativa.

2. Fragmentación interna. Tensiones internas, celos, rivalidades o luchas por el poder dan paso a divisiones, generando enfrentamientos entre células del mismo cártel

3. Alianzas temporales con otros grupos criminales.  Formar alianzas o coaliciones para mantener rutas, territorios o, simplemente, influencia frente a organizaciones rivales. 

La muerte del líder formal del grupo delictivo podría producir efectos inmediatos de violencia y reacciones tácticas, seguidos por dinámicas de reacomodo interno y externo que definirán la gobernabilidad en Jalisco. Las líneas de acción posibles van desde una contención rápida hasta la competencia entre cárteles o la captura institucional. Los primeros días y semanas son críticos para contener la violencia y evitar que el vacío de poder se traduzca en fragmentación o en la entrada de nuevos actores. La experiencia reciente en Jalisco muestra reacciones violentas inmediatas tras golpes a liderazgos criminales, con bloqueos y quema de vehículos que afectan movilidad y percepción de seguridad. El escenario más probable es que estaremos ante una fase de competencia interna, con potencial incremento de violencia y debilitamiento de la cohesión criminal en el mediano plazo.

No está de más decir que el aniquilamiento de un capo de esta magnitud fortalece la imagen del Estado mexicano como actor capaz de confrontar a grupos criminales y recuperar espacios de autoridad. No obstante, los episodios violentos como forma de represalia demuestran que las instituciones aún enfrentan límites y retos superlativos para garantizar el orden inmediato. La gobernabilidad local puede verse tensionada si no se acompaña de estrategias integrales más allá de la acción militar.

Para ello será clave promover una coordinación amplia entre ámbitos de gobierno, fortalecimiento de inteligencia y presencia civil —no sólo seguridad— para prevenir cualquier eventualidad producto de los vacíos de poder temporal.

En concreto, estamos ante la posibilidad de una reconfiguración interna del CJNG, con la consiguiente fragmentación violenta localizada. Por ello, se requiere el fortalecimiento de programas sociales y de prevención para contrarrestar el reclutamiento criminal, además de estrategias más amplias de inteligencia y de cooperación internacional.

Si la fragmentación criminal persiste sin control institucional, podría erosionarse aún más la gobernabilidad y la seguridad local. Si las instituciones consolidan su presencia civil y de seguridad, podría abrirse una ventana para reducciones sostenibles de violencia en zonas clave.

Un suceso de la magnitud y resonancia como el abatimiento del líder delictivo abre ventanas de riesgo y de oportunidad. La diferencia entre contención y desorden prolongado dependerá de la coordinación interinstitucional, la capacidad de inteligencia y la respuesta socioeconómica que acompañe las medidas de seguridad. Actuar rápido para proteger a la población y, simultáneamente, fortalecer instituciones y programas de prevención es la vía más sólida para preservar la gobernabilidad en Jalisco.

La liquidación de Oseguera Cervantes puede representar un punto de inflexión en la lucha contra el crimen organizado en México y especialmente en Jalisco. Sin embargo, no garantiza estabilidad automática. En el mejor de los casos, este evento puede catalizar esfuerzos institucionales y sociales hacia una gobernabilidad más robusta; en el peor, podría desatar nuevas dinámicas de violencia y fragmentación criminal. La clave estará en cómo el Estado combine seguridad con políticas sociales y de desarrollo que reduzcan la lógica de poder detrás del crimen organizado a largo plazo. 

Sobre el autor

José de Jesús Gómez Valle es analista político. Profesor Investigador en el CUCSH de la UdeG. Contacta: jose.gomezvalle@gmail.com y en X: @jgomezvalle.

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Los riesgos para la gobernabilidad de Jalisco en 2026

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Los riesgos para la gobernabilidad de Jalisco en 2026

La gobernabilidad se refiere a las formas y procesos en que una autoridad gubernamental toma decisiones de manera eficaz y la medida en que dichas decisiones se traducen en legitimidad. En un ejercicio prospectivo para imaginar los escenarios posibles que impactarían la gobernabilidad de Jalisco en 2026, se torna necesario dejar de mirar “el árbol” del presente y mirar “el bosque” de lo que resta del año.

Estamos en un año pivote: la antesala de la sucesión de 2027 y el escaparate global del Mundial de Fútbol.

Para profundizar en la prospectiva de Jalisco 2026 es necesario pasar del diagnóstico a la evaluación de riesgos específicos. En este análisis, se evalúa la probabilidad de ocurrencia y el impacto de las variables críticas en los indicadores que definen la gobernabilidad y la salud democrática de Jalisco.

A continuación, se presentan los 10 riesgos críticos para la gobernabilidad de Jalisco en 2026, analizados prospectivamente.

Parálisis por “Federalismo punitivo” 

Con un presupuesto donde el 80 por ciento de los ingresos dependen de la Federación, la soberanía política de Jalisco es, en realidad, una negociación contable constante. Probabilidades de que exista tensión entre el Gobierno de Jalisco, emanado del partido Movimiento Ciudadano (MC) y el Gobierno Federal, emanado del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), podrían generar una relación que pase del retórico intercambio de declaraciones a la asfixia operativa. 

El riesgo es que la Federación retrase deliberadamente flujos financieros o permisos federales (agua, energía, medio ambiente) críticos para obras estatales, buscando debilitar la marca política local rumbo al 2027. La posibilidad de esta tensión impactaría en obras inconclusas y servicios públicos deficientes que la ciudadanía cobraría al gobierno local.

Fragmentación de la Mesa Metropolitana 

El Siapa y la gestión de la basura en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) son focos rojos de deterioro social. La ineficacia en estos servicios básicos es el camino más rápido al descontento ciudadano masivo.

Existe el riesgo de una ruptura en la coordinación técnica entre Guadalajara, Zapopan, Tonalá, Tlajomulco y Tlaquepaque. Al acercarse el año electoral, los alcaldes podrían priorizar agendas políticas individuales sobre la gestión técnica conjunta (seguridad, basura, vialidad), rompiendo el modelo de gobernanza metropolitana. Esto conllevaría crisis operativas en servicios municipales que colapsen la ciudad por sectores.

Obstrucción judicial interna 

Con la reforma judicial federal en marcha, Jalisco enfrenta el desafío de reformar su propio Poder Judicial sin perder autonomía ni caer en la parálisis. Existe un foco de conflictividad política latente entre el Ejecutivo y las fuerzas de oposición en el Congreso. Se debe evitar la “copia acrítica” con el modelo federal y buscar un modelo híbrido que garantice la carrera judicial local para mantener la eficacia decisional.

Podría generarse una resistencia pasiva o “huelga de brazos caídos” dentro del Poder Judicial local ante la implementación de las reformas judiciales. Si los jueces y magistrados locales sienten amenazada su estabilidad por la elección popular de cargos, podrían ralentizar la impartición de justicia. Esto podría acarrear un aumento de la impunidad y parálisis en la resolución de conflictos comerciales y penales.

El “fuego amigo” prematuro 

No deberá descartarse que la carrera por las candidaturas de 2027 se adelante incontrolablemente dentro del partido gobernante. Las facciones internas podrían comenzar a operar unas contra otras, filtrando información dañina o saboteando programas de sus rivales internos dentro del mismo gabinete. Lo cual repercutiría en un gobierno estatal que pierde el foco de gobernar para centrarse en la “grilla” interna, generando vacío de poder.

El factor más peligroso —y el menos visible— suele ser la erosión silenciosa de los “mecanismos de compensación” internos, esos acuerdos informales que permiten que algunas corrientes internas acepten que otra corriente controle las candidaturas sin romper el pacto. Cuando esos mecanismos dejan de funcionar, el conflicto ya no es sólo político, se torna también existencial.

Radicalización de la oposición en el Congreso 

El Congreso del Estado se convertirá en un campo de batalla conforme se acerque 2027. La capacidad del gobernador para construir mayorías será puesta a prueba. Una mayoría opositora podría bloquear el presupuesto de 2027, afectando la estabilidad política. Se corre el riesgo de que la oposición (Morena y aliados) utilice su fuerza legislativa para bloquear sistemáticamente iniciativas clave o el presupuesto de 2027, no por razones técnicas, sino como estrategia de desgaste.

Eso conduciría a una gobernabilidad por decreto o reconducción presupuestal, lo que genera incertidumbre jurídica para proveedores y contratistas, pero principalmente a zonas y sectores que requieren respuestas a problemáticas ingentes.

Politización de la gestión del agua 

A pesar de las inversiones, el Río Santiago sigue siendo una herida abierta. La presión internacional y de derechos humanos aumentará en 2026. Una buena gestión del agua sería un indicador clave de la eficacia de las políticas públicas a largo plazo.

Existe el riesgo de que la escasez de agua en el estiaje de 2026 sea utilizada como arma política. Si falla el suministro en colonias populares, la movilización social puede ser instigada por actores políticos para generar caos y culpar a la administración estatal. Posibles protestas masivas y cortes de vialidades principales afectarían la gobernabilidad urbana.

El “efecto escaparate” del crimen organizado 

El Mundial es una oportunidad de oro, pero también un riesgo logístico. Cualquier episodio de violencia o falla en el transporte durante el evento tendría impacto global. Un éxito en el Mundial refuerza la legitimidad, un fallo la hunde internacionalmente. No se debe descartar el riesgo de que los grupos del crimen organizado aprovechen la visibilidad internacional del Mundial 2026 para enviar mensajes de poder. No necesariamente violencia contra turistas, sino bloqueos, mantas o eventos de alto impacto en la periferia como demostración de control territorial, aludiendo a un poder que ya no es únicamente simbólico.

Hechos de esta índole podrían generar una crisis reputacional global que destruya las narrativas de “Jalisco es México” y “Al estilo Jalisco” y afectar de manera ostensible la inversión extranjera.

El “segundo piso” de la crisis forense y de desaparecidos 

Jalisco llega a 2026 liderando las estadísticas nacionales de desapariciones. El reto no es sólo estadístico, sino de legitimidad gubernamental. Existe una brecha de confianza profunda entre las cifras oficiales y la realidad de los colectivos de búsqueda. La gobernabilidad se erosiona cuando el Estado no puede garantizar el derecho a ser buscado.

El hallazgo de nuevas fosas masivas o la saturación visible del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) en pleno 2026 es un riesgo que no se puede descartar. Si la narrativa oficial choca frontalmente con una realidad inocultable, la legitimidad moral del gobierno se desploma. Un escenario como este puede provocar la radicalización de los colectivos de búsqueda y pérdida total de confianza en las instituciones de seguridad.

Gentrificación y desplazamiento violento 

La Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) vive una crisis de asequibilidad. El desplazamiento de la población local hacia la periferia genera tensiones sociales y problemas de movilidad. El supuesto éxito económico del estado no se está traduciendo en bienestar habitacional para la clase media y para los jóvenes.

Hay un riesgo latente de que el aumento del costo de vida y vivienda en la ZMG, exacerbado por el turismo del Mundial, provoque un estallido social de las clases trabajadoras desplazadas a las periferias sin servicios. Lo que repercutiría en un aumento de delitos patrimoniales en zonas residenciales y polarización de clases (ricos vs. pobres) en el espacio urbano.

Infiltración criminal en policías municipales del interior 

El dominio de grupos del crimen organizado en zonas limítrofes (Altos, Norte y límites con Michoacán/Zacatecas) desafía la soberanía del Estado. Existe el riesgo de una “gobernanza criminal” paralela que sustituya al Estado en la resolución de conflictos locales. Mientras se blinda la Zona Metropolitana para el Mundial, se corre el riesgo de que el crimen organizado consolide su control absoluto sobre las policías municipales de las regiones Altos, Norte y Sureste, creando “zonas de silencio” donde el Estado no existe.

La detención y vinculación del alcalde —y otros funcionarios del Ayuntamiento— del municipio de Tequila por presuntos delitos de violencia organizada y extorsión en días recientes son una muestra fehaciente de una institucionalidad vulnerada y corrompida. El riesgo de que esas conductas se repitan en otros municipios, está latente.

Conclusiones 

El riesgo para Jalisco en 2026 es que la eficacia decisional y la estabilidad se vean sacrificadas en el altar de la conflictividad política. El Mundial actúa como un catalizador: puede ser la plataforma para demostrar una gobernanza de clase mundial o el escenario donde las fracturas sociales y de seguridad se expongan globalmente.

El gobierno deberá priorizar la cohesión institucional (blindar el Gabinete de la fiebre electoral) y la legitimidad (resolver de fondo casos emblemáticos de desaparición) para construir un colchón de confianza que le permita navegar las crisis que inevitablemente surgirán en los otros indicadores.

El mayor riesgo para la gobernabilidad de Jalisco en 2026 no es un colapso súbito, sino una erosión gradual y simultánea. El peligro es que el gobierno estatal sea tan eficiente en la administración de la imagen (mercadotecnia política para el Mundial) que descuide la administración de la realidad (seguridad y servicios en la periferia), creando una olla de presión que podría estallar justo antes de las elecciones de 2027.

En resumen, la gobernabilidad en Jalisco para este 2026 no se jugará en los discursos, sino en la capacidad técnica para resolver crisis humanitarias como la de las personas desaparecidas y la inseguridad, así como las operativas (servicios públicos: transporte, agua, basura), mientras se navega en un mar de polarización política nacional.


Sobre el autor

José de Jesús Gómez Valle es analista político. Profesor Investigador en el CUCSH de la UdeG. Contacta: jose.gomezvalle@gmail.com y en X: @jgomezvalle.

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